La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó la condena contra la República Argentina en el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurrida en 2008. La decisión obliga al Estado nacional a afrontar un pago cercano a US$390 millones, incluyendo los intereses acumulados.

El fallo desestimó la apelación presentada por Argentina en el litigio impulsado por el fondo de inversión Titan Consortium, actual titular de los derechos para reclamar la indemnización establecida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

La condena supera los US$390 millones

El conflicto judicial se originó tras la estatización de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En 2017, el Ciadi determinó que Argentina debía pagar más de US$320 millones, además de honorarios legales e intereses. Con el paso del tiempo, el monto actualizado asciende a unos US$390 millones.

El demandante original fue el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral antes de la expropiación. Posteriormente, los derechos del litigio fueron transferidos a Burford Capital y luego al fondo Titan Consortium, que actualmente impulsa el cobro.

La Procuración analiza nuevas medidas

Tras conocerse la resolución, la Procuración del Tesoro de la Nación informó que se encuentra evaluando las alternativas legales disponibles para intentar revertir la decisión o reducir su impacto económico.

Además, señaló que el proceso judicial se originó por decisiones adoptadas hace casi dos décadas y recordó que la actual administración recibió litigios internacionales con reclamos millonarios contra el Estado argentino.

Podrían avanzar sobre activos argentinos

Como el Ciadi no posee mecanismos propios para ejecutar sus sentencias, el fondo acreedor deberá continuar el proceso ante tribunales estadounidenses para intentar cobrar la indemnización.

En ese contexto, Titan Consortium busca autorización para identificar y embargar activos argentinos en Estados Unidos. Entre los bienes que aparecen bajo análisis se encuentran las garantías de los históricos Bonos Brady, depositadas en la Reserva Federal de Nueva York.

Con esta decisión, la Justicia estadounidense confirmó la validez del fallo de primera instancia y mantuvo vigente el reconocimiento del laudo arbitral emitido por el Ciadi.

Con información de La Nación

La audiencia será presidida por el juez Sergio Alvira

El encuentro tendrá lugar en la Sala N.º 3 de la Oficina de Gestión Judicial y estará encabezado por el juez de Segunda Instancia, Sergio Enrique Alvira.

Los recursos de apelación fueron presentados por los abogados defensores de todos los imputados, quienes cuestionaron las decisiones adoptadas por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Gustavo Bumaguin, durante las audiencias preeliminares celebradas el 20 de mayo.

La causa investiga una presunta asociación ilícita

El proceso judicial tiene como principales acusados a los hermanos Fernando Luis y Matías Germán Spaggiari, quienes permanecen detenidos en la Unidad Penitenciaria de Coronda.

De acuerdo con la acusación impulsada por el fiscal Guillermo Loyola, ambos habrían encabezado una asociación ilícita destinada a realizar maniobras defraudatorias contra un importante número de personas entre el 28 de noviembre de 2019 y el 13 de diciembre de 2022.

Paso previo al juicio oral

La audiencia de este martes constituye una instancia clave antes del inicio del juicio oral y público, cuya fecha todavía deberá ser fijada por la Oficina de Gestión Judicial.

Durante la jornada, el juez de Segunda Instancia analizará los planteos realizados por las defensas respecto de las resoluciones adoptadas en la etapa preeliminar y resolverá si las confirma o introduce modificaciones.

Con información de Diario Castellanos

La causa por el ataque a la Comisaría 3ª de Sunchales, ocurrido el pasado 28 de marzo, tuvo este lunes una nueva audiencia en los tribunales de Rafaela, donde la Justicia resolvió otorgar la libertad con medidas restrictivas a dos de los seis imputados.

La audiencia fue presidida por el juez Nicolás Guillermo Stegmayer, con la participación del fiscal Juan Manuel Puig y de los defensores particulares Marcelino Plaza y Juan Bautista Degiovanni.

La defensa pidió medidas alternativas

Durante la audiencia, la defensa solicitó la libertad bajo medidas alternativas para Thiago Nicolás Gorosito, Julio Germán Gorosito Ricarte y David Javier Derfler.

Los abogados sostuvieron que los riesgos procesales se encontraban neutralizados, que los acusados poseen arraigo y que la situación debía abordarse también desde una perspectiva vinculada al tratamiento de consumos problemáticos.

La Fiscalía se opuso

Por su parte, el fiscal Juan Manuel Puig solicitó mantener las prisiones preventivas.

Argumentó que los riesgos procesales continúan vigentes, especialmente por el avance de la investigación y la necesidad de proteger a las víctimas y testigos.

En el caso de David Javier Derfler, además, remarcó antecedentes de incumplimientos de medidas judiciales anteriores.

Dos recuperaron la libertad

Tras escuchar los planteos de ambas partes, el juez resolvió conceder la libertad con restricciones a:

• Thiago Nicolás Gorosito
• Julio Germán Gorosito Ricarte

Ambos deberán cumplir una serie de condiciones:

• Fijar domicilio en Sunchales.
• Permanecer bajo la guarda de familiares.
• Presentarse cada 15 días en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
• No mantener contacto con las víctimas ni con los coimputados.
• No portar armas.
• Iniciar un tratamiento por consumo de sustancias.
• No cometer nuevos delitos.

Un imputado seguirá detenido

En cuanto a David Javier Derfler, el magistrado decidió mantener la prisión preventiva, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar nuevamente su situación procesal en futuras audiencias.

Con esta resolución, tres de los seis imputados por el ataque a la dependencia policial se encuentran en libertad bajo medidas restrictivas, mientras que los otros tres continúan detenidos con prisión preventiva.

El hecho investigado

La investigación se originó por el ataque ocurrido durante la madrugada del 28 de marzo, cuando un grupo de personas arrojó piedras y otros elementos contundentes contra el edificio de la Comisaría 3ª de Sunchales, ubicada en la intersección de Rafaela y Esperanza.

Como consecuencia del ataque se registraron roturas de vidrios y daños en móviles policiales estacionados frente a la dependencia.

Con información de Rafaela Informa