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Judicial

Piden prisión preventiva para L-Gante

La fiscal de la causa considera que el cantante podría obstruir la investigación. Está imputado por amenazas y privación ilegal de la libertad de dos personas.

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Foto ilustrativa de Internet

La fiscal Alejandra Rodríguez que interviene en la causa por amenazas y privación ilegal de la libertad de dos personas por la que fue detenido Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, pedirá la prisión preventiva del cantante al considerar que puede obstuitr la investigación.

L-Gante fue trasladado este jueves a la mañana hacia la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de General Rodríguez, donde espera para ser indagado.

Al cantante se le imputan los delitos de “secuestro agravado por el uso de arma de fuego y amenazas coactivas” por los que podría recibir una pena entre 5 y 20 años de prisión.

La fiscal pediría la prisión preventiva para que L-Gante “no entorpezca la investigación porque tiene los medios y el poder económico para hacerlo, y controla a casi la totalidad de los vecinos del barrio”, sostuvo Diego Gabriele en C5N.

Según el periodista, ayer “la familia de L-Gante se reunió con Rosa, la mujer de 53 años que es testigo clave porque estaba en la camioneta en la cual el denunciante fue secuestrado y es por quien inicia todo, porque le piden a ‘La Mafilia’ que dejen de hacer maniobras peligrosas porque casi la atropellan”.

Además, Gabriele agregó que el cantante «puede fugarse» debido a la cantidad de años de prisión que le podrían dar.

L-Gante fue detenido el martes en un country del partido bonaerense de Moreno acusado de haber amenazado y privado de la libertad en mayo pasado a un joven tras una pelea a la salida de un boliche en General Rodríguez.

Con las pruebas reunidas tras los allanamientos, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo del juez Gabriel Castro, y el cantante fue alojado en una celda de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes.

Los detalles de la acusación a L-Gante

La investigación se inició el 27 de mayo tras una denuncia de un joven, identificado como Gastón Torres, vecino de la familia del artista que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez.

En esa ocasión, el denunciante dijo ante la fiscal Rodríguez que, a la salida de un boliche hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada banda «La Maflia», el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.

Según las fuentes, minutos después estas personas fueron hasta su domicilio y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia.

A raíz de ello, miembros de la Guardia Urbana de Protección Ciudadana del Municipio de General Rodríguez llegaron al lugar para separar e identificar a los agresores.

De acuerdo a la acusación, luego L-Gante lo amenazó e intimidó con un arma de fuego y lo obligó a subir a un auto junto con otra víctima.

Según la denuncia, el cantante privó ilegítimamente de la libertad a las víctimas para que hablen con el fin de que no detengan a su «gente», refiriéndose a los integrantes de la «cumbia 420».

«Liberame a los pibes o al que llevo acá atrás lo hago boleta”, hhabría dicho L-Gante y luego habría agregado: «Llamá a alguien para que liberen a mi gente o te hago boleta, te voy a matar a tu familia”.

A modo de pruebas, las cámaras de seguridad coinciden con lo denunciado por la víctima.

Fuente: Minuto Uno

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Judicial

Sunchales: imputaron a un joven por dos robos, uno de ellos con extrema violencia

En la mañana del martes, se llevó adelante en Sunchales una audiencia imputativa solicitada por el fiscal Juan Manuel Puig, en la que se acusó a Valentín Daniel J., de 18 años, por su presunta intervención en dos robos cometidos en distintos momentos.

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Foto: Ilustrativa

El primero de los hechos ocurrió el pasado 8 de abril, cuando el joven ingresó junto a un cómplice a una vivienda en calle Leguizamón. Tras forzar una abertura, lograron llevarse una mochila, ropa, auriculares, un parlante, un reloj y una suma considerable de dinero en efectivo.

El segundo episodio data del 25 de agosto de 2024. En esa oportunidad, interceptaron a un hombre que había detenido su motocicleta frente a un kiosco. Sin mediar palabras, lo golpearon fuertemente y le sustrajeron el teléfono celular. La víctima, no conforme, decidió seguir a los agresores y los vio entrar a una vivienda. Al ingresar, fue recibido por la dueña de casa, quien reconoció a los jóvenes. En medio de un forcejeo, logró recuperar el celular y devolvérselo a su dueño. No obstante, antes de retirarse, los agresores volvieron a golpear al hombre y finalmente escaparon con el mismo teléfono que habían robado.

El proceso judicial continúa, mientras se evalúa la situación procesal del imputado y su posible responsabilidad penal en ambos hechos.

