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Dos nuevos muertos en otra jornada caótica por protestas en Perú

Los manifestantes piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden marcan la peor violencia que vio Perú en más de dos décadas.

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FOTO: Este jueves se llevó a cabo "la toma de Lima": al menos dos muertos.

Miles de peruanos, muchos de las regiones mineras del sur del país, marcharon en Lima exigiendo cambios radicales en el país luego de más de 50 muertes vinculadas a las protestas contra el Gobierno que encabeza Dina Boluarte, y que este jueves dejaron otros dos fallecidos en el interior.

Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden marcan la peor violencia que vio Perú en más de dos décadas, mientras los manifestantes en su mayoría de regiones más pobres desahogan su ira contra la élite política limeña por una persistente desigualdad, poniendo a prueba la democracia de la nación andina rica en cobre. Esta jornada fue denominada como «La toma de Lima».

En tanto, en Puno y Arequipa, otros dos manifestantes murieron en medio de los enfrentamientos con la policía, que incluyeron además intentos de tomas de aeropuertos en esas dos ciudades y también en Cusco, indicó la agencia de noticias británica Reuters.

En horas de la noche, Boluarte dio un mensaje al país, y trató de mostrarse fortalecida a pesar de la crisis. De hecho, dijo que su gobierno «está firme», y su gabinete «más unido que nunca».

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Lima emitió un comunicado, según el cual sigue «con atención y preocupación la situación en las últimas horas. Es fundamental que las fuerzas del orden respeten los derechos humanos, el derecho a la protesta, y protejan a la ciudadanía. La protesta que expresa demandas y preocupaciones legítimas debe ser pacífica».

Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Boluarte, nuevas elecciones rápidas, el cierre del Congreso y una nueva Constitución para reemplazar una favorable al mercado vigente desde 1993 en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, quien está preso por abusos a los derechos humanos.

En la región sureña de Arequipa, la policía enfrentó con bombas lacrimógenas a cientos de manifestantes que intentaron tomar el aeropuerto, según la televisión local. El ministerio de Transporte y Comunicaciones anunció por Twitter la suspensión de las operaciones de ese terminal aéreo de manera preventiva.

En buses y a pie, miles han viajado a la capital portando banderas y pancartas criticando al Gobierno y a la policía por enfrentamientos mortales en las regiones de Puno, Cusco y Ayacucho. Muchos exigen la dimisión de Boluarte.

Los manifestantes han llamado a la protesta del jueves la «Toma de Lima», y la policía anunció el despliegue de miles de agentes para velar por la seguridad en la ciudad, que el miércoles cumplió sin festejos sus 488 años de fundación.

En recientes protestas, los manifestantes han quemado sedes públicas y privadas y han atacado estaciones policiales en diferentes regiones del interior del país.

La Defensoría del Pueblo informó la muerte el jueves de una persona que resultó herida en una protesta el miércoles en Puno, que registra casi la mitad de todos los fallecidos en enfrentamientos, incluido un policía. Otros nueve han muerto en accidentes relacionados a bloqueos por los conflictos.

Despliegue de fiscales

Los manifestantes marchaban por diferentes calles de Lima sin mayores incidentes, bajo la vigilancia policial, que ha calculado unas 3.500 personas.

Las muertes han sido un pararrayo en las protestas. Los manifestantes llevan pancartas llamando «asesina» a Boluarte y calificando como «masacres» las acciones de la policía.

En los distritos residenciales limeños de Miraflores y San Isidro, algunos negocios «tapiaron» con madera sus puertas y ventanas en previsión de ataques. El miércoles por la noche manifestantes arrojaron piedras a la policía, que usó gases lacrimógenos para dispersarlos.

El Ministerio Público anunció por Twitter el despliegue de 50 fiscales «para exhortar a los efectivos policiales a hacer uso proporcional de la fuerza durante las manifestaciones, e invocar a la ciudadanía a movilizarse de forma pacífica».

Las protestas estallaron luego de la destitución y arresto el 7 de diciembre del expresidente izquierdista Pedro Castillo, quien intentó de forma ilegal disolver el Congreso. En las protestas se pide también la liberación del exmandatario.

La policía aumentó la vigilancia en vías de ingreso a Lima y los líderes políticos han llamado a la calma. La semana pasada el Gobierno prorrogó por 30 días más el estado de emergencia en Lima y el sur regiones de Puno y Cusco, cercenando algunos derechos civiles como el libre tránsito de personas.

Si bien Boluarte ha pedido «perdón» por las muertes en las protestas, pero ha reafirmado que no va a renunciar.

Grupos de derechos humanos han acusado a la policía y al Ejército de usar armas de fuegos mortales en la protestas. La policía dice, por su parte, que los manifestantes han usado armas y explosivos caseros.

Cientos de personas que llegaron a Lima en los últimos días han sido albergados en la estatal Universidad de San Marcos, cuyos estudiantes tomaron en la víspera parte de la sede de la casa de estudios para apoyar las protestas.

Fuente: Cadena 3

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Colapso de un edificio escolar en Indonesia: asciende a 53 el número de muertos

El internado islámico Al Khoziny en el distrito de Sidoarjo se derrumbó el 29 de septiembre mientras cientos de estudiantes estaban rezando en su interior.

