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Piden prisión preventiva para L-Gante

La fiscal de la causa considera que el cantante podría obstruir la investigación. Está imputado por amenazas y privación ilegal de la libertad de dos personas.

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Foto ilustrativa de Internet

La fiscal Alejandra Rodríguez que interviene en la causa por amenazas y privación ilegal de la libertad de dos personas por la que fue detenido Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, pedirá la prisión preventiva del cantante al considerar que puede obstuitr la investigación.

L-Gante fue trasladado este jueves a la mañana hacia la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de General Rodríguez, donde espera para ser indagado.

Al cantante se le imputan los delitos de “secuestro agravado por el uso de arma de fuego y amenazas coactivas” por los que podría recibir una pena entre 5 y 20 años de prisión.

La fiscal pediría la prisión preventiva para que L-Gante “no entorpezca la investigación porque tiene los medios y el poder económico para hacerlo, y controla a casi la totalidad de los vecinos del barrio”, sostuvo Diego Gabriele en C5N.

Según el periodista, ayer “la familia de L-Gante se reunió con Rosa, la mujer de 53 años que es testigo clave porque estaba en la camioneta en la cual el denunciante fue secuestrado y es por quien inicia todo, porque le piden a ‘La Mafilia’ que dejen de hacer maniobras peligrosas porque casi la atropellan”.

Además, Gabriele agregó que el cantante «puede fugarse» debido a la cantidad de años de prisión que le podrían dar.

L-Gante fue detenido el martes en un country del partido bonaerense de Moreno acusado de haber amenazado y privado de la libertad en mayo pasado a un joven tras una pelea a la salida de un boliche en General Rodríguez.

Con las pruebas reunidas tras los allanamientos, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo del juez Gabriel Castro, y el cantante fue alojado en una celda de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes.

Los detalles de la acusación a L-Gante

La investigación se inició el 27 de mayo tras una denuncia de un joven, identificado como Gastón Torres, vecino de la familia del artista que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez.

En esa ocasión, el denunciante dijo ante la fiscal Rodríguez que, a la salida de un boliche hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada banda «La Maflia», el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.

Según las fuentes, minutos después estas personas fueron hasta su domicilio y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia.

A raíz de ello, miembros de la Guardia Urbana de Protección Ciudadana del Municipio de General Rodríguez llegaron al lugar para separar e identificar a los agresores.

De acuerdo a la acusación, luego L-Gante lo amenazó e intimidó con un arma de fuego y lo obligó a subir a un auto junto con otra víctima.

Según la denuncia, el cantante privó ilegítimamente de la libertad a las víctimas para que hablen con el fin de que no detengan a su «gente», refiriéndose a los integrantes de la «cumbia 420».

«Liberame a los pibes o al que llevo acá atrás lo hago boleta”, hhabría dicho L-Gante y luego habría agregado: «Llamá a alguien para que liberen a mi gente o te hago boleta, te voy a matar a tu familia”.

A modo de pruebas, las cámaras de seguridad coinciden con lo denunciado por la víctima.

Fuente: Minuto Uno

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“La cárcel me ayudó a conocer gente pesada”: condenaron a un sunchalense por amenazar a quien testificó en su contra

Iván Marcomini estaba cumpliendo una pena por homicidio, pero en una de sus salidas transitorias amenazó a una mujer. El hecho ocurrió en 2022 y hoy fue condenado en un juicio abreviado.

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Foto: Ilustrativa

La mañana de este martes, en los Tribunales de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia de juicio abreviado, donde se condenó a Iván Marcomini a la pena de 4 años de cárcel de cumplimiento efectivo, luego de que aceptase ser el culpable del delito de amenazas y coacción calificada, en un hecho registrado en la ciudad de Sunchales, en agosto del 2022. Por registrar condenas anteriores, la pena impuesta se unificó en una única pena de 24 años de cumplimiento efectivo.

El Tribunal estuvo conformado por los jueces Javier Bottero, Juan Gabriel Peralta y José Luis Estevez, quienes avalaron el acuerdo al que arribó la Fiscalía y la Defensa del imputado. Rafaela Noticias, único medio en la sala.

