Judicial
Diego Luciani: “Si la persona corrupta tiene que ir presa, que vaya presa y tiene que devolver los bienes que se llevó del Estado”
El fiscal de la causa Vialidad que condenó a Cristina Kichner participó en un encuentro internacional contra la corrupción.
El fiscal federal Diego Luciani participó en el Encuentro Internacional de la Corrupción Transnacional organizado por Transparencia Internacional en Madrid, con un mensaje claro y contundente: la Justicia argentina no debe ser garante de la impunidad. Con esta declaración, Luciani expuso su preocupación sobre la corrupción estructural que afecta al país y reclamó que las condenas por delitos de corrupción no solo sean efectivas, sino que además incluyan la restitución de los bienes sustraídos al Estado.
“La Justicia no puede ser garante de la impunidad”
Durante su intervención, el fiscal enfatizó que el sistema judicial debe actuar con firmeza y determinación. “La Justicia no puede ser garante de la impunidad. Tenemos que llegar a condenas, y esas condenas tienen que quedar firmes”, afirmó. Luciani, quien lideró la acusación contra la expresidenta Cristina Kirchner en el conocido caso Vialidad, destacó la necesidad de asegurar que las sentencias sean ejecutadas y que los responsables cumplan con las penas impuestas.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por fraude administrativo y corrupción en la administración pública, en el contexto del direccionamiento de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. La exmandataria fue hallada culpable de beneficiar ilegalmente a Báez, causando un perjuicio millonario a las arcas del Estado, y recibió además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo aún está en revisión por la Cámara de Casación Penal, y se espera una decisión definitiva el próximo 13 de noviembre.
Devolución de bienes al Estado
Luciani subrayó que, para que las condenas tengan sentido, es imprescindible que los bienes provenientes de la corrupción regresen al Estado. “Si la persona corrupta tiene que ir presa, que vaya presa. Y tiene que devolver los bienes que se llevó del Estado, porque sino el resultado del proceso es la impunidad”, expresó. El fiscal recordó que, durante el juicio, solicitó que los acusados devuelvan 1000 millones de dólares, un monto que él asegura fue desviado mediante prácticas corruptas y que debería reintegrarse al patrimonio público.
Un sistema de control ineficaz
En un análisis autocrítico, Luciani cuestionó el sistema de control argentino, describiéndolo como un mecanismo que favorece la corrupción en lugar de prevenirla. Según el fiscal, “nuestro sistema de control en Argentina fue creado para darle posibilidades a los corruptos. Es un mensaje muy malo para la sociedad, porque los ejemplos tienen que venir de arriba hacia abajo, del Poder Ejecutivo y del Congreso”.
Luciani argumenta que, con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, el panorama en torno a la lucha contra la corrupción se tornó más complejo. Al asumir, Fernández modificó el rol de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), dos organismos clave que dejaron de acompañar las investigaciones judiciales como querellantes en las causas de corrupción. “Cuando cambió el gobierno, la Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante. La Unidad de Información Financiera se transformó prácticamente en una defensa más”, afirmó.
Las presiones y las “intromisiones” en la causa Vialidad
Luciani también denunció haber sufrido presiones y “todo tipo de intromisiones” por parte del gobierno durante el juicio. Recordó un episodio en el que el presidente Fernández, durante una entrevista televisiva, hizo referencia al fiscal Alberto Nisman, insinuando un final similar para Luciani. “Alberto Fernández dijo en un programa de TV: ‘Nisman se suicidó, espero que Luciani no se suicide’. Mis hijas estaban mirando ese día la TV. Me preguntaron ¿qué pasa?”, relató el fiscal, visiblemente afectado.
Lucha contra la corrupción: un compromiso con la sociedad
Con su exposición en Madrid, Diego Luciani no solo reiteró su compromiso con la lucha contra la corrupción, sino que también dejó un mensaje de alerta y reflexión sobre el rol de la Justicia y el sistema de control en Argentina. Para el fiscal, no se trata solo de enviar a prisión a los responsables, sino de establecer un precedente que permita restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que los recursos del Estado sean protegidos de la malversación y el fraude.
El mensaje de Luciani es claro: las instituciones y los ciudadanos deben demandar que los bienes robados vuelvan al patrimonio público. En sus palabras, “¿cuál es el sentido de todo esto si las sentencias no quedan firmes, si los involucrados no van presos y si no se devuelven los bienes al Estado?”.