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Judicial

Confirmaron la prisión preventiva de un acusado por intento de homicidio en Sunchales

El hecho ocurrió en octubre de 2024, cuando un hombre atacó con una cuchilla tipo carnicero a otro vecino, provocándole heridas graves. La Justicia rechazó el pedido de libertad y ratificó que existen riesgos procesales.

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Foto: Confirmaron la prisión preventiva de un acusado por intento de homicidio en Sunchales

Confirmaron en segunda instancia la prisión preventiva impuesta a un hombre de 27 años al que se investiga como autor de una tentativa de homicidio cometida en Sunchales. La resolución fue tomada por el camarista Cristian Fiz en el marco de una audiencia de apelación a raíz de un recurso presentado por la Defensa del imputado.

El fiscal que investiga el hecho ilícito cometido en octubre del año pasado es Martín Castellano, de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5. El funcionario judicial también representó al MPA en la audiencia de segunda instancia.

“El camarista entendió que las evidencias aportadas por la Fiscalía y la dinámica en que ocurrió el hecho investigado eran suficientes para tener por acreditada la calificación legal de homicidio en grado de tentativa”, remarcó Castellano. “En particular, el juez de segunda instancia refirió a la utilización de un elemento lesivo como un cuchillo, a las zonas del cuerpo en las que apuñaló a la víctima y al riesgo de vida que provocó con su ataque”, agregó.

Castellano también hizo hincapié en que “en su resolución, Fiz sostuvo que existen riesgos procesales” y destacó que “el magistrado se centró en el entorpecimiento probatorio y consideró que era necesario resguardar la integridad de víctima y de los testigos para el juicio oral”. En tal sentido, el fiscal del MPA subrayó que “rechazó las medidas alternativas propuestas por la Defensa porque entendió que no eran suficientes ni idóneas”.

Cuchilla de carnicero

La tentativa de homicidio que investiga Castellano fue cometida alrededor de las 20:00 del miércoles 16 de octubre. “El imputado fue a calle Triunvirato al 1.800 donde inició una discusión con una mujer y sus hijos por la venta de una bicicleta”, relató el fiscal y añadió que “en esas circunstancias, el hombre que resultó víctima, intercedió para separar a los involucrados en el conflicto”.

Castellano sostuvo que “el imputado le asestó varios puntazos con una cuchilla tipo carnicero en diferentes partes del cuerpo”, y remarcó que “a pesar de que la víctima había caído al piso, el imputo siguió atacándolo con la clara intención y voluntad de provocar su muerte”.

El representante del MPA concluyó que “el imputado no logró consumar el hecho ilícito por razones ajenas a su voluntad, no solo por la intervención de otras personas que detuvieron la agresión, sino también por la oportuna atención médica que recibió la víctima”.

Calificación penal

Al hombre de 27 años se lo investiga como autor del delito de tentativa de homicidio doloso.

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Judicial

Confirman el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género y podrá ser enviado a juicio oral

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género y dejó al ex presidente en condiciones de ser enviado a juicio oral.

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Foto: Alberto Fernández y Fabiola Yañez (NA)

La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por violencia de género hacia la ex primera dama Fabiola Yañez, en una decisión que lo dejó en condiciones de ser enviado a juicio oral.

La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, y la disidencia de Roberto Boico, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Fernández quedó con procesamiento confirmado por «lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas».

También se confirmó un embargo de 10.000.000 de pesos sobre los bienes del exmandatario y se desestimaron los planteos de nulidad promovidos por su defensa.

«Es probable que los delitos se hayan cometido del modo en que fueron descriptos por las partes acusadoras», afirmó el juez Martín Irurzun en la resolución, de 82 carillas.

Los hechos «sucedieron en un ámbito muy especial (la Quinta Presidencial de Olivos), fuertemente custodiado por funcionarios federales bajo el mando de Fernández», advirtió Irurzun.

«Se ha establecido que, forzada por la naturaleza de su relación, la víctima tuvo que practicar una suerte de reclusión en un espacio para huéspedes de la residencia. También que tenía un alto grado de aislamiento -fue auxiliada por familiares directos que declararon en la causa-. Valorar en su justa dimensión este contexto es fundamental», concluyó al confirmar el procesamiento.

Yañez «era alguien que notoriamente estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja, con relación a su victimario», agrega la sentencia.

En un contexto así, «por imperio del sentido común más básico, es razonable presumir que, en ese momento, no guió a sus acciones otra finalidad que pedir algún modo de auxilio sobre una situación que, efectivamente, había pasado, estaba pasando y, evidentemente, seguiría pasando», advirtió el juez.

La Cámara confirmó lo que había resuelto el juez federal Julián Ercolini, con intervención de la fiscalía de Ramiro González.

En disidencia, el camarista Boico votó en minoría por dictar la falta de mérito y pedir una profundización de la pesquisa.

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