El oficialismo decidió este jueves incorporar un artículo en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2023 para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial comiencen a tributar a partir del próximo años el Impuesto a las Ganancias, con lo cual se podrían sumar 237 mil millones de pesos a las arcas públicas.

La solicitud fue realizada por el secretario de la comisión, Marcelo Casaretto (FDT), quien señaló que «hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales».

El diputado oficialista advirtió que este año el Estado no recaudará «129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones”.

«Los trabajadores que ganan más de 330 mil pesos pagan Ganancias, y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan 1 millón o 2 millones de pesos mensuales no pagan», agregó.

En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresen al Poder Judicial paguen ganancias pero como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta el impuesto de sus haberes.

Junto al proyecto de Ley de Presupuesto 2023 que envió el Ejecutivo al Congreso se incluyó una separata que detalla el «Impacto del Gasto Tributario en las cuentas públicas». Es decir, cómo impactan en las cuentas públicas las distintas exenciones impositivas de las que se benefician algunos sectores.

Entre ellas, la exención del pago del Impuesto a las Ganancias que gozan quienes se desempeñan en el Poder Judicial.

De acuerdo con la información suministrada por el ministerio de Economía este año el Estado dejará de percibir 129.105 millones de pesos, el equivalente al 0,16% del PBI por no cobrarle Ganancias a los jueces y funcionarios judiciales. El próximo año este monto se elevará a 237.850 millones de pesos (0,16% del PBI). El Gobierno advierte además en ese mismo documento que esta exención «No contempla una política pública asociada a este beneficio» y que «influye negativamente en la equidad, igualdad y progresividad del impuesto con relación al resto de los contribuyentes asalariados».

El Gobierno planteó a los legisladores en este documento que si se dispusiera la eliminación de toda esta serie de beneficios fiscales en favor de ciertos sectores como el Poder Judicial, grandes empresas y algunas regiones se «podría mejorar la performance del presupuesto en 2,4 puntos del PBI». Es decir que el déficit fiscal de 1,9 puntos del PBI previsto para 2023 podría pasar, de avanzar en la eliminación de esos beneficios, a convertirse en un superávit de 0,5 puntos.

Ello implicaría sin embargo un ajuste sobre muchos sectores. ¿Pero qué pasaría si sólo se retomara el debate por la exención de Ganancias de la que goza el Poder Judicial? Se trata de un debate largamente postergado y que el oficialismo parece dispuesto a encarar en este momento en el que cada peso cuenta para equilibrar las cuentas fiscales.

Pero ¿cómo dimensionar más de 237 mil millones de pesos? ¿Qué implicaría contra con esos recursos que hoy el Estado está resignando en favor del Poder Judicial?

Para dar cuenta del impacto de semejante suma de dinero basta con revisar el mismo proyecto de Ley de Presupuesto que acaba de presentar el Gobierno.

Infraestructura energética

Si el Estado se decidiera a cobrarle Ganancias a los jueces podría casi duplicar la inversión en infraestructura energética prevista para el próximo año y que será de 404.996 millones de pesos.

«El Presupuesto 2023 contempla partidas para la ejecución de obras en la red de gasoductos del país para ampliar su capacidad de transporte desde los yacimientos, principalmente no convencionales, a los polos productivos y de mayor consumo residencial. De esta manera la inversión en el sector energético prevé alcanzar un monto de $404.996 millones», indica el Presupuesto.

Infraestructura de saneamiento

Se podría además casi duplicar la inversión en expansión y mejora de las redes de acceso al agua y saneamiento que tiene una fuerte «influencia en el mejoramiento de las condiciones y expectativa de vida de los argentinos y argentinas». El presupuesto para 2023 asociado con este rubro asciende a $298.880 millones, en todo el país. Menos que lo que el Estado resigna por no cobrarle Ganancias a los jueces.

Rutas y autopistas

Se podía también casi duplicar la inversión prevista para las obras de infraestructura vial que, de acuerdo al Presupuesto «se orientan a conformar una red de caminos federales de alta capacidad, fluidez y seguridad vial, propicia para el crecimiento y desarrollo de todas las provincias». El Estado destinará a este rubro una inversión de 295.315 millones de pesos «que contempla obras en autovías y autopistas, obras de mantenimiento y rehabilitación de la red, acciones de seguridad vial, circunvalaciones, enlaces, puentes y accesos a puertos y ciudades, entre otras».

