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Causa Franco Casco: absolvieron a todos los policías y ordenaron libertad de los detenidos

En un fallo que no fue unánime, el TOF 2 resolvió absolver a los 19 policías y un civil acusados de distintos delitos en torno de la muerte del joven que pasó por la comisaría 7ª en octubre de 2014, estuvo desaparecido y luego apareció ahogado en el Río Paraná

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario resolvió absolver a los 19 policías y un civil que llegaron a juicio por el delito de desaparición forzada de persona agravada, entre otros, en el caso de Franco Casco. El presidente del Tribunal, Otmar Paulucci, leyó el fallo –que no fue unánime– pocos minutos después de las 14 y ordenó que los agentes que permanecían presos recuperen la libertad.

Durante el debate oral, que comenzó en diciembre de 2021, el fiscal de juicio Fernando Arrigo y los querellantes habían solicitado prisión perpetua para catorce de los policías imputados, y penas que iban desde los 14 años y diez meses a los 3 años de prisión para otros cuatro agentes y un civil.

Tras un año y medio de audiencias y de haber evaluado las pruebas, el tribunal integrado por los jueces federales Otmar Paulucci, Eugenio Martínez Ferrero y Ricardo Moisés Vázquez dio a conocer el veredicto.

El comisario Diego José Álvarez, los agentes Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco y la agente Cecilia Rut Elisabet Contino fueron absueltos de los delitos de “desaparición forzada de persona agravada por la muerte de la víctima e imposición a una persona privada de su libertad de torturas seguidas de muerte”.

También fueron absueltos Enrique Nicolás Gianola Rocha, el jefe de sumarios César Daniel Acosta y los agentes Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Esteban Daniel Silva, Romina Anahí Díaz, Ramón José Juárez y Franco Luciano Zorzoli, quienes habían llegado a juicio como “coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima”.

Lo mismo resolvió el TOF 2 para Belkis Elisabet González y Rodolfo Jesús Murúa, quienes llegaron al banquillo como “partícipes secundarios penalmente responsables del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima”. Los dos integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Internos Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, que estaban acusados como “coautores del delito de encubrimiento doblemente agravado”, también fueron absueltos. El vecino que fue acusado de formular una falsa denuncia con la que –según la acusación– se intentó justificar la detención de Casco, Alberto Daniel Crespo –señalado como autor del delito de falso testimonio– también fue absuelto.

Sobre el agente Walter Ortiz no hubo controversia, ya que la Fiscalía había pedido su absolución por falta de pruebas que acreditaran dolo.

La larga causa

Franco Casco, de 20 años, llegó a Rosario en septiembre de 2014 para visitar a sus familiares en barrio Empalme Graneros. El 6 de octubre, cuando emprendía el regreso a la localidad bonaerense de Florencio Varela, fue detenido por efectivos de la comisaría 7ª. El 31 de octubre, el cuerpo de Casco fue hallado en las aguas del río Paraná.

Antes del hallazgo, el tomar conocimiento de que Franco no había vuelto, se presentó una denuncia en la Comisaría 20ª de Rosario y se inició una investigación por averiguación de paradero. Al día siguiente, su papá viajó hacia Rosario y se presentó en la Comisaría 7ª, donde le dijeron que Franco había estado el 6 a la noche, pero le negaron toda otra información.

El 12 de octubre, Elsa fue a Rosario desde su hogar en Florencio Varela para buscar a su hijo. En la Seccional 7ª –Cafferata 342–, logró hablar con un comisario, pero en la denuncia refirió que mientras el funcionario policial le formulaba un relato bastante extraño sobre el motivo por el cual fue detenido Franco. El responsable de la comisaría argumentó que el joven había sido aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad, que “estaba drogado, como perdido, y que esto lo había corroborado un médico de la policía que lo había atendido”, y que finalmente fue liberado. El fiscal que había intervenido por el Ministerio Público de la Acusación fue Guillermo Apanowicz, por búsqueda de paradero.

A fines de octubre, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) promovió que la investigación por la desaparición y muerte del joven se desarrollara en el ámbito de la justicia federal. El 16 de diciembre, el juez federal Carlos Vera Barros aceptó la competencia para intervenir en la causa por la muerte de Franco. Esto sucedería un día después del pronunciamiento de la Cámara Federal de Rosario. Antes, el juez federal Marcelo Bailaque se había declarado incompetente.

