Una escena de fuerte dramatismo se vivió este miércoles por la mañana en uno de los íconos de la capital provincial. Un hombre de mediana edad se arrojó desde el Puente Colgante de Santa Fe, en un intento desesperado de quitarse la vida. El hecho ocurrió a la altura del segundo pilote del viaducto, y pudo haber terminado en tragedia si no fuera por la presencia providencial de una embarcación que pasaba por el lugar.

Los tripulantes de una lancha de Buzos Tácticos de la Policía observaron el momento exacto en que el hombre cayó al agua y, sin dudarlo, maniobraron para acercarse y socorrerlo. Gracias a su rápida acción, lograron rescatarlo con vida, aunque en un cuadro de shock y con signos de descompensación.

Inmediatamente se dio aviso al 911, lo que activó un amplio operativo de emergencia. En minutos se hicieron presentes efectivos policiales, una unidad sanitaria y una embarcación de la Prefectura Naval Argentina, que colaboró en el traslado y la asistencia inicial del sujeto.

Una moto, la única pista

Antes de tomar la drástica decisión, el hombre había dejado estacionada una motocicleta sobre el puente, lo que hizo presumir a los primeros testigos que algo grave podía ocurrir. «La moto estaba sola, con el casco apoyado sobre el asiento. Al rato vimos la agitación de la lancha y entendimos todo», relató un ciclista que pasaba por el lugar.

Fuentes policiales confirmaron que el individuo se encuentra con vida pero en estado de shock, a la espera de ser trasladado a un centro de salud donde se evaluará su condición física y mental. En paralelo, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes bajo la figura de «tentativa de suicidio y salvataje».

Un puente cargado de historias

No es la primera vez que el Puente Colgante, símbolo y postal de Santa Fe, es escenario de un episodio de estas características. Lo que debía ser una mañana serena en la costanera, se vio alterado por un episodio que, por suerte, no terminó en fatalidad.

Ahora, se aguarda por el parte médico del hombre y la intervención de profesionales de la salud mental.

Fuente: El Litoral

En el marco del reclamo por la deuda que el Estado nacional mantiene con la provincia de Santa Fe por la suspensión del envío de fondos para compensar el déficit de la Caja de Jubilaciones, este martes se realizó una nueva audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Durante el encuentro, el Gobierno nacional presentó una primera propuesta de pago, que fue rechazada por las autoridades provinciales por considerarla insuficiente, dado que calculan una deuda de casi 2 billones de pesos.

El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que la oferta de Nación fue similar a la que se acordó recientemente con Córdoba. “Le dijimos que no. Nosotros entendemos que es insuficiente en base al impacto que tiene la Provincia de Santa Fe y a los impuestos que le transferimos a Nación para sostener Ansés”, argumentó. “Tenemos una Caja mucho más ordenada porque el año pasado hicimos las reformas que no hizo nadie en la República Argentina”, agregó.

Pullaro remarcó que, si bien se mantiene una “buena relación con el gobierno nacional”, la provincia no está dispuesta a resignar recursos. “Que Nación pague lo que tiene que pagar. No vamos a resignar un solo centavo de la Provincia de Santa Fe”, afirmó. Además, advirtió que si no hay una propuesta superadora, será la Corte la que deberá dictar una medida de resolución inmediata, ya que “el flujo no nos lo pueden cortar”.

Deuda acumulada con provincia

En cuanto a la deuda acumulada, el mandatario sostuvo: “Después discutiremos el stock, que no es poco. Nos deben muchos recursos y queremos que esos recursos vengan. No somos cerrados ni inflexibles, pero no aceptamos ni un centavo menos de lo que entendemos que deberían pagar”.

Acciones judiciales

Por su parte, el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, quien participó de la audiencia junto al fiscal de Estado, Domingo Rondina, explicó que la provincia impulsó dos acciones judiciales: una de fondo, para reclamar el total de la deuda, y una cautelar, para exigir que se restablezcan las transferencias suspendidas desde el inicio del actual gobierno nacional.

