La investigación por las presuntas maniobras defraudatorias vinculadas al Grupo Spaggiari entra en una etapa clave en los Tribunales de Rafaela.

Este lunes 28 de septiembre, desde las 11, se llevará adelante en la Sala 3 una audiencia en la que se analizarán los acuerdos de procedimiento abreviado alcanzados por seis exempleados de la firma.

La audiencia estará a cargo del juez Gustavo Javier Bumaguin, mientras que la acusación está encabezada por el fiscal Guillermo Nicolás Loyola.

Quiénes acordaron procedimientos abreviados

Los acuerdos alcanzan a Myrian Marcela Bravo, Carlos Andrés Ciancia, Cristian Ezequiel Clemenz, Cristian Marcelo Franzetti, Germán Darío Garetto y Gabriel Lorenzo Ulman.

Sus defensas llegaron a acuerdos con la Fiscalía y los representantes de los damnificados querellantes. Ahora será la Justicia la que deberá analizar y resolver formalmente los términos de esos procedimientos.

El fiscal solicitó penas diferentes según la situación atribuida a cada uno de los imputados, además de una multa de $90.000 para cada uno.

Una causa con más de 550 damnificados

La investigación tiene como eje una serie de presuntas maniobras defraudatorias que, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público de la Acusación, habrían afectado a más de 550 personas.

Al elevar la causa a juicio, la Fiscalía sostuvo que los imputados habrían integrado una asociación ilícita que habría operado aproximadamente entre noviembre de 2019 y diciembre de 2022.

Según esa hipótesis, la operatoria se habría desarrollado principalmente en Rafaela y habría utilizado como estructura comercial a Grupo Spaggiari SRL, cuyos socios y administradores eran Fernando Luis Spaggiari y Matías Germán Spaggiari.

La acusación fiscal sostiene que se ofrecían convenios privados a través de publicidad, contactos personales, recomendaciones y vínculos comerciales relacionados con la actividad inmobiliaria.

De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, esos acuerdos eran presentados formalmente como contratos de mutuo dinerario y permitían captar ahorros de particulares en pesos, dólares y euros.

El juicio contra los Spaggiari comenzará el 8 de octubre

Mientras este lunes se analiza la situación de los seis acusados que optaron por el procedimiento abreviado, la causa principal ya tiene fecha para llegar a juicio.

El 8 de octubre comenzará el juicio oral y público contra Fernando Luis Spaggiari, Matías Germán Spaggiari y su madre.

Será durante ese debate cuando deberán analizarse las acusaciones y las pruebas incorporadas al expediente respecto de los principales imputados.

La audiencia de este lunes, por su parte, definirá los términos de los acuerdos alcanzados con los seis exempleados y quedará como otro paso dentro de una investigación de gran magnitud que tramita en los Tribunales de Rafaela.

Las acusaciones mencionadas corresponden a la hipótesis sostenida por la Fiscalía y no implican por sí mismas una declaración de culpabilidad.

Fuente: Rafaela Informa.

El hecho investigado ocurrió el 18 de septiembre en una empresa ubicada sobre la Ruta Provincial 280 S, donde los imputados habrían ingresado tras realizar un boquete y sustraer alrededor de $1.300.000.

Dos personas imputadas por un robo ocurrido en una empresa de Sunchales recuperaron la libertad bajo distintas medidas y con compromisos de reparación económica por un total de $2.000.000.

Las resoluciones fueron adoptadas este viernes durante dos audiencias realizadas por separado en los Tribunales de la vecina ciudad, en las que intervinieron los jueces Laura Lencina y Gustavo Bumaguin.

Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió durante la madrugada del 18 de septiembre en una empresa ubicada en el kilómetro 1,5 de la Ruta Provincial 280 S.

De acuerdo con la acusación, un menor y un mayor de edad habrían actuado conjuntamente y utilizado una maza para realizar un boquete en una de las paredes del establecimiento. Luego ingresaron al lugar, provocaron un importante desorden mientras buscaban dinero y finalmente violentaron un cajón cerrado con llave, de donde sustrajeron aproximadamente $1.300.000.

El hecho fue calificado como robo calificado por efracción en calidad de coautores.

El menor deberá cumplir medidas socioeducativas

En la audiencia correspondiente al menor, identificado con las iniciales ADB, intervino como fiscal Carina Gerbaldo, mientras que la defensa estuvo a cargo del Dr. Carlos Farías Demaldé. La jueza fue Laura Lencina.

