Judicial
Dictaron la prisión preventiva al agente de la GUS por abuso sexual: quedó muy comprometida su situación
En audiencias realizadas en Rafaela quedó al descubierto una increíble trama de abusos a una niña de 13 años e intentos de entorpecimiento de la investigación.
La jueza de Investigación Penal Preparatoria Cristina Fortunato dispuso dictar la prisión preventiva sin plazos de C.E.M. L. inspector de la Guardia Urbana de Sunchales, quien está acusado de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la condición de guarda y convivencia, del que fue víctima una niña que, al momento de registrarse el hecho investigado tenía 12 años de edad, y que actualmente tiene 13 años.
La fiscal del caso es la Dra. Favia Burella, quien detalló una increíble saga de acontecimientos que revelaron no sólo el hecho del abuso sexual en perjuicio de una niña, sino los intentos del imputado para evitar la acción de la Justicia, con algunos artilugios realmente insólitos que llegó a idear, entre ellos hacer comparecer a un tercero en una toma de muestras de sangre para extracción de ADN, haciéndose pasar por él mismo.
El imputado tiene 44 años y desde hace 8 años está en pareja con B. C., quien es la madre de la menor víctima del hecho. La niña vive regularmente con su padre y su abuela paterna, pero los fines de semana visitaba a su madre y allí se sumaba a una familia ensamblada, en donde convivían el imputado CL, la nombrada madre de la víctima, BC, y dos hijos de 14 y 15 años de CL, fruto de una relación matrimonial anterior del hombre. Se aclara que las identidades ventiladas en el el caso se mantienen en reserva en razón de proteger a la víctima, así como también no se difundirán otros detalles del caso que podrían contribuir a revictimizar a la niña.
Cómo se reveló el caso
La situación de la víctima quedó al descubierto cuando presentó síntomas médicos que hicieron que su familia la llevara a una consulta ginecológica. Confirmado por los estudios médicos el estado de la paciente, el 30 de mayo la profesional del Hospital Amílcar Gorosito notificó la situación por los canales adecuados y consecuentemente se puso en marcha el mecanismo de acción judicial.
La investigación puso al descubierto que el abuso sexual se habría cometido en febrero aproximadamente, cuando la víctima viajó a Paraná con su familia ensamblada. Pero las relaciones habrían sido más extensas en el tiempo. Según las evidencias presentadas, el acusado -ante el problema manifiesto que tenia entre manos a raíz de las consecuencias que las relaciones mantenidas con la niña tenían desde el punto de vista de su vida- intentó justificar el haber mantenido relaciones sexuales con la niña diciendo que ésta lo había «violado» a él, introduciéndose en su cama y aprovechando que se encontraba «cansado» por su trabajo en la GUS. Un argumento insólito, que incluso quedó grabado en conversaciones telefónicas que fueron aportadas por la representante del MPA.
Toda la trama del caso es típica de un caso de manipulación de una niña que se encontraba en el momento de su despertar sexual. A tal punto que cuando las consecuencias de las relaciones sexuales mantenidas se hicieron evidentes, la niña intentó proteger la identidad del abusador.
No es todo. Lo más grave es que la Fiscalía expuso evidencias de que el imputado intentó evitar dar muestras de ADN pretendiendo convencer a otro agente de la GUS a que se presente en lugar de él en la Fiscalía de Rafaela, aprovechando un supuesto parecido físico.
El propio imputado reconoció que intentó esa maniobra, presuntamente mal asesorado por un profesional a cuyo asesoramiento apeló en un primer momento, pero que no es el mismo que lo representó en la audiencia de este jueves. «Tenía miedo y me equivoqué», dijo al hacer uso de la palabra. Negó haber cometido el delito que se le imputa -que tiene una expectativa de pena mínima de 8 años de prisión-, reiteró que no tiene ningún antecedente penal, que nunca estuvo en una situación parecida y que tiene un legajo intachable como agente de la GUS. Y alegó que finalmente prestó su consentimiento para dar la muestra de ADN, aunque no fue muy convincente al expresarse sobre el resultado que podría dar el estudio.
Un tutorial para el engaño
Lo más sorprendente de toda la trama que quedó al descubierto en la investigación fue precisamente ese intento del imputado de hacerse reemplazar por un tercero en el trámite judicial de muestra de ADN. Para ello primero se negó a que le tomara la muestra en la Comisaría de Sunchales y habría intentado que le tomen el examen el lunes -que fue feriado- en la sede del MPA de Rafaela. Para ello, ofreció a un tercero -que también es agente de la GUS, pero que no aceptó prestarse a la maniobra- llevarlo hasta Rafaela, pagarle 100 mil pesos por el «favor» y le envió un tutorial sobre lo que debía «aprender» : su DNI, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil y cómo copiar su firma. Cuando fue evidente que su amigo no se prestaría a la maniobra, desistió de la misma. «Sos el único parecido a mi y que me puede salvar», le había dicho, contando con que en Rafaela no lo conocía nadie y podría vender «gato por liebre».