En relación a la audiencia, Boasso detalló que Nación propuso inicialmente un pago de 2.000 millones de pesos mensuales durante seis meses. “Nos pareció irrisorio el monto, atento a la deuda que asciende a casi 2 billones de pesos”, indicó. Ante la negativa santafesina, la propuesta fue elevada a 5.000 millones de pesos mensuales, el mismo acuerdo alcanzado con la provincia de Córdoba. Sin embargo, según el funcionario, “el gobernador Pullaro ya había anticipado que no iba aceptar el mismo monto”.

Finalmente, se firmó un acta dejando constancia de la falta de acuerdo. “La Provincia de Santa Fe considera que la propuesta no se corresponde con los legítimos derechos de los cuales somos acreedores y vamos a seguir las acciones en curso”, concluyó Boasso.

Fuente: Uno de Santa Fe

Este martes, en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, el gobernador Maximiliano Pullaro participó del lanzamiento formal de los controles antidoping para integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales. El mismo mandatario se sometió a los controles -en presencia de medios de comunicación que estuvieron en la actividad-, cuyo resultado se conoce de inmediato, y en su caso arrojó resultado negativo en las sustancias que se miden: cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas.

La medida se enmarca en el nuevo plan de fiscalización impulsado por esa cartera, que dispone la realización de narcotests sorpresivos, periódicos y no anunciados para policías, penitenciarios y autoridades políticas. La resolución fue firmada por el ministro Pablo Cococcioni, que también integra el padrón de personas sujetas a control y esta mañana realizó el suyo, también con resultados negativos.

Solo durante la mañana de hoy, se realizaron alrededor de 30 narcotest.

La implementación retoma una política que Pullaro ya había impulsado en 2017, cuando era ministro de Seguridad. “Queremos tener la mejor fuerza de seguridad de la Argentina: la mejor Policía, la mejor Agencia de Investigación Criminal y el mejor Servicio Penitenciario. Para eso no alcanza con invertir en infraestructura o equipamiento; también necesitamos que nuestros hombres y mujeres estén en condiciones de brindar ese servicio”, subrayó.

“Entendemos que el consumo de estupefacientes no es exclusivo de las fuerzas de seguridad, sino que atraviesa a distintos sectores de la sociedad”, añadió el mandatario, y puntualizó que el test combina diferentes reacciones químicas: cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas.

Pullaro destacó que “actuamos con ejemplaridad: fuimos los primeros en someternos a la prueba. El ministro me avisó ayer que las muestras llegarían hoy y pedí estar presente para dar el ejemplo. Aquí no se persigue a nadie por un consumo problemático, pero sí se brindarán todas las herramientas para tratarlo; lo que no vamos a permitir es que haya funcionarios que consuman sustancias ilegales”.

Erradicar el consumo de estupefacientes

Los estudios serán realizados por laboratorios externos; los resultados se entregarán en sobres cerrados a los superiores jerárquicos, en una cadena que culmina en el propio gobernador. “Los tests se harán mediante un convenio con la Fundación Argentina de Toxicología y consisten en un hisopado bucal que detecta varias sustancias”, explicó Cococcioni. Los resultados quedarán a disposición de la autoridad correspondiente para adoptar las medidas que se determinen.

El funcionario aclaró que los controles son sorpresivos: “Se elabora una muestra de personal para evitar que el orden sea predecible. La convocatoria es inmediata, obligatoria y no preanunciada. La inasistencia acarrea sanciones disciplinarias y una pérdida de confianza, lo cual incide directamente en la asignación de responsabilidades jerárquicas”.

La iniciativa busca detectar y erradicar el consumo de estupefacientes en las fuerzas y en los distintos escalafones del Ministerio. Además, se incorpora como requisito obligatorio en los exámenes de ingreso y ascensos dentro de la Policía y el Servicio Penitenciario. “Si se detecta un consumo problemático se priorizará la atención desde la salud; pero si la persona cumple funciones sensibles o de mando, podrá ser apartada de ese cargo”, remarcó el ministro. Añadió que se trata de “una política que forma parte de un conjunto de acciones de integridad tendientes a preservar instituciones cuya misión es proteger a la sociedad y que deben exhibir transparencia activa”.

Fuente: Sin Mordaza