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Foto: Colapso de un edificio escolar en Indonesia: asciende a 53 el número de muertos

El número de muertos por el colapso de un edificio escolar en la provincia de Java Oriental, en Indonesia, ascendió a 53, mientras que continúan las operaciones de búsqueda de las víctimas atrapadas, informaron este lunes las autoridades regionales de rescate.

Un equipo de rescate recuperó el domingo por la noche ocho cuerpos bajo los escombros del internado islámico Al Khoziny en el distrito de Sidoarjo, según Nanang Sigit, jefe de la oficina de búsqueda y rescate de Java Oriental.

Hasta el octavo día de la operación, se localizaron un total de 157 víctimas, incluyendo 104 supervivientes y 53 fallecidos.

Aún continúa el proceso de evacuación, con las labores de remoción de escombros concentradas actualmente en el lado norte del lugar, en áreas no conectadas con la estructura principal. Para apoyar la búsqueda se utilizan maquinaria pesada y equipos eléctricos.

El edificio se derrumbó el 29 de septiembre mientras cientos de estudiantes estaban rezando en su interior y muchos quedaron atrapados bajo los escombros.

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“Pequeño J” dijo que es inocente y que trabajaba cosechando arándanos y vendiendo medias

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” enfrentó este viernes una audiencia en el Juzgado de Chilca, en Lima, por su extradición.

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Foto: “Pequeño J” dijo que es inocente y que trabajaba cosechando arándanos y vendiendo medias

El caso del triple crimen de Florencio Varela suma un nuevo capítulo en los tribunales de Perú. Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, principal sospechoso de haber ordenado el asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, enfrentó este viernes una audiencia en el Juzgado de Chilca, en Lima, por su extradición.

Su abogado defensor, Marcos Sandoval, rechazó la extradición a la Argentina de “Pequeño J” y afirmó: “El acusado es inocente de todos los cargos. No existen pruebas sólidas que lo vinculen con los crímenes en Florencio Varela”.

También buscó explicar por qué escapó a su país. “Al ver su nombre y apellido en la televisión y en las crónicas de Argentina, como se encuentra solo y tiene 20 años, pensó: ‘En Argentina no tengo ninguna familia, me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel? ¿Quién me va a poner un abogado?’. Esa ha sido la idea de mi patrocinado para venir al Perú”.

Además, el abogado resaltó la presunta trayectoria laboral de “Pequeño J”, quien es señalado como líder de una banda narco. “Él tiene que volver a trabajar. Siempre se dedicó a recolectar arándanos y vender medias de manera ambulante. También trabajó como albañil en la construcción y tiene que volver a trabajar”, dijo, agregando que es un joven que puede aportar mucho a la sociedad y al Estado peruano.

“En la Argentina buscan meterlo preso sin llevar a cabo una investigación clara y precisa”, objetó Sandoval frente al juez Christian Chumpitaz y el fiscal Fernando Escobar.

En su alegato, Sandoval solicitó que se otorgue la libertad condicional a “Pequeño J”, quien permanece detenido en Perú tras la captura realizada por la policía local a pedido de Interpol.

La acusación formal contra «Pequeño J» incluye cargos por homicidio agravado con alevosía y violencia de género.

“Pido la libertad de mi patrocinado para que pueda trabajar y aportar a su familia, que vive en Trujillo. Es joven y tiene mucho por dar a la sociedad y al Estado peruanos. En consecuencia, solicito que se aplique el principio de humanidad para él”, planteó el defensor.

La acusación formal contra el joven incluye cargos por homicidio agravado con alevosía y violencia de género, delitos que en la Argentina podrían derivar en una condena a prisión perpetua.

En paralelo, la investigación en territorio argentino avanza sobre la supuesta participación de Matías Agustín Ozorio, considerado la “mano derecha” de Valverde.

Ozorio, que fue expulsado de Perú y llegó el jueves a Buenos Aires con chaleco antibalas, se negó a declarar en su primera indagatoria frente al fiscal Carlos Arribas. “Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, explicó el fiscal.

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Detuvieron a «Pequeño J“ por el triple crimen de Florencio Varela

La Policía de la provincia de Buenos Aires junto a la Policía Nacional de Perú detuvieron en el vecino país al presunto autor intelectual del triple femicidio.

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Foto: Detuvieron a "Pequeño J“ por el triple crimen de Florencio Varela

Tony Janzen Valverde Victoriano, alías “Pequeño J”, presunto ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fue detenido en Perú.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la captura se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Se espera que «Pequeño J» y Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien fue detenido más temprano, sean extraditados a la Argentina en las próximas horas a fin de que queden a disposición del fiscal Adrián Arribas, que estableció el secreto de sumario durante 48 horas.

Con estas nuevas detenciones ya son nueve los apresados por el triple homicidio con sello narco cometido en una vivienda de la zona sur del conurbano.

Los primeros siete arrestados son Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Ariel Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez.

Por su parte, este martes Sotacuro y su sobrina declararon ante el funcionario judicial y personal del Servicio Penitenciario bonaerense realizó sus traslados a los penales de Sierra Chica y Magdalena, respectivamente.

Además, Arribas le confirmó a NA que el viernes se llevaría a cabo un peritaje sobre los celulares de los primeros siete arrestados.

Además, se llevaron a cabo una serie de allanamientos en Villa Zavaleta y las autoridades encontraron en el partido bonaerense de Quilmes el auto de apoyo (Volkswagen Fox blanco) que habría utilizado el hombre de nacionalidad boliviana.

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