La jueza de Investigación Penal Preparatoria Cristina Fortunato dispuso dictar la prisión preventiva sin plazos de C.E.M. L. inspector de la Guardia Urbana de Sunchales, quien está acusado de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la condición de guarda y convivencia, del que fue víctima una niña que, al momento de registrarse el hecho investigado tenía 12 años de edad, y que actualmente tiene 13 años.

La fiscal del caso es la Dra. Favia Burella, quien detalló una increíble saga de acontecimientos que revelaron no sólo el hecho del abuso sexual en perjuicio de una niña, sino los intentos del imputado para evitar la acción de la Justicia, con algunos artilugios realmente insólitos que llegó a idear, entre ellos hacer comparecer a un tercero en una toma de muestras de sangre para extracción de ADN, haciéndose pasar por él mismo.

El imputado tiene 44 años y desde hace 8 años está en pareja con B. C., quien es la madre de la menor víctima del hecho. La niña vive regularmente con su padre y su abuela paterna, pero los fines de semana visitaba a su madre y allí se sumaba a una familia ensamblada, en donde convivían el imputado CL, la nombrada madre de la víctima, BC, y dos hijos de 14 y 15 años de CL, fruto de una relación matrimonial anterior del hombre. Se aclara que las identidades ventiladas en el el caso se mantienen en reserva en razón de proteger a la víctima, así como también no se difundirán otros detalles del caso que podrían contribuir a revictimizar a la niña.

Cómo se reveló el caso

La situación de la víctima quedó al descubierto cuando presentó síntomas médicos que hicieron que su familia la llevara a una consulta ginecológica. Confirmado por los estudios médicos el estado de la paciente, el 30 de mayo la profesional del Hospital Amílcar Gorosito notificó la situación por los canales adecuados y consecuentemente se puso en marcha el mecanismo de acción judicial.

La investigación puso al descubierto que el abuso sexual se habría cometido en febrero aproximadamente, cuando la víctima viajó a Paraná con su familia ensamblada. Pero las relaciones habrían sido más extensas en el tiempo. Según las evidencias presentadas, el acusado -ante el problema manifiesto que tenia entre manos a raíz de las consecuencias que las relaciones mantenidas con la niña tenían desde el punto de vista de su vida- intentó justificar el haber mantenido relaciones sexuales con la niña diciendo que ésta lo había «violado» a él, introduciéndose en su cama y aprovechando que se encontraba «cansado» por su trabajo en la GUS. Un argumento insólito, que incluso quedó grabado en conversaciones telefónicas que fueron aportadas por la representante del MPA.

Toda la trama del caso es típica de un caso de manipulación de una niña que se encontraba en el momento de su despertar sexual. A tal punto que cuando las consecuencias de las relaciones sexuales mantenidas se hicieron evidentes, la niña intentó proteger la identidad del abusador.

No es todo. Lo más grave es que la Fiscalía expuso evidencias de que el imputado intentó evitar dar muestras de ADN pretendiendo convencer a otro agente de la GUS a que se presente en lugar de él en la Fiscalía de Rafaela, aprovechando un supuesto parecido físico.

El propio imputado reconoció que intentó esa maniobra, presuntamente mal asesorado por un profesional a cuyo asesoramiento apeló en un primer momento, pero que no es el mismo que lo representó en la audiencia de este jueves. «Tenía miedo y me equivoqué», dijo al hacer uso de la palabra. Negó haber cometido el delito que se le imputa -que tiene una expectativa de pena mínima de 8 años de prisión-, reiteró que no tiene ningún antecedente penal, que nunca estuvo en una situación parecida y que tiene un legajo intachable como agente de la GUS. Y alegó que finalmente prestó su consentimiento para dar la muestra de ADN, aunque no fue muy convincente al expresarse sobre el resultado que podría dar el estudio.

Un tutorial para el engaño

Lo más sorprendente de toda la trama que quedó al descubierto en la investigación fue precisamente ese intento del imputado de hacerse reemplazar por un tercero en el trámite judicial de muestra de ADN. Para ello primero se negó a que le tomara la muestra en la Comisaría de Sunchales y habría intentado que le tomen el examen el lunes -que fue feriado- en la sede del MPA de Rafaela. Para ello, ofreció a un tercero -que también es agente de la GUS, pero que no aceptó prestarse a la maniobra- llevarlo hasta Rafaela, pagarle 100 mil pesos por el «favor» y le envió un tutorial sobre lo que debía «aprender» : su DNI, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil y cómo copiar su firma. Cuando fue evidente que su amigo no se prestaría a la maniobra, desistió de la misma. «Sos el único parecido a mi y que me puede salvar», le había dicho, contando con que en Rafaela no lo conocía nadie y podría vender «gato por liebre».

«Esta trama me sorprende en mi función de magistrada, porque nunca me pasó que el imputado, ante el miedo de quedar relacionado con el hecho, le diga a un compañero que se haga pasar por él para desviar y obstaculizar la informacion y las evidencias que se están investigando, de modo que el ADN sea el de otra persona», argumentó la jueza Fortunato al evaluar la situación procesal del imputado.

Pero fue más lejos la jueza: «nada más aberrante para mis oídos que escuchar decir que la niña tiene la culpa de todo. Tengo la obligación de respetar la perspectiva de la víctima: los indicios que me acerca la Fiscalía son más que suficientes». Fortunato también cuestionó los «prejuicios» de uno de los médicos actuantes y recalcó: «¡La niña no es autora, es víctima! Toda la valoración que hago es desde la perspectiva de género y de víctima», subrayó.

En el transcurso de la audiencia también habló la abuela de la víctima, que fue designada como responsable de la guarda de la niña. Por otra parte, también está pendiente de la investigación la situación procesal de la madre biológica de la menor, dado que no está descartado que pueda ser imputada por algún tipo de delito, ya que fue de las primeras en tomar conocimiento de las consecuencias físicas que había tenido el abuso sobre su hija, que obligó a que aplicara el protocolo iVE en un establecimiento asistencial de Rosario.

Fuente: Rafaela Noticias