Judicial
Escándalo en San Javier: imputaron a policía que abusaba de sus hijastras
El hombre de 41 años fue detenido. Se le atribuye un incendio para borrar pruebas en la Unidad Fiscal San Javier del MPA
Un policía de 41 años fue imputado por haber abusado sexualmente de dos adolescentes que son hijas de mujeres con las que mantuvo relaciones de pareja en San Javier. Además, se le endilgó haber destruido evidencias de esta y de otras investigaciones penales mediante un incendio en 2015 en la sede de la Unidad Fiscal San Javier del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La atribución delictiva fue realizada ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Falkenberg, en una audiencia que se desarrolló ayer a la mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
La Fiscalía informó que “algunos de los delitos contra la integridad sexual fueron cometidos antes del incendio y otros, después”. En tal sentido, se destacó que “las diligencias llevadas a cabo en el marco de la investigación de los abusos más recientes permitieron avanzar en el esclarecimiento de los otros ilícitos”.
ABUSOS
“El imputado, cuyas iniciales son MAM, vulneró la integridad sexual de las víctimas cuando convivió con cada una de ellas a raíz de los vínculos que mantuvo con sus madres”, expuso la Fiscalía. “Las adolescentes fueron abusadas en la época en la que iban a la escuela secundaria, una entre 2011 y 2014 y la otra, entre 2018 y 2020”, se puntualizó.
El MPA planteó que “el policía agredió sexualmente a las hijas de sus parejas, les tomó fotografías y las filmó en el marco de los sometimientos”. Al respecto, se aseguró que “estos hechos se repitieron durante años, por lo que tuvieron entidad suficiente para afectar su salud física y psicológica”.
La Fiscalía hizo referencia a que “en una mañana de 2015, el hombre investigado interceptó a la primera víctima de los abusos mientras caminaba sola por San Javier y la abordó con violencia”. Se subrayó que “la hizo caer al suelo, le tapó la boca para evitar que gritara y la golpeó con sus puños en diferentes partes del cuerpo”, y se señaló que “le sustrajo un teléfono celular”.
FUEGO
El hecho delictivo en la Unidad Fiscal San Javier fue cometido el domingo 12 de julio de 2015 entre las 00:00 y las 6:30. El edificio público está ubicado en Independencia al 2.200.
“El policía escaló un tapial lindero a la Fiscalía, rompió una reja que protege el techo del patio y forzó una ventana de acceso a las oficinas”, se relató. “Una vez dentro, se apoderó de siete teléfonos celulares; un disco rígido que extrajo de una computadora; una pistola calibre 9; un revólver calibre 22 y otro calibre 32; una sábana, y una remera que estaban en la sala de efectos”, se enumeró.
“Luego colocó carpetas, papeles, telas, gomaespuma y maderas sobre el piso de la sala y los prendió fuego”, se resaltó. “El foco ígneo se propagó hacia otros elementos y habitaciones, lo cual generó daños en las instalaciones de la Fiscalía y la destrucción de evidencias, muebles y objetos de uso cotidiano”, se apuntó.
El MPA precisó que “el policía también es investigado por haber amedrentado a una de sus exparejas y a las hijas de ella”. Por otro lado, se informó que “el hombre de 41 años fue detenido durante un operativo policial que se llevó adelante el lunes pasado”, y se especificó que “sin la debida autorización legal, tenía tres escopetas en su poder”.
DELITOS
Por los ilícitos en contra de una de las hijas de sus exparejas, al policía de iniciales MAM se le atribuyó la autoría de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos calificados (porque la víctima era menor de edad y convivía con él). Por los hechos en perjuicio de la otra, se lo investiga como autor de abuso sexual simple calificado (por la guarda y la convivencia).
También se le imputó la autoría de incendio doloso con peligro común para los bienes; robo calificado (por haber sido cometido con escalamiento y por tratarse de un miembro de una fuerza policial); y robo calificado (por haber sido ejecutado por un policía). A su vez, se le endilgó la autoría de amenazas simples; tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, y desobediencia de un mandato judicial.
