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Grupo Spaggiari: llueven las presentaciones y se triplicó el número de damnificados denunciantes

Los hermanos que representan la cabeza del grupo inmobiliario están presos en la Alcaidía. Pero siguen multiplicándose las denuncias y hay un volumen enorme de información para procesar en la investigación.

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Foto: Ilustrativa

La investigación que abarca al denominado Grupo Spaggiari, por la supuesta comisión de estafas piramidales, se está convirtiendo en una caja de Pandora de consecuencias imprevisibles. Como se sabe, de los ocho encausados en la investigación, tres personas -los hermanos Matías y Fernando Spaggiari, y la madre de ambos, Mirta Condotto- están con régimen de prisión preventiva, en tanto que los otros cinco, en su mayoría empleados de la empresa, fueron dejados en libertad con medidas alternativas mientras continúa el proceso judicial. Los hermanos Spaggiari están alojados en la Alcaidía de la Regional V, mientras que Condotto fue beneficiada con prisión domiciliaria, en razón que se trata de una persona septuagenaria.

Tras los operativos y allanamientos que concluyeron con la detención de los 8 imputados en la causa -acusados de integrar una asociación ilícita con distintos roles-, se desarrollaron las imputaciones y luego la audiencia de medida cautelar, que se concretó el sábado 28 de octubre, en una jornada que superó las 14 horas de debates. En el momento de la imputación de los hechos, había 75 víctimas que registraron sus denuncias, por un total de 152 convenios que se formalizaron con los Spaggiari y fueron incumplidos. Pero tres días después, cuando se hizo la audiencia cautelar, los casos de denunciantes ya habían trepado a 85, con 173 hechos incluidos en la investigación, por un monto total superior al 1,7 millón de dólares. Pero había otra veintena de denunciantes que no fueron incluidos porque no hubo tiempo de procesar la información para agregarla al momento de la presentación ante el juez Gustavo Bumaguin, que interviene en el proceso.

La multiplicación de las deudas

Este miércoles, una fuente del MPA confirmó a RAFAELA NOTICIAS que las denuncias crecen exponencialmente día a día. «Desde que se hicieron los procedimientos tenemos decenas de personas que se acercan a la Fiscalía. Ya tenemos más de 200 personas físicas que han formalizado presentaciones. Y hay otras 60 a las que le estamos tomando datos para comenzar a relevar la información, pero como entran permanentemente casos ya podemos decir que hay cerca de 300 personas que se han presentado como damnificados».

Respecto al número de denunciantes, es importante precisar que las personas que se presentan entregaron dinero en varias oportunidades al grupo. Cada «contrato de mutuo dinerario» firmado por los Spaggiari es considerado por la fiscalía como un hecho delictivo, como una estafa. Considerando la proporción que se manejó entre personas denunciantes y hechos investigados, se puede hablar de cerca de un millar de contratos dinerarios, que implicaron entregas de dinero, la gran mayoría en dólares billete, al grupo Spaggiari, que captaba esos dineros prometiendo tasas de interés de entre el 2 y el 3% mensual en dólares, o del 5% mensual en pesos (en los años del 2020 al 2022, cuando las tasas eran muy inferiores a las actuales en el mercado financiero). Si bien el MPA no estimó la cifra actualizada que está en juego, se calcula que ya superan los 5 millones de dólares.

Mientras la Fiscalía considera que el mecanismo es una estafa piramidal similar al denominado sistema Ponzi, para los abogados defensores simplemente se trata de un incumplimiento de contratos: esto quiere decir que se trata de una empresa que siempre tuvo voluntad de cumplir pero que entró en cesación de pagos. Hasta ahora, el juez Bumaguín le dio la razón al fiscal Guillermo Loyola, aunque hay también un costado civil en la causa: muchísimos damnificados recurrieron al fuero civil y comercial y se sabe de por lo menos un inversor que pidió la quiebra del grupo. En la argumentación de la acusación es clave un dato: en los allanamientos no se encontraron documentos respaldatorios de las operaciones negociadas con los damnificados.

Fuente: Rafaela Noticias

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Con el nuevo sistema penal juvenil en marcha, Santa Fe tuvo su primera audiencia: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

La medida cautelar será de cumplimiento domiciliario. El hecho ocurrió pocas horas después de que comenzara a regir el nuevo Código Procesal Penal Juvenil en la provincia.

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Foto: Archivo

A menos de un día de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Juvenil en la provincia de Santa Fe, se realizó la primera audiencia imputativa bajo esta normativa. Fue en la ciudad capital, donde un adolescente fue acusado por un violento ataque ocurrido en la vía pública, durante la madrugada del sábado.

El caso es investigado por los fiscales Francisco Cecchini y Ana Laura Gioria, integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional 1. La jueza a cargo de la audiencia fue Cecilia Labanca.

Un ataque con cuchillo en plena calle

Según se expuso en la audiencia, el hecho ocurrió pasadas las 3:30 de la madrugada, sobre calle Juan Díaz de Solís al 6200. De acuerdo con los fiscales, el joven se acercó a un hombre sin mediar palabra, le dio un golpe de puño en el rostro y luego lo atacó con un cuchillo tipo Tramontina.

La víctima logró defenderse, y las puñaladas impactaron en su antebrazo derecho, causándole heridas cortantes. A partir de la reconstrucción del hecho, la Fiscalía imputó al adolescente por el delito de tentativa de homicidio.