Según explicó el Fiscal Guillermo Loyola (que reemplazó a la Dra. Gabriela Lema en esta presentación), Marcomini amedrentó a una mujer que había declarado en su contra en una causa por abuso sexual contra una menor de edad que lo tenía como implicado.

La tarde del 20 de agosto del 2022, el ahora condenado llegó hasta la vivienda de la víctima, aprovechando una de las salidas transitorias de las que estaba gozando, en el marco de una condena por homicidio que cumplía desde el 2008.

En ese contexto, amenazó a su interlocutora asegurando que, durante su encierro, había entablado relaciones con “gente pesada de Buenos Aires y Córdoba”, deslizando la posibilidad de que pudieran hacerle daño por haber testificado en contra suyo e infundiéndole temor.

El acuerdo alcanzado entre las partes fijó como única pena la de 24 años de cumplimiento efectivo: Primero había sido condenado en 2008 a 15 años por el delito de homicidio calificado, luego se le unificó en 20 años con otra de 8 por robo, agregándosele ahora la de 4 años y declarándolo reincidente.

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Prisión preventiva a un sunchalense por Robo y amenazas

Lo decidió el Juez de la IPP Javier Bottero haciendo lugar a lo requerido por el fiscal Guillermo Loyola. La medida fue adoptada por el término de 60 días.

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Foto: La medida fue adoptada por el término de 60 días.

En horas de la mañana de este lunes y mediante la aplicación Zoom, se desarrolló una audiencia de medidas cautelares presidida por el Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Javier Bottero y solicitada por el fiscal Guillermo Loyola, quien acusó a Leandro R., alías Pitío, de 33 años de edad, nacido en Rosario pero ahora afincado en la ciudad de Sunchales, de los delitos de Robo y amenazas, hecho ocurrido el pasado 30 de octubre en una vivienda de calle Joaquín V. González de la vecina población.

Tras las presentaciones correspondientes tomó la palabra el representante del MPA quien anticipó que iba a solicitar la prisión preventiva sin plazos del encartado al entender que se cumplimentaban los tres incisos del Art. 220 del Código Procesal Penal que hacen referencia a la responsabilidad del acusado en el delito investigado; que la pena en expectativa sea de cumplimiento efectivo en caso de ser condenado (y ésto seráasí ya que el sujeto tiene condenas anteriores y además la última vez que lo dejaron preso lo declararon reincidente); y que exista riesgo de fuga o de entorpecimiento probatorio). Luego Loyola relató lo que presumiblemente ocurrió ese día 30 de octubre de 2024 alrededor de las 10 de la mañana donde el acusado -que es representado legalmente por el Dr. Aníbal Caula del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal- ingresó a la vivienda de calle Joaquín V. González tras forzar aberturas y aprovechando que no había gente en la propiedad se llevó, entre otras cosas, un disco externo, un pen drive, un televisor de 40 pulgadas, auriculares inalámbricos, dos celulares, frazadas, varios anillos y cadenas. Destacó también que al momento de ser aprehendido por personal policial, el sujeto lanzó severas amenazas contra los uniformados y también contra las víctimas al mencionar que les iba a prender fuego a los móviles y también la casa de las personas que lo habían denunciado.

También hizo referencia el fiscal a las condenas anteriores de Leandro R. y aunque no hubo muchas precisiones respecto del riesgo de fuga, sí entendió Loyola que podía haber entorpecimiento probatorio toda vez que el sujeto vive a pocas cuadras de la casa de las víctimas y ya profirió serias amenazas no sólo contra el personal policial, sino también con las personas que sufrieron el ilícito.

El defensor

A su turno el Defensor público Aníbal Caula señaló que en realidad nadie había observado al imputado entrando y saliendo de la vivienda asaltada y que sólo había comentarios pero sin demasiados asideros respecto de que ‘Pitío? había estado ofreciendo a la venta elementos que había sustraído desde la vivienda de calle Joaquín V. González, por lo que solicitó que se le otorgara la libertad bajo el cumplimiento de medidas alternativas.

El Juez

Finalmente el magistrado -tras dar las explicaciones correspondientes y fundamentando cada una de las circunstancias que rodearon el hecho, decidió aplicar una prisión preventiva con plazo, por el término de sesenta días, instando al fiscal a profundizar la investigación y a obtener relatos certeros respecto de las personas a las que ‘Pitío? le habría ofrecido venderle las cosas que había robado, aún cuando éstos fueran menores de edad.