Fuente: La Opinión de Rafaela / MPA
Judicial
Grupo Spaggiari: las defensas apelaron la acusación y buscan frenar la elevación a juicio
La causa judicial contra el Grupo Spaggiari sumó este martes un nuevo capítulo. Las defensas de los imputados apelaron la resolución que admitió la acusación de la Fiscalía y las querellas, cuestionando la validez del proceso y solicitando el sobreseimiento de algunos acusados.
La decisión ahora quedó en manos del juez de Cámara Sergio Alvira.
La audiencia de apelación se desarrolló durante la mañana en los Tribunales de Rafaela y se extendió desde las 8:00 hasta las 11:30. En esta oportunidad, los abogados defensores impugnaron la resolución del juez Nicolás Bumaguin, quien había convalidado el requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las querellas.
Las defensas cuestionaron la acusación
El abogado Gustavo Abraham, defensor de Fernando y Matías Spaggiari, Mirta Condotto y Rocío Schaberger, sostuvo que la acusación fiscal fue presentada fuera de término y calificó el procedimiento como «defectuoso», por lo que pidió que se rechace la elevación a juicio.
Además, solicitó el sobreseimiento de Rocío Schaberger, al considerar que únicamente cumplía funciones como empleada de la empresa y que no integraba la presunta maniobra delictiva.
En el mismo sentido se pronunciaron las defensoras Victoria Romano, Georgina Allasia y los abogados José María Silvela y Andrés Colón, quienes representan a otros imputados de la causa. Todos coincidieron en que sus defendidos desempeñaban tareas como empleados y no formaban parte de una organización criminal.
También cuestionaron que la resolución judicial describa los hechos de manera general, sin individualizar con precisión la conducta atribuida a cada acusado.
El juez resolverá en los próximos días
Luego de escuchar los argumentos de todas las partes, el juez de Cámara Sergio Alvira decidió no emitir un fallo durante la audiencia y anunció que dará a conocer su resolución dentro del plazo previsto por la ley.
Una causa con 558 hechos investigados
La investigación contra el Grupo Spaggiari se encuentra en una etapa clave tras la audiencia preliminar realizada en mayo.
La causa comprende 558 presuntos hechos de estafa y un perjuicio económico estimado en 235 millones de pesos, 9 millones de dólares y 11 mil euros.
Las penas solicitadas por la Fiscalía
En el requerimiento acusatorio ya admitido en primera instancia, la Fiscalía pidió:
- 25 años de prisión para Fernando y Matías Spaggiari, actualmente detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda.
- 9 años de prisión para Mirta Condotto, quien cumple prisión domiciliaria.
- 8 años y 6 meses para Germán Garetto.
- 7 años y 6 meses para Myriam Bravo.
- 6 años y 6 meses para Gabriel Ullman.
- 5 años para Carolina Schaberger y Carlos Ciancia.
- 4 años para Cristian Francetti y Cristian Clementz.
Además, el Ministerio Público de la Acusación solicitó una multa de $90.000 para cada imputado y el decomiso de los bienes que permanecen cautelados en el expediente.
Con información de Rafaela Noticias
Judicial
Apelarán la prisión preventiva de uno de los acusados por el crimen del niño Zamir Torres en Frontera
La Justicia de Rafaela realiza este miércoles una audiencia para analizar el pedido de apelación presentado por la defensa de Thiago Medrano, uno de los imputados por el homicidio de Zamir Torres, el niño de cuatro años asesinado durante un ataque a balazos ocurrido en Frontera en julio de 2025.
La audiencia comenzó a las 10 de la mañana en la Sala Nº 4 de los Tribunales de Rafaela y será presidida por el juez de Segunda Instancia, Matías Drivet.
El planteo fue presentado por el abogado defensor Darío Schurrer, quien solicitó revisar la prisión preventiva que pesa sobre Thiago Medrano.
