Judicial
El juego clandestino mueve en la provincia de Santa Fe 1.100 millones de pesos mensuales
Es la suma que estimaron los fiscales Schiappa Pietra y Edery en la audiencia en la que se prorrogó la prisión preventiva hasta febrero de Patricio Serjal, acusado de recibir coimas.
El juego clandestino, un delito que tiene una larga historia en la provincia, mueve actualmente 1.100 millones de pesos por mes en Santa Fe. Esa fue la cifra “negra” que estimaron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery para dimensionar el poder que tiene esta actividad, que derrama fondos para alimentar las complicidades desde el Estado que garanticen su “normal” funcionamiento, como se estableció en las investigaciones que avanzan en Rafaela y Rosario, donde se acusó a jefes policiales y fiscales de ser parte de este engranaje de corrupción.
La dimensión económica del juego clandestino fue uno de los puntos que se profundizaron en una audiencia en la que los fiscales pidieron una prórroga de la prisión preventiva para el exfiscal regional Patricio Serjal, una medida que fue avalada por la jueza Eleonora Verón. Serjal seguirá detenido en la cárcel de Piñero por lo menos hasta febrero, luego de que la magistrada rechazara el planteo de la defensa que solicitó que el exfuncionario pase a tener prisión domiciliaria.
Cortesía
En este nuevo capítulo del caso de las coimas, que habrían recibido Serjal y el fiscal Gustavo Ponce Asahad -también detenido-, los fiscales plantearon que en el avance de la investigación detectaron un incremento patrimonial de Serjal desde que asumió como fiscal regional.
“Identificamos un desfasaje financiero significativo”, plantearon Edery y Schiappa Pietra y detallaron que el análisis económico por parte del organismo advierte un aumento estimado de $ 2.500.000 a partir de abril de 2017, cuando asumió Serjal como fiscal regional.
En agosto pasado, cuando la jueza Verón ordenó la prisión preventiva de Serjal, acusado de recibir coimas del empresario “arrepentido” Leonardo Peiti, la defensa del exfiscal planteó que el entonces funcionario no había tenido un aumento en su patrimonio ni en sus cuentas bancarias. Este argumento comienza a resquebrajarse después de la audiencia de este lunes.
Schiappa Pietra aclaró que aunque todavía no terminaron el trabajo de revisión de los gastos e ingresos de Serjal creen que los números de su patrimonio mejoraron producto del cobro de coimas a cambio de protección a los delincuentes y dentro del escenario provisorio que describieron asoma la compra de un terreno.
«En definitiva lo que la jueza ha valorado en este caso es también un terreno que es propiedad de Serjal, quien tuvo un incremento patrimonial desde abril de 2017 hasta ahora, que es cuando asumió como fiscal regional. Y si bien mejoró sus ingresos, se nota un desfasaje financiero”, reseñó Schiappa Pietra.
“Descubrimos que adquirió un terreno que mejoró su patrimonio y que es objeto de análisis porque no se había advertido al momento de la primera audiencia. Estos son elementos que estamos empezando a analizar, porque es un relevamiento patrimonial complejo y lo que estamos haciendo y lo explicamos en la audiencia, es dar cuenta de un fenómeno criminal mucho más grande que tenemos por delante», dijo Schiappa Pietra.
“Cuando en agosto imputamos a Serjal veníamos investigando a una organización vinculada a extorsiones que, a partir de la aparición de Peiti, nos abrió pistas vinculadas al juego ilegal. Hay que tener en cuenta que la recaudación del juego legal se estima en unos 1.100 millones de pesos mensuales y el dinero que mueve el juego ilegal se estima en base a esos montos. Por eso le explicamos a la jueza que estamos ante una investigación que se nos abre hacia un terreno con vinculaciones de distinto orden, teniendo en cuenta que se está demostrando la incumbencia de la participación policial en el soporte para esas organizaciones”, aseguró el fiscal.
En agosto pasado, cuando los dos fiscales fueron detenidos, los fiscales explicaron en la audiencia imputativa cómo funcionaba la red de complicidades que favorecía a Peiti, capitalista de juego clandestino, que “aportaba” 5.000 dólares mensuales a los funcionarios para evitar que se activaran las investigaciones contra esta actividad ilegal en el sur de la provincia.
El sábado pasado en Rafaela el fiscal Martín Castellanos describió en una audiencia, en la que quedaron imputados cinco jefes policiales de Rafaela, cómo funcionaba la red de coimas que recibían los uniformados de parte de David Perona, uno de los socios de Peiti en esa región.
Este hombre obeso, que controlaba casinos ilegales y salas de juego online, no tenía necesidad de esconder esa actividad ilegal porque pagaba coimas generosas a los jefes de la policía de la Unidad Regional V, con sumas que iban desde 120.000 a 280.000 pesos por semana o cada 15 días.
