Judicial
Chaco: el matrimonio Sena fue imputado como coautor del femicidio de Cecilia Strzyzowski
El Equipo Fiscal Especial acusa a Emerenciano Sena y Marcela Acuña de ser coautores del delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”
Desde Resistencia, Chaco – Tras cuatro horas de indagatorias, solo uno de los siete detenidos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski (28) declaró ante el equipo de fiscales que investigan el caso. Bajo un hermetismo absoluto, Emerenciano Sena (58), el polémico líder piquetero de Chaco, su esposa Marcela Acuña (51) y su hijo César (19), marido de la joven desaparecida, se abstuvieron de prestar declaración. Al final de la jornada, según confirmó el abogado defensor del matrimonio a Infobae, los dirigentes sociales quedaron imputados como coautores del delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”.
Pasaron trece días desde la última vez que se vio a Cecilia y, este martes, fue una fecha clave. La misma arrancó con un cambio en la calificación del expediente, que pasó de investigarse como “desaparición de persona” a “femicidio”. En paralelo, la Procuración General de Chaco decidió ampliar el Equipo Fiscal Especial —originalmente integrado por el titular de la Fiscalía Especial en Violencia de Género 4, Sergio Cáceres Olivera, y el fiscal de Cámara Jorge Fernando Gómez— e incorporó a Nelia Velázquez, titular de la Fiscalía N°5 de Resistencia.
Por último, a partir de las 17.30, comenzaron las indagatorias a los siete detenidos, que se extendieron hasta las 21.30.
Para realizar las mismas, según confiaron fuentes judiciales a Infobae, los fiscales dividieron el procedimiento en dos partes. La primera la llevaron adelante en el edificio de fiscalías, ubicado sobre la Avenida 9 de Julio 236, donde indagaron a Gustavo Melgarejo, casero del campo de los Sena; Fabiana González, asistente del matrimonio piquetero; su esposo, Gustavo Obregón; y el detenido de identidad reservada.
Solo uno de ellos declaró.
Se trata de Gustavo Melgarejo. “Fue el único de los detenidos que habló ante el equipo fiscal. Los otros tres se abstuvieron de declarar”, dijeron a este las mismas fuentes. Si en su declaración el casero de los Sena aportó datos relevantes para la investigación, por el momento es una incógnita ya que el expediente está bajo secreto de sumario.
Pasadas las 20.30 el equipo fiscal se trasladó a la Comisaría Tercera de Resistencia —ubicada a 15 cuadras del edificio de fiscalías y contigua al Departamento de Violencia Familiar y de Género de la Policía del Chaco— para tomarles declaración a Emerenciano Sena, Marcela Acuña y su hijo, César. Los tres fiscales hicieron su ingreso a bordo de una camioneta Toyota Hilux Blanca y así evitaron a los periodistas y camarógrafos, que se amontonaron detrás del vallado en la puerta del estacionamiento.
Mientras declaraba Emerenciano, se hizo presente en el lugar su equipo de abogados defensores, encabezado por Juan Carlos Saife, que también representará a su mujer. En diálogo con los medios, el letrado indicó que sus defendidos continuarán “privados de su libertad” y que esta situación puede variar “hasta tanto se resuelva su situación procesal”, para lo cual se requieren diez días hábiles”.
Consultado sobre la imputación que le cabe al matrimonio de dirigentes sociales, el abogado indicó que “es la calificación inicial” y que “hay que ver si se mantiene”. ¿Por qué no defiende a César Sena? “No tengo obligación, yo represento a quien solicita mis servicios”, sostuvo, escueto.
Con respecto a una posible solicitud de prisión domiciliaria para el líder piquetero (quien tuvo COVID-19 y padece de diabetes) Saife sostuvo: “No pido cosas por pedir. Si realmente hay fundamentos para pedir una domiciliaria, es decir, que tenga una enfermedad por la que no pueda ser asistido en el lugar donde está alojado, podría proceder una prisión domiciliaria, pero para eso hay que acreditar la enfermedad”.
Al finalizar la jornada de indagatorias, desde el Ministerio Público Fiscal de Chaco confirmaron que la defensa de César Sena, Fabiana González y Gustavo Obregón estará a cargo de Juan Díaz. Por su parte, Gustavo Melgarejo será representado por la defensora oficial 12, Marcela Ojeda, y la defensora oficial 11, Paula Cuenca. La defensora oficial 12, además, representará al detenido de identidad reservada.
