Judicial
Los argumentos de los abogados defensores: Intentaron evitar la prisión preventiva de los 8 policías
Luego del primer cuarto intermedio de la maratónica audiencia cautelar que se extendió por cinco horas y cuando ya habían expuesto las fiscales Korakis y Lema durante algo más de noventa minutos, llegó el turno de los abogados defensores.
En primer lugar fue el turno del defensor público Aníbal Caula, quien representa a los suboficiales Silvana S.; Juan Aurelio C.; María Itatí A.; Brian Emanuel G. y Carlos Agustín M. quien en principio daba cuenta que en su declaración, Anahí P., quien estaba detenida desde las 3:30am por orden de la fiscal Lema por otro hecho y que resulta testigo principal de la causa, se equivocó en varias oportunidades al mencionar que primer el golpeado había sido Cornejo cuando debió decir Flamenco; o que al pantalón se lo bajaron a Cornejo cuando en realidad era a Cornejo.
Agregó que, uno de los policías, Mauricio Leonardo O.; había salvado la vida de la víctima, presionando en la herida y que no lo dejaron tirado, como señalan desde Fiscalía al referir que todos huyeron del lugar.
Aníbal Caula indicó que el sujeto se había autolesionado, intentando tirarse por la ventana y que esto no es algo fuera de lo común en el ámbito carcelario. Agregó que, al dar aviso al fiscal Guillermo Loyola, en el llamado telefónico realizado a las 6:29 hs, éste no impartió orden alguna, sólo dijo que lo mantengan al tanto de la situación.
Remarcó que la testigo desde el calabozo no pudo haber visto nada de lo que relató; y que no existió entorpecimiento probatorio, como sostiene la otra parte, tampoco peligro de fuga.
Aportó que todos sus defendidos tienen vínculos familiares y arraigo y solicitó que se apliquen medidas alternativas para sus defendidos, que podrían ser: fijar domicilio y ponerse al cuidado de otra persona; prohibición de acercamiento a las víctimas; presentarse a prestar firma ante la autoridad pertinente; prohibición de salir del territorio santafesino. En algunos casos, agregó la posibilidad de que se apliquen arrestos domiciliarios.
Aníbal Caula advirtió que no debe mediar apresuramiento, que aún resta realizar pericias y continuar con el proceso de investigación. Indicó que existen versiones contrapuestas de algunas personas y que los sujetos que se encontraban detenidos tienen frondosos antecedentes penales y que aquí nos encontramos ante personas que se levantan todos los días para ir a trabajar.
Luego fue el turno de los abogados Raúl Domenella y Pablo Mosconi, que defienden a Federico Hernán M. En primer término, aseguraron que comparten las expresiones del abogado Caula, sosteniendo que las imputaciones del Ministerio Público de Acusación se basan en la testigo presencial, que las fiscales sostienen que se encontraba en el lugar de los hechos, pero una de las víctimas en entrevista había referido que ella se encontraba en el calabozo. Afirmaron que la mujer que se encontraba detenida incomunicada mintió y no es testigo presencial.
Hicieron referencia al prontuario policial de una de las víctimas (quien fue llevado a la sala contigua), mencionando que se encuentra implicado en muchas situaciones delictivas anteriores; agregaron que la mujer que se encontraba detenida también cuenta con ingresos anteriores en la Comisaría Tercera. Y también hicieron referencia al hecho de que Guillermo Loyola, al recibir el aviso mediante llamado telefónico, no impartió órdenes.
En este sentido, también mencionaron qué sentido tendría realizar tales actos de “tortura” (de acuerdo a la imputación de las fiscales) con una testigo presente en el hecho.
Hicieron referencia a un problema edilicio de la Comisaria en cuestión, expresando que se encontraban en la cocina comedor porque sólo hay un calabozo en el lugar, hasta que la dependencia se traslade a otro edificio. Entonces, al haber detenidos de distinto sexo, puesto que la detenida incomunicada estaba en el calabozo, debieron trasladarlos a ellos a la cocina comedor.
