Elián Ángel Valenzuela, el músico más conocido como L-Gante, fue beneficiado hoy con el cese de su prisión preventiva y la libertad inmediata en el marco de la causa en la que está imputado por privación ilegal de la libertad y amenazas contra dos vecinos de la localidad bonaerense de General Rodríguez, informaron fuentes judiciales.

El beneficio fue otorgado esta noche por el juez de Garantías Gabriel Castro y el cantante pudo salir de la sede de la Delegación Departamental de Quilmes (DDI) en donde está alojado desde el 6 de junio pasado.

«La piloteamos. Estar preso obvio que no está bueno», dijo L-Gante a la prensa al retirarse de la sede policial acompañado de familiares, amigos y su abogado defensor Diego Storto.

Con una gorra blanca, una campera verde y una barba candado, el músico explicó que aprovechó el tiempo detenido para recapacitar, cuidarse más, endurecerse mentalmente, pensar de buena manera y meterle con todo a la lo que más le gusta: cumbia 420 para los negros.

Tras unos empujones a la salida de la DDI Quilmes, L-Gante abordó un automóvil oscuro y se retiró del lugar, al tiempo que fanáticos le tomaban fotografías con sus celulares y él saludaba por la ventanilla.

Voceros judiciales informaron que el juez Castro resolvió la medida ante un pedido de cambio de calificación legal y de excarcelación presentado por Diego Storto, abogado defensor de L-Gante (23).

El magistrado tuvo en cuenta las contradicciones de un testigo y un nuevo testimonio en la causa, que suponen «una versión completamente distinta a la valorada al momento de la prisión preventiva y sostenida por el Ministerio Público Fiscal», según se desprende de la resolución de 21 páginas, a la que Télam tuvo acceso.

«Con base en esta reevaluación del mérito de la prueba realizado por el suscripto, entiendo que corresponde disponer el cese de la detención del aquí imputado Valenzuela («) ordenando su inmediata libertad en este proceso, por así garantizarse los principios de ´in dubio pro reo» y la regla general de que el imputado transite el proceso en libertad durante la sustanciación del mismo, y hasta tanto exista una condena en su contra; máxime, cuando las dudas advertidas tornan, a mi entender, que el actual encierro preventivo deviene injusto e irrazonable», argumentó Castro.

Fuentes judiciales informaron que esta medida será apelada por el fiscal Raúl Villalba, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, porque considera que el juez debió haberle corrido vista para que emitiera un dictamen respecto del otorgamiento o no del cese de la prisión preventiva.

El viernes pasado el fiscal Villalba había requerido la elevación a juicio de la causa ante el mismo juez, que aún no resolvió si hace lugar al planteo.

«En lo que respecta a la participación y coautoría del encartado en relación a los eventos por los que se lo mantiene privado de la libertad, se han confirmado a partir de los elementos de cargo y con los actos de investigación descriptos en el requerimiento», indicó el fiscal en su escrito de 61 páginas al que accedió Télam.

Y destacó que «frente a la alta pena en expectativa que aparejan las conductas delictivas que se le enrostran a Valenzuela, indudablemente de recaer condena, la misma será de efectivo cumplimiento».

«Todo ello conlleva entonces a la necesidad que sea en el marco del juicio oral a llevarse a cabo, donde sea producida efectivamente la prueba, y todas las partes intervinientes en el proceso, puedan ejercer eficazmente sus derechos («) respecto del cúmulo de actos de investigación que componen la etapa de instrucción», indicó.

Para el fiscal, L-Gante debe ser juzgado por cuatro hechos: Las amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas en perjuicio de Darío Gastón Torres, la privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples de Rosa Catalina, la tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro por tener en su poder un IPhone 12 Pro denunciado como robado.

A su vez, el instructor de la causa estimó que, por estos delitos, el imputado debería recibir una pena de 8 años de prisión.

La denuncia que derivó en la detención del cantante fue realizada el 27 de mayo por Darío Gastón Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.

La mañana de ese día, a la salida del local bailable Río ubicado en esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada La Mafilia, el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.

Cuando Torres se retira del boliche para dirigirse a su casa, comenzó a recibir amenazas por parte de Valenzuela.

Tras ello, siempre según la denuncia, integrantes de ese mismo grupo fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia y luego pasó un BMW blanco conducido por Valenzuela, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma y subió al auto a Torres.

A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo rodado la joven Rosa Catalina Passi, también vecina del músico y quien había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante, según la denuncia.

Luego y siempre según los dichos del abogado denunciante, algunos integrantes de La Mafilia fueron demorados por la Policía y L-Gante regresó hacia donde estaba el móvil, bajó el vidrio y les dijo a los agentes: Largame a los pibes o a éste te lo mato, en referencia a la víctima que estaba retenida dentro de su BMW.

Torres permaneció 23 minutos cautivo hasta que L-Gante recibió una llamada en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la Policía y soltó a las víctimas.

Con la prueba reunida, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela al juez Castro, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos el 6 de junio, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente el músico fue detenido.

Fuente: Popular