Aunque reconoció la validez del Habeas Corpus correctivo solicitado por la defensa, no accedió a trasladarlos a otra unidad penitenciaria.

La audiencia, realizada este viernes en la Sala 7 de los Tribunales de Santa Fe, contó con la participación de los abogados defensores de los hermanos, los doctores José María Silvela y Andrés Colón, quienes presentaron el recurso en respuesta a los presuntos apremios sufridos por sus clientes en Coronda. Según la defensa, estas agresiones, que incluyeron golpes de tumbas, fueron constatadas por médicos del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), el médico forense y profesionales del Hospital Cullen.

Fallo convalidado, pero sin traslado

El juez Guedes coincidió en que los hechos denunciados por los Spaggiari constituyen un agravamiento ilegítimo de sus condiciones de detención, lo que habilita la acción de Habeas Corpus correctivo. Sin embargo, decidió no modificar el lugar de detención de los imputados, argumentando que no existen elementos suficientes para justificar su traslado desde Coronda, donde habrían ocurrido las agresiones.

La resolución contrasta con un fallo anterior del juez de Primera Instancia Nicolás Falkemberg, quien había dispuesto el traslado inmediato de los hermanos a la Unidad Penal de Las Flores o la Alcaidía de Rafaela, señalando que las lesiones sufridas no podían considerarse autoinfligidas ni producto de un acuerdo con terceros.

Investigación en curso

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe sigue investigando las denuncias de violencia institucional presentadas por los Spaggiari. El juez Guedes ordenó remitir copias de las actuaciones a la fiscalía para ser consideradas en el marco de la causa en curso.

Por ahora, los hermanos Spaggiari continuarán en la Unidad Penal de Coronda, mientras se avanza en la investigación sobre las presuntas irregularidades en su trato dentro del establecimiento penitenciario. Este caso pone nuevamente en debate las condiciones de detención y el cumplimiento de los derechos humanos en las cárceles de la provincia.

Fuente: Rafaela Informa

La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la elevación a juicio oral que enfrenta a la expresidenta Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán.

En un fallo unánime, los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Maqueda rechazaron la apelación presentada por la exmandataria.

La causa surgió a partir de la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, quien acusó al Gobierno argentino, más allá de que se trató de una ley que aprobó el Congreso, de negociar con el memorándum la baja de las alertas rojas de Interpol para cinco iraníes vinculados al atentado a la AMIA.

Cuatro días después de presentar su denuncia, el fiscal Nisman fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero, con un disparo en la cabeza. La Justicia consideró que fue asesinado. Este hecho trágico sumó un contexto complejo a la causa del memorándum, que involucra a varios funcionarios y figuras políticas.

Además de Cristina Kirchner, otros denunciados incluyen a Héctor Timerman, Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, Carlos Zannini, Andrés Larroque, Luis D’Elia, el dirigente de la comunidad islámica Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil y Fernando Esteche, exlíder de la agrupación Quebracho.

Todos enfrentan acusaciones relacionadas con el encubrimiento del atentado a la AMIA.

Cristina Kirchner insistió en la nulidad de la causa, en la que se la acusa de encubrimiento agravado por promover la firma del acuerdo entre Argentina e Irán.

El 3 de noviembre de 2023, la expresidenta recurrió a la Corte después de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, derogara su sobreseimiento y ordenara la realización de un debate público y oral.

Fuente: Cadena 3

El expresidente Alberto Fernández fue citado a indagatoria para declarar en la causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos estatales en la gestión anterior. El exmandatario se hizo presente este miércoles en Comodoro Py.

Alberto Fernández llegó a Comodoro Py media hora antes y fue indagado por el juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo en la causa que investiga los 45 contratos firmados por organismos estatales con Nación Seguros y los 25 brokers entre 2019 y 2023. El expresidente está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.

También fueron citados a declarar Héctor Martínez Sosa, quien se quedó con el 42% de los contratos, su esposa, María Cantero, exsecretaria presidencial, y otros exfuncionarios de Nación Seguros.

Alberto Fernández solicitó la nulidad de la audiencia y su suspensión argumentando que la acusación era “confusa y generalizada”. La misma fue rechazada por el juez Ercolini, quien manifestó que la citación estaba correctamente fundamentada.

Qué declaró Alberto Fernández

El expresidente negó vinculación con la maniobra y no respondió preguntas de Ercolini ni del fiscal Rivolo. Solo respondió preguntas de su defensora.

“Yo sabía que usted no iba a ser imparcial, por eso lo recusé”, dijo Fernández, quien dijo que volverá a recusarlo.

Luego, cuando el juez le consultó si quería escuchar la lectura de la acusación, replicó: “Para qué me van a leer esa barrabasada”.

Se trata de la segunda indagatoria que enfrentará el expresidente, ya que también está siendo investigado en la denuncia por violencia de género que presentó su expareja, Fabiola Yañez. En esa causa deberá presentarse el 11 de diciembre.

Qué se investiga en la causa de los seguros

La investigación está centrada en el decreto 823/2021 que fue firmado por Alberto Fernández en diciembre de ese año. La cual obligaba a los ministerios y otros organismos estatales a contratar pólizas de seguros exclusivamente con Nación Seguros.

Según la acusación en contra del exmandatario es una medida diseñada para beneficiar a intermediarios privados sin licitación pública y sin fomentar la competencia y transparencia en las contrataciones.

La acusación plantea que los responsables llevaron a cabo su operación entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023. Durante ese período distribuyeron fondos públicos mediante el direccionamiento irregular de contratos de seguros en beneficio de empresas y particulares.

Entre los imputados también se encuentra el exdirector Alberto Pagliano y otros exfuncionarios del Estado involucrados en la causa por participación.

El decreto firmado por Alberto Fernández fue vetado por el actual presidente mediante el decreto 747/2024.

Esta causa llevó a la investigación de violencia de género en donde Fabiola Yáñez denunció a Alberto Fernández. Tras el peritaje del celular de María Cantero, la exsecretaria del expresidente, se descubrieron los chats en donde quedó al descubierto los hechos de violencia que vivió la ex primera dama.

Fuente: Vía País