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Piden medidas para descomprimir el numero de alojados en la Alcaidía

Además, solicitan «mejorar las condiciones de salud y seguridad». Por otro lado, se cubra las vacantes existentes en el fuero penal y de menores de la Quinta Circunscripción Judicial.

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Foto ilustrativa de archivo internet

En la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, a los 23 días del mes de diciembre de 2022, se reunieron en acuerdo la Señora Jueza y los Señores Jueces Penales reunidos en Colegio Pleno de la Quinta Circunscripción Judicial, con la asistencia del Director de la Oficina de Gestión Judicial y la actuaria que certifica, a los fines de tratar:

1- Situación de alojamiento de las personas privadas de libertad en la Alcaidía de la Unidad Regional V de la Policía de la Provincia de Santa Fe con asiento en la ciudad de Rafaela.

2- La necesidad de cobertura de las vacantes existentes de dos cargos que a pesar de contar con un concurso finalizado y un orden de mérito remitido por el Consejo de la Magistratura aún no han sido remitidos pliegos resintiéndose con ello el servicio de justicia en la Circunscripción.

3- Elección de autoridades de esta Circunscripción Judicial.

En relación al primer tema, expusieron que en distintas audiencias llevadas a cabo, tanto en primera- como en segunda instancia, relativas a prisión preventiva y acciones de habeas corpus atinentes a las condiciones de privación de libertad de personas alojadas en la Alcaidía local, ha surgido de los diferentes planteos y situaciones relatadas respecto al excesivo número de alojados privados de su libertad y el escaso espacio con que se cuenta para ello excediendo el cupo de alojados y alojadas, como así también respecto a las condiciones de salubridad e higiene que el lugar presenta.

Asimismo, que «teniendo en cuenta la situación descripta indudablemente nos plantea circunstancias que no se ajustarían a los parámetros exigidos tanto por la normativa nacional e internacional, como así tampoco de los lineamientos jurisprudenciales que han fijado lineamientos sobre el tema».

Por otra parte, reiteradamente este Colegio de Jueces ha expuesto y tratado la coyuntura de superpoblación carcelaria que excedían el cupo oportunamente establecido, como así también las condiciones de detención de los detenidos exhortando a que se adopten medidas para subsanar esta situación.

Debido a los acontecimientos de los últimos días «nos vemos en la obligación de solicitar, reiterando comunicaciones anteriores, a las autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía de la Provincia a que en un plazo prudencial se adopten las medidas necesarias para adecuar el número de alojados conforme al cupo oportunamente fijado, como así también a mejorar las condiciones de salud y seguridad de la Alcaidía de esta ciudad y de las diversas dependencias habilitadas para tal fin en esta Circunscripción Judicial».

Por otro lado, solicitan la urgente cobertura de las vacantes existentes en el fuero penal y de menores de la Quinta Circunscripción Judicial. Fundamentando que quedan aún dos vacantes con respaldo presupuestario en el Colegio de Jueces de Primera Instancia, ambos cargos con asiento en el Distrito Judicial N° 10, en un caso sin cobertura desde hace más de un lustro (por traslado, desde fines de 2016) y el otro desde hace más de un año (por jubilación).

Finalmente, eligieron por unanimidad para el año 2023 al Dr. Matías Drivet como Presidente del Colegio Pleno, al Dr. Javier Bottero como Vicepresidente, quienes a su vez asumirán el cargo de Juez Coordinador de la Segunda y Primera Instancia respectivamente.

Fuente: Rafaela Noticias

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Ceres: condenaron a 13 años de prisión a un hombre por intentar matar a su expareja

Jorge Oscar Peralta fue declarado culpable de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El ataque ocurrió en abril de 2024 y la condena se conoció luego de un juicio por jurados realizado en San Cristóbal.

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Foto: Condena por tentativa de femicidio en Ceres

Un hombre de 43 años, identificado como Jorge Oscar Peralta, fue condenado a 13 años de prisión por intentar matar a su expareja en la ciudad de Ceres.

