El fiscal Martín Castellano de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5 está a cargo de la investigación. El funcionario del MPA solicitó que el imputado, cuyas iniciales son AMC, transite el proceso judicial privado de su libertad.

Arma blanca

En la audiencia, Castellano informó que “el homicidio que investigamos fue cometido entre el lunes 27 y el martes 28 de mayo de este año en un horario que no se puede precisar con exactitud”. En tal sentido, agregó que “el hombre investigado agredió a Ricarte con un arma blanca, presumiblemente un cuchillo tipo Tramontina, con el que le causó una herida cortante el cuello que provocó su posterior fallecimiento”.

“El ilícito fue perpetrado en la vivienda de la víctima, ubicada en calle Primera Junta al 300 de Ataliva, donde el imputado estaba alojado circunstancialmente”, aclaró el fiscal y agregó que “sobre el hombre investigado pesaba una orden de detención emitida por la Unidad Fiscal de San Cristóbal por hechos ilícitos que habría cometido en Moisés Ville”.

Castellanos argumentó que “gracias a las imágenes de cámaras de seguridad que recopilamos, pudimos corroborar que mientras el imputado estuvo en esa casa, fue la única persona que entró y salió de la vivienda, además del propio Ricarte”.

“Si bien aún no se pudo establecer la causa por la cual el imputado dio muerte de manera intencional y con pleno conocimiento del medio altamente lesivo que utilizó, sí se pudo establecer que fue él el último en retirarse de la casa el martes 28 de mayo a las 5 de la madrugada, hasta que los familiares de Ricarte lo encontraron sin vida en su cama el miércoles 29”, subrayó Castellano.

Peligros procesales

El fiscal del MPA destacó que “el juez Bumaguín consideró en la audiencia que las numerosas evidencias aportadas por la Fiscalía fueron suficientes para probar la autoría del imputado en los hechos atribuidos, al menos con el grado de probabilidad exigida para la instancia procesal que estamos transitando”.

Por otra parte, Castellano hizo hincapié en que “el magistrado sostuvo que los riesgos procesales se proyectan en tanto la pena que le correspondería al imputado sería de cumplimiento efectivo, razón por la cual sostuvo que es cierta la probabilidad de fuga”. Además, el fiscal concluyó que “el juez también hizo lugar al planteo que hicimos acerca de la prisión preventiva, en tanto existe riesgo de que el hombre investigado pueda interferir en aquellos testigos que declararán en el juicio”.

Calificación penal

Al hombre de 28 años cuyas iniciales son AMC se le atribuyó la autoría del delito de homicidio doloso simple.

Fuente: Radio Belgrano Suardi

La sentencia fue dispuesta por el juez Luis Octavio Silva en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal que estuvo a cargo de la investigación es Alejandro Franco Benítez, quien integra la Unidad Fiscal de Esperanza, de la Fiscalía Regional 1. Por su parte, el fiscal Marcelo Nessier representó al MPA en la audiencia de abreviado.

Abusos

El funcionaria del MPA señaló que «en febrero de 2022, el acusado cometió el delito cuando su hija transitaba la primera parte de su escolaridad secundaria». Según puntualizó, «el ilícito tuvo lugar en la vivienda en la que ambos residían en una zona rural».

El fiscal expuso que «FDC vulneró la integridad sexual de la víctima en una ocasión en la que la madre de la adolescente no estaba en la casa», y afirmó que «se aprovechó de la indefensión de su hija y de que no había nadie que pudiera ayudarla». Al respecto, sostuvo que «por la modalidad del abuso, la relación que los unía y las edades de ambos, lo sucedido tuvo entidad suficiente para interferir en el libre y progresivo desarrollo sexual de la víctima».

Benítez informó que «en abril de ese mismo año, la víctima relató en la escuela el abuso que había sufrido dos meses antes en su casa”. En tal sentido, el fiscal destacó que «desde el establecimiento escolar se activó el protocolo correspondiente y se realizó la denuncia en sede policial”.

“Una vez que se le informó a la madre de la denuncia, la niña pudo relatarle a ella lo que su padre le había hecho”, relató el fiscal. “La adolescente le dijo a su mamá que no le había contado antes porque tenía miedo y porque no tenían dinero para irse de la casa en la que vivían”, añadió Benítez.

El fiscal remarcó que «la joven recibió asistencia psicológica y fue entrevistada en cámara Gesell», y concluyó que «ante diferentes profesionales, brindó el mismo relato coherente y preciso acerca de las prácticas sexuales a las que la sometió su padre».

Delitos

FDC aceptó su responsabilidad penal como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado (por el vínculo y por la convivencia) y corrupción de menores agravada (por la guarda).

Por su parte, su abogada defensora aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

Evitar la revictimización

Las iniciales del hombre de 37 años son FDC. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de la adolescente que sufrió el abuso, a raíz de que tiene el mismo apellido que él.

Fuente: Esperancino

La jueza de Investigación Penal Preparatoria Cristina Fortunato dispuso dictar la prisión preventiva sin plazos de C.E.M. L. inspector de la Guardia Urbana de Sunchales, quien está acusado de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la condición de guarda y convivencia, del que fue víctima una niña que, al momento de registrarse el hecho investigado tenía 12 años de edad, y que actualmente tiene 13 años.

La fiscal del caso es la Dra. Favia Burella, quien detalló una increíble saga de acontecimientos que revelaron no sólo el hecho del abuso sexual en perjuicio de una niña, sino los intentos del imputado para evitar la acción de la Justicia, con algunos artilugios realmente insólitos que llegó a idear, entre ellos hacer comparecer a un tercero en una toma de muestras de sangre para extracción de ADN, haciéndose pasar por él mismo.