Los cuatro policías retirados y uno en actividad que quedaran detenidos por 90 días tuvieron altos cargos en la estructura policial en la Unidad Regional V de Rafaela, como Juan Pablo Bengoechera, de 48 años, que fue jefe de la URV y también de la URII, de Rosario; José Pérez, de 51 años, que llegó a ser subjefe de la Policía de Santa Fe; Fabián Forni, ex titular de la URIX de Reconquista, que pidió su pase a retiro en diciembre pasado en oposición a los cambios que hizo el Ministerio de Seguridad en la fuerza. También fue imputado Javier Gorosito, ex jefe de Orden Público de Rafaela, y Flavio Aranda, quien es el único de los detenidos que se encuentra en actividad; fue titular de la Agrupación Cuerpos en la época en que Bengoechea era jefe de la Unidad Regional de Rafaela.
Forni, Aranda y Bengoechea cobraban sumas de dinero mayores, que oscilaban entre los 120.000 y 280.000 pesos semanales y cada quince días.
Según la imputación que hizo el fiscal Castellanos, Perona y Marcelo Uberti, uno de sus socios, entregaban por semana a Gorosito y Pérez 120.000 pesos. “Esas sumas de dinero eran entregadas de forma personal y provenían de la ganancia de la actividad de los juegos de azar”, señaló el fiscal en la audiencia. A Gorosito, por ejemplo, le entregaban la “coima” en la intersección de las calles Mitre y José Ingenieros, debajo de las tribunas del estadio de Atlético Rafaela. Otras veces le daban los sobres en la jefatura de Policía.
De acuerdo a la acusación, Forni, Aranda y Bengoechea cobraban sumas de dinero mayores, que oscilaban entre los 120.000 y 280.000 pesos semanales y cada quince días. El ex jefe de la URV enviaba a un subalterno a buscar la plata de las supuestas coimas, según Castellanos. El periodo que demarcó el fiscal sobre el cobro de sobornos es entre 2015 y noviembre de 2017.
“Los civiles investigados entregaban parte de las ganancias obtenidas de la actividad ilegal a los policías en los períodos en que cada uno de ellos formó parte de la asociación ilícita, conforme a un acuerdo existente para el reparto de las ganancias”, describió el funcionario.
Fuente: Aire de Santa Fe
Judicial
Causa Vialidad: qué bienes de Cristina Kirchner y su familia podrá ejecutar la Justicia
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner y dejó firme el avance del decomiso millonario en la causa Vialidad.
La Justicia podrá avanzar con tasaciones y posibles remates de propiedades vinculadas a la familia.
La Justicia quedó habilitada para avanzar con la ejecución de bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, en el marco de la causa Vialidad.
La medida se conoció luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara los recursos extraordinarios presentados por las defensas, ratificando así el avance del decomiso patrimonial dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2.
El decomiso supera los $684 mil millones
Según trascendió, el monto actualizado del decomiso asciende a más de $684.990 millones, cifra que surge tras nuevas pericias contables realizadas por organismos oficiales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.
Originalmente, la sentencia había fijado un decomiso superior a los $84.835 millones, pero posteriormente el monto fue recalculado y actualizado.
Al no cumplirse con el pago exigido por la Justicia, quedó habilitado el proceso de ejecución sobre distintos activos y propiedades vinculadas a los condenados.
Qué bienes podrían ser ejecutados
Entre los inmuebles alcanzados por la medida judicial figuran propiedades ubicadas en El Calafate y Río Gallegos.
El listado incluye:
- Un inmueble sobre Avenida 17 de Octubre al 800, en El Calafate
- Diez unidades inmobiliarias ubicadas sobre calle Mitre al 500, en Río Gallegos
- Una propiedad en 25 de Mayo al 200
- Un inmueble sobre avenida Presidente Néstor Kirchner al 400
- Terrenos adquiridos en El Calafate entre 2007 y 2008
- El predio donde funciona el complejo hotelero Los Sauces Casa Patagónica
- Parcelas anexadas posteriormente al emprendimiento
- Dos propiedades de gran superficie en el departamento Lago Argentino
La resolución también alcanza bienes que habían sido cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.
Qué puede pasar ahora
Con la decisión judicial, el Estado podrá avanzar con:
- Tasaciones oficiales
- Administración de activos
- Embargos
- Posibles remates públicos
La única instancia que le queda a la defensa es recurrir mediante una queja directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, esa presentación no frena automáticamente el avance del proceso de ejecución patrimonial.
Qué dijo la Justicia sobre los bienes cedidos
Los jueces también rechazaron el argumento de la defensa respecto a que parte de las propiedades pertenecían legalmente a Máximo y Florencia Kirchner por herencia o cesiones previas.
Según la resolución, existe una “coincidencia temporal y vinculación económica” entre los hechos investigados y el crecimiento del patrimonio familiar, por lo que los traspasos gratuitos no impiden el decomiso dispuesto en la sentencia.
La decisión consolida así la etapa de recupero patrimonial en la causa Vialidad y habilita nuevas medidas judiciales para intentar cubrir el monto millonario fijado por la condena.