Para octubre de 2017, Vera Barros procesó a 30 policías, la mayoría de la seccional 7ª y de Asuntos Internos, ya que consideró que existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad no sólo en la muerte de Casco, sino también “en la intencionalidad de esconder u ocultar el verdadero estado de cosas sobre los motivos de la desaparición”.

Desde entonces, abogados, familiares de los policías acusados nunca dejaron de asegurar de que se trataba de una «causa armada» y aseguraron ser inocentes. A 8 años y 9 meses de la última vez que Casco fue visto con vida, el fallo de la Justicia Federal, que dejó el sabor amargo de la impunidad en los allegados a Casco, liberó de responsabilidad a todos los policías involucrados.

Fuente: L.T.9

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Brindaron detalles el estado del proceso concursal de Sancor

La firma jurídica advirtió que el juez dio a la empresa una última oportunidad para presentar un plan de contingencia y evitar la quiebra.

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Foto: Ilustrativa

La Empresa de Servicios Jurídicos Regali y Asociados brindó detalles sobre el estado actual del proceso concursal de Sancor, aclarando que la información difundida está vinculada a su participación directa en el conflicto.

En el comunicado, los abogados recordaron que “el proceso de concurso recién está en sus pasos iniciales”, tras haber finalizado la etapa de verificación y la de impugnación de los créditos.

Reunión del consorcio de acreedores

Desde el estudio indicaron que en la última reunión del consorcio se abordó el pedido de quiebra presentado por el sindicato, analizando sus consecuencias y las posibilidades de garantizar los créditos de sus representados, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores de la empresa.

También se trató el pedido de intervención de la administración presentado por el estudio, que solicita el desplazamiento de los cargos directivos y la promoción de una investigación penal por las actividades desarrolladas durante los últimos diez años. “El tiempo de diez años no es caprichoso, sino que tiene que ver con el plazo de prescripción de ciertas acciones”, explicaron.

En ese marco, el juzgado requirió a Sancor la presentación de un plan de contingencia, en el que deberá detallar su estrategia para salir de la crisis, las asesorías con las que cuenta y las decisiones adoptadas.

“El juez está intentando darle una oportunidad más a la empresa para salir de los pedidos de quiebra, que están muy bien fundados y tienen todas las posibilidades de concretarse”, advirtieron desde el estudio.

Riesgo de quiebra

Regali y Asociados alertó que, de concretarse la quiebra, esta sería de carácter liquidativo. “Así como Sancor Seguros continúa con la ejecución de la hipoteca que mantiene sobre el Centro de Distribución de Buenos Aires, el resto de los acreedores podría avanzar sobre sus créditos especiales, entre ellos la marca, uno de los activos más valiosos de la empresa”, precisaron.

También indicaron que el valor de remate de los bienes “suele ser la mitad o menos”, y que las plantas, como la de Sunchales, tienen tecnología obsoleta y bajo valor de venta. “Hasta el momento hubo un solo interesado en la compra, pero el monto ofrecido fue irrisorio y no alcanzaba para pagar ni el 10% de las deudas”, agregaron.

Irregularidades y falta de respuestas

El estudio remarcó que la intervención de la administración se solicita debido a “las irregularidades que existen en el acontecer diario de la empresa y la falta de información verificable”. Denunciaron que la firma “se maneja de forma autónoma y sin rendir cuentas a la sindicatura”, mencionando como ejemplo la negociación con la empresa Elcor S.A., de la cual el juez y la sindicatura se habrían enterado por los medios.

Asimismo, señalaron “la presentación de 850 recibos apócrifos” .

Por último, manifestaron su preocupación por “la falta de respuesta y la desidia con la que los funcionarios tratan la situación”. “Parece que quieren que la empresa quiebre de una vez por todas. No hay voluntad ni espíritu de lucha, y en esas condiciones es imposible rescatarla. Los directivos no dan señales de vida, y el juez ni siquiera los conoce”, concluyeron.

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Continúa la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales

Confirmaron por la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales.