Este miércoles, una semana y un día después de radicar la denuncia por la de desaparición de Cecilia, sus familiares, amigos y allegados realizarán una marcha del silencio en su nombre para pedir “Justicia”.
La cita es a las 20.30 en la Plaza 25 de Mayo, ubicada en pleno centro de Resistencia, donde ya se movilizaron el domingo pasado. “Recordá llevar tu antorcha, vela o flash del celular. Recordemos a Ceci con la luz que la caracteriza”, apunta el flyer que invita sumarse a la movilización.
Emerenciano Sena, dirigente social cercano al gobernador de Chaco Jorge Capitanich, fue candidato a diputado por el Frente de Todos hasta que se supo que su nuera estaba desaparecida. El polémico piquetero era precandidato a diputado provincial y su mujer precandidata a intendenta de Resistencia, en las elecciones PASO que se realizarán este domingo 18 de junio, pero los bajaron de la lista.
La decisión, a cargo del Tribunal Electoral, fue plasmada en la resolución 162/23 con las firmas de su presidenta, Emilia María Valle, junto a las juezas Silvana Morando y Yamila Baldovino.
En sus fundamentos, las juezas señalaron que “son los partidos políticos y alianzas transitorias las que dentro de un marco voluntario de acuerdos políticos, oficializan las listas de precandidatos y precandidatas, facultades que les permiten, en casos de excepciones comprobadas, debidamente fundadas y justificadas, desistir de aquellas postulaciones, a efectos de salvaguardar los intereses de la agrupación, de las y los restantes precandidatas y precandidatos y de la ciudadanía electoral”.
Fuente: Infobae
Judicial
Homicidio en Ataliva: la Cámara confirmó la prisión preventiva de Axel Churquina por la muerte de Mario Ricarte
La Justicia confirmó la continuidad de la prisión preventiva del principal imputado por el homicidio ocurrido en Ataliva en mayo de 2024. La medida se extenderá por ocho meses, en lugar del año que había dispuesto anteriormente el juez de primera instancia.
Este lunes, en los Tribunales de Rafaela, se realizó una audiencia de apelación para revisar la resolución que había prorrogado la prisión preventiva de Axel Churquina, imputado por el homicidio de Mario Ricarte, ocurrido en la localidad de Ataliva en mayo de 2024.
La defensa había recurrido la decisión adoptada en junio por el juez Gustavo Bumaguin, quien había dispuesto extender la prisión preventiva por un año.
Tras escuchar a las partes, el juez de la Cámara de Apelaciones, Cristian Fiz, confirmó que Churquina deberá continuar privado de su libertad, aunque modificó el plazo establecido inicialmente.
La nueva resolución fijó la continuidad de la medida cautelar por ocho meses, en lugar de los 12 meses que había determinado el magistrado de primera instancia.
Churquina permanece detenido desde julio de 2024
El imputado permanece bajo prisión preventiva desde principios de julio de 2024, cuando el juez de I.P.P. Gustavo Bumaguin hizo lugar al pedido formulado por el fiscal Martín Castellano.
El representante del Ministerio Público de la Acusación le atribuyó el delito de homicidio doloso simple.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Churquina habría causado la muerte de Ricarte entre la tarde del 27 de mayo de 2024 y la madrugada del día siguiente.
La investigación sostiene que la víctima habría sufrido una lesión en el cuello mientras se encontraba recostada en su cama, lo que le habría provocado una hemorragia fatal.
Cómo fue descubierto el cuerpo
Ricarte fue encontrado sin vida el 29 de mayo, cuando una de sus hermanas se dirigió a su vivienda preocupada porque no había tenido noticias de él.
Al ingresar a la habitación, la mujer encontró a Ricarte acostado y sin responder. Su cuerpo se encontraba frío y rígido.
Una médica del SAMCO de Ataliva llegó posteriormente al domicilio y detectó una lesión en la zona del cuello, por lo que se dio aviso a la Policía y posteriormente a la Fiscalía.
A partir de ese momento se inició una investigación para determinar las circunstancias de la muerte.
