Economía
Asignaciones por hijo a trabajadores en blanco: cómo serán desde marzo
En los últimos tiempos, la desactualización del régimen provocó exclusiones recurrentes de cientos de miles de chicos.
A partir de marzo, la asignación por hijo menor de 18 años para trabajadores asalariados formales será cobrada por quienes perciban mensualmente hasta $ 404.062, siempre que el ingreso total del hogar no supere los $ 808.124 (en bruto).
Esas cifras reemplazarán a las de $158.366 y $316.731 que, hasta el actual mes de febrero, son los ingresos máximos permitidos (individual y del hogar, respectivamente) para acceder a esta prestación del régimen contributivo de la seguridad social.
Además, los importes que se reciben por los hijos tendrán un reajuste de 13,2% o de 17,04%, y se actualizarán los valores de los ingresos mínimos y máximos de cada uno de los cuatro tramos que tiene el esquema del salario familiar y que define que, a mayor ingreso del hogar, menor es la asignación a percibir.
Los importes serán, dependiendo del ingreso total del hogar, de $2410, $4675, $7732 y $11.465.
El ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, anunciaron una medida que –si bien no fue presentada de esa manera– tiende a corregir una fuerte distorsión del sistema que surgió y se agravó en los últimos tiempos.
Concretamente, se decidió que, a partir del mes próximo (para el cual ya estaba prevista una actualización del esquema, pero diferente a la anunciada), el ingreso máximo mensual que puede tener un asalariado en blanco para cobrar por hijos menores será siempre equivalente a la remuneración más baja alcanzada por el impuesto a las ganancias.
Por eso, ahora regirá la mencionada cifra de $ 404.062. Otra condición será que lo percibido en total por los integrantes del hogar no sea mayor a ese monto multiplicado por dos. Esos topes se actualizarán cada vez que se reajuste el piso salarial para tributar.
La dinámica de exclusión de los últimos años
En los últimos años se generó una dinámica negativa por la cual, luego de cada marzo –el único mes en que se hacía una actualización del ingreso máximo que habilita a estar en el sistema– la cantidad de chicos con derecho a la asignación disminuyó de manera significativa.
El dato más reciente del boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social indica que solo entre el tercer y el noveno mes de 2022 el número de prestaciones cayó más de 21,6%, lo cual significó la pérdida del derecho a cobrar asignaciones por casi 700.000 chicos. Y, si bien aún no hay cifras disponibles, se estima que al mes actual el número de prestaciones caídas supera el millón.
La razón por la cual ocurre esa dinámica es que los padres de esos chicos pasan a cobrar, en algún mes del período, montos superiores a los permitidos para acceder a las prestaciones. Los umbrales de ingresos, según las reglas hasta ahora vigentes, se mantenían (y se mantienen aún, hasta este mes) congelados durante un año entero, a la vez que, en un contexto de alta inflación, los reajustes nominales de salarios para intentar seguir la suba de precios se hacen cada vez más frecuentemente.
Así, se provocó que, con ingresos de igual o de inferior poder adquisitivo que antes, muchas familias dejaran de cobrar asignaciones. Y esa distorsión le permitió al Gobierno concretar un ajuste fiscal durante los períodos en que se fueron dando las bajas.
El empalme que ahora queda establecido entre el régimen del salario familiar y el de Ganancias había sido previsto años atrás. Pero ese esquema –cuyo efecto buscado era que no se dejara de cobrar la asignación mientras no se estuviera alcanzado por el tributo (que permite la deducción por hijo para aliviar la carga fiscal)–, quedó desarticulado por efecto de la reforma de Ganancias aprobada por el Congreso en 2021.