«Esta trama me sorprende en mi función de magistrada, porque nunca me pasó que el imputado, ante el miedo de quedar relacionado con el hecho, le diga a un compañero que se haga pasar por él para desviar y obstaculizar la informacion y las evidencias que se están investigando, de modo que el ADN sea el de otra persona», argumentó la jueza Fortunato al evaluar la situación procesal del imputado.
Pero fue más lejos la jueza: «nada más aberrante para mis oídos que escuchar decir que la niña tiene la culpa de todo. Tengo la obligación de respetar la perspectiva de la víctima: los indicios que me acerca la Fiscalía son más que suficientes». Fortunato también cuestionó los «prejuicios» de uno de los médicos actuantes y recalcó: «¡La niña no es autora, es víctima! Toda la valoración que hago es desde la perspectiva de género y de víctima», subrayó.
En el transcurso de la audiencia también habló la abuela de la víctima, que fue designada como responsable de la guarda de la niña. Por otra parte, también está pendiente de la investigación la situación procesal de la madre biológica de la menor, dado que no está descartado que pueda ser imputada por algún tipo de delito, ya que fue de las primeras en tomar conocimiento de las consecuencias físicas que había tenido el abuso sobre su hija, que obligó a que aplicara el protocolo iVE en un establecimiento asistencial de Rosario.
Fuente: Rafaela Noticias
Judicial
Persecución de 40 kilómetros en Ruta 19: el conductor fue liberado tras la intervención de su defensa
Un hombre que había sido aprehendido luego de una persecución policial de unos 40 kilómetros sobre la Ruta Nacional 19 recuperó la libertad pocas horas después, tras la intervención de sus abogados defensores. La causa continúa en investigación y el imputado seguirá el proceso judicial en libertad.
Un hombre que había sido aprehendido luego de una persecución policial de unos 40 kilómetros sobre la Ruta Nacional 19 recuperó la libertad pocas horas después, tras la intervención de sus abogados defensores. La causa continúa en investigación y el imputado seguirá el proceso judicial en libertad.
El conductor habría evadido un control policial
El hecho ocurrió durante la mañana del 29 de julio, cuando un Peugeot 307 conducido por Leandro David U. presuntamente evadió un control policial sobre la Ruta Nacional 19.
A partir de esa maniobra, efectivos policiales iniciaron una persecución que se extendió por aproximadamente 40 kilómetros.
La persecución terminó en Santa Clara de Saguier
El seguimiento finalizó en la localidad de Santa Clara de Saguier, donde intervino personal policial de investigaciones de Frontera.
En ese lugar se concretó la aprehensión del conductor y el secuestro del vehículo en el que circulaba.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía
Por disposición del fiscal Pedro Machado, el hombre fue identificado y notificado de una causa por el presunto delito de resistencia a la autoridad, previsto en el artículo 239 del Código Penal.
Recuperó la libertad horas después
Tras las primeras actuaciones judiciales y la intervención de los abogados defensores Juan Bautista Degiovanni y Marcelino Javier Plaza, el imputado recuperó la libertad.
La investigación continuará para determinar las circunstancias del hecho, mientras que el acusado permanecerá en libertad durante el desarrollo del proceso.
Con información de Rafaela Informa
Judicial
Indemnizarán a un hombre que se intoxicó tras tomar una Coca-Cola con un cuerpo extraño
La Justicia condenó a una embotelladora a indemnizar a un consumidor de La Plata que sufrió un cuadro de gastroenteritis aguda luego de beber una botella de Coca-Cola que contenía una sustancia extraña. Entre la indemnización, los honorarios y las costas judiciales, la empresa deberá afrontar un pago cercano a los $5 millones.
Cómo ocurrió el hecho
El caso se remonta al 19 de marzo de 2022, cuando un hombre compró cinco botellas retornables de vidrio de un litro en un supermercado de City Bell, partido de La Plata.
Tras consumir las tres primeras sin inconvenientes, al beber la cuarta detectó una sustancia arenosa que, según denunció, le provocó un cuadro de gastroenteritis aguda, por el que debió recibir atención médica.
Al revisar la quinta botella, que permanecía cerrada de fábrica, encontró en su interior un cuerpo extraño sólido, por lo que decidió conservar el envase para futuras pericias.