La pena fue impuesta por el juez Javier Bottero durante una audiencia de cesura realizada en los tribunales de San Cristóbal. La instancia se llevó adelante luego de que un jurado popular lo declarara culpable el pasado 29 de octubre.

El delito por el que fue condenado es tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

La intervención de la Fiscalía

La acusación estuvo a cargo de la fiscal Hemilce Fissore, en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Durante la audiencia, tanto la Fiscalía como la Defensa presentaron sus alegatos finales y solicitaron los montos de pena correspondientes.

El juez Bottero informó que dará a conocer los fundamentos de la sentencia en los próximos días.

El ataque ocurrió en abril de 2024

El hecho juzgado ocurrió el sábado 13 de abril de 2024, alrededor de las 21, en una vivienda de calle Vera Mujica al 500, en Ceres.

De acuerdo con la investigación judicial, la relación de pareja y la convivencia habían terminado, pero el hombre continuaba hostigando a la mujer.

En esa oportunidad, la agredió reiteradamente con un cuchillo y le provocó múltiples heridas cortopunzantes. La víctima logró escapar de la vivienda, pedir ayuda y recibir atención médica, lo que permitió salvarle la vida.

La condena de 13 años fue establecida después del veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular.

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Condenaron a ocho años de prisión a un violinista de Esperanza por la muerte de un motociclista

Emiliano Nicolás Billoud fue declarado culpable de homicidio simple por un accidente ocurrido en septiembre de 2023. La Fiscalía había solicitado una pena de 10 años. Como la sentencia todavía no está firme, el condenado continuará en libertad mientras puedan presentarse apelaciones.

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Foto: Condenaron a un músico de Esperanza por un accidente fatal

La Justicia condenó a ocho años de prisión a Emiliano Nicolás Billoud, un músico de 29 años de Esperanza, por la muerte de Sebastián Nagel, quien falleció tras un choque ocurrido en septiembre de 2023.

El fallo fue dictado este martes en los tribunales de Santa Fe, luego de un juicio oral. La jueza penal Susana Luna declaró a Billoud autor penalmente responsable del delito de homicidio simple.

El accidente ocurrió en septiembre de 2023

El siniestro se produjo cerca de las 5 de la madrugada del 23 de septiembre de 2023, en la intersección de las calles Moreno y Cullen, en Esperanza.

De acuerdo con la reconstrucción presentada en el proceso, Billoud conducía un automóvil Honda blanco cuando impactó contra la motocicleta en la que circulaba Nagel, quien regresaba de su trabajo.

Como consecuencia del choque, el motociclista fue arrastrado por el automóvil durante aproximadamente 50 metros y falleció.

La Fiscalía había pedido 10 años de prisión

Durante sus alegatos, los fiscales Alejandro Benítez y Matías Pallud solicitaron una condena de 10 años de prisión.

Entre los elementos considerados por la Fiscalía se mencionaron la velocidad a la que circulaba el automóvil, estimada por un perito entre 80 y 90 kilómetros por hora, y el resultado del análisis de alcoholemia, que indicó 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre.

La pena finalmente impuesta fue de ocho años.

Por ahora continuará en libertad

Aunque fue condenado, Billoud no irá a prisión por el momento debido a que la sentencia no está firme y puede ser recurrida por su defensa, integrada por los abogados Pedro Búsico y María Eugenia Campillay.

También resta conocer si la Fiscalía apelará el fallo, ya que había solicitado una pena superior.

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La fiscalía no encontró pruebas suficientes de enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, pero pidió investigar posibles irregularidades tributarias

El fiscal Gerardo Pollicita consideró que no hay elementos suficientes para sostener que el patrimonio del funcionario aumentó injustificadamente durante su gestión. Sin embargo, detectó indicios de posibles bienes e ingresos no declarados y solicitó que el expediente pase a la Justicia Penal Económica.