En el reciente anuncio se afirmó que, en marzo, unos 900.000 chicos, hijos de más de 600.000 trabajadores, serán incorporados al sistema. Sin embargo, se trata en una enorme medida de los mismos menores que fueron excluidos del derecho a la asignación en los últimos meses, por efecto de la desactualización de los montos de ingresos topes que habilitan a cobrar. Mientras que en marzo de 2022 la Anses liquidó 3.166.101 asignaciones por hijos menores a empleados en blanco, en septiembre (dato más reciente disponible) el número se había reducido a 2.483.309. En solo seis meses habían caído ya 682.792 beneficios. Y luego, el efecto continuó, porque el tope siguió sin modificaciones hasta este mismo mes.
Ese efecto de “derechos laborales en el sube y baja” se venía dando en los años previos. Para marzo de 2022, el Gobierno también había anunciado que –por efecto de la actualización de los topes de ingresos que se concretó según la normativa entonces vigente–, más de 900.000 chicos se incorporarían al régimen. Pero no se aclaró que, en realidad, una cantidad aún mayor de hijos había sido excluida en los meses previos. De hecho, entre abril de 2021 (un mes después de la actualización del ingreso tope) y febrero de 2022 (el período previo al último reajuste de las condiciones para cobrar), la Anses había dejado de abonar 1.018.503 prestaciones, según datos oficiales. Entre abril de 2020 y febrero de 2021, en tanto, el número de prestaciones disminuyó en 673.663 casos, mientras que en marzo de 2021 se volvió a incluir a 586.224 menores.
La regla que hasta ahora regía para el reajuste del ingreso máximo que habilita a cobrar indica que debe usarse el mismo parámetro que rige para actualizar el esquema de Ganancias. Se trata del porcentaje de variación interanual, a octubre, de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Eso se previó así, dada la intención de que un sistema empalme con el otro. Por una ley aprobada en 2015, es incompatible el cobro de la asignación con la deducción por hijo de Ganancias. Así, se buscó evitar superposiciones y, a la vez, lograr que por todos los menores exista una prestación. La tercera pata del esquema estatal es la Asignación Universal por Hijo, cobrada por desocupados, trabajadores informales y personas empleadas en el servicio doméstico.
¿Por qué se alejaron el piso salarial para pagar Ganancias y el ingreso tope para obtener las asignaciones? Durante 2021, una ley estableció un nuevo piso salarial para quedar alcanzado por el impuesto y definió ese umbral por fuera del mecanismo de cálculo y actualizaciones que regía para la carga fiscal. A partir de la determinación de una primera cifra que marcó cuál sería el sueldo más bajo sujeto al tributo, luego sí, se estableció la actualización de ese importe según la variación del Ripte. En los últimos años, ese piso de remuneraciones para tributar tuvo reajustes en diferentes momentos, a manera de anticipos de la actualización anual, que sigue haciéndose según la evolución del índice de remuneraciones (el Ripte). Mientras tanto, sin embargo, el ingreso máximo para cobrar el salario familiar quedaba congelado durante todo un año.
Ahora, esto último se corrige: cada vez que se eleve el piso para tributar, subirá el techo para percibir la asignación por hijo.
¿Qué ingresos se consideran para evaluar el tope?
Si bien se trata del sistema de pagos para trabajadores dependientes, para definir si corresponden las asignaciones –en función de las condiciones vigentes en cada período–, se consideran ingresos de diferente tipo.
Para ver si se está, a partir de marzo, por debajo o por arriba de los umbrales de $404.062 (monto por persona) y de $ 808.124 (monto por hogar) se observan las remuneraciones brutas y las sumas no remunerativas de los empleos dependientes, excluyendo el aguinaldo, los pagos por horas extra y el eventual plus por zona desfavorable.
Pero, también se suman los ingresos que eventualmente tengan los padres por alguno o algunos de los siguientes conceptos, según informa la Anses: trabajo en calidad de autónomo o monotributista (se observan las rentas de referencia), jubilación, pensión, prestación por desempleo, plan social, asignación familiar por maternidad y prestación contributiva o no contributiva de cualquier tipo.
