La medida fue dispuesta este jueves al mediodía por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Javier Bottero, quien hizo lugar al pedido de la fiscal Favia Burella y de la querella, y rechazó las medidas alternativas solicitadas por la defensa del imputado.

⚖️ Durante la audiencia de medidas cautelares, la fiscal sostuvo que se encuentran reunidos todos los requisitos legales previstos en el Código Procesal Penal para dictar la prisión preventiva. Al planteo adhirió la abogada Cristina Fortunato, representante de la víctima, quien remarcó la obligación del Estado de garantizar una vida libre de violencia para las personas con discapacidad.

📌 El hecho investigado

Según el Ministerio Público de la Acusación, el imputado habría actuado con pleno conocimiento y voluntad, aprovechándose de la confianza de la víctima y de su condición de discapacidad mental y motriz.

El episodio habría ocurrido en la madrugada del 4 de enero, cuando la víctima fue abordada en la vía pública e invitada al domicilio del acusado, donde se habría producido el abuso bajo amenazas y pese a la resistencia del damnificado.

🧑‍⚖️ El planteo de la defensa y la decisión judicial

La defensa, a cargo de los abogados Hernán Domenella y Darío Schurrer, cuestionó la calificación legal y solicitó la libertad bajo medidas alternativas, argumentando que la investigación continúa, que restan pruebas por producirse y que no existiría riesgo de fuga ni de entorpecimiento del proceso.

Sin embargo, al resolver, el juez Javier Bottero señaló que no fue controvertida la existencia del hecho ni la situación de vulnerabilidad de la víctima, y destacó que la pena en expectativa es elevada.

📌 Aunque reconoció que aún faltan medidas probatorias, sostuvo que ninguna alternativa resulta suficiente para proteger a la víctima y garantizar el normal avance de la causa, por lo que dispuso la prisión preventiva sin fijar plazo.

Por Móvil Quique con información de Rafaela Informa

La medida fue dispuesta por la jueza Cecilia Álamo en una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal y regirá durante todo el proceso judicial.

El fiscal Emiliano Odriozola, a cargo de la causa, detalló que los hechos ocurrieron el sábado 3 de enero alrededor de las 18:00, cuando la imputada se encontraba en el domicilio de su hermana y comenzó una discusión familiar que derivó en forcejeos. En ese contexto, la mujer tomó un cuchillo y le asestó una puñalada en el abdomen a su cuñado, provocándole una grave herida punzocortante.

“Por el elemento utilizado y la zona del cuerpo a la que dirigió el ataque, es claro que la intención de la imputada fue causar la muerte de la víctima”, sostuvo el fiscal. Afortunadamente, la víctima recibió atención médica a tiempo y sobrevivió, evitando lo que pudo haber sido un desenlace fatal.

Odriozola explicó que la jueza consideró que “los hechos están debidamente acreditados con las evidencias recolectadas” y que la calificación legal de tentativa de homicidio es correcta, con un grado de probabilidad suficiente para esta etapa de la investigación. Además, la gravedad del ilícito y los antecedentes penales de la imputada justificaron la prisión preventiva en lugar de medidas menos restrictivas.

La causa sigue en investigación mientras la mujer permanece privada de su libertad y se esperan nuevos avances en el proceso judicial.

Por Móvil Quique con información de Radio Belgrano de Suardi

Dos exdirectivos de la empresa fueron procesados por la presunta apropiación indebida de aportes, correspondientes al período 2020-2024. Según la investigación, los descuentos se realizaron a los empleados pero no se depositaron en los organismos correspondientes, sumando más de 1.600 millones de pesos en análisis.

El juez Aurelio Cuello Murúa dispuso además el embargo preventivo de 90 millones de pesos para cada imputado. La Fiscalía remarcó que los acusados conocían sus obligaciones y actuaron de manera deliberada para eludir los pagos, utilizando su posición jerárquica dentro de la cooperativa.

La causa se originó tras denuncias de trabajadores de Sunchales y Don Torcuato y continuará su curso en la Justicia Federal, mientras se determina la responsabilidad penal y patrimonial sobre los fondos que debían garantizar la seguridad social de los empleados.

Este nuevo capítulo se suma a la crisis económica y judicial que atraviesa Sancor, con múltiples frentes abiertos en los últimos años.

Por Móvil Quique con información de Rafaela Informa