📌 En el primero de los hechos, ocurrido en Sunchales, fue condenado Edgardo Ángel Calvimonte (29) a 5 años y 6 meses de prisión por intentar asesinar a otro hombre durante una violenta discusión.

El ataque se produjo en octubre del año pasado, cuando la víctima intervino para frenar un conflicto y terminó siendo apuñalada reiteradas veces con una cuchilla, sufriendo heridas de extrema gravedad. La vida del hombre fue salvada gracias a la rápida asistencia.

La sentencia fue dictada por el juez Javier Bottero mediante un juicio abreviado, en el cual el acusado reconoció su responsabilidad.

🔫 Por otro lado, en un juicio oral, Franco Damián Córdoba (32) fue condenado a 6 años de prisión por un intento de homicidio ocurrido en Frontera.

El hecho tuvo lugar en mayo, cuando el acusado ingresó a una vivienda con fines de robo. Al ser sorprendido por el propietario, le disparó con un arma de fuego, hiriéndolo en un hombro.

La víctima logró resguardarse, evitando un desenlace fatal. El fallo fue dictado por el juez Juan Gabriel Peralta.

⚠️ En ambos casos, la Justicia determinó que se trató de tentativas de homicidio, ya que las muertes no se concretaron por circunstancias ajenas a la voluntad de los agresores.

Las penas son de cumplimiento efectivo, marcando una respuesta judicial ante hechos de extrema violencia en la región.

Por Móvil Quique con información de Rafaela Informa

El proyecto fue elevado al Consejo de la Magistratura y lleva la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, aunque no cuenta con la del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

📌 La iniciativa apunta a poner límites al peso de la política en la designación de magistrados, buscando que los procesos sean más transparentes y técnicos.

Entre los principales cambios, se propone:

• Dar mayor relevancia a los exámenes y puntajes objetivos
• Fortalecer la evaluación técnica en los concursos
• Reducir la influencia de factores coyunturales o políticos en la conformación de ternas

⚠️ Este planteo llega en un contexto de cambios dentro del Consejo de la Magistratura, donde crece la influencia de La Libertad Avanza.

El nuevo reglamento ya fue girado para su análisis y también se notificó a distintas cámaras judiciales del país. Sin embargo, para que entre en vigencia deberá ser aprobado con mayorías especiales, lo que anticipa un debate intenso en el ámbito judicial y político.

Por Móvil Quique con información de NA

El fallo del juez sorprendió, ya que tanto la Fiscalía como la querella no se habían opuesto a que la acusada volviera al país mientras avanzaba la causa por injuria racial.

🇧🇷 Decisión inesperada

El magistrado resolvió mantener a Páez en Río de Janeiro, dejando vigentes las restricciones hasta que se presenten los alegatos finales y se emita el fallo, lo que podría demorar entre 15 y 20 días.

👉 La medida contradice el criterio previo de las partes, que avalaban una salida con պայմանes como:

• Pago de una multa
• Reparación económica a las víctimas
• Cumplimiento de tareas comunitarias en Argentina

⚠️ Cambio de escenario

En un primer momento, la audiencia había sido considerada favorable para la defensa. La acusación original —que contemplaba hasta 15 años de prisión— fue reducida a un único hecho continuado con tres víctimas, lo que abre la puerta a una pena más leve.

Sin embargo, el panorama cambió de forma abrupta.

Desde la defensa, encabezada por la abogada Carla Junqueira, calificaron la decisión como inesperada y adelantaron que presentarán un hábeas corpus para revertir la medida.

💬 Indignación en la defensa

“Nunca en mi vida vi una decisión contra lo que pide la propia acusación”, cuestionaron desde el entorno de Páez, marcando la contradicción en el proceso.

💰 Posible sanción económica

Según el Ministerio Público, la imputada podría enfrentar un pago cercano a u$s50.000 por cada víctima, además de tareas comunitarias.

El fallo final será clave no solo para definir el monto del resarcimiento, sino también las condiciones para que pueda abandonar Brasil.

📹 El origen del caso

El hecho ocurrió en enero en un boliche de Río de Janeiro, en medio de una discusión por una cuenta. Según la causa, Páez realizó gestos racistas hacia trabajadores del lugar, lo que quedó registrado en un video que se viralizó y se convirtió en prueba central del caso.

Por Móvil Quique con información de Ámbito