Con información de Cadena 3
Judicial
Piden 15 años de prisión para el acusado de matar de un escopetazo a un mecánico en Rafaela
La Fiscalía de Rafaela solicitó una pena de 15 años de cárcel para un hombre de 75 años acusado de asesinar de un disparo a un mecánico en octubre de 2024.
El caso avanzó formalmente hacia juicio oral tras la audiencia preliminar realizada en los tribunales rafaelinos.
El fiscal de Homicidios de la Fiscalía Regional 5, Martín Castellano, confirmó que la acusación apunta contra un hombre identificado con las iniciales FRR, señalado como autor del homicidio de Oscar Helvio Feulién.
Cómo ocurrió el crimen en Rafaela
Según la investigación judicial, el hecho ocurrió el 2 de octubre de 2024 por la tarde en un predio ubicado sobre calle Ángela de la Casa al 400, en la ciudad de Rafaela.
De acuerdo con la Fiscalía, en el lugar funcionaba un negocio de compra y venta de autos usados administrado por el acusado, quien además residía allí.
El fiscal sostuvo que la víctima trabajaba como mecánico y había mantenido un vínculo laboral previo con el imputado. Ese día, Feulién habría concurrido al lugar junto a otras personas para retirar autopartes y elementos personales que permanecían en el predio.
El disparo con una escopeta
La acusación indica que una familiar de la víctima permitió el ingreso al terreno y, mientras Feulién y sus acompañantes entraban, el acusado salió de su vivienda portando una escopeta calibre 16.
Siempre según la reconstrucción del Ministerio Público de la Acusación, el hombre comenzó a increpar al mecánico y a quienes lo acompañaban, acusándolos de haber robado herramientas.
Instantes después, habría efectuado un disparo a corta distancia contra Feulién, impactándolo en el tórax.
La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Jaime Ferré, donde falleció horas más tarde como consecuencia de las heridas sufridas.
La causa irá a juicio oral
Tras la audiencia preliminar, el juez Nicolás Stegmayer admitió la acusación presentada por la Fiscalía y ahora deberá dictar el auto de apertura a juicio.
Posteriormente, la Oficina de Gestión Judicial definirá el tribunal encargado del debate oral y establecerá la fecha de inicio del juicio.
Con información de Rafaela Informa
Judicial
Reforma laboral: la Justicia rechazó una demanda millonaria de un médico monotributista
Un fallo de la Justicia laboral de Mendoza aplicó por primera vez aspectos centrales de la reforma laboral impulsada por la Ley de Bases y rechazó una demanda por más de $150 millones presentada por un médico que reclamaba el reconocimiento de una relación de dependencia.
La sentencia fue dictada por la Primera Cámara del Trabajo de San Rafael en la causa iniciada por un profesional contra un hospital privado, donde el demandante sostenía haber trabajado bajo relación laboral exclusiva realizando guardias y tareas de coordinación médica.
Sin embargo, el tribunal concluyó que existía una locación de servicios de carácter civil y no un vínculo laboral formal.
La reforma laboral y los monotributistas
El fallo se convirtió en uno de los primeros antecedentes judiciales que aplican la nueva redacción de la legislación laboral respecto a profesionales que facturan como monotributistas.
La normativa establece que la presunción automática de relación laboral no se aplica cuando:
- Se trata de servicios profesionales
- Existen facturas o recibos emitidos regularmente
- El prestador conserva autonomía organizativa y económica
Por qué la Justicia rechazó la relación de dependencia
Durante el juicio, el hospital logró acreditar distintos elementos que, según los jueces, demostraron la independencia profesional del médico.
Entre los principales puntos destacados en la sentencia figuran:
- No existía subordinación técnica ni organizativa
- Los médicos organizaban sus propias guardias
- Podían acordar reemplazos sin autorización del hospital
- No había control horario ni fichado
- El profesional emitía facturas por montos variables
- También trabajaba en otros consultorios y clínicas
Además, el tribunal señaló que el hospital no ejercía poder disciplinario sobre el profesional, un aspecto considerado clave para descartar una relación laboral.
Debate por los intereses y la nueva ley
Aunque la demanda fue rechazada, los magistrados también analizaron cómo debían calcularse los intereses según la nueva Ley de Modernización Laboral.
La discusión se centró en si correspondía aplicar retroactivamente el nuevo sistema de actualización previsto por la normativa nacional.
La mayoría del tribunal resolvió utilizar la fórmula establecida por la nueva ley desde la fecha de mora, mientras que uno de los jueces sostuvo que debía aplicarse por tramos y solo desde la entrada en vigencia de la reforma.
Finalmente, prevaleció el criterio de aplicación integral.
Qué impacto puede tener el fallo
Especialistas en derecho laboral consideran que la sentencia podría convertirse en un antecedente relevante para empresas y profesionales independientes.
El fallo refuerza la necesidad de:
- Mantener facturación regular
- Evitar controles típicos de empleados
- No aplicar sanciones disciplinarias
- Garantizar autonomía en horarios y organización
La resolución aparece en un contexto donde la reforma laboral busca redefinir los límites entre trabajo autónomo y relación de dependencia, especialmente en actividades profesionales.
Con información de iProfesional
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