Judicial
Fondos buitre beneficiados con el fallo de YPF pidieron embargar a Argentina en 30 días
En su reclamo a la jueza Loretta Preska, argumenta los antecedentes del Gobierno de evitar las sentencias dictadas en Estados Unidos y que «no tiene voluntad de cumplir» con el fallo adverso.

El fondo buitre Burford, que espera cobrar US$16.099 millones tras haber ganado el juicio por la expropiación de YPF, le pidió a la justicia estadounidense autorización para solicitar embargos sobre bienes argentinos, porque considera que el país «no demuestra voluntad de pago».
«Le pedimos a su señoría que establezca que 30 días es un período de tiempo razonable, después de la emisión del fallo del 15 de septiembre, para iniciar los procedimientos de embargo y ejecución del fallo a partir del 16 de octubre», solicitaron los abogados de Burford ante el juzgado neoyorquino de Loretta Preska.
El gobierno argentino ya avisó que apelará la sentencia de la jueza Preska, lo que le permitiría ganar tiempo.
El reclamo se basa en que el Estado argentino, cuando tomó el control de la compañía en 2012 -durante el gobierno de Cristina Kirchner-, debió lanzar una oferta pública de acciones para los tenedores minoristas de la empresa, pero no lo hizo.
Dos sociedades de Petersen (Familia Eskenazi), despojadas del 25% de sus acciones, transfirieron el derecho a iniciar juicio por ese reclamo al fondo Burford, en una operación que es cuestionada por distintos sectores de la política.
En cambio, la Argentina debería haber lanzado una oferta pública de acciones, según lo establecido en el estatuto de la empresa. La Argentina enfrenta ahora el riesgo de embargos contra sus activos, en una causa que hacer recordar lo ocurrido cuando fondos buitres pidieron el embargo de la Fragata Libertad en un puerto internacional.
Fue cuando los fondos de inversión ganaron otro juicio contra la Argentina por los derechos de los acreedores de bonos que no habían entrado en el canje de deuda soberana (holdouts).
Las leyes estadounidenses disponen que no se pueden realizar embargos o ejecuciones de bienes hasta que el tribunal ordene ese embargo o ejecución, es decir, tras un período de tiempo «razonable», desde la emisión del fallo. Los abogados de Burford solicitaron que ese plazo sea de un mes desde la emisión del fallo.
«El estatuto no proporciona orientación adicional sobre el procedimiento, o el momento en que el tribunal debe determinar lo que constituye un período de tiempo razonable», según explican los abogados de Burford.
Argumentaron que la «práctica pasada, y actual, de Argentina en cuanto a eludir fallos judiciales emitidos en Estados Unidos, como en jurisdicciones extranjeras, así como las recientes declaraciones públicas de sus más altos funcionarios, demuestran que no tiene intención de cumplir el fallo».
Y se quejaron que los demandantes «han tenido que esperar más de una década para recibir el pago de la oferta de compra que se les adeuda, y una demora adicional en la ejecución sería innecesaria e irrazonable».
«Argentina no tiene intención de pagar el fallo, y sería falso que sugiriera lo contrario. Por lo tanto, los demandantes solicitan respetuosamente una conferencia previa a la presentación de su moción propuesta, de acuerdo con la sección 1610(c), solicitando una orden que establezca que la suspensión de 30 días prevista en la Regla 62(a), es un «período de tiempo razonable», y que la ejecución pueda comenzar después de eso», dijeron los abogados de Burford, en su presentación.
Fuente: Cadena 3
Judicial
Tras su procesamiento en la causa Seguros, piden quitarle la jubilación de privilegio a Alberto
El documento fue firmado por Graciela Ocaña y otros dos legisladores pertenecientes al interbloque Confianza Pública, tales los casos de María Sol Méndez y Sebastián Nagata. En el escrito, dirigido a Fernando Bearzi, titular del organismo, solicitaron “la suspensión de la asignación mensual vitalicia que percibe el ex Presidente de la Nación Alberto Fernández”.

Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires hicieron una presentación a la ANSES para reclamar la anulación de la jubilación de privilegio que percibe Alberto Fernández, expresidente de la Nación, procesado en las últimas horas en la causa Seguros.
El documento fue firmado por Graciela Ocaña y otros dos legisladores pertenecientes al interbloque Confianza Pública, tales los casos de María Sol Méndez y Sebastián Nagata. En el escrito, dirigido a Fernando Bearzi, titular del organismo, solicitaron “la suspensión de la asignación mensual vitalicia que percibe el ex Presidente de la Nación Alberto Fernández”.
“Como es de público conocimiento, el día 10 de Julio del corriente, el ex Presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue procesado por el Juez Federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la causa denominada ‘Seguros’”, menciona el documento.
Y continúa: “Ante este hecho, la jubilación de privilegio debe ser suspendida a fin de no perjudicar el erario público que vuestro gobierno tanto defiende”.
Los legisladores pidieron que la suspensión se extienda “hasta que se resuelva definitivamente la culpabilidad o no en los hechos que se le imputan”.
“Es sabido que los beneficios que otorga la ley 24.018 son un privilegio para quien desempeño una de las funciones públicas más importantes del país, pero si esa persona utilizó ese lugar de privilegio para beneficio propio y cometió delitos desde ese lugar, no pueden obtener ni mantener este beneficio”, sigue el escrito.
Y profundiza: “En caso de continuar abonando esta asignación de privilegio que a febrero de 2025 ascendía a $8.877.518,67 -conforme contestación de acceso a la información pública-, se estaría generando una millonaria perdida a las arcas del Estado”.
“¿Qué mensaje esta dando el Gobierno Nacional si un jubilado que trabajo toda su vida tiene que elegir entre comer o comprar medicamentos?, en cambio un ex presidente -procesado por corrupción y violencia de genero- cobra casi 9 millones de pesos por mes, es decir mas de 24 jubilaciones mínimas», remarca la presentación de Ocaña, Méndez y Nagata.

Causa Seguros: Alberto Fernández quedó más complicado
Este jueves, el juez Sebastián Casanello procesó por corrupción a Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, por incompatibilidad en los deberes de funcionario público cuando era presidente. Además, ordenó un embargo sobre los bienes del ex mandatario por $14.634.220.283,68, confirmaron fuentes judiciales a TN.
La causa se originó con la investigación de la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers cercanos al entorno del ex mandatario.
En su fallo, el magistrado aseguró que el expresidente se involucró en el “plan de expansión de los negocios” de las empresas de Martínez Sosa con el Estado. En ese marco, Casanello entendió que Fernández impulsó “a los actores del mundo privado y exhibiendo públicamente que formaban parte de su entorno más íntimo, en un claro mensaje convalidante de sus acciones”.
Para el juez, “con la connivencia” de Fernández, los brokers “habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.
En otro tramo de la sentencia de 400 páginas, Casanello consideró que el decreto firmado por Fernández fue para “priorizar los fines públicos al afán de lucro”, mientras que las fotos que publicaba con Martínez Sosa funcionaban como un activo para el empresario, para que pudiera obtener más contratos gracias a su cercanía con quien por entonces era el Presidente de la Nación.
Fuente: TN
Judicial
La Corte Suprema le puso punto final al reclamo de la mujer que decía ser hija de Sandro
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó de forma definitiva la demanda presentada por una mujer que buscaba ser reconocida como hija biológica de Roberto Sánchez, conocido popularmente como Sandro y fallecido en enero de 2010.

Mediante una resolución firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal declaró inadmisible el recurso extraordinario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La causa se originó cuando Sandra Edit Borda interpuso dos acciones judiciales: una para impugnar la filiación con quien la crió, Carlos Borda, y otra para que se reconociera su vínculo biológico con el cantante.

Según relató la demandante, en 2006 su madre le confesó, poco antes de morir, que era hija de Sandro. En 2007, ambas partes se habrían sometido a una prueba de ADN de forma extrajudicial. Borda afirmó que la pareja del artista le informó que el resultado fue negativo, aunque sostuvo no haber visto el estudio personalmente.
En su presentación ante la Justicia, la mujer aseguró que su madre conoció a Sandro en 1965 y que mantuvieron una relación clandestina durante varios años. Tiempo después, su madre se casó con Carlos Borda, aunque los encuentros con el cantante habrían continuado.
En 2014, un fallo judicial anuló la paternidad de Carlos Borda, quien la había criado como hija propia. Al año siguiente, se exhumaron los restos del cantante para realizar una prueba de ADN, cuyo resultado fue negativo.
«Los resultados observados son incompatibles con la existencia de un vínculo padre/hija», indicó el fallo de primera instancia que rechazó el pedido. La Cámara de Apelaciones ratificó esa decisión al considerar que la prueba genética era concluyente y demostraba la inexistencia de la relación biológica entre Borda y Sánchez.
La mujer apeló mediante un recurso de nulidad e inaplicabilidad de la ley. Sin embargo, en febrero de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires volvió a desestimar la demanda.
Los jueces Luis Esteban Genoud, Daniel Fernando Soria, Sergio Gabriel Torres e Hilda Kogan coincidieron en que los agravios presentados por Borda ya habían sido abordados por los tribunales inferiores, que habían actuado conforme a derecho.
Los magistrados bonaerenses remarcaron que los estudios genéticos realizados fueron contundentes y demostraron la ausencia de vínculo biológico con el cantante. La demandante, indicaron, no logró refutar esos resultados ni aportar elementos que permitieran considerar arbitrarias las sentencias previas.
Finalmente, la mujer recurrió en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió declarar inadmisible su presentación y cerrar definitivamente la causa.
Fuente: Perfil
Judicial
La Justicia investiga los 100.000 dólares milagrosos del pastor chaqueño por sospechas de lavado
El evangélico Jorge Ledesma relató el supuesto milagro de la multiplicación del dinero y ahora el fiscal federal Patricio Sabadini pidió informes para esclarecer la procedencia de los fondos con los que construyeron el templo “Portal del Cielo”

