Favio Maier, uno de los abogados querellantes de la causa contra el grupo Spaggiari, que investiga una mega estafa que dejó un tendal de damnificados en Rafaela y la región, explicó este lunes que el perjuicio económico asciende a por lo menos 10 millones de dólares y que si bien el dinero no se localizó se sospecha que fue a parar a las Bahamas.

El letrado indicó que recientemente se dispuso la unificación de las querellas para el futuro juicio que tendrá lugar en los tribunales de la ciudad de Rafaela. “Se trata de unificar por una cuestión de tiempo y despacio”, contó Maier y agregó que la medida tiene como eje que permita hacer más práctico el desarrollo del futuro debate.

El abogado, en tanto, reiteró que el fraude investigado, es una millonaria suma que la investigación no pudo detectar hacia donde fue aunque existen sospechas. “El monto global andaría en los 10 millones de dólares, 11 mil euros y más o menos unos 300 millones de pesos”, explicó. “Hay algunas pruebas primarias que estaría en cuentas bancarias en Bahamas”, agregó.

Consultado si desde la defensa del grupo Spaggiari existió algún ofrecimiento para devolver el dinero, el abogado remarcó que “no se propuso ninguna forma de pago para devolver el dinero, sino que simplemente se dijo que iban a reparar”.

El caso Spaggiari

El grupo Spaggiari es investigado por haber realizado captación de ahorro, de pesos y dólares, entre noviembre del 2019 y noviembre del 2022, bajo la promesa de devolver a los ahorristas un interés del 3% en dólares y el 5% en pesos.

Por el caso hay un total de 552 víctimas y 1052 hechos de estafa presuntamente cometidos por los 10 imputados.

Los acusados fueron identificados como los hermanos Matías y Fernando Spaggiari, que hoy se encuentran detenidos en la Unidad Penitenciaria de Coronda, quienes enfrentan cargos por asociación ilícita en calidad de jefes y estafas reiteradas en calidad de coautores.

Su madre, Mirta Ofelia Condotto, también está acusada como miembro de la asociación ilícita y partícipe necesaria y permanece con domiciliaria.

Además hay otras siete personas ligadas a la investigación que transitan la causa penal con medidas alternativas a la prisión preventiva.

Fuente: Aire de Santa Fe

Los dos hombres detenidos por el crimen del policía Cristian Abrigo serán formalmente imputados este viernes en una audiencia que se llevará a cabo en los tribunales de Santa Fe. Se trata de Luciano S. y Fernando C., este último también integrante de la fuerza policial, quienes fueron arrestados el pasado 7 de marzo, cuando el paradero de Abrigo todavía era una incógnita.

La audiencia, prevista para las 11:30, estará a cargo de la jueza penal Rosana Carrara. La acusación será impulsada por los fiscales Laura Urquiza y Andrés Marchi, mientras que la defensa será ejercida por los abogados Jorge Qüesta y Rodrigo González, quienes representan a los acusados por separado.

La desaparición y la búsqueda

Cristian Abrigo, suboficial de la Policía de Santa Fe, fue visto por última vez el pasado 28 de febrero, cuando salió de su casa en el barrio La Esmeralda, en la ciudad de Santa Fe, en su día de descanso. Según la reconstrucción de los hechos, tenía previsto encontrarse con alguien en la localidad de Progreso, a unos 75 kilómetros de la capital provincial.

Su esposa intentó contactarlo cerca del mediodía para saber si volvería a almorzar, pero su mensaje nunca llegó a destino. La última señal de su teléfono celular se registró en Progreso, donde —según trascendió— se encontraba con la intención de cerrar una transacción comercial vinculada a la compra de ganado.

Ante su ausencia prolongada y la falta de respuestas, su familia denunció su desaparición y la causa fue asignada al fiscal Andrés Marchi, quien luego sumó a la investigación a la fiscal Laura Urquiza, del área de Delitos Complejos.

Un testimonio clave y el hallazgo del cuerpo

Los días pasaban y no había rastros de Abrigo. En medio de la incertidumbre, agentes del Organismo de Investigaciones y de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron un campo al sur de Progreso, que estaba a cargo del policía Fernando C. El operativo inicial no arrojó resultados, pero días después, en una nueva inspección, los investigadores encontraron un arma de fuego tipo revólver, envuelta en una bolsa de nailon y enterrada bajo tierra.

El punto de quiebre en la causa se produjo tres días después de ese hallazgo, cuando Fernando C. decidió confesar su participación en el hecho. En su declaración ante la Fiscalía, reveló que Abrigo había sido asesinado y enterrado en un sector de monte dentro del campo de Progreso.

Tras su testimonio, el propio acusado guió a los investigadores hasta el lugar donde estaba el cuerpo. Lo hallaron cubierto con hojas y ramas secas, debajo de un montículo de tierra. Luego, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial, donde los forenses determinaron que presentaba dos disparos en la cabeza.

Si bien los fiscales todavía analizan la calificación legal del hecho, las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas vinculado a una transacción financiera. Según la investigación, Abrigo, además de su labor policial, se dedicaba al préstamo de dinero y tenía una relación comercial con los otros dos involucrados.

Fuente: Sin Mordaza

Durante el proceso, la Fiscalía había solicitado inicialmente una sentencia de treinta años, argumentando la gravedad de los hechos denunciados por las víctimas, ambas menores de edad al momento de ocurridos los abusos. Por su parte, la defensa solicitó una reducción sustancial de la pena, argumentando circunstancias atenuantes, aunque finalmente la justicia determinó una condena intermedia.

La investigación judicial comprobó que los abusos ocurrieron entre 2021 y 2022, afectando gravemente a la hija biológica del acusado, en contextos de violencia intrafamiliar y bajo coacción psicológica. Asimismo, se estableció que hubo otra víctima más, también perteneciente al entorno familiar, quien fue sometida a actos abusivos durante encuentros donde el condenado tenía acceso directo a la menor.

La Fiscalía había acusado al imputado de varios delitos calificados por la gravedad y reiteración de los hechos. Finalmente, el fallo dictado por el tribunal ratificó las pruebas presentadas, asignando una pena de dos décadas en prisión efectiva. La resolución judicial busca reparar parcialmente los daños causados a las víctimas y sienta un precedente significativo en la lucha contra la violencia sexual en Rafaela.

Fuente: Rafaela Informa