El reclamo y la demanda judicial
El consumidor realizó primero el reclamo ante el servicio de atención al cliente de la empresa y, al no llegar a un acuerdo, inició una demanda basada en la Ley de Defensa del Consumidor.
Como prueba presentó el ticket de compra, fotografías, certificado médico, actas notariales y otras constancias.
Durante el proceso, la embotelladora Reginald Lee S.A. negó que el objeto extraño pudiera haber salido de su planta y defendió sus controles de calidad.
En tanto, Coca-Cola FEMSA S.A. fue desvinculada del caso al comprobarse que no fabrica ni comercializa ese producto en la ciudad de La Plata.
Qué resolvió la Justicia
En primera instancia se consideró acreditada la existencia de un producto defectuoso, aunque no se pudo probar de manera concluyente que la gastroenteritis fuera consecuencia directa del contenido de la cuarta botella, ya que ese envase no fue preservado para su análisis.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones confirmó la responsabilidad de la embotelladora tras valorar la pericia química, el acta notarial y la inspección del envase que contenía el cuerpo extraño.
Los jueces señalaron que la existencia de controles de calidad no exime de responsabilidad cuando un producto defectuoso llega al consumidor.
La indemnización
El tribunal elevó la indemnización por daño moral de $50.000 a $200.000, monto que, con los intereses acumulados desde 2022, rondará el millón de pesos.
Además, confirmó un daño punitivo de $400.000, que deberá ser abonado por la embotelladora, y estableció que la empresa también deberá afrontar los honorarios de abogados, peritos y demás gastos judiciales, que ascienden a aproximadamente $4,3 millones.
En total, el desembolso será cercano a los $5 millones.
Con información de iProfesional
Judicial
Grupo Spaggiari: las defensas apelaron la acusación y buscan frenar la elevación a juicio
La causa judicial contra el Grupo Spaggiari sumó este martes un nuevo capítulo. Las defensas de los imputados apelaron la resolución que admitió la acusación de la Fiscalía y las querellas, cuestionando la validez del proceso y solicitando el sobreseimiento de algunos acusados.
La decisión ahora quedó en manos del juez de Cámara Sergio Alvira.
La audiencia de apelación se desarrolló durante la mañana en los Tribunales de Rafaela y se extendió desde las 8:00 hasta las 11:30. En esta oportunidad, los abogados defensores impugnaron la resolución del juez Nicolás Bumaguin, quien había convalidado el requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las querellas.
Las defensas cuestionaron la acusación
El abogado Gustavo Abraham, defensor de Fernando y Matías Spaggiari, Mirta Condotto y Rocío Schaberger, sostuvo que la acusación fiscal fue presentada fuera de término y calificó el procedimiento como «defectuoso», por lo que pidió que se rechace la elevación a juicio.
Además, solicitó el sobreseimiento de Rocío Schaberger, al considerar que únicamente cumplía funciones como empleada de la empresa y que no integraba la presunta maniobra delictiva.
En el mismo sentido se pronunciaron las defensoras Victoria Romano, Georgina Allasia y los abogados José María Silvela y Andrés Colón, quienes representan a otros imputados de la causa. Todos coincidieron en que sus defendidos desempeñaban tareas como empleados y no formaban parte de una organización criminal.
También cuestionaron que la resolución judicial describa los hechos de manera general, sin individualizar con precisión la conducta atribuida a cada acusado.
El juez resolverá en los próximos días
Luego de escuchar los argumentos de todas las partes, el juez de Cámara Sergio Alvira decidió no emitir un fallo durante la audiencia y anunció que dará a conocer su resolución dentro del plazo previsto por la ley.
Una causa con 558 hechos investigados
La investigación contra el Grupo Spaggiari se encuentra en una etapa clave tras la audiencia preliminar realizada en mayo.
La causa comprende 558 presuntos hechos de estafa y un perjuicio económico estimado en 235 millones de pesos, 9 millones de dólares y 11 mil euros.
Las penas solicitadas por la Fiscalía
En el requerimiento acusatorio ya admitido en primera instancia, la Fiscalía pidió:
- 25 años de prisión para Fernando y Matías Spaggiari, actualmente detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda.
- 9 años de prisión para Mirta Condotto, quien cumple prisión domiciliaria.
- 8 años y 6 meses para Germán Garetto.
- 7 años y 6 meses para Myriam Bravo.
- 6 años y 6 meses para Gabriel Ullman.
- 5 años para Carolina Schaberger y Carlos Ciancia.
- 4 años para Cristian Francetti y Cristian Clementz.
Además, el Ministerio Público de la Acusación solicitó una multa de $90.000 para cada imputado y el decomiso de los bienes que permanecen cautelados en el expediente.
Con información de Rafaela Noticias
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