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Condenaron a Cristina Kirchner a 6 años de cárcel por corrupción en obra pública

Fue por administración fraudulenta, pero la absolvieron por asociación ilícita. La penaron a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No irá presa y podría ser candidata hasta que la sentencia esté firme.

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FOTO: Cristina Kirchner

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 condenó este martes a la vicepresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz, luego de tres años y medio de debate judicial en Comodoro Py. A su vez, la expresidenta fue absuelta por la acusación de liderar una asociación ilícita.

Así lo determinó la sentencia de los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, en un caso que tuvo además como imputados al empresario Lázaro Báez, quien también fue condenado a la pena de 6 años de prisión por «administración fraudulenta».

La lectura del veredicto, que se realizó por videoconferencia para todas las partes y con la presencia en el tribunal de los tres jueces, fue realizada por el magistrado Gorini.

A pesar de que este martes por la tarde se conoció el veredicto, los jueces disponen de un período de 40 días hábiles para dar a conocer sus argumentos, lo que -tomando en cuenta la proximidad de la feria judicial de enero- estira los plazos al primer trimestre del año próximo.

El pasado 22 de agosto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner y que sea inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos.

Si bien la Vicepresidenta fue declarada culpable, no habrá consecuencias jurídicas inmediatas para la exmandataria, dado que cuenta con fueros por su cargo público y segundo porque para que el fallo sea de cumplimiento efectivo debe quedar firme la condena.

En total, sumaron 13 los acusados por dos delitos: asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por un monto superior a los 5.321 millones de pesos.

El juicio, que investigó el período investigado que va de 2003 a 2015, comenzó en mayo de 2019 y celebró casi un millar de horas de audiencias, que tuvieron su etapa más resonante con los alegatos de la fiscalía y las defensas.

La exmandataria fue acusada de liderar una banda delictiva que favorecía a Báez con la concesión de obras públicas en Santa Cruz, durante el período investigado.

Noticia en desarrollo.

HABLA CRISTINA TRAS LA CONDENA

Cristina Kirchner, tras la condena: “Esto es Estado paralelo y mafia judicial”
Dijo por sus redes sociales que “no se probaron las mentiras de los fiscales”. Negó haber tenido el poder de administrar el presupuesto para las obras. Cuestionó el viaje al sur de jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios.

La vicepresidenta Cristina Kirchner, que acaba de recibir una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, sostuvo este martes que «está claro que la idea» de los jueces era condenarla, más allá de las pruebas y, al respecto, aseguró: «Esto es un Estado paralelo y mafia judicial».

La expresidenta y líder del peronismo enfrentaba un pedido de 12 años de cárcel por asociación ilícita (por este delito resultó absuelta) y defraudación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa sobre direccionamiento de las obras de Vialidad en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.

«Esto no es ni lawfare ni partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial», enfatizó.

A propósito de esto, añadió: «La confirmación de un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales, la vimos este fin de semana, cuando se filtró la noticia de un viaje secreto de jueces y fiscales de renombre a Lago Escondido con financiación supuestamente de un multimedio”.

Fuente: Cadena 3

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Comienza el juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes: 17 imputados y casi 200 testigos

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña comienza este martes en la provincia de Corrientes, a dos años del último registro del niño de 5 años, visto por última vez durante un almuerzo familiar en la localidad de 9 de Julio.

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Foto: Caso Loan Peña

El proceso judicial se desarrollará con 17 imputados, cerca de 200 testigos y más de 900 fojas de prueba, en una de las causas más complejas y sensibles del país.

El debate se llevará a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y estará a cargo de los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, mientras que la acusación será impulsada por los fiscales Tamara Ahimara Pourcel y Carlos Schaefer, quienes intentarán reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Desde el inicio del proceso, la fiscal general Pourcel fue contundente respecto de la estrategia del caso: “Esperamos que alguno de ellos se pueda quebrar. Estamos seguros de que saben qué pasó con Loan”, expresó en la previa del juicio.

La investigación aún no logró establecer el paradero del niño ni esclarecer con precisión qué ocurrió durante la tarde del hecho en el paraje Algarrobal, donde Loan se encontraba en una reunión familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña.

Un caso con hipótesis de crimen organizado y múltiples acusados

La causa, que mantiene una fuerte atención pública desde 2024, está atravesada por sospechas de crimen organizado y trata de personas, aunque ninguna hipótesis logró confirmarse de manera definitiva.

Todos los imputados llegan al juicio con prisión preventiva, medida ratificada por el tribunal. Entre ellos se encuentran Antonio Benítez y Laudelina Peña, el matrimonio formado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi, además del excomisario de 9 de Julio Walter Maciel, acusado de encubrimiento y desvío de la investigación.

También serán juzgados diez integrantes vinculados a la denominada Fundación Lucio Dupuy, acusados de haber entorpecido la investigación con pistas falsas y maniobras que habrían dificultado el avance del expediente.

Pruebas, pericias y reconstrucción del caso

Entre las pruebas centrales se destacan las pericias odoríferas con perros rastreadores, registros telefónicos, movimientos de vehículos y contradicciones en declaraciones de los imputados.

Los investigadores sostienen que el niño habría sido apartado durante el almuerzo familiar en un lapso crítico entre las 13:52 y las 14:25, momento en el que se pierde su rastro.