El adolescente decidió no declarar. Luego de un cuarto intermedio solicitado por la Fiscalía para explicar a las víctimas las medidas que se adoptarían, las partes acordaron una serie de medidas cautelares y socioeducativas.

Entre las medidas dispuestas se estableció que deberá fijar domicilio en la vivienda de su madre en Sunchales y quedar bajo su cuidado como adulta responsable.

También tendrá prohibido acercarse o mantener contacto con las víctimas, sus familiares y testigos de la causa, por cualquier medio. La prohibición incluye además acercarse al negocio donde ocurrió el hecho y mantener contacto con el coimputado mayor de edad.

Como parte de las medidas socioeducativas, deberá concurrir a un espacio terapéutico, retomar la escolaridad secundaria durante el ciclo lectivo 2027 y cumplir con acciones vinculadas a la responsabilización y reparación del daño.

Durante la audiencia, el adolescente pidió disculpas, lo que fue aceptado por la víctima que participó mediante videoconferencia.

Además, deberá realizar una reparación económica de $500.000, que será abonada en cinco cuotas mensuales de $100.000 mediante transferencia al alias que indique la víctima.

El seguimiento de estas medidas estará a cargo de la Secretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, con informes periódicos hasta que el adolescente alcance la mayoría de edad.

El mayor seguirá el proceso en libertad

En el caso del mayor imputado, identificado como Patricio D. C., intervino el fiscal Juan Manuel Puig y resolvió el juez Gustavo Bumaguin.

El magistrado consideró que, en esta etapa del proceso, existía probabilidad suficiente de que el imputado hubiera participado del hecho investigado, aunque entendió que no correspondía disponer la prisión preventiva.

Por ese motivo, continuará el proceso en libertad y deberá cumplir distintas reglas de conducta.

Entre ellas, deberá fijar domicilio y permanecer bajo el cuidado de una familiar, además de no acercarse ni mantener contacto con las víctimas y testigos, y no concurrir al lugar donde ocurrió el robo.

También deberá presentarse una vez por semana en la Comisaría de Sunchales y cumplir con una fianza personal de $1.500.000.

A esto se suma el compromiso de reparación económica ofrecido por su defensa, que contempla tres cuotas de $500.000, mediante depósito judicial, a partir de octubre.

Finalmente, el juez estableció como regla de conducta que no cometa un nuevo delito y advirtió que el incumplimiento de las medidas podría derivar en una revisión de su situación procesal.

Con información de Diario Castellanos

La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocó este viernes el fallo de la jueza Laura De Marinis, quien había declarado inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil en el marco de una causa por tentativa de robo agravado.

La magistrada había sobreseído a un adolescente de 14 años, al considerar que la aplicación de la nueva normativa resultaba regresiva en ese caso concreto.

La decisión de la Cámara hizo lugar al recurso de apelación presentado por el fiscal Mauro Andrés Tereszko y la auxiliar fiscal Paula Raffa Pirra, de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil.

Anularon el sobreseimiento y apartaron a la jueza

Los camaristas Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca revocaron el sobreseimiento del adolescente, identificado en el expediente con las iniciales “M.I.A.”.

Además, apartaron a De Marinis del caso y ordenaron el sorteo de un nuevo juez para que continúe interviniendo en las actuaciones principales.

La Cámara también declaró la validez del artículo 1 de la Ley 27.801, que establece el régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 hasta los 18 años cuando sean imputados por hechos previstos como delitos.

Según el criterio expresado en la resolución, la jueza habría realizado un análisis de conveniencia de la norma en lugar de un control de constitucionalidad. Los camaristas también cuestionaron la aplicación de una legislación anterior que, según señalaron, ya había sido derogada por la nueva normativa.

Qué había planteado la jueza De Marinis

En su resolución, De Marinis había sostenido que el Estado debía priorizar respuestas vinculadas con educación, contención y salud, antes que recurrir al sistema penal frente a determinadas trayectorias de vulnerabilidad.

La magistrada había señalado que la incorporación de adolescentes al sistema penal debía constituir un último recurso y había considerado que, en el caso analizado, la aplicación del nuevo régimen implicaba una respuesta regresiva respecto de la situación jurídica anterior.

Por ese motivo, había declarado inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801 para el caso concreto y dispuesto el sobreseimiento del adolescente.

La decisión de la Cámara

Con el nuevo fallo, la declaración de inconstitucionalidad quedó sin efecto y también fue anulado el sobreseimiento.

La causa deberá continuar con la intervención de otro juez del fuero Penal Juvenil, conforme a lo dispuesto por la Cámara.

Con información de NA