El imputado tiene 44 años y desde hace 8 años está en pareja con B. C., quien es la madre de la menor víctima del hecho. La niña vive regularmente con su padre y su abuela paterna, pero los fines de semana visitaba a su madre y allí se sumaba a una familia ensamblada, en donde convivían el imputado CL, la nombrada madre de la víctima, BC, y dos hijos de 14 y 15 años de CL, fruto de una relación matrimonial anterior del hombre. Se aclara que las identidades ventiladas en el el caso se mantienen en reserva en razón de proteger a la víctima, así como también no se difundirán otros detalles del caso que podrían contribuir a revictimizar a la niña.

Cómo se reveló el caso

La situación de la víctima quedó al descubierto cuando presentó síntomas médicos que hicieron que su familia la llevara a una consulta ginecológica. Confirmado por los estudios médicos el estado de la paciente, el 30 de mayo la profesional del Hospital Amílcar Gorosito notificó la situación por los canales adecuados y consecuentemente se puso en marcha el mecanismo de acción judicial.

La investigación puso al descubierto que el abuso sexual se habría cometido en febrero aproximadamente, cuando la víctima viajó a Paraná con su familia ensamblada. Pero las relaciones habrían sido más extensas en el tiempo. Según las evidencias presentadas, el acusado -ante el problema manifiesto que tenia entre manos a raíz de las consecuencias que las relaciones mantenidas con la niña tenían desde el punto de vista de su vida- intentó justificar el haber mantenido relaciones sexuales con la niña diciendo que ésta lo había “violado” a él, introduciéndose en su cama y aprovechando que se encontraba “cansado” por su trabajo en la GUS. Un argumento insólito, que incluso quedó grabado en conversaciones telefónicas que fueron aportadas por la representante del MPA.

Toda la trama del caso es típica de un caso de manipulación de una niña que se encontraba en el momento de su despertar sexual. A tal punto que cuando las consecuencias de las relaciones sexuales mantenidas se hicieron evidentes, la niña intentó proteger la identidad del abusador.

No es todo. Lo más grave es que la Fiscalía expuso evidencias de que el imputado intentó evitar dar muestras de ADN pretendiendo convencer a otro agente de la GUS a que se presente en lugar de él en la Fiscalía de Rafaela, aprovechando un supuesto parecido físico.

El propio imputado reconoció que intentó esa maniobra, presuntamente mal asesorado por un profesional a cuyo asesoramiento apeló en un primer momento, pero que no es el mismo que lo representó en la audiencia de este jueves. “Tenía miedo y me equivoqué”, dijo al hacer uso de la palabra. Negó haber cometido el delito que se le imputa -que tiene una expectativa de pena mínima de 8 años de prisión-, reiteró que no tiene ningún antecedente penal, que nunca estuvo en una situación parecida y que tiene un legajo intachable como agente de la GUS. Y alegó que finalmente prestó su consentimiento para dar la muestra de ADN, aunque no fue muy convincente al expresarse sobre el resultado que podría dar el estudio.

Un tutorial para el engaño

Lo más sorprendente de toda la trama que quedó al descubierto en la investigación fue precisamente ese intento del imputado de hacerse reemplazar por un tercero en el trámite judicial de muestra de ADN. Para ello primero se negó a que le tomara la muestra en la Comisaría de Sunchales y habría intentado que le tomen el examen el lunes -que fue feriado- en la sede del MPA de Rafaela. Para ello, ofreció a un tercero -que también es agente de la GUS, pero que no aceptó prestarse a la maniobra- llevarlo hasta Rafaela, pagarle 100 mil pesos por el “favor” y le envió un tutorial sobre lo que debía “aprender” : su DNI, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil y cómo copiar su firma. Cuando fue evidente que su amigo no se prestaría a la maniobra, desistió de la misma. “Sos el único parecido a mi y que me puede salvar”, le había dicho, contando con que en Rafaela no lo conocía nadie y podría vender “gato por liebre”.

“Esta trama me sorprende en mi función de magistrada, porque nunca me pasó que el imputado, ante el miedo de quedar relacionado con el hecho, le diga a un compañero que se haga pasar por él para desviar y obstaculizar la informacion y las evidencias que se están investigando, de modo que el ADN sea el de otra persona”, argumentó la jueza Fortunato al evaluar la situación procesal del imputado.

Pero fue más lejos la jueza: “nada más aberrante para mis oídos que escuchar decir que la niña tiene la culpa de todo. Tengo la obligación de respetar la perspectiva de la víctima: los indicios que me acerca la Fiscalía son más que suficientes”. Fortunato también cuestionó los “prejuicios” de uno de los médicos actuantes y recalcó: “¡La niña no es autora, es víctima! Toda la valoración que hago es desde la perspectiva de género y de víctima”, subrayó.

En el transcurso de la audiencia también habló la abuela de la víctima, que fue designada como responsable de la guarda de la niña. Por otra parte, también está pendiente de la investigación la situación procesal de la madre biológica de la menor, dado que no está descartado que pueda ser imputada por algún tipo de delito, ya que fue de las primeras en tomar conocimiento de las consecuencias físicas que había tenido el abuso sobre su hija, que obligó a que aplicara el protocolo iVE en un establecimiento asistencial de Rosario.

Fuente: Rafaela Noticias