La segunda jornada de audiencias contra funcionarios del Servicio Penitenciario local, internos y familiares se llevó a cabo este martes en el Salón de Grandes Juicios del Poder Judicial de Salta capital. El tribunal colegiado escuchó a funcionarios del Ministerio Público Fiscal que llevaron a cabo la investigación para desentrañar los vínculos espurios que condujo al procurador de la provincia, Pedro García Castiella, a denunciar una red narcocriminal. Entre los vínculos que formaban parte del negocio en Villa Las Rosas surgió el nombre del interno Lautaro Teruel, hijo del músico fundador del grupo folclórico Los Nocheros, Mario Teruel.

El jefe de la Unidad de Investigaciones de Delitos Económicos, Juan Pablo Sánchez, fue el primero de los funcionarios del MPF en pasar al frente del tribunal y explicar las maniobras que realizaban altos funcionarios del Servicio Penitenciario con internos y personas que se encontraban fuera del penal.

El investigador señaló que debido a la complejidad de la causa, dado que se trata de funcionarios del mismo sistema carcelario involucrados, debieron utilizar tecnología de avanzada para analizar y peritar por ejemplo teléfonos celulares o interactuar con otras áreas especializadas para descifrar la jerga carcelaria utilizada por los imputados para realizar distintos tipos de negocios.

En 30 días lograron intervenir seis celulares desde donde surgieron nombres de personal del Servicio de alto rango, internos y familiares quienes tenían vínculos y entretejían maniobras para obtener diversos beneficios que iban desde ingresar droga al penal de Villa Las Rosas para ser revendida entre la enorme población carcelaria, pasando por traslados de pabellón, beneficios de salud, beneficios de extramuro, puntajes ideales de comportamiento y hasta recibir comida como asados, perniles entre otros.

En su largo descargo, más de tres horas y media, Sánchez apuntó que lograron establecer una línea financiera a partir del descubrimiento de 113 cuentas bancarias entre bancos físicos y billeteras virtuales, vinculadas a 17 de los 20 imputados. Se utilizaban para transferencia de dinero entre internos, familiares y funcionarios. Al investigador le llamó la atención que una de esas cuentas tenía sede en España.

Por lo general buscaban que los pagos fueran en efectivo, para no dejar ningún tipo de huella financiera, sin embargo los sabuesos colectaron diversas pruebas que parecería consolidar un circuito de financiamiento para sostener la organización ilícita dentro del penal.

El funcionario del MPF sostuvo que “los beneficios que Lautaro Teruel recibía eran a través de la intervención de Francisco Arturo Bisceglia, alcalde a cargo del pabellón, y una figura importante en la repartición del dinero en el nexo con Baldomero Córdoba, encargado de hablar directamente con la familia Teruel”.

“Él (Córdoba) era quien recibía el dinero por parte de los padres de Lautaro Teruel”, sostuvo Sánchez. El hijo del nochero se encuentra en el pabellón F un lugar donde van a parar los ex funcionarios policiales acusados de distintos delitos. “La familia (de Lautaro) quería que lo trasladaran a ese pabellón, dado que suele ser más tranquilo”.

Juan Pablo Sánchez confirmó que a Lautaro le “concedieron ese beneficio y algunos otros, como una atención sanitaria preferencial”. Desde adentro del penal Bisceglia mantenía actualizado de la situación del interno a Baldomero Córdoba quien a su vez le transfería la información a los padres del hombre condenado por abusar de dos jóvenes, una de ellas menor de edad.

«El pibe está de diez, bien cuidado, tranquilo, en la parte sanitaria también está de diez. Tiene que solicitar una nota», dice uno de los mensajes que prueban el arreglo.

“En esa parte instruye a la familia Teruel para que sigan los pasos y su hijo obtenga el beneficio de pasar al pabellón F”, sostuvo Sánchez. Gestiones que se realizaban con la familia y la coordinación entre Bisceglia y Córdoba.

El 3 de enero de 2023 quedó registrada una transferencia bancaria que involucra a Baldomero Córdoba como ejecutante de la transacción a la cuenta de Adriana Soledad Jurado, “esposa de Bisceglia”, apuntó Sánchez.

El jefe investigativo de la UDEC sostuvo que los beneficios diarios a Lautaro “se sostenían en el tiempo, así lo demuestra la investigación”. A continuación algunos fragmentos extraídos del los celulares analizados.