Las asignaciones condicionadas por los topes de ingresos son, además de las mensuales de hijos menores y de prenatalidad, las previstas por nacimiento o adopción de hijos y por matrimonio, y la ayuda escolar anual para hijos menores.
En cambio, no rigen los topes para los cobros por hijos con discapacidad.
Además de los asalariados formales, están incluidos en el sistema los monotributistas de las categorías A a la H (en el caso de la asignación por hijos menores) y de todas las categorías (por la prestación correspondiente a hijos con discapacidad).
Los montos que regirán entre marzo y mayo
Más allá del reajuste del ingreso máximo que habilita a estar en el sistema, en marzo se actualizarán los importes a percibir y los ingresos topes de cada uno de los cuatro tramos de la tabla. Estos ítems están sujetos a reajustes cada tres meses, según el mecanismo de movilidad de las prestaciones previsionales y sociales. Por eso, las nuevas cifras regirán entre marzo y mayo.
La suba será de 17,04%, aunque en dos de los tramos el porcentaje será inferior. Esto es así porque se dejará de pagar un complemento mensual (salvo que haya un nuevo anuncio que modifique la situación).
El cuadro quedará de la siguiente manera para los valores generales (para determinados lugares del país rigen montos diferentes): si el ingreso total del hogar es de hasta $177.554, la asignación por hijo será de $11.465 (hasta este mes, el importe más bajo es de $9795 y se le agrega un refuerzo de $331, para cumplir con un monto garantizado de $10.126 y, por eso, el aumento real será de 13,2%); si el ingreso es de entre $177.554,01 y $260.403, el cobro mensual será de $7732 (hoy es de $6606 y se suma un adicional de $224 para llegar a la garantía de $6830).
En el tercer tramo, para los hogares donde se percibe un ingreso de entre $ 206.403 y $ 300.645, el cobro por hijo será de $ 4.675 y, en el cuarto escalón (ingresos de entre $ 300.645 y $ 808.124), de $ 2.410.
En los dos escalones de la tabla en los que se ubican quienes tienen ingresos más reducidos, hasta este mes se están cobrando los complementos consignados más arriba.
Se trata de montos que se liquidan desde 2021 para dar cumplimiento a la garantía de un ingreso mínimo por hijo de $ 10.126 y de $ 6.830, en cada caso.
La normativa que estableció esos importes mínimos mensuales fijó el final de su vigencia en el período en el cual, dadas las actualizaciones trimestrales, las asignaciones propiamente dichas (sin refuerzos) superen las cifras garantizadas. Eso ocurrirá el mes que viene.
Fuente: La Nación
Economía
Casi 3 de cada 10 hogares argentinos pidieron dinero prestado para llegar a fin de mes
Durante el tercer trimestre de 2025, el 27,4% de los hogares recurrió a familiares, amigos, financieras u otras fuentes de financiamiento para sostener los gastos habituales. Entre los hogares pobres, la cifra llegó al 44,4%.
La necesidad de recurrir al endeudamiento para afrontar los gastos cotidianos alcanzó niveles preocupantes en Argentina. Según un informe de la Encuesta Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 27,4% de los hogares pidió dinero prestado durante el tercer trimestre de 2025 para sostener su economía diaria.
El estudio, denominado “Pedir prestado para cubrir los gastos habituales”, analizó la relación entre esta situación y factores como la pobreza, la insuficiencia de ingresos, el estrés económico, el estrato socioeconómico y el lugar de residencia.
La pobreza marca una fuerte diferencia
El recurso a préstamos fue considerablemente mayor entre las familias con menores ingresos.
En los hogares pobres, el 44,4% tuvo que pedir dinero prestado para cubrir sus necesidades básicas, mientras que entre los hogares no pobres el porcentaje fue del 22,4%.
La diferencia alcanza los 22 puntos porcentuales, lo que representa una incidencia casi dos veces mayor entre las familias en situación de pobreza.