Una cautelar atenuada

Los fiscales solicitaron que el menor de edad permanezca detenido con prisión preventiva, pero la jueza Labanca resolvió aplicar una modalidad atenuada: dispuso que la medida sea de cumplimiento domiciliario por 30 días, con rondas policiales de control.

Desde el Ministerio Público informaron que la defensa se opuso a la prisión efectiva y que, si bien no se hizo lugar al pedido en su totalidad, el juzgado avaló la cautelar, aunque bajo modalidad menos gravosa.

Acompañamiento a la víctima

Desde el equipo fiscal remarcaron que hubo contacto constante con la víctima, desde el momento posterior al ataque hasta después de la audiencia. El fiscal Cecchini fue quien la entrevistó en la seccional tras el hecho y más tarde le explicaron personalmente los alcances de la medida dispuesta por la jueza.

La causa continuará bajo la nueva normativa, que establece plazos breves, procedimientos específicos y abordaje diferenciado para adolescentes en conflicto con la ley penal.

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Condenaron a 10 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de la hija de su pareja en Suardi

Un hombre identificado como Daniel Roberto Leiva fue condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por haber agredido sexualmente a la hija de su pareja en Suardi. La sentencia fue impuesta por unanimidad en el marco de un juicio oral y público que se realizó en los tribunales sancristobalenses.

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Foto: Ilustrativa

La fiscal del caso fue la Dra. Hemilce Fissore. Por su parte, el tribunal del debate estuvo compuesto por los jueces Gustavo Bumaguin, Nicolás Stegmayer y José Luis Estévez.

Luego de conocerse la sentencia de los magistrados, la fiscal expresó que “si bien aún no conocemos los fundamentos, valoramos que se haya dictado sentencia condenatoria contra el acusado”.

“No obstante analizaremos la resolución cuando nos sea notificada, para luego analizar los pasos procesales a seguir”, manifestó Fissore.

El hecho

La fiscal informó que “el condenado abusó sexualmente de la niña de manera reiterada desde que ella transitaba el primer año de su escolaridad primaria” y precisó que los “delitos fueron cometidos en una vivienda familiar en Suardi y en la cabina de un camión que conducía el imputado en virtud de su trabajo”.

Fissore remarcó que “el acusado cometió los ilícitos con conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos en el marco de una relación paternal que tenía con la niña”. En tal sentido, la fiscal explicó que “si bien no es su hija biológica, es el esposo de la madre de la niña. Además, convivía con la víctima y tenía la guarda”.

Condena

A Leiva se lo condenó a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por la autoría del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por resultar encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente).

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Comenzó el juicio por el crimen de Gonzalo Riatto

Verónica González, madre del joven asesinado en Lehmann en 2023, pidió una condena ejemplar frente a los jueces. “Mi hijo no va a volver, pero mis nietos merecen crecer libres”, dijo entre lágrimas.

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Foto: Rafaela Informa

Este martes 24 de junio comenzó en los Tribunales de Rafaela el juicio oral y público contra Miguel Ángel Sphan, acusado de asesinar a Gonzalo Riato el 7 de julio de 2023 en la localidad de Lehmann. Desde las primeras horas de la mañana, familiares y allegados se concentraron frente al edificio judicial para exigir justicia y acompañar a la familia en un proceso que promete ser tan doloroso como necesario.

Verónica González, madre de la víctima, habló con RAFAELA INFORMA a minutos del inicio del juicio. Con la voz quebrada por la emoción, reconstruyó el perfil de su hijo, un joven de 29 años, trabajador, padre de dos niños pequeños, sin antecedentes de conflictos ni vínculos con su agresor. “Mi hijo era un laburante, trabajaba de lunes a lunes para terminar su casa. Soñaba con tener su auto, con ver a su hijo jugar al fútbol. Ahora ya no va a poder hacer nada de eso”, expresó.

El crimen ocurrió cuando Gonzalo regresaba a su hogar luego de cumplir su jornada laboral. Según relató su madre, fue sorprendido por la espalda, sin haber tenido ningún intercambio previo con el imputado. “Lo atacó por la espalda, lo apuñaló sin que supiera quién era. En el video se escucha a Gonzalo decir ‘¿quién sos?’. No lo conocía, no entendía lo que pasaba”, contó.

La familia asegura que el caso está totalmente esclarecido, con pruebas contundentes, testigos y grabaciones. Pero llegar a esa instancia no fue fácil. “Conseguir que la gente se involucre, que dé testimonio, no es simple. El miedo paraliza. Pero esto fue tan claro, tan brutal, que esperamos que los jueces estén a la altura”, expresó Verónica. La fiscalía y la querella solicitarán una pena de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La mujer también apuntó al trasfondo del miedo social: “Este hombre tenía antecedentes, causas por robo, violencia, usurpación. Nadie hablaba porque todos le tenían miedo. A mí me hizo lo mismo, yo también le tenía miedo. Pero hoy estoy acá porque tengo dos nietos, y ellos tienen derecho a crecer en libertad”.

Sobre el significado de justicia, fue contundente: “Mi hijo está bajo tierra, no vuelve más. ¿De qué justicia me hablás? Lo mínimo es que le den 25 años. Mis nietos necesitan saber que si ese animal sale, van a poder defenderse. Porque hoy los asesinos tienen más derechos que las víctimas. Mi hijo ya no tiene ninguno. Se los quitaron”.

El juicio continuará durante la semana con la declaración de decenas de testigos. La expectativa, tanto para la familia como para toda una comunidad que aún no sale del estupor, es que haya una sentencia que esté a la altura del dolor y de la verdad.

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