• Baldomero Córdoba: Todo bien, quiere que lo pasen al F y todo bien con eso. Por eso es importante pasarlo ahí yo pido.
• Francisco Bisceglia: De diez. De último deciles qué es lo que estamos pidiendo y si no pueden que entendemos.
• Córdoba: Bueno.
• Bisceglia: Si te dicen que no, deciles que la gente va a saber entender. Y de última después le tiramos un audio diciendo que está todo bien, que será cuando puedan.
• Córdoba: Bueno de una.

“Claramente marca una dinámica signada por el funcionario Bisceglia quien indica de cómo recibir incluso la tarifa fijada, que por los indicios objetivos que tenemos ascendían a la suma de 300 mil pesos en una gestión”, declaró Sánchez.

• Córdoba: Ya tengo lo tuyo, en 30 estoy.
• Bisceglia: Si lo tenés en “f” mejor. (es una de las manifestaciones usuales entre ellos para no dejar rastros en una transacción bancaria, f se refiera al efectivo)
• Córdoba: Lo busco donde me digas.
• Córdoba: Se quieren hacer que no la tienen. (evidentemente el pedido del monto es importante).
• Bisceglia: Se hacen, sí la retienen.

El investigador aclara y pone en contexto que en ese momento de la negociación la madre de Lautaro Teruel fallece, “ellos pensaban que era todo mentira”, sostuvo. “Baldomero le dice parece que está mal la madre, Bisceglia dice que no, que era ´cagada´, que estaban dilatando. Y termina pasando lo peor, fallece la mamá de Lautaro y Baldomero le dice que era verdad, ´paremos un poco ahora´. La directriz de todos estos eventos eran gestionadas y producidas por Bisceglia”, apuntó Sánchez.

El juicio seguirá este miércoles con la presencia, entre otros, de la ex directora del Servicio Penitenciario. El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio.

Por el Ministerio Público interviene una Unidad Fiscal integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.

Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario acusados son Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García.

Están denunciados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.

Los otros implicados (internos y familiares) están siendo juzgados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.

Fuente: El Tribuno Salta

La misma se llevó a cabo en los tribunales de Rafaela, y fue presidida por el juez Gustavo Bumaguín, con la participación del fiscal Dr. Juan Manuel Puig y la defensora pública Dra. Romina Cristóbal, vía videoconferencia.

Según el fiscal, el imputado, que es rosarino pero reside en Sunchales, se presentó en un inmueble ubicado en calle Belgrano, forzó una ventana para ingresar a la escribanía y, en una de las oficinas, utilizó un hacha de mano para romper la cerradura de una caja fuerte y robar aproximadamente 6.000 euros, 4.000 dólares, joyas de oro y un teléfono celular.

El fiscal afirmó que existen varias evidencias que lo incriminan, incluyendo actas policiales, entrevistas con la víctima, secuestro del hacha, testimonios de testigos y análisis de cámaras de seguridad.

El detenido fue localizado el 31 de julio en Sunchales, tras allanamientos realizados por la policía, ya que tenía una orden de captura desde el día siguiente al robo.

La audiencia de medidas cautelares se realizará próximamente, y el fiscal adelantó que podrían sumarse nuevos hechos a la imputación y solicitar la prisión preventiva del imputado.

Fuente: Rafaela Noticias

En los tribunales de Rafaela se desarrolló la audiencia preliminar por un grave hecho de violencia ocurrido en Sunchales, donde un hombre de 32 años —identificado por sus iniciales G. S. P.— será juzgado por intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal.

Según la acusación presentada por el fiscal Martín Castellano, el episodio tuvo lugar el 13 de junio de 2024, alrededor de las 11:30, en calle Alem al 1300. La víctima caminaba junto a su novia adolescente cuando fue interceptada por el agresor, quien tras amenazarlos con un revólver les exigió sus pertenencias. Mientras el joven se quitaba la mochila, el atacante apuntó a la menor, la amenazó y luego disparó directamente al rostro del muchacho desde apenas medio metro de distancia.

El proyectil impactó, pero no logró causarle la muerte gracias a la rápida asistencia médica. Tras el ataque, el agresor huyó sin concretar el robo. El fiscal solicitó una pena de 13 años de prisión y pidió que se declare reincidente al acusado, debido a antecedentes condenatorios previos.

El juez Nicolás Stegmayer no formuló objeciones a la acusación y habilitó el desarrollo del juicio oral, que será unipersonal y contará con 15 testigos por parte del MPA y 6 por la Defensa. Resta que la Oficina de Gestión Judicial fije la fecha del debate.

Fuente: Rafaela Informa