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Imputarán a los dos detenidos por el crimen del policía Cristian Abrigo

La audiencia será este viernes en los tribunales santafesinos. El caso apunta a un ajuste de cuentas vinculado a una transacción comercial.

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Foto: Tribunales de Santa Fe

Los dos hombres detenidos por el crimen del policía Cristian Abrigo serán formalmente imputados este viernes en una audiencia que se llevará a cabo en los tribunales de Santa Fe. Se trata de Luciano S. y Fernando C., este último también integrante de la fuerza policial, quienes fueron arrestados el pasado 7 de marzo, cuando el paradero de Abrigo todavía era una incógnita.

La audiencia, prevista para las 11:30, estará a cargo de la jueza penal Rosana Carrara. La acusación será impulsada por los fiscales Laura Urquiza y Andrés Marchi, mientras que la defensa será ejercida por los abogados Jorge Qüesta y Rodrigo González, quienes representan a los acusados por separado.

La desaparición y la búsqueda

Cristian Abrigo, suboficial de la Policía de Santa Fe, fue visto por última vez el pasado 28 de febrero, cuando salió de su casa en el barrio La Esmeralda, en la ciudad de Santa Fe, en su día de descanso. Según la reconstrucción de los hechos, tenía previsto encontrarse con alguien en la localidad de Progreso, a unos 75 kilómetros de la capital provincial.

Su esposa intentó contactarlo cerca del mediodía para saber si volvería a almorzar, pero su mensaje nunca llegó a destino. La última señal de su teléfono celular se registró en Progreso, donde —según trascendió— se encontraba con la intención de cerrar una transacción comercial vinculada a la compra de ganado.

Ante su ausencia prolongada y la falta de respuestas, su familia denunció su desaparición y la causa fue asignada al fiscal Andrés Marchi, quien luego sumó a la investigación a la fiscal Laura Urquiza, del área de Delitos Complejos.

Un testimonio clave y el hallazgo del cuerpo

Los días pasaban y no había rastros de Abrigo. En medio de la incertidumbre, agentes del Organismo de Investigaciones y de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron un campo al sur de Progreso, que estaba a cargo del policía Fernando C. El operativo inicial no arrojó resultados, pero días después, en una nueva inspección, los investigadores encontraron un arma de fuego tipo revólver, envuelta en una bolsa de nailon y enterrada bajo tierra.

El punto de quiebre en la causa se produjo tres días después de ese hallazgo, cuando Fernando C. decidió confesar su participación en el hecho. En su declaración ante la Fiscalía, reveló que Abrigo había sido asesinado y enterrado en un sector de monte dentro del campo de Progreso.

Tras su testimonio, el propio acusado guió a los investigadores hasta el lugar donde estaba el cuerpo. Lo hallaron cubierto con hojas y ramas secas, debajo de un montículo de tierra. Luego, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial, donde los forenses determinaron que presentaba dos disparos en la cabeza.

Si bien los fiscales todavía analizan la calificación legal del hecho, las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas vinculado a una transacción financiera. Según la investigación, Abrigo, además de su labor policial, se dedicaba al préstamo de dinero y tenía una relación comercial con los otros dos involucrados.

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Crimen de Aralí Vivas: fijaron para septiembre el juicio oral en Córdoba

La Justicia de Córdoba confirmó que el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada en la ciudad de Brinkmann en 2024, se realizará los días 22, 23 y 29 de septiembre en los tribunales de San Francisco.

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Foto: Crimen de Aralí Vivas: fijaron para septiembre el juicio oral en Córdoba

La Justicia de Córdoba confirmó que el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada en la ciudad de Brinkmann en 2024, se realizará los días 22, 23 y 29 de septiembre en los tribunales de San Francisco.

El proceso estará a cargo de la Cámara Criminal y Correccional y contará con la participación de jurados populares.

Tres acusados llegarán detenidos al juicio

En el banquillo de los acusados estarán Rocío Milagros Rauch, madre de la menor; Matías Ezequiel Simeone, pareja de la mujer; y Cristian Hernán Varela, amigo de Simeone.

Los tres permanecen detenidos y enfrentan graves imputaciones vinculadas al asesinato de la niña.

De acuerdo a la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, los acusados habrían participado de distintos abusos sexuales contra Aralí que derivaron en su muerte.

Además, la causa incluye la figura de homicidio criminis causa, mientras que Simeone también está acusado de haber provocado el incendio de la vivienda para intentar eliminar pruebas del hecho.

Cómo será el proceso judicial

Antes del inicio del debate oral se realizará la selección de jurados en los tribunales de San Francisco.

En una primera instancia se conformará una nómina de 24 ciudadanos y luego quedarán establecidos los 12 jurados titulares que participarán del juicio.

Un caso que conmocionó a Brinkmann y la región

El crimen de Aralí Vivas generó una fuerte conmoción en Brinkmann y en toda la región luego de que el cuerpo de la menor fuera hallado el 1 de noviembre de 2024 tras un incendio registrado en la vivienda donde residía.