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Foto: archivo

Un hombre de 32 años, cuyas iniciales son GSP, continuará en prisión preventiva en el marco de una causa en el que está acusado como autor de una tentativa de homicidio cometida con un arma de fuego el 13 de junio del año pasado en Sunchales

La medida cautelar fue confirmada por el camarista Cristian Fiz, luego de escuchar a las partes en la audiencia de apelación. La preventiva ya había sido ratificada por otro tribunal en diciembre del año pasado. El fiscal a cargo de la investigación es Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5

Castellano sostuvo que “se tuvo en cuenta que ya presentamos la acusación contra el hombre investigado y estamos a la espera de que la Oficina de Gestión Judicial fije fecha para el inicio del juicio oral y público”.

Peligros procesales

Castellano sostuvo que “en esta nueva audiencia de apelación, el camarista volvió a coincidir con la Fiscalía en que las evidencias que presentamos en la audiencia de medidas cautelares fueron suficientes para tener por acreditadas la materialidad y la participación del imputado en el hecho ilícito”. En tal sentido, agregó que “el juez de segunda instancia también refirió a la pena en expectativa y dijo que en la acusación solicitamos 13 años de prisión de cumplimiento efectivo”.

El fiscal manifestó que “el juez consideró que ante la proximidad del juicio oral y publico, los riesgos procesales aumentan y podrían hacer que el acusado no se sujete al proceso”.

Con un revólver

Castellano recordó que “el ilícito fue cometido aproximadamente a las 11:30 del jueves 13 de junio del año pasado mientras la víctima caminaba con su novia adolescente por calle Alem al 1.300”. Relató que “luego de perseguirlos desde atrás, el acusado se paró delante de ellos, extrajo un revólver –del que no tenía la debida autorización legal– de su cintura, le apuntó al hombre y le exigió que le entregue sus pertenencias”.

El fiscal manifestó que “mientras la víctima se sacaba la mochila para dársela, el imputado le apuntó a la menor de edad y la amenazó diciéndole que le dispararía con el arma si interfería”.

En tal sentido, agregó que “inmediatamente después, a una distancia aproximada de 50 centímetros, le disparó al rostro del hombre con la clara intención y voluntad de provocarle la muerte”.

El fiscal subrayó que “tras efectuar el disparo, el acusado se fue corriendo del lugar sin haber logrado su objetivo de quitarle la vida a la víctima por razones ajenas a su voluntad debido a la inmediata intervención de personal médico”.

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Crimen en Moisés Ville: libertad para el padre y prisión preventiva para el hijo, acusado de dar la puñalada mortal

Se trata del violento hecho ocurrido el jueves donde un hombre identificado como Gastón Pfaffen fue apuñalado y perdió la vida.

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Foto: Archivo

La justicia resolvió este miércoles la situación procesal de los dos detenidos por el crimen de Gastón Alejandro Pfaffen, de 35 años, ocurrido la semana pasada en Moisés Ville, departamento San Cristóbal.

En la audiencia cautelar realizada en la Oficina de Gestión Judicial de San Cristóbal de manera semipresencial, la fiscal Hemilce Fissore imputó a Fabricio Alejandro Battiston (padre) y a su hijo Fabricio Alejandro Battiston, acusados por el delito de homicidio doloso. A través de la plataforma Zoom, el doctor Carlos Farías Demaldé, asistió profesionalmente a la madre y a la esposa de la víctima, que pedirán constituirse como querellantes en la causa. La audiencia contó ademàs con la participación de los abogados Alejandro María Otte, Juan Manuel Lovaiza y Cecilia Andrea Gaitán como defensores de los acusados.

La juez interviniente Gabriel Peralta, dispuso la libertad del padre, mientras que al hijo, de 23 años, le dictó la prisión preventiva, al considerarlo quien presuntamente le habría propinado la puñalada mortal a Pfaffen. Algo que fue reconocido por el propio acusado a travès de su defensor, aunque alegando legítima defensa.

El violento episodio ocurrió en la vivienda de los Battiston, cuando la víctima —que era empleador del hijo— se presentó en el lugar para reclamarle por el incumplimiento de una tarea laboral. En ese marco se habría generado una discusión que terminó de la peor manera, con Pfaffen herido de arma blanca y posteriormente fallecido.

Minutos después del ataque, personal de la Comisaría 3ª detuvo a padre e hijo, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Regional 5.

Con la medida cautelar definida, la fiscal Fissore deberá profundizar la investigación para establecer con precisión las circunstancias del crimen, reunir pruebas y tomar declaraciones que permitan llegar a juicio.

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