Las pruebas reunidas durante la investigación
Los investigadores analizaron distintos elementos encontrados dentro de la vivienda.
En la cocina había una pava en el piso, platos sucios, un catre con sábanas utilizadas, una caja de vino y cuatro colillas de cigarrillos. Según la investigación, Ricarte no fumaba, por lo que esos elementos fueron considerados de interés para determinar quiénes habían estado en la vivienda.
En la habitación también se encontró un cuchillo, aunque las pericias determinaron que no sería el utilizado para provocar la lesión mortal.
Otro elemento considerado relevante fueron las cámaras de seguridad ubicadas cerca del domicilio.
De acuerdo con la investigación fiscal, las imágenes registraron a Churquina llegando a la vivienda el 27 de mayo, manteniendo una breve conversación con Ricarte y posteriormente ingresando al domicilio.
Las filmaciones también habrían registrado entradas y salidas posteriores de ambos. Según la Fiscalía, en las más de 100 horas de grabaciones analizadas, no se observó el ingreso de otra persona a la vivienda.
Los bolsos y el cuchillo secuestrado
Siempre de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, durante la noche del 27 de mayo Churquina habría salido de la vivienda llevando dos bolsos.
Posteriormente se habría dirigido hacia el campo de un familiar, pero no pudo permanecer allí y regresó nuevamente a la casa de Ricarte.
Los bolsos, según la investigación, habían sido descartados previamente en una chanchería ubicada en las afueras de Ataliva.
En su interior se encontraron bebidas alcohólicas, una caja de cigarrillos de la misma marca que las colillas halladas en la vivienda de Ricarte y un cuchillo que, según las pericias, presentaba rastros compatibles con sangre.
Estos elementos forman parte de la evidencia incorporada al expediente.
La hipótesis de la Fiscalía y la postura de la defensa
Para el fiscal Martín Castellano, los elementos reunidos permiten sostener la acusación contra Churquina.
La investigación busca establecer qué ocurrió durante las horas en las que ambos estuvieron en la vivienda y cuál fue el motivo de la muerte de Ricarte.
La defensa del imputado, por su parte, sostiene una hipótesis diferente respecto de lo ocurrido y cuestiona la acusación fiscal.
La causa continúa en etapa de investigación y Churquina permanecerá bajo prisión preventiva durante ocho meses, conforme a la resolución adoptada este lunes por la Cámara de Apelaciones.
Fuente: Rafaela Noticias
Judicial
La Justicia ordenó reparar de urgencia las rutas nacionales 7, 8 y 33 en Santa Fe
Un juez federal de Venado Tuerto hizo lugar a un amparo y ordenó al Estado Nacional realizar la reparación integral y urgente de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, debido al grave deterioro de las calzadas y a la falta de mantenimiento suficiente.
La Justicia cuestionó el estado de las rutas
La resolución fue dictada por el juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa, en el marco de una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
El planteo buscaba que se adoptaran medidas para garantizar la seguridad y la libre circulación de quienes utilizan estos corredores nacionales.
Según el fallo, la documentación incorporada al expediente permitió acreditar el deterioro de las rutas y la falta de tareas suficientes de conservación.
En particular, sobre la Ruta Nacional 33, se mencionan grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos, condiciones que el magistrado consideró un riesgo para la seguridad e integridad de quienes circulan por la zona.
El juez sostuvo además que los organismos responsables de los corredores viales incumplieron sus obligaciones mínimas de mantenimiento y conservación.
La Ruta 33, uno de los principales puntos de preocupación
Uno de los elementos considerados por la Justicia fue que la propia Dirección Nacional de Vialidad había reconocido el estado crítico de la Ruta 33.
De acuerdo con el expediente, autoridades del Distrito Santa Fe de Vialidad habían señalado que el estado de la ruta requería una intervención urgente.
A partir de ese diagnóstico se realizó una licitación que terminó siendo adjudicada a la empresa Rovial S.A.. Sin embargo, las obras no pudieron completarse.
La empresa realizó trabajos de bacheo en parte del corredor, pero posteriormente las tareas quedaron paralizadas debido a la falta de autorización de las partidas presupuestarias necesarias para continuar.
También se realizaron trabajos mínimos de bacheo en frío entre Venado Tuerto y Murphy, aunque el juez consideró que esas intervenciones no alcanzaban para solucionar el deterioro existente.