El informe advierte que esta conducta aparece con mayor intensidad cuando los ingresos familiares no resultan suficientes para afrontar las necesidades del día a día.
El estrés económico también pesa
Otro de los factores analizados fue el estrés económico generado por la dificultad para llegar a fin de mes.
Entre los hogares que atravesaban esta situación, el 49,2% recurrió a dinero prestado, mientras que entre aquellos que no presentaban estrés económico la proporción fue del 13,3%.
Esto representa una diferencia de 35,9 puntos porcentuales.
Los niveles más elevados de estrés económico se registraron entre los hogares pobres, con un 55,8%, seguidos por los hogares pertenecientes al estrato socioeconómico muy bajo, con 55,4%.
El problema no es solamente el acceso al crédito
Una de las principales conclusiones del informe es que la necesidad de pedir dinero prestado para cubrir gastos básicos se concentra especialmente en los hogares cuyos ingresos son más bajos o insuficientes.
Según el estudio, la incidencia fue casi dos veces superior entre los hogares pobres y 3,7 veces mayor entre aquellos que atravesaban estrés económico.
El informe diferencia esta situación del acceso al crédito como herramienta financiera. El problema, señala, aparece cuando el endeudamiento se utiliza de manera defensiva para cubrir necesidades habituales, especialmente en familias que no cuentan con margen económico y que pueden enfrentar condiciones financieras costosas.
Las propuestas de la UCA
Ante este escenario, el estudio plantea cuatro líneas de acción:
- Recuperación de ingresos y empleo: la necesidad de pedir dinero prestado se concentra en los hogares con ingresos más bajos o insuficientes.
- Evaluación responsable de la capacidad de pago: identificar a quienes cuentan con menor margen para afrontar imprevistos, caídas de ingresos o aumentos del costo financiero.
- Información clara sobre el costo financiero total: contemplar también fuentes de financiamiento como familiares, amigos y financieras, que no siempre aparecen reflejadas en las estadísticas bancarias.
- Mecanismos tempranos de refinanciación: buscar alternativas antes de que un desajuste económico transitorio termine convirtiéndose en un problema de sobreendeudamiento a largo plazo.
Con información de NA
Economía
Industria y construcción se desplomaron en julio: cayeron 5% y 4,6% respectivamente
La actividad manufacturera registró una fuerte contracción mensual, mientras que la construcción también mostró un marcado retroceso. Los datos oficiales del Indec volvieron a encender señales de alerta sobre el nivel de actividad económica.
La industria y la construcción profundizaron su caída en julio, de acuerdo con los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La producción manufacturera bajó 5% respecto de junio, mientras que la actividad de la construcción retrocedió 4,6% en la misma comparación.
Ambos sectores vienen mostrando durante los últimos meses un comportamiento irregular, con períodos de crecimiento y retrocesos consecutivos, una dinámica que los economistas describen como un efecto “serrucho”. El dato de julio vuelve a poner en evidencia las dificultades para consolidar una recuperación.
La industria acumuló una caída del 4,9% interanual
Según el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI), la industria registró en julio una disminución del 4,9% respecto del mismo mes de 2025.
Además, durante los primeros siete meses de 2026, la actividad industrial acumuló una caída del 2,6% interanual.
La economista María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, consideró llamativa la magnitud del retroceso mensual, especialmente porque la baja alcanzó a todos los rubros de la industria al realizar el ajuste estacional.
“Me sorprendió la magnitud de la caída mensual, especialmente en la industria, donde todos los rubros cayeron ajustados por estacionalidad”, señaló. Según explicó, aunque existían indicios de un retroceso, la magnitud fue mayor a la esperada y podría impactar en las estimaciones de crecimiento para 2026.
Castiglioni también recordó que julio suele presentar una mayor volatilidad debido al período de vacaciones de invierno.