El alegato del fiscal Luciani durante el juicio
Asociación Ilícita: Luciani sostuvo que Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita que favoreció al empresario Lázaro Báez mediante la manipulación de licitaciones y la asignación irregular de obras públicas. Según el fiscal, esta estructura delictiva permitió desviar fondos públicos hacia intereses privados.
Manipulación de Obras Públicas: Se acusó a Kirchner de direccionar obras hacia la empresa Austral Construcciones, propiedad de Báez, a través de licitaciones manipuladas y condiciones extraordinarias, lo que resultó en sobreprecios y falta de controles sobre los trabajos realizados. Luciani destacó que muchas obras fueron pagadas aunque nunca se completaron.
Pruebas Documentales: Durante su alegato, el fiscal presentó mensajes de texto entre funcionarios que aludían a «la jefa» y «la Pta.» (presidenta), sugiriendo que las decisiones sobre las obras eran coordinadas directamente con Kirchner. También se mencionaron comunicaciones que indicaban una relación cercana entre Báez y la familia Kirchner.
Colaboradores Clave: Luciani identificó a varios funcionarios del gobierno kirchnerista, como José López y Julio De Vido, como piezas clave en el esquema de corrupción. Argumentó que estos funcionarios habían trabajado con Kirchner desde sus años en Santa Cruz y que estaban involucrados en la ejecución de las maniobras fraudulentas.
Beneficios Personales: El fiscal también destacó que Báez no solo fue un empresario beneficiado por contratos públicos, sino que también tenía vínculos comerciales con la familia Kirchner a través de empresas como Hotesur, lo que reforzaba la idea de un esquema organizado para sustraer fondos públicos.
Fuente: NA
Judicial
Comienza el juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes: 17 imputados y casi 200 testigos
El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña comienza este martes en la provincia de Corrientes, a dos años del último registro del niño de 5 años, visto por última vez durante un almuerzo familiar en la localidad de 9 de Julio.
El proceso judicial se desarrollará con 17 imputados, cerca de 200 testigos y más de 900 fojas de prueba, en una de las causas más complejas y sensibles del país.
El debate se llevará a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y estará a cargo de los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, mientras que la acusación será impulsada por los fiscales Tamara Ahimara Pourcel y Carlos Schaefer, quienes intentarán reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades.
Desde el inicio del proceso, la fiscal general Pourcel fue contundente respecto de la estrategia del caso: “Esperamos que alguno de ellos se pueda quebrar. Estamos seguros de que saben qué pasó con Loan”, expresó en la previa del juicio.
La investigación aún no logró establecer el paradero del niño ni esclarecer con precisión qué ocurrió durante la tarde del hecho en el paraje Algarrobal, donde Loan se encontraba en una reunión familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña.
Un caso con hipótesis de crimen organizado y múltiples acusados
La causa, que mantiene una fuerte atención pública desde 2024, está atravesada por sospechas de crimen organizado y trata de personas, aunque ninguna hipótesis logró confirmarse de manera definitiva.
Todos los imputados llegan al juicio con prisión preventiva, medida ratificada por el tribunal. Entre ellos se encuentran Antonio Benítez y Laudelina Peña, el matrimonio formado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi, además del excomisario de 9 de Julio Walter Maciel, acusado de encubrimiento y desvío de la investigación.
También serán juzgados diez integrantes vinculados a la denominada Fundación Lucio Dupuy, acusados de haber entorpecido la investigación con pistas falsas y maniobras que habrían dificultado el avance del expediente.
Pruebas, pericias y reconstrucción del caso
Entre las pruebas centrales se destacan las pericias odoríferas con perros rastreadores, registros telefónicos, movimientos de vehículos y contradicciones en declaraciones de los imputados.
Los investigadores sostienen que el niño habría sido apartado durante el almuerzo familiar en un lapso crítico entre las 13:52 y las 14:25, momento en el que se pierde su rastro.
A partir de ese momento comenzó una búsqueda que, según el expediente, no logró resultados concluyentes pese a múltiples líneas de investigación.
Declaraciones y cronograma del juicio
El proceso se extendería al menos por seis meses, debido a la cantidad de pruebas y testigos.
Las primeras jornadas estarán destinadas a planteos iniciales, mientras que las declaraciones testimoniales comenzarán con los padres del niño, María Luisa Noguera y José Mariano Peña, seguidos por otros familiares directos.
En total, casi 200 testigos pasarán por el tribunal, incluyendo familiares, peritos y personas vinculadas a los momentos previos y posteriores a la desaparición.
Un caso que sigue sin respuestas
A dos años del hecho, la desaparición de Loan continúa sin resolución. El expediente mantiene abiertas diversas hipótesis, desde secuestro hasta encubrimiento, pero ninguna logró establecer con certeza qué ocurrió con el niño.