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Foto: Javier Milei junto a Manuel Adorni.

La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni tomó un nuevo rumbo. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa deje de tramitarse como un presunto caso de enriquecimiento ilícito y sea enviada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para analizar posibles irregularidades tributarias.

El planteo se basa en que las pruebas reunidas hasta el momento no permiten sostener que el funcionario haya registrado un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de su cargo público. No obstante, la Fiscalía considera que existen indicios de ingresos, dólares en efectivo y criptoactivos que podrían haber permanecido sin declarar durante años.

La decisión todavía no está tomada: el juez federal Ariel Lijo deberá resolver si acepta el pedido y dispone el traslado del expediente. La solicitud tampoco significa un sobreseimiento ni el cierre de la investigación.

La explicación de Adorni sobre sus inversiones en Bitcoin

La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y examinó la evolución patrimonial de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

Durante ese período, la Fiscalía identificó gastos por US$402.578,12, de los cuales US$374.081,66 se habrían abonado en efectivo. También detectó una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas relevados.

Ante los requerimientos judiciales, la defensa del funcionario sostuvo que los fondos cuestionados provenían de una inversión en Bitcoin realizada antes de su llegada al Gobierno.

Según esa explicación, Adorni habría operado entre 2014 y 2018 con ocho direcciones de autocustodia, en las que invirtió cerca de US$200.000. Posteriormente, habría vendido esos activos por US$591.544,61 y conservado el dinero en efectivo.

Pollicita consideró que esa versión no pudo ser refutada con las pruebas disponibles. Una verificación criptográfica confirmó que las direcciones presentadas registraron actividad entre 2014 y 2018 y que, al momento del análisis, las claves privadas estaban bajo control de la defensa.

Sin embargo, el informe técnico de la Policía Federal aclaró que la tecnología blockchain no permite determinar quién controlaba esas billeteras en una fecha específica ni desde cuándo tenía acceso a las claves.

Los gastos, las propiedades y los pagos en efectivo

Entre las operaciones analizadas figuran la compra de un lote en el country Indio Cuá, las reformas de esa vivienda, la adquisición de un departamento en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares.

La propiedad de Indio Cuá fue escriturada en noviembre de 2024 por US$120.000, más US$5.000 correspondientes al ingreso al barrio privado. Para financiarla, el matrimonio habría tomado un préstamo privado de US$100.000 y completado el resto con dinero en efectivo.

También quedaron bajo análisis las refacciones. El contratista Matías Tabar declaró haber cobrado US$245.000 en efectivo y sin facturas, mientras que Adorni sostuvo que las obras costaron US$175.000.

En noviembre de 2025 se concretó otra adquisición: un departamento con cochera en el barrio porteño de Caballito, por US$230.000. Según la documentación incorporada al expediente, parte del monto se habría pagado en efectivo y el resto mediante una hipoteca privada.

La posible evasión tributaria pasa al centro de la investigación

Aunque el fiscal consideró que no hay elementos suficientes para sostener el enriquecimiento ilícito investigado, advirtió sobre posibles irregularidades impositivas.

Entre los puntos que pidió analizar se encuentran los ingresos utilizados para comprar Bitcoin, la posterior venta de esos activos, la tenencia de moneda extranjera sin declarar y otras operaciones con criptomonedas.

También señaló diferencias entre la información presentada ante Binance y la declarada ante organismos públicos, además de contratos de préstamos cuya entrega efectiva de dinero no habría sido acreditada.

Por ese motivo, solicitó que la Justicia Penal Económica determine si existió evasión en los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales.

El fiscal también pidió que se investiguen determinadas operaciones inmobiliarias y comerciales en las que habrían intervenido desarrolladores, un contratista y una escribana.

Ahora será el juez Ariel Lijo quien deberá decidir si la causa cambia de fuero. Mientras tanto, la investigación continúa y las posibles irregularidades tributarias deberán ser examinadas por la Justicia.

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