Manifestaron que tiene invalidez la imputación a su defendido, Federico Hernán M. y que no se verifica entorpecimiento probatorio. Indicaron que el hombre tiene arraigo, esposa, dos hijos, domicilio en Laguna Paiva y que no tiene antecedentes penales. Aseguraron que el hombre tiene un legajo con muchas felicitaciones por su conducta. Solicitaron medidas alternativas, entre ellas, abonar una caución; fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe, donde residen sus padres y disponerse al cuidado de ellos. Ratificaron su solicitud de libertad para su defendido o aplicación de las medidas alternativas señaladas.
En ese punto coincidieron también los defensores Domenella y Mosconi -representando al subcomisario Federico Hernán M. (subjefe a cargo en ese momento de la dependencia); y el Dr. Alejandro Leguizamón, defendiendo a Luciano Martín G. (jefe de la Comisaría quien se encontraba franco de servicio) y el suboficial Mauricio Leonardo O.
Finalmente, al turno del abogado Alejandro Leguizamón, que representa a Luciano Martín G. y a Mauricio Leonardo O, comenzó relatando que los sujetos se encontraban detenidos por un enfrentamiento entre dos grupos armados, pero desde fiscalía solicitaron objeción, a la que la Jueza María Cristina Fortunato dio lugar, por entender que éstos hechos no refieren a lo que se analiza en la audiencia de medida cautelar. Aportó que, gracias a la labor de Mauricio Leonardo O., la víctima herida de gravedad no perdió su vida. Aseguró que la versión de fiscalía no es cierta.
En este marco, explicó que Luciano Martín G. se encontraba de franco en el momento del hecho, pero en un “exceso de responsabilidad”, viajó a Sunchales, ya que se encontraba en Laguna Paiva. Leguizamón dijo que, al llegar, se anoticia de lo sucedido y de que, tras el aviso a Loyola, éste no había impartido orden por tratarse de un caso de autolesión.
Expresó que el hecho, como lo describen desde Fiscalía, no existió, por tanto, no hay existencia probatoria que pueda inculpar a sus defendidos. Aseguró que los dos tienen arraigo. Aportó que no existe peligro de fuga y que los sujetos deberían tener libertad, pero que, en todo caso, solicitan el arresto domiciliario.
Luego de las expresiones de todas las partes, tanto Fiscalía como la defensa tuvo oportunidad de ejercer el derecho a réplica.
Las representantes del Ministerio Público de Acusación indicaron que la defensa hizo lecturas erradas de las entrevistas, volvieron a leer algunas expresiones referidas a la mujer que se encontraba detenida incomunicada, donde advierten que se encontraba en el lugar y por tanto es una testigo presencial clave en el hecho; agregaron que la trasladaron al calabozo luego de que la víctima recibe el golpe fatal que hace que atraviese el vidrio del ventanal con su cuerpo.
Aseguraron que no existe evidencia para argumentar que se trata de una autolesión y refirieron que existió entorpecimiento probatorio durante toda la investigación.
«Apelaremos»
A la salida del edificio de Tribunales, el Dr. Pablo Mosconi, que junto a Raúl Domenella defienden al Subjefe de la dependencia, se mostró diconforme con la decisión de la jueza, aunque aclaró que deberán aguardar que se den a conocer los fundamentos para saber en qué basó Fortunato su decisión. Y agregó que con el resto de los profesionales que defienden a los demás imputados, ya acordaron que presentarán el escrito de apelación correspondiente para que el tema sea tratado por jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Quinta Circunscripción Judicial.
Referidos: Meridiano Digital – Rafaela Noticias – Diario Castellanos
Judicial
⚖️ Incidente con amenazas y daños en Sunchales: tres imputados quedaron en libertad con restricciones
Tres personas imputadas por amenazas y daños en una vivienda de Sunchales recuperaron la libertad tras una audiencia judicial, aunque deberán cumplir medidas restrictivas mientras avanza la investigación.