La investigación judicial determinó que el fuego habría sido provocado intencionalmente con el objetivo de ocultar evidencias.

La autopsia reveló que la niña presentaba lesiones compatibles con abuso sexual y un traumatismo craneal.

En caso de que el tribunal coincida con la acusación sostenida por la Fiscalía, los imputados podrían recibir la pena de prisión perpetua.

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Intentó abusar sexualmente de una adolescente en Eusebia: imputaron al acusado y pedirán prisión preventiva

La Justicia avanzó en la investigación del grave hecho de violencia de género ocurrido en la localidad de Eusebia, donde un hombre de 45 años fue imputado por intentar abusar sexualmente de una adolescente de 17 años.

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Foto: Archivo

La causa es encabezada por la fiscal Flavia Burella, quien formalizó la acusación ante el juez Gustavo Bumaguín. Al imputado se le atribuyó la presunta autoría del delito de “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”.

La defensa del acusado está a cargo del defensor público Bruno Rossini.

Persecución y ataque en caminos rurales

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el hecho ocurrió el viernes 31 de mayo en cercanías de una heladería ubicada sobre la ruta 280s.

Según la investigación, el acusado —quien trabaja en un tambo— interceptó a la adolescente e insistió en mantener relaciones sexuales. Tras la negativa de la joven, comenzó una persecución que se extendió por caminos rurales de la zona.

La víctima intentó escapar desviando su recorrido, pero la situación se agravó cuando su motocicleta se quedó sin combustible en medio del campo. En ese momento, el agresor logró alcanzarla.

Siempre según la acusación fiscal, el hombre provocó un choque entre ambas motos para hacerla caer a la banquina. Luego le quitó el teléfono celular para dejarla incomunicada y la sujetó violentamente del cuello mientras intentaba abusar de ella.

La adolescente logró defenderse, arañando al atacante y propinándole una patada en la zona genital. Esa reacción le permitió recuperar su teléfono y escapar corriendo para pedir ayuda, lo que provocó la fuga del agresor.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió traumatismos y hematomas, lesiones que fueron constatadas mediante exámenes médicos.

Pedirán la prisión preventiva

Tras la audiencia imputativa, el proceso continuará con una audiencia de medidas cautelares, donde la fiscal Burella solicitará la prisión preventiva del acusado debido a la gravedad del hecho y los riesgos procesales.

Será el juez Bumaguín quien deberá resolver en los próximos días si el imputado permanece detenido mientras avanza la investigación penal.

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Tacural: quedó en libertad un acusado por un violento robo a una familia dentro de una vivienda

La decisión fue tomada por el juez Gustavo Bumaguin durante una audiencia realizada en Rafaela. El imputado seguirá ligado a la causa bajo estrictas medidas de conducta mientras continúa la investigación.

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Foto: Acusado de un violento robo en Tacural recuperó la libertad por decisión judicial

La Justicia resolvió otorgar la libertad a uno de los imputados en una causa que investiga un violento robo ocurrido en la localidad de Tacural, donde una familia denunció haber sido amenazada y despojada de dinero en efectivo dentro de su vivienda.

La medida fue dispuesta este martes por el juez penal Gustavo Bumaguin durante una audiencia de revisión de prisión preventiva realizada en los tribunales de Rafaela.

El hecho investigado

Según la acusación, el episodio ocurrió durante la noche cuando tres hombres habrían ingresado de manera violenta a una vivienda de Tacural luego de protagonizar previamente un altercado con el propietario del inmueble.

Siempre de acuerdo a la investigación, los agresores forzaron puertas y ventanas para ingresar a la casa, amenazaron de muerte a los integrantes de la familia y se llevaron una importante suma de dinero en efectivo junto a otros elementos de valor.

Entre las víctimas se encontraba además una mujer embarazada, quien también habría sido intimidada durante el asalto.

Qué resolvió la Justicia

La audiencia contó con la participación del fiscal Juan Manuel Puig por parte del Ministerio Público de la Acusación y del abogado defensor Juan Bautista Degiovanni.

Durante el debate, la defensa sostuvo que la investigación se encuentra avanzada y que ya fueron realizadas las principales medidas probatorias, por lo que consideró que no existían riesgos procesales suficientes para mantener la prisión preventiva.

La Fiscalía, en cambio, se opuso al pedido de libertad al entender que persisten riesgos vinculados a la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y las próximas instancias judiciales.

Finalmente, el magistrado hizo lugar al planteo defensivo y ordenó la liberación del acusado bajo una serie de condiciones obligatorias.

Las restricciones impuestas al imputado

Entre las medidas dispuestas por la Justicia figuran:

  • Fijar domicilio.
  • Someterse al cuidado de un guardador.
  • No mantener contacto con víctimas ni testigos.
  • Prohibición de ingresar a Tacural.
  • Firma periódica en una dependencia policial.
  • Prohibición de portar o poseer armas de fuego.

De esta manera, el imputado continuará sometido al proceso penal, aunque en libertad, mientras la causa avanza hacia las próximas etapas judiciales.

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