El expediente incorporó incluso fotografías aportadas por la propia DNV que permitieron observar las condiciones de la calzada.
Qué ocurre con las rutas 7 y 8
Respecto de la Ruta Nacional 7, el fallo señala que se realizaron algunas tareas de bacheo, pero que no quedó acreditado que existieran trabajos de mantenimiento sostenidos sobre la totalidad del tramo correspondiente al departamento General López.
En cuanto a la Ruta Nacional 8, la situación también fue cuestionada.
Según el expediente, la Dirección Nacional de Vialidad había labrado 55 actas de constatación por incumplimientos contractuales de Corredores Viales y había realizado distintas comunicaciones para intentar corregir las deficiencias detectadas.
La empresa solo acreditó trabajos sobre los kilómetros 359 al 362, lo que, de acuerdo con la sentencia, resultaba insuficiente frente a las necesidades de mantenimiento y seguridad vial del corredor.
El juez también rechazó el argumento de Corredores Viales de que sus obligaciones no incluían tareas de repavimentación.
La resolución sostiene que la empresa tenía responsabilidades relacionadas con la mejora, reparación y mantenimiento de las rutas 7 y 8.
El Estado deberá garantizar las obras
Uno de los puntos centrales del fallo es que el Estado Nacional no puede desentenderse de la reparación argumentando que las rutas se encuentran concesionadas o que existen cambios en las empresas responsables.
La Justicia consideró que la situación administrativa o contractual de los corredores no puede impedir que se garantice la seguridad de quienes utilizan las rutas.
Por ese motivo, la reparación deberá ser garantizada por el Estado Nacional, ya sea a través de Vialidad, del organismo que eventualmente tenga esas competencias o de las empresas concesionarias correspondientes.
La eventual participación de las concesionarias no modifica la responsabilidad estatal de garantizar el cumplimiento de la orden judicial.
La Justicia habló de una situación de peligro
Para el magistrado, el deterioro de las rutas no constituye solamente un problema de infraestructura, sino que también compromete derechos vinculados con la vida, la salud, la seguridad vial y la libre circulación.
El fallo considera que el estado de las calzadas representa una situación de peligro para los usuarios y que las pruebas incorporadas al expediente evidencian un grave deterioro de la cinta asfáltica.
Finalmente, el juez rechazó los planteos realizados por Corredores Viales S.A. y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, hizo lugar al amparo y ordenó la “inmediata y urgente reparación integral” de las rutas nacionales 33, 7 y 8 para garantizar su transitabilidad plena en el departamento General López.
Con información de Ámbito
Judicial
Facundo Moyano fue liberado, pero seguirá imputado en la causa por presunta violencia de género
El exdiputado nacional recuperó la libertad luego de declarar ante la fiscalía. La Justicia le impuso restricciones mientras continúa la investigación por una denuncia presentada por su pareja.
Facundo Moyano recuperó la libertad este martes por la noche tras ser indagado en una causa en la que está imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.
Al retirarse de la sede judicial, el exlegislador realizó una breve declaración ante la prensa y aseguró: «Está todo aclarado».
La investigación continúa
La causa se originó luego de un episodio ocurrido durante la madrugada en el barrio porteño de Belgrano, donde la pareja de Moyano, Candela Arizaga, de 23 años, fue encontrada corriendo semidesnuda en la vía pública y posteriormente trasladada al Hospital Pirovano.
Durante la jornada, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio de Moyano, donde la Policía secuestró dos teléfonos celulares. Según trascendió, no se encontraron estupefacientes en el lugar.
Tras prestar declaración, el exdiputado fue liberado, aunque continuará imputado en la causa.
Restricciones impuestas por la Justicia
Como condición para recuperar la libertad, la Justicia le impuso a Moyano una prohibición de acercamiento de 300 metros y la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con la denunciante, según confirmó su defensa.
La fiscalía continuará con la recolección de pruebas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios.
La versión de Candela Arizaga
De acuerdo con la información difundida, Arizaga manifestó que Moyano «no le hizo nada» y sostuvo que el episodio ocurrió en un contexto de consumo de estupefacientes.
No obstante, la investigación judicial sigue su curso y será la Justicia la que determine las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad penal del imputado.
Fuente: Cadena 3
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