La decisión fue tomada por el juez penal Nicolás Stegmayer durante una audiencia realizada en la Oficina de Gestión de Audiencias del Distrito Judicial Nº 5 de Rafaela, luego de un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa para aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva.
Los imputados son Ana María L., Emerson Jesús C. D. y Candela Belén R., quienes estaban detenidos en el marco de una causa por amenazas simples y daño.
📍 Cómo se originó el conflicto
La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el 17 de febrero de 2026 en Sunchales, cuando los acusados habrían instigado a otra persona a subir al techo de una vivienda y cortar el caño del equipo exterior de aire acondicionado perteneciente a la familia A., provocando daños en su funcionamiento.
Horas más tarde, los involucrados se habrían presentado nuevamente en el mismo domicilio, donde también funciona un comercio, y allí se produjo un nuevo incidente con insultos y amenazas dirigidas a una de las víctimas.
⚠️ Empujones, amenazas e intento de agresión
De acuerdo con la imputación fiscal, durante el altercado Candela Belén R., habría empujado a una de las mujeres presentes e intentado agredirla con un casco. La situación fue frenada por un hombre que intervino en el momento, evitando que la agresión pasara a mayores.
Luego del episodio, los tres imputados continuaron profiriendo insultos y amenazas, presuntamente con la intención de amedrentar a las víctimas.
📑 La audiencia y las medidas impuestas
Durante la audiencia, el fiscal Juan Manuel Puig presentó la atribución de los hechos y las evidencias reunidas en la investigación, mientras que la defensa, representada por el abogado Carlos Luis Farías Demaldé, manifestó no tener objeciones y confirmó el acuerdo alcanzado.
Finalmente, el juez resolvió otorgar la libertad a los tres imputados, pero bajo una serie de condiciones:
- Fijar domicilio
- Prohibición de contacto con las víctimas
- Prohibición de acercarse a menos de 100 metros del domicilio
- Prohibición de portar armas
- Compromiso de no cometer nuevos delitos
De esta manera, L., D. y R. continuarán vinculados a la causa judicial, pero en libertad y bajo estrictas restricciones mientras se desarrolla el proceso. ⚖️
Por Móvil Quique con información de Rafaela Informa
Judicial
🚨 Condenan a un hombre a más de 8 años de prisión por abuso a una menor en zona rural de Suardi
Un hombre fue condenado a ocho años y seis meses de prisión efectiva por abusar sexualmente de la hija menor de edad de su pareja, en un hecho ocurrido en una zona rural cercana a Suardi, en el departamento San Cristóbal.
El condenado fue identificado como Alexis Damián Onysiv, quien además recibió pena por amenazas, daños y desobediencia a una medida judicial.
La sentencia fue dictada por el juez José Luis Estévez tras un juicio oral realizado en los tribunales de San Cristóbal, con la intervención de la fiscal Hemilce Fissore, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
⚖️ Abusos reiterados durante un año
Según expuso la fiscal durante el juicio, los abusos ocurrieron en reiteradas oportunidades durante aproximadamente un año, mientras el acusado convivía con la víctima y su madre en un establecimiento rural.
De acuerdo con la investigación, Onysiv aprovechaba los momentos en los que la madre de la niña salía a trabajar para cometer los ataques.
El último hecho se registró en abril de 2023, cuando la menor cursaba el último tramo de la escuela primaria.
🔪 Amenazas y violencia familiar
Durante el proceso judicial también se expuso un contexto de violencia familiar y de género.
La fiscal relató que el 13 de abril de 2023, luego de que la madre descubriera lo ocurrido, el hombre la amenazó de muerte con un cuchillo apoyado en el abdomen.
Tras ese episodio, la Justicia dictó una restricción de acercamiento al grupo familiar.
Sin embargo, el condenado violó esa medida, ya que volvió al domicilio, hostigó a la mujer y rompió el vidrio de la puerta principal con un golpe de puño.