Se podría multiplicar por 10 la inversión en asignaciones para el fortalecimiento de la infraestructura social, del cuidado y sanitaria que será de 20.481 millones de pesos y que busca impactar positivamente en la reducción de brechas, la generación de empleo, el desarrollo económico y la calidad de vida de la población. Se trata de «la infraestructura de cuidado que ayuda a garantizar el derecho y las condiciones necesarias de quienes brindan y reciben cuidados para reducir brechas por razones de género, motivos generacionales o por la existencia de algún tipo de discapacidad que impida el desarrollo de una vida plena en todos los ámbitos»

Viviendas

Se podría incrementar en más de un 50% la inversión destinada a la política de vivienda. Las asignaciones previstas para esta función, que abarca programas de acceso a la vivienda, de construcción de viviendas sociales y de abordaje territorial en barrios populares, entre otras acciones, ascienden a más de 418.947 millones de pesos.

Con estos recursos está previsto la construcción de más de 30 mil viviendas y más de 11.500 viviendas alcanzadas por obras de desarrollo habitacional en el marco del PROCREAR, y llevar adelante la ejecución y finalización de más de 47.400 viviendas sociales.

Salud

Se podría incrementar en casi un 25% el presupuesto destinado al área de Salud y para el cual el Presupuesto prevé una asignación de 1,2 billones de pesos.

En este punto lo que el Estado deja de recaudar por Ganancias de los jueces duplica la inversión que se realiza para asegurar el acceso de toda la población al Calendario Nacional de Vacunación y que demandará una inversión de 117.546 millones de pesos.

Educación

Se podría casi duplicar la cantidad de beneficiarios de las Becas Progresar o bien casi duplicar el monto de las becas para la misma cantidad de beneficiarios. El programa, clave para ayudar a los adolescentes a terminar el secundario o bien alentarlos a seguir estudios terciarios o universitarios tiene prevista una asignación de 138.240 millones de pesos para el próximo año.

Actualmente el monto de las becas se ubica entre $7.400 y $10.700 según el nivel educativo y el tipo de formación superior elegida con un plus extra por conectividad. Para 2023 se proyecta alcanzar a más de 1,5 millones de becarios. De contar los 237 mil millones de pesos que deberían tributar por Ganancias los jueces monto o cantidad de beneficiarios podrían casi duplicarse.

También podría duplicarse el alcance del Programa Conectar Igualdad que tiene por objetivo fortalecer la conectividad en las escuelas y promover la educación digital. Para el próximo años el Gobierno proyecta conectar cerca de 51.400 escuelas y distribuir cerca de 1 millón de unidades de equipamiento tecnológico para garantizar el acceso a contenidos educativos en 2023, con una inversión en este programa que supera los 121.000 millones de pesos.

En cuanto a la inversión en infraestructura educativa el Gobierno proyecta construir nuevos jardines de infantes nuevos jardines así como ampliar y refaccionar los ya existentes. «En el año 2023 se estima que se alcanzarán cerca de 68.900 metros cuadrados construidos de jardines, destinando un monto de casi 37.500 millones de pesos en este concepto», indica el Presupuesto. Los recursos que aportaría lo recaudado por Ganancias a jueces permitiría sextuplicar la inversión en infraestructura escolar.

Ciencia y Tecnología

El Presupuesto para el año 2023 tiene asignado un total de 500.921 millones de pesos para los programas de Ciencia y Tecnología, alcanzando el 0,34% de PBI. Inversión que podría incrementarse en un 50% si se elimina la exención de Ganancias a los jueces.

Eliminar la exención del impuesto a las Ganancias de la que se benefician jueces y funcionarios judiciales no es solo un elemento de justicia tributaria frente al resto de los trabajadores, es también una herramienta de salud desde el punto de vista fiscal si se utilizan esos fondo para reducir el déficit o bien de mayor equidad social si se destina a cualquier de los muchos programas que podrían ampliarse con esos recursos.

Avanzar por ese camino requiere de una fuerte decisión política que esté acompañada de un fuerte respaldo de todo el arco político.

Fuente: Minuto Uno