El crimen que conmocionó a Frontera
Medrano está imputado por los delitos de homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego, además de homicidio doloso calificado en grado de tentativa.
El hecho ocurrió el 9 de julio de 2025 en la ciudad de Frontera, cuando Zamir Torres, de apenas cuatro años, viajaba en un automóvil junto a su madre y su padrastro, Brian Martínez.
Según la investigación, otro vehículo interceptó al automóvil familiar y sus ocupantes abrieron fuego. Uno de los disparos impactó en el niño, quien falleció, mientras que Martínez sufrió graves heridas.
La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el ataque estaba dirigido contra el padrastro del menor y estaría relacionado con una venganza vinculada al narcotráfico, aunque esa versión fue rechazada por la familia de la víctima.
Cinco personas imputadas
La causa ya cuenta con cinco personas imputadas por el crimen.
El pasado 26 de junio, la Justicia dictó la prisión preventiva para Samuel Elías Reyes y Santiago Benavídez, mientras que Brenda Ruiz Díaz recuperó la libertad bajo estrictas medidas alternativas.
Entre las restricciones impuestas a la mujer se encuentran la prohibición de ingresar a Frontera, acercarse a víctimas y testigos, portar armas de fuego y la obligación de presentarse semanalmente en una dependencia policial.
Actualmente, los imputados son Thiago Medrano, Matías Escobedo, Samuel Elías Reyes, Santiago Benavídez y Brenda Ruiz Díaz. Los cuatro hombres permanecen detenidos, mientras que la mujer continúa vinculada al proceso judicial en libertad.
Con información de Castellanos
Judicial
La Justicia de EE.UU. ratificó la condena contra Argentina por la expropiación de Aerolíneas: deberá pagar casi US$390 millones
La Corte de Apelaciones de Columbia rechazó el recurso presentado por el Estado argentino y confirmó el fallo derivado de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La deuda supera actualmente los US$390 millones con intereses.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó la condena contra la República Argentina en el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurrida en 2008. La decisión obliga al Estado nacional a afrontar un pago cercano a US$390 millones, incluyendo los intereses acumulados.
El fallo desestimó la apelación presentada por Argentina en el litigio impulsado por el fondo de inversión Titan Consortium, actual titular de los derechos para reclamar la indemnización establecida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La condena supera los US$390 millones
El conflicto judicial se originó tras la estatización de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En 2017, el Ciadi determinó que Argentina debía pagar más de US$320 millones, además de honorarios legales e intereses. Con el paso del tiempo, el monto actualizado asciende a unos US$390 millones.
El demandante original fue el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral antes de la expropiación. Posteriormente, los derechos del litigio fueron transferidos a Burford Capital y luego al fondo Titan Consortium, que actualmente impulsa el cobro.
La Procuración analiza nuevas medidas
Tras conocerse la resolución, la Procuración del Tesoro de la Nación informó que se encuentra evaluando las alternativas legales disponibles para intentar revertir la decisión o reducir su impacto económico.
Además, señaló que el proceso judicial se originó por decisiones adoptadas hace casi dos décadas y recordó que la actual administración recibió litigios internacionales con reclamos millonarios contra el Estado argentino.
Podrían avanzar sobre activos argentinos
Como el Ciadi no posee mecanismos propios para ejecutar sus sentencias, el fondo acreedor deberá continuar el proceso ante tribunales estadounidenses para intentar cobrar la indemnización.
En ese contexto, Titan Consortium busca autorización para identificar y embargar activos argentinos en Estados Unidos. Entre los bienes que aparecen bajo análisis se encuentran las garantías de los históricos Bonos Brady, depositadas en la Reserva Federal de Nueva York.
Con esta decisión, la Justicia estadounidense confirmó la validez del fallo de primera instancia y mantuvo vigente el reconocimiento del laudo arbitral emitido por el Ciadi.
Con información de La Nación
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