Todos los sectores industriales tuvieron bajas mensuales
El retroceso no estuvo concentrado en una sola actividad. En julio, todos los rubros de la industria manufacturera registraron caídas mensuales ajustadas por estacionalidad.
Los mayores descensos correspondieron a:
- Muebles y otras industrias manufactureras: -13,9%
- Productos de metal, maquinaria y equipo: -8%
- Automotores y otros equipos de transporte: -6,4%
- Otros equipos, aparatos e instrumentos: -6,1%
Dentro de las 16 subdivisiones que componen el índice, solamente la refinación de petróleo mostró una variación mensual positiva, con un incremento del 1,7%.
El economista Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, sostuvo que la caída de la industria y la construcción fue una sorpresa negativa por su magnitud y que podría anticipar un deterioro importante de la actividad económica general durante julio.
La construcción cayó 4,6% en julio
La construcción también mostró un fuerte retroceso. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) marcó una caída del 4,6% frente a junio y una disminución del 4,5% interanual.
A diferencia de la industria, el sector mantiene un resultado positivo cuando se observa el acumulado del año: entre enero y julio registró una variación del 1,7% respecto del mismo período de 2025.
Menescaldi consideró que tanto la industria como la construcción, dos de los sectores más afectados por el cambio de modelo económico, vienen mostrando una elevada volatilidad y una tendencia negativa durante el año.
El impacto de los costos de energía
Uno de los factores señalados por Menescaldi fue el aumento de los costos de electricidad y gas, al que se sumaron problemas de disponibilidad de gas denunciados por algunas industrias durante el invierno.
El economista también mencionó que el Gobierno dejó de subsidiar el GNL, situación que pudo haber incrementado los costos de algunas empresas y provocado que determinadas industrias postergaran o suspendieran actividades, además de reducir sus niveles de stock.
De todos modos, consideró que este efecto podría ser temporario y revertirse una vez terminado el invierno.
El balance interanual también muestra dificultades
La comparación con julio de 2025 tampoco resulta favorable para la industria. De las 16 divisiones que integran el índice, 12 registraron variaciones negativas.
Entre los sectores que más retrocedieron se encuentran:
- Otros equipos, aparatos e instrumentos: -31,4%
- Maquinaria y equipo: -26,7%
- Prendas de vestir, cuero y calzado: -15,9%
- Productos textiles: -13%
En cambio, cuatro divisiones lograron crecer:
- Madera, papel, edición e impresión: +7,1%
- Refinación de petróleo, coque y combustible nuclear: +8,1%
- Industrias metálicas básicas: +1,6%
- Otros equipos de transporte: +2,6%
Para Menescaldi, la industria volvió a ubicarse en niveles similares a los registrados durante la crisis de 2024, mientras que la construcción también experimentó una caída importante, aunque se mantiene algo por encima de aquellos valores.
La industria, lejos de sus máximos históricos
El economista Diego Coatz, director ejecutivo de la consultora I+D, destacó que la caída industrial del 4,9% interanual se produjo pese a que el segundo semestre de 2025 ya había mostrado un desempeño negativo. Por ese motivo, señaló que la comparación se realiza contra una base que ya era baja.
Además, durante los primeros siete meses de 2026, la actividad industrial se ubicó 18,7% por debajo del máximo registrado en noviembre de 2017.
Coatz también puso el foco en la situación de las pequeñas y medianas empresas y planteó la necesidad de mejorar sus condiciones para que puedan integrarse a cadenas vinculadas con sectores como la energía, la minería y el agro.
Como ejemplo, señaló que el sector de Maquinaria y Equipos se encuentra 47,6% por debajo de su máximo de julio de 2022.
El economista advirtió que, sin una recuperación de estos sectores, el país podría avanzar en crecimiento económico sin generar suficiente empleo de calidad y desarrollo de proveedores locales.
