Los camaristas que ratificaron la sentencia de primera instancia son Sebastián Creus (presidente), Bruno Netri y Roberto Reyes. En su resolución, también rechazaron todos los agravios planteados por la Defensa en la audiencia de apelación, realizada en los tribunales rafaelinos.

La investigación de los hechos ilícitos estuvo a cargo de la fiscal Favia Burella, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 5, quien representó al MPA en las distintas etapas del proceso judicial.

Sentencia fundada

Burella detalló que “el abogado de Suárez solicitó la revocación de la sentencia y la absolución del agresor o una disminución en el monto de la pena impuesta, lo cual desde la Fiscalía rechazamos absolutamente”. Remarcó que “al igual que la Querella, en la audiencia de apelación pedimos que los camaristas resolvieran como finalmente lo hicieron”.

La funcionaria del MPA puntualizó que “la Defensa cuestionó la validez probatoria de los testimonios que las víctimas brindaron en cámara Gesell en el marco de la investigación, en función de que al momento del juicio ya eran mayores de edad”. Al respecto, enfatizó que “por entonces, ambas estaban en una situación de suma vulnerabilidad que fue acreditada de manera fehaciente durante el debate”.

En relación al agravio por las declaraciones de las víctimas, el juez Creus sostuvo que “no hay, en este punto, invalidación alguna y, por tanto, cabe tener como legal y constitucionalmente adquiridos los testimonios de las dos personas en el juicio”. Los otros dos camaristas adhirieron a ese voto.

Por otro lado, la fiscal mencionó que “Las críticas de la Defensa se plantean como relativas y no suponen un obstáculo al razonamiento de la sentencia impugnada.

Los hechos

Burella recordó que “Suárez fue condenado por haber agredido sexualmente a las dos víctimas en diferentes oportunidades”, y explicó que “el accionar delictivo comenzó cuando él era adolescente y continuó una vez que adquirió la mayoría de edad”. En tanto, sostuvo que “las niñas comenzaron a sufrir los abusos cuando cursaban los primeros años de su escolaridad primaria, los cuales continuaron hasta la época en la que iban a la secundaria”.

Asimismo, la fiscal afirmó que “es inobjetable que Suárez se aprovechó del estado de vulnerabilidad en el que las víctimas estaban por su corta edad y el vínculo afectivo y de confianza que las unía con él”.

Delitos

El tribunal de segunda instancia confirmó las calificaciones penales por las que Suárez fue condenado en el juicio oral: abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una de sus sobrinas; y abuso sexual gravemente ultrajante, en contra de ambas víctimas.

Fuente: Radio Belgrano de Suardi

Este lunes al mediodía, el Juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Gustavo Bumaguin dictó una sentencia de tres años de prisión efectiva para Marcelo Castro, quien reconoció su participación en la estafa millonaria que afectó a las empresas Las Taperitas y Suc. de Alfredo Williner. El juicio abreviado contó con la participación del fiscal Guillermo Loyola, el abogado querellante Carlos Farías Demaldé y la defensora del imputado, Amalia Cassina.

Castro, de 44 años y oriundo de Buenos Aires, fue acusado de suplantar la identidad de un excontador de las empresas involucradas. Utilizó un Documento Nacional de Identidad falsificado para acceder a una nueva tarjeta de coordenadas, desde la cual realizó numerosas transferencias y compras, incluyendo 500 amoladoras y otros productos por un valor superior a los 180 millones de pesos.

Una estafa orquestada al detalle

La maniobra delictiva comenzó semanas antes del 23 de enero, cuando Castro contactó al banco mediante el canal exclusivo para empresas, haciéndose pasar por un excontador de las firmas. Con la ayuda de operadores bancarios, logró reestablecer claves y obtener acceso a las cuentas empresariales.

La investigación reveló que las transferencias de dinero beneficiaron a 17 personas físicas, además de ser utilizadas para realizar compras de alto valor. Entre las evidencias reunidas, se incluyeron grabaciones de llamadas, registros fílmicos de visitas a la sucursal del Nuevo Banco Santa Fe en Buenos Aires y un chat de WhatsApp en el que Castro se identificaba falsamente como representante de Williner.

Sin embargo, un descuido resultó crucial para su captura. Castro usó su número de teléfono personal en una transacción de 16,5 millones de pesos, lo que permitió a los investigadores atar cabos y dar con su identidad.

Un perjuicio doble: las empresas y un contador afectado

Además de las empresas Williner y Las Taperitas, otra víctima de la estafa fue el contador público Marcelo Daniel M., cuya identidad fue utilizada por Castro para ejecutar el delito. Aunque M. ya no trabajaba para las firmas desde hacía tres años, el banco permitió operar en las cuentas con la documentación apócrifa presentada por el imputado.

El contador se presentó como querellante en la causa, representado por el abogado Carlos Farías Demaldé. Este hecho expone serias falencias en los protocolos de seguridad bancaria que, en palabras del fiscal Loyola, “habilitaron la concreción de una maniobra que podría haberse evitado con controles más estrictos”.

Consecuencias y medidas judiciales

Mientras que Castro permanecerá en prisión, los otros 17 imputados en la causa recuperaron la libertad bajo condiciones estrictas, incluyendo la presentación periódica ante la comisaría, el pago de una fianza de 500 mil pesos y la prohibición de contacto con víctimas o testigos.

La estafa dejó pérdidas superiores a los 180 millones de pesos, de los cuales solo se lograron recuperar 30 millones durante la investigación. El caso representa un ejemplo de los desafíos que enfrentan las empresas y los bancos en términos de ciberseguridad y fraude.

Fuente: Castellanos

Aunque reconoció la validez del Habeas Corpus correctivo solicitado por la defensa, no accedió a trasladarlos a otra unidad penitenciaria.

La audiencia, realizada este viernes en la Sala 7 de los Tribunales de Santa Fe, contó con la participación de los abogados defensores de los hermanos, los doctores José María Silvela y Andrés Colón, quienes presentaron el recurso en respuesta a los presuntos apremios sufridos por sus clientes en Coronda. Según la defensa, estas agresiones, que incluyeron golpes de tumbas, fueron constatadas por médicos del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), el médico forense y profesionales del Hospital Cullen.

Fallo convalidado, pero sin traslado

El juez Guedes coincidió en que los hechos denunciados por los Spaggiari constituyen un agravamiento ilegítimo de sus condiciones de detención, lo que habilita la acción de Habeas Corpus correctivo. Sin embargo, decidió no modificar el lugar de detención de los imputados, argumentando que no existen elementos suficientes para justificar su traslado desde Coronda, donde habrían ocurrido las agresiones.

La resolución contrasta con un fallo anterior del juez de Primera Instancia Nicolás Falkemberg, quien había dispuesto el traslado inmediato de los hermanos a la Unidad Penal de Las Flores o la Alcaidía de Rafaela, señalando que las lesiones sufridas no podían considerarse autoinfligidas ni producto de un acuerdo con terceros.

Investigación en curso

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe sigue investigando las denuncias de violencia institucional presentadas por los Spaggiari. El juez Guedes ordenó remitir copias de las actuaciones a la fiscalía para ser consideradas en el marco de la causa en curso.

Por ahora, los hermanos Spaggiari continuarán en la Unidad Penal de Coronda, mientras se avanza en la investigación sobre las presuntas irregularidades en su trato dentro del establecimiento penitenciario. Este caso pone nuevamente en debate las condiciones de detención y el cumplimiento de los derechos humanos en las cárceles de la provincia.

Fuente: Rafaela Informa