📌 Los delitos por los que fue condenado
El tribunal condenó a Onysiv como autor de los delitos de:
- Abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia
- Amenazas
- Daño
- Desobediencia a un mandato judicial
La fiscal Fissore indicó que valoró la sentencia condenatoria, aunque adelantó que analizarán en detalle los fundamentos del fallo una vez que sean notificados oficialmente.
Por Móvil Quique con información de Radio Belgrano de Suardi
Judicial
⚖️ Intensa jornada judicial en Rafaela: tres audiencias clave entre apelaciones, nuevas imputaciones y una libertad con condiciones
Los tribunales de Rafaela tuvieron una mañana cargada de actividad judicial con tres audiencias vinculadas a distintas causas penales.
Hubo una apelación por prisión preventiva, una ampliación imputativa y una imputación que terminó con la liberación del acusado bajo estrictas reglas de conducta.
Las audiencias reflejan el avance de investigaciones en curso y el debate entre fiscalía y defensa sobre las medidas judiciales aplicadas.
🔒 Apelación por la prisión preventiva de Luis Héctor Dimeglio
En primer lugar, se realizó una audiencia de revisión sobre la situación de Luis Héctor Dimeglio, quien permanece detenido en la cárcel de Unidad Penitenciaria de Coronda.
La defensa, encabezada por Luis Carlos Rittiner, volvió a plantear la incompetencia de la justicia provincial, solicitando que la causa pase a la órbita de la justicia federal.
Además, argumentó que la prisión preventiva se ha extendido demasiado tiempo y cuestionó el avance de la investigación, señalando que aún restan pericias importantes sobre material secuestrado.
Por su parte, el fiscal adjunto de San Cristóbal, Mauricio Espinoza, pidió confirmar la resolución que mantiene la detención, destacando la complejidad de la causa, la cantidad de personas involucradas y los riesgos procesales.
📌 La decisión final quedó ahora en manos del tribunal revisor, que deberá resolver la apelación.
📄 Ampliaron la imputación contra David Josué Sánchez
Luego se llevó adelante una audiencia de ampliación imputativa contra David Josué Sánchez, investigado por delitos contra la propiedad.
Durante la audiencia, la fiscalía sumó nuevos hechos a la causa, vinculados a un episodio ocurrido el 6 de marzo de 2025, cuando una intervención del Comando Radioeléctrico derivó en su aprehensión.
Entre las pruebas incorporadas se mencionaron:
- El secuestro de un hierro oxidado de aproximadamente 75 centímetros
- Registros del procedimiento policial
- Entrevistas y testimonios
- Constancias médicas por lesiones registradas durante el hecho
El acusado fue informado de sus derechos y decidió no declarar, mientras que la defensa no presentó objeciones en esta etapa, aunque anticipó que podría discutir la calificación legal más adelante.
🚔 Imputación en Ataliva y libertad con reglas de conducta
La tercera audiencia tuvo como protagonista a Tomás Alejandro Martínez, de 24 años, oriundo de Ataliva.
La fiscalía le atribuyó dos hechos distintos:
1️⃣ Un intento de hurto en un predio de la Empresa Provincial de la Energía, donde habría ingresado tras escalar un tapial con la intención de robar rollos de cable de aluminio.
2️⃣ Un segundo episodio en un kiosco de la localidad, donde se investigan lesiones y amenazas tras un altercado.
Durante la audiencia también surgió una discusión administrativa sobre la correcta identificación del acusado, ya que se mencionó un apodo con el que sería conocido.
Tras la imputación, el joven decidió no declarar y finalmente el juez dispuso su libertad bajo reglas de conducta.
Entre las condiciones impuestas se encuentran:
- Fijar domicilio en Ataliva
- Quedar bajo el cuidado de su madre
- No tener contacto ni acercarse a una de las víctimas
⚠️ La Justicia advirtió que si incumple estas condiciones podría enfrentar nuevas medidas cautelares, incluida la prisión preventiva.
📍 De esta manera, la jornada judicial en Rafaela dejó tres audiencias con resultados diferentes, desde una apelación por una prisión preventiva hasta nuevas imputaciones y una libertad condicionada.
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