Con información de La Nación
Economía
Créditos hipotecarios UVA: Anses recibió ofertas por $258.000 millones y cinco bancos quedaron afuera
La primera licitación de fondos del FGS de Anses para impulsar el crédito hipotecario superó ampliamente el monto disponible. Las entidades que recibieron recursos deberán ofrecer préstamos para vivienda a 15 años, con una tasa máxima de UVA + 7,5%.
El Gobierno concretó este lunes la primera licitación de plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, destinada a generar financiamiento para que los bancos puedan lanzar o reforzar líneas de créditos hipotecarios UVA a largo plazo.
El monto puesto a disposición fue de $200.000 millones, que finalmente fue adjudicado en su totalidad.
La respuesta de las entidades financieras superó las expectativas: el Banco Central (BCRA), que interviene como agente financiero de Anses, recibió ofertas de 18 bancos por más de $258.000 millones.
La demanda superó así el cupo disponible y cerca de cinco entidades quedaron fuera de esta primera colocación.
A qué tasas se adjudicaron los fondos
El nivel de demanda obligó al BCRA a convalidar tasas levemente superiores a los pisos establecidos inicialmente.
Para los fondos a 12 meses, se adjudicaron $35.570 millones, con una tasa de UVA más un spread promedio ponderado del 2,67%, frente a un piso inicial del 2,5%.
En el tramo a cinco años, se concentró más del 80% de las posturas aprobadas. Allí se asignaron $164.429 millones, con una tasa de UVA más 4,94%, cuando el piso había sido establecido en 4,5%.
Cómo serán los nuevos créditos hipotecarios
Las entidades que resultaron adjudicatarias deberán destinar los fondos a determinadas líneas de financiamiento para los usuarios.
Los créditos tendrán las siguientes condiciones:
- Destino: compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.
- Plazo mínimo: 15 años.
- Tasa máxima: UVA + 7,5% anual.
- Monto máximo: 150.000 UVA por persona, equivalente actualmente a unos $315 millones o aproximadamente US$206.000.
- Plazo para colocar los fondos: los bancos tendrán 90 días para volcar el dinero al mercado.
De acuerdo con las estimaciones de las entidades financieras, las primeras propuestas con estas condiciones podrían llegar al mercado entre octubre y noviembre.
Con el volumen de recursos previsto, las estimaciones oficiales apuntan a generar entre 17.000 y 18.000 nuevas operaciones hipotecarias.
Un plan para ampliar el financiamiento a la vivienda
La licitación forma parte de un programa más amplio impulsado por el Ministerio de Economía, que contempla 10 subastas consecutivas de $200.000 millones cada una.
En total, el esquema prevé movilizar $2 billones. Además, cada banco podrá adjudicarse como máximo el 20% del monto ofrecido en cada licitación.
El objetivo es abordar uno de los principales problemas que enfrentan los bancos argentinos al momento de otorgar préstamos hipotecarios de largo plazo: el denominado “descalce de plazos”.
Actualmente, las entidades se financian principalmente mediante depósitos de corto plazo, de entre 1 y 30 días, mientras que los créditos hipotecarios pueden extenderse durante 15 a 30 años.
La demanda de créditos para vivienda ya había aumentado
La iniciativa se da en un escenario en el que el interés por los préstamos para comprar vivienda viene creciendo.
Según el último Informe Monetario Mensual del BCRA, durante agosto los préstamos destinados a la adquisición de viviendas aumentaron 41,6% a precios constantes.
El crecimiento estuvo impulsado casi por completo por los créditos UVA y representó el mejor desempeño mensual desde las elecciones de octubre del año pasado.
En este contexto, algunas entidades ya habían comenzado a ajustar sus condiciones. Entre ellas, Banco Macro había reducido sus tasas fijas hasta el límite del 7,5%.
Con la nueva licitación, se espera que otros bancos adapten sus líneas existentes o creen nuevos productos tomando como referencia este tope de UVA + 7,5%.
Con información de Cadena 3
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