A partir de ese momento comenzó una búsqueda que, según el expediente, no logró resultados concluyentes pese a múltiples líneas de investigación.

Declaraciones y cronograma del juicio

El proceso se extendería al menos por seis meses, debido a la cantidad de pruebas y testigos.

Las primeras jornadas estarán destinadas a planteos iniciales, mientras que las declaraciones testimoniales comenzarán con los padres del niño, María Luisa Noguera y José Mariano Peña, seguidos por otros familiares directos.

En total, casi 200 testigos pasarán por el tribunal, incluyendo familiares, peritos y personas vinculadas a los momentos previos y posteriores a la desaparición.

Un caso que sigue sin respuestas

A dos años del hecho, la desaparición de Loan continúa sin resolución. El expediente mantiene abiertas diversas hipótesis, desde secuestro hasta encubrimiento, pero ninguna logró establecer con certeza qué ocurrió con el niño.

El inicio del juicio representa un paso clave en la búsqueda de respuestas en una causa que generó fuerte impacto social en todo el país.

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Crimen de Aralí Vivas: fijaron para septiembre el juicio oral en Córdoba

La Justicia de Córdoba confirmó que el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada en la ciudad de Brinkmann en 2024, se realizará los días 22, 23 y 29 de septiembre en los tribunales de San Francisco.

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Foto: Crimen de Aralí Vivas: fijaron para septiembre el juicio oral en Córdoba

La Justicia de Córdoba confirmó que el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada en la ciudad de Brinkmann en 2024, se realizará los días 22, 23 y 29 de septiembre en los tribunales de San Francisco.

El proceso estará a cargo de la Cámara Criminal y Correccional y contará con la participación de jurados populares.

Tres acusados llegarán detenidos al juicio

En el banquillo de los acusados estarán Rocío Milagros Rauch, madre de la menor; Matías Ezequiel Simeone, pareja de la mujer; y Cristian Hernán Varela, amigo de Simeone.

Los tres permanecen detenidos y enfrentan graves imputaciones vinculadas al asesinato de la niña.

De acuerdo a la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, los acusados habrían participado de distintos abusos sexuales contra Aralí que derivaron en su muerte.

Además, la causa incluye la figura de homicidio criminis causa, mientras que Simeone también está acusado de haber provocado el incendio de la vivienda para intentar eliminar pruebas del hecho.

Cómo será el proceso judicial

Antes del inicio del debate oral se realizará la selección de jurados en los tribunales de San Francisco.

En una primera instancia se conformará una nómina de 24 ciudadanos y luego quedarán establecidos los 12 jurados titulares que participarán del juicio.

Un caso que conmocionó a Brinkmann y la región

El crimen de Aralí Vivas generó una fuerte conmoción en Brinkmann y en toda la región luego de que el cuerpo de la menor fuera hallado el 1 de noviembre de 2024 tras un incendio registrado en la vivienda donde residía.

La investigación judicial determinó que el fuego habría sido provocado intencionalmente con el objetivo de ocultar evidencias.

La autopsia reveló que la niña presentaba lesiones compatibles con abuso sexual y un traumatismo craneal.

En caso de que el tribunal coincida con la acusación sostenida por la Fiscalía, los imputados podrían recibir la pena de prisión perpetua.

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Intentó abusar sexualmente de una adolescente en Eusebia: imputaron al acusado y pedirán prisión preventiva

La Justicia avanzó en la investigación del grave hecho de violencia de género ocurrido en la localidad de Eusebia, donde un hombre de 45 años fue imputado por intentar abusar sexualmente de una adolescente de 17 años.

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Foto: Archivo

La causa es encabezada por la fiscal Flavia Burella, quien formalizó la acusación ante el juez Gustavo Bumaguín. Al imputado se le atribuyó la presunta autoría del delito de “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”.

La defensa del acusado está a cargo del defensor público Bruno Rossini.

Persecución y ataque en caminos rurales

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el hecho ocurrió el viernes 31 de mayo en cercanías de una heladería ubicada sobre la ruta 280s.

Según la investigación, el acusado —quien trabaja en un tambo— interceptó a la adolescente e insistió en mantener relaciones sexuales. Tras la negativa de la joven, comenzó una persecución que se extendió por caminos rurales de la zona.

La víctima intentó escapar desviando su recorrido, pero la situación se agravó cuando su motocicleta se quedó sin combustible en medio del campo. En ese momento, el agresor logró alcanzarla.

Siempre según la acusación fiscal, el hombre provocó un choque entre ambas motos para hacerla caer a la banquina. Luego le quitó el teléfono celular para dejarla incomunicada y la sujetó violentamente del cuello mientras intentaba abusar de ella.

La adolescente logró defenderse, arañando al atacante y propinándole una patada en la zona genital. Esa reacción le permitió recuperar su teléfono y escapar corriendo para pedir ayuda, lo que provocó la fuga del agresor.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió traumatismos y hematomas, lesiones que fueron constatadas mediante exámenes médicos.

Pedirán la prisión preventiva

Tras la audiencia imputativa, el proceso continuará con una audiencia de medidas cautelares, donde la fiscal Burella solicitará la prisión preventiva del acusado debido a la gravedad del hecho y los riesgos procesales.

Será el juez Bumaguín quien deberá resolver en los próximos días si el imputado permanece detenido mientras avanza la investigación penal.

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