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Crimen de Gaitán en Rafaela: Le asestó una puñalada en la región abdominal y le causó la muerte

Confirmaron en segunda instancia la prisión preventiva del hombre acusado por el homicidio de Nahuel Agustín Gaitán cometido en Rafaela

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Foto: lugar donde ocurrió el hecho

Se trata de CMM de 28 años, a quien se le atribuyó la autoría fue imputado como autor del delito cometido el 3 de junio de este año. Con esta resolución, el imputado deberá continuar privado de su libertad. La investigación está a cargo del fiscal Martín Castellano.

Un hombre de 28 años cuyas iniciales son CMM continuará en prisión preventiva en el marco de la investigación penal que tramita en la Fiscalía Regional 5 por el homicidio de Nahuel Agustín Gaitán cometido el 3 de junio de este año en Rafaela (departamento Castellanos)

Así fue resuelto por el camarista Cristian Fiz, quien confirmó la medida cautelar impuesta por el juez Nicolás Stegmayer en primera instancia.

En el recurso presentado por la Defensa en segundo instancia, solicitaba medidas alternativas no privativas de la libertad para el imputado. Sin embargo, el camarista las rechazó, hizo lugar a lo planteado por la Fiscalía y mantuvo la medida cautelar por el plazo de ley como se venía cumpliendo hasta ahora.

El fiscal que está a cargo de la investigación y que representó al MPA en la audiencia de apelación es Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5.

Peligros procesales

Castellano sostuvo que “Fiz coincidió con la Fiscalía en que las evidencias que presentamos en la audiencia de medidas cautelares fueron suficientes para tener por acreditada la materialidad y la participación del imputado en el hecho ilícito”.

En relación con la eventual pena en expectativa, el fiscal manifestó que “el camarista también estuvo de acuerdo con el encuadramiento que realizamos desde el MPA, razón por la cual consideró que la prisión preventiva es proporcional con la calificación legal jurídica que definimos”.

“El juez de segunda instancia también consideró que en materia de riesgos procesales, quedó configurada la posibilidad de que el caso se encamine hacia una pena alta y esa circunstancia constituye un criterio establecido para proyectar consecuencias sobre el proceso en marcha”, puntualizó Castellano.

También destacó que “en relación con el entorpecimiento probatorio, Fiz destacó que existen elementos suficientes como para configurar un riesgo que no puede ser conjurado de otro modo que con la prisión preventiva del imputado, adquiriendo relevancia en este sentido el tenor de los hechos descriptos en la imputación del MPA, la carga de violencia y desprecio por la vida de la víctima y el uso de un arma por parte del imputado”.

“Existe una clara necesidad de consolidar tranquilidad a los testigos para que se concrete la investigación en un tiempo breve y puedan declarar de manera libre en un eventual juicio oral”, agregó con respecto a los fundamentos del juez.

Castellano finalizó diciendo que “el magistrado, por esas razones, consideró que las medidas alternativas sugeridas por la defensa no eran suficientes para neutralizar el peligro expuesto”.

Con un cuchillo

Castellano recordó que “el homicidio fue cometido entre las 21:00 y las 21:22 aproximadamente del lunes 3 de junio pasado, cuando el hombre investigado fue al encuentro de Gaitán que estaba escondido en una zona de pastizales y árboles bajos a la vera de un camino de tierra que conducía al asentamiento denominado Villa del Parque”.

El fiscal narró que “en ese lugar, la víctima se había quedado esperando a un amigo que había ido a comprar estupefacientes a ese asentamiento, lugar al que no quería acercarse debido a que allí estaba el imputado, con quien mantenía conflictos personales previos”.

Agregó el funcionario que “no obstante ello, el imputado supo de la presencia de Gaitán, hacia quien se dirigió con un cuchillo de entre 20 y 30 centímetros de largo y con clara intención y voluntad de provocar la muerte de la víctima, le asestó una puñalada en la región abdominal, herida con la gravedad suficiente que provocó su fallecimiento momentos después a pocos metros del lugar de la agresión”.

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