Así como Jesús multiplicó los panes y los peces, el pastor evangélico Jorge Ledesma contó que un milagro hizo crecer los ahorros que tenía en una caja de seguridad: los 100.000 pesos que guardaba allí se convirtieron en 100.000 dólares. Ese dinero, según relató ante sus fieles, financió parte de la construcción en Resistencia, Chaco, del templo “Portal del Cielo”. La historia motivó la apertura de una investigación de oficio en la Justicia Federal por sospechas de lavado de activos y evasión.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, se abrió un expediente en el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger y con la instrucción del fiscal Patricio Sabadini.
La investigación, por ahora preliminar y sin imputaciones, ya tuvo sus primeras medidas este martes. La fiscalía hizo varios pedidos informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
También a la Municipalidad de Resistencia y al Ministerio de Infraestructura provincial, organismos a los que solicitó datos de las últimas tres gestiones.
La investigación preliminar
En todos los casos, el fiscal Sabadini buscará determinar cuánto dinero público recibió la Iglesia Cristiana Internacional, creada por el pastor Ledesma en 1994. Si es que hubiera irregularidades alrededor de la institución o el crecimiento patrimonial de sus líderes, recién entonces se elevarían requerimientos para profundizar la causa.

Además, se armará un equipo de ingenieros y arquitectos para tasar el “Portal del Cielo” y establecer cuánto costó construirlo. Se trata de un estadio cerrado con capacidad para 15.000 personas sentadas, y se lo anunció como el “auditorio evangélico más grande del país y uno de los más imponentes de la región”.
Según estiman las fuentes consultadas por este medio, el valor total oscilaría entre los 50 y 100 millones de dólares, es decir, al menos 500 veces lo que el pastor consiguió con el milagro de la caja fuerte.
Y es que Cristian Ledesma, uno de los hijos del líder religioso, declaró al aire de Radio Con Vos que la de los 100.000 dólares “no fue ni la primera ni la última experiencia similar, pero nunca en esa magnitud”. Sin embargo ante la repregunta de los periodistas no entró en detalles porque “ese asunto correspondía a la contadora”.
Cristian Ledesma, hijo del pastor, contó el milagro de los 100.000 dólares en una entrevista radial
Luego de tres décadas de actividad, la Iglesia Cristiana Internacional superó los 50.000 fieles activos, tiene presencia en más de 40 países y consolidó vínculos con el poder político, especialmente en el ámbito provincial.
A través de sus líderes, Jorge y Alicia Ledesma, la iglesia predica en sus misas evangélicas la sanación, los milagros, la transformación personal y la prosperidad espiritual. Sobre el escenario presentaron varios casos de personas que “llegaron en silla de ruedas” y volvieron caminando a su casa, por ejemplo.
En Chaco, la Iglesia Cristiana Internacional también llevó la actividad al territorio, con redes de merenderos y comedores, colectas de donaciones y acciones comunitarias en sectores vulnerables.
Una fuente local consultada por Infobae explicó que la simbiosis entre la organización y el Gobierno de Chaco existió tanto durante las gestiones de Jorge Capitanich (Partido Justicialista) como en la actual de Leandro Zdero (Unión Cívica Radical), principalmente por la cantidad de fieles que asisten a misa y el mencionado despliegue territorial que alcanzó la entidad.
Esto, sumado al crecimiento exponencial que tuvo la iglesia en los últimos años, posó las sospechas de los investigadores sobre presuntos financiamientos espurios desde el Estado. En cambio, por ahora le restan peso a la hipótesis de que hayan existido irregularidades con el evento de inauguración en sí, donde las entradas se vendieron desde 30.000 a 100.000 pesos.
Fuente: Infobae
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