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Procesaron a Pantera, Sayago y Malagueño por la desaparición de Maxi Sosa

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Procesaron a Pantera, Sayago y Malagueño por la desaparición de Maxi Sosa. El Juez los acusa de haberlo entregado a una red de Trata.

Se trata de Patricia Sayago, su pareja Ariel Malagueño y el recientemente detenido, Pablo Americo Pineda, alias “Pantera”. Todos acusados de entregar al pequeño de tres años a una red de trata de personas.

El juez federal de la ciudad de Rafaela, Miguel Abásolo, procesó a los tres imputados que tiene la causa que investiga la desaparición de Maximiliano Sosa, el niño que desapareció de la casa de su abuela entre el 18 y 21 diciembre del 2015 y que desde entonces nada se sabe sobre su actual paradero.

La reciente medida, que fue resuelta el pasado 22 de octubre, apunta a los ya imputados en el inicio de la investigación -cuando la causa se tramitó en la Justicia provincial-, Patricia Sayago (43) y su pareja Ariel Malagueño (39), y al recientemente detenido por la Policía Federal, el pasado 25 de octubre, Pablo Americo Pinedo (60), alias “Pantera”. Todos  procesados por el delito de “trata de personas, en las modalidades de traslado y ofrecimiento, agravado por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima, por no poder esta valerse por sí misma, por la participación de tres o más personas, y por ser aquella menor de dieciocho años”.

En el caso de Sayago y Malagueño, el fallo del juez los declaró “coautores” del delito que se investiga mientras que a “Pantera” el magistrado federal lo colocó como “participe primario” de la desaparición del pequeño. En tanto, la resolución dispuso trabar un embargo de 5 millones de pesos para la abuela del niño y su pareja, mientras que ordenó embargar por 4 millones a los bienes que posee Pineda.

El caso lleva cuatro años tramitándose entre el fuero provincial y federal. Primeramente, la investigación estuvo encabezada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Emilce Fisore y agentes de la Dirección de Trata de Personas de la Policía de Santa Fe. Sin embargo, al sospechar de que existía el delito de trata de personas, la fiscal solicitó que la causa pase al fuero federal en 2017. A partir de allí, la causa tuvo sus idas y vueltas entre un fuero y otro, hasta que el 7 de junio del 2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que el expediente se radique en el Juzgado Federal de Rafaela. Un año después, el pasado 16 de julio, el entonces fiscal subrogante Federico Grimm declaró la incompetencia y el juez Abásolo hizo lugar.

Sin embargo, la declaratoria de incompetencia fue apelada por la defensa de Sayago, a cargo del defensor oficial, Marcelo Cerdá, y por tal situación tuvo que intervenir un juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Finalmente a principios de septiembre, el juez Guillermo Toledo, no hizo lugar al planteo de Abásolo y dispuso que continúe la causa en el Juzgado rafaelino. Un mes después, con la llegada del nuevo fiscal federal, Javier Arzubi Calvo, la causa volvió a cobrar impulso y concluyó en el flamante procesamiento que reveló datos espeluznantes sobre porqué podría haber desaparecido Maxi Sosa.

Dinero, trata y un niño que no aparece

En el procesamiento, al que tuvo acceso Aire Digital, el juez federal consideró que se encuentra acreditado que la desaparición de Maxi Sosa se dio entre los días 18 y 21 de diciembre del año 2015. Para el magistrado, Sayago y Malagueño lo trasladaron desde Ceres hasta un inmueble llamado “El Chalecito”, ubicado en Colonia Montefiore. El mismo vestía la última vez que fue visto una musculosa marca Adidas color gris, y un pantalón tipo bermudas de color negro con rayas gris.

Allí, según determinó la investigación, el menor fue retenido y ocultado por lo menos hasta el 26 de junio del 2016. Luego, creen las pesquisas,  el niño fue entregado o “vendido” a una red de trata de personas cuyas identidades aún no pudieron ser establecidas.

El grueso de la investigación, que en su mayoría son declaraciones testimoniales, construyó la hipótesis de que a Maxi Sosa lo vendió su abuela con la colaboración tanto de Malagueño como así también de Pineda. Así lo evidenció por ejemplo una declaración que indicó que tras la desaparición del niño, Sayago, le pidió a su hija -la madre de Maxi- la ropa, la cuna, un roperito y hasta el cochecito que usaba el pequeño.

En otro tramo del procesamiento, el juez valoró que tanto la abuela como su pareja tuvieron un crecimiento patrimonial notable en sus bienes tras la desaparición del niño. Es que cuando allanaron la vivienda del paraje “El Chalecito” los investigadores detectaron “artefactos electrónicos y tecnológicos” que antes no poseía la pareja.

En torno a la participación de “Pantera” Pineda -sobre el cual recae un antecedente condenatorio por un homicidio y además fue investigado por trata de personas- en la desaparición del pequeño, el magistrado tomó en cuenta una escucha telefónica crucial en la causa.

Escuchas centrales

Como prueba trascendental la causa cuenta con dos escuchas telefónicas