El inicio del juicio representa un paso clave en la búsqueda de respuestas en una causa que generó fuerte impacto social en todo el país.
Con información de El Perfil
Judicial
Crimen de Aralí Vivas: fijaron para septiembre el juicio oral en Córdoba
La Justicia de Córdoba confirmó que el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada en la ciudad de Brinkmann en 2024, se realizará los días 22, 23 y 29 de septiembre en los tribunales de San Francisco.
La Justicia de Córdoba confirmó que el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada en la ciudad de Brinkmann en 2024, se realizará los días 22, 23 y 29 de septiembre en los tribunales de San Francisco.
El proceso estará a cargo de la Cámara Criminal y Correccional y contará con la participación de jurados populares.
Tres acusados llegarán detenidos al juicio
En el banquillo de los acusados estarán Rocío Milagros Rauch, madre de la menor; Matías Ezequiel Simeone, pareja de la mujer; y Cristian Hernán Varela, amigo de Simeone.
Los tres permanecen detenidos y enfrentan graves imputaciones vinculadas al asesinato de la niña.
De acuerdo a la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, los acusados habrían participado de distintos abusos sexuales contra Aralí que derivaron en su muerte.
Además, la causa incluye la figura de homicidio criminis causa, mientras que Simeone también está acusado de haber provocado el incendio de la vivienda para intentar eliminar pruebas del hecho.
Cómo será el proceso judicial
Antes del inicio del debate oral se realizará la selección de jurados en los tribunales de San Francisco.
En una primera instancia se conformará una nómina de 24 ciudadanos y luego quedarán establecidos los 12 jurados titulares que participarán del juicio.
Un caso que conmocionó a Brinkmann y la región
El crimen de Aralí Vivas generó una fuerte conmoción en Brinkmann y en toda la región luego de que el cuerpo de la menor fuera hallado el 1 de noviembre de 2024 tras un incendio registrado en la vivienda donde residía.
La investigación judicial determinó que el fuego habría sido provocado intencionalmente con el objetivo de ocultar evidencias.
La autopsia reveló que la niña presentaba lesiones compatibles con abuso sexual y un traumatismo craneal.
En caso de que el tribunal coincida con la acusación sostenida por la Fiscalía, los imputados podrían recibir la pena de prisión perpetua.
Con información de Radio Belgrano de Suardi
Judicial
Intentó abusar sexualmente de una adolescente en Eusebia: imputaron al acusado y pedirán prisión preventiva
La Justicia avanzó en la investigación del grave hecho de violencia de género ocurrido en la localidad de Eusebia, donde un hombre de 45 años fue imputado por intentar abusar sexualmente de una adolescente de 17 años.
La causa es encabezada por la fiscal Flavia Burella, quien formalizó la acusación ante el juez Gustavo Bumaguín. Al imputado se le atribuyó la presunta autoría del delito de “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”.
La defensa del acusado está a cargo del defensor público Bruno Rossini.
Persecución y ataque en caminos rurales
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el hecho ocurrió el viernes 31 de mayo en cercanías de una heladería ubicada sobre la ruta 280s.
Según la investigación, el acusado —quien trabaja en un tambo— interceptó a la adolescente e insistió en mantener relaciones sexuales. Tras la negativa de la joven, comenzó una persecución que se extendió por caminos rurales de la zona.
La víctima intentó escapar desviando su recorrido, pero la situación se agravó cuando su motocicleta se quedó sin combustible en medio del campo. En ese momento, el agresor logró alcanzarla.
Siempre según la acusación fiscal, el hombre provocó un choque entre ambas motos para hacerla caer a la banquina. Luego le quitó el teléfono celular para dejarla incomunicada y la sujetó violentamente del cuello mientras intentaba abusar de ella.
La adolescente logró defenderse, arañando al atacante y propinándole una patada en la zona genital. Esa reacción le permitió recuperar su teléfono y escapar corriendo para pedir ayuda, lo que provocó la fuga del agresor.
Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió traumatismos y hematomas, lesiones que fueron constatadas mediante exámenes médicos.
Pedirán la prisión preventiva
Tras la audiencia imputativa, el proceso continuará con una audiencia de medidas cautelares, donde la fiscal Burella solicitará la prisión preventiva del acusado debido a la gravedad del hecho y los riesgos procesales.
Será el juez Bumaguín quien deberá resolver en los próximos días si el imputado permanece detenido mientras avanza la investigación penal.
Con información de Radio Belgrano de Suardi
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