Ampliaron la denuncia penal contra el Arzobispado por el sistema para conocer casos de abusos sexuales

 El abogado Carlos Ensinck, que presentó la primera denuncia contra la iglesia católica santafesina presentó cinco hechos nuevos este lunes. Le solicita a la fiscalía que investigue la denuncia de abuso sexual que el Arzobispado reconoció que recibió.

Durante los primeros días de julio el Arzobispado de Santa Fe dio a conocer la implementación de un «sistema» para presentar informes sobre «sospechas fundadas y/o denuncias sobre casos de abuso sexual contra menores y adultos vulnerables, por parte de clérigos y consagrados, y del encubrimiento de los mismos». El anuncio derivó en una denuncia penal al Arzobispado y a los arzobispos de Santa Fe, Sergio Fenoy, y de Rosario, Eduardo Eliseo Martín realizada por el abogado Carlos Ensinck que terminó con el inicio de una investigación de parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por «usurpación de funciones». Luego de una entrevista de UNO Santa Fe a los representantes del «sistema», la denuncia penal se amplió.

A partir de las declaraciones de los encargados de recibir las denuncias sexuales dentro del ámbito eclesiástico a UNO, se confirmó que el arzobispado ya recibió una denuncia en estas dos semanas y admitieron no estar capacitados para hacerlo. Ensinck, en la ampliación presentada este lunes por la mañana, pidió «que fiscalía que le solicite Arzobispado de Santa Fe los antecedentes de posible caso y analizar su procedencia».

«Me parece que las declaraciones de estas personas no hacen más que confirmar el posicionamiento que estoy teniendo, que no es un lugar para tomar denuncias de abuso sexual y encubrimiento, que son los dos delitos que se enmarcan en las indicaciones que tienen. Aparte está mal instrumentado porque en la indicación del 2019 «Vos estis lux mundi» en su artículo 19 de ese documento dice que las normas se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales, en particular las relativas a eventuales obligaciones de información a las autoridades civiles competentes. «Sin perjuicio de» quiere decir que la aplicación no puede ir contra de los derechos y obligaciones de las leyes Argentinas. Primero está la ley estatal en un delito. Y el abuso sexual y el encubrimiento son delitos que están tipificados en el código penal», dijo el letrado a UNO Santa Fe.

Y agregó: «Cuando dicen que hacen un informe y se lo mandan al obispo, qué garantías tienen de adónde va a ir con respecto a los plazos. El único que te da garantías de ese procedimiento es la fiscalía que yo conozco el procedimiento, las garantías constitucionales y pasa. Si -en la iglesia- hago una denuncia, ¿me la van a querer dar a esa denuncia? ¿Cómo sé lo que denunciaron? Si en realidad me dicen que denunciaron abuso de autoridad, tengo que creer en la palabra de quien me dijo que así fue la denuncia pero no sé de qué es. Distinto sería que entre a la fiscalía y que allí lo desestima porque no es un abuso sexual entonces la iglesia comparece, pide copia de la causa y el abuso de conciencia o de autoridad lo sigue tramitando dentro de la iglesia. Por eso el camino es la fiscalía y no la propia iglesia que investiga a sus propios miembros, esa es la base fundamental».

«En definitiva lo que encomienda el Papa no está mal, el tema es cómo se instrumenta. Acá los dos arzobispos de Rosario y Santa Fe lo instrumentaron bajo una modalidad de toma de conocimiento de delitos de abuso sexual. Y ahora hay un caso, bueno ¿qué caso? Después me impresionó que las personas que toman las denuncias digan que no están capacitadas. Con lo que hay una improvisación muy grande en la que tomaron una denuncia de abuso sexual es de mucha gravedad si está en juego la revictimización de la persona que hace la denuncia», sostuvo Ensinck.

En relación a los dichos de Javier González Grenón, vicario episcopal para asuntos jurídicos del Arzobispado, sobre el acuerdo de la santa sede de 1966 con el Estado argentino para argumentar que la denuncia de Ensinck no corresponde, el abogado denunciante respondió: «No hay que olvidarse, por más que está vigente el concordato, que se firmó cuatro meses después de un golpe de Estado donde no había un sistema democrático ni había ninguna representación democrática. El acuerdo, firmado por Onganía, la iglesia lo lee por la mitad porque dice: «El Estado Argentino reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines específicos. Queda bien claro y sin lugar a interpretación que la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene “jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines específicos”».

«El fin específico de la iglesia es predicar el evangelio, la salvación de las almas, promover la biblia, nunca es el fin de la iglesia la investigación de abusos sexuales ni de encubrimiento de sus propios miembros. El fin específico de la iglesia descalifica lo que están haciendo», apuntó.

La denuncia

En conclusión los cinco hechos presentados este lunes por Ensinck al MPA son sobre el Vademecum, «por el cual establece los pasos que han de seguirse en las causas penales y destinado, en primer lugar, a los Ordinarios y a los profesionales del derecho que se encuentran ante la necesidad de aplicar de forma concreta la normativa canónica referida a los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos»; la competencia de la iglesia católica apostólica romana; la implementación equivocada de la autoridad pública; la confirmación de parte del arzobispado local sobre la recepción de una denuncia y el reconocimiento de parte del arzobispado de no tener capacitación para la atención de víctimas de delitos sexuales. Y reiteró que en la «provincia de Santa Fe es de aplicación la ley 13013 por la cual el Ministerio Público de la Acusación tiene por misión el ejercicio de la persecución penal pública procurando la resolución pacífica de los conflictos penales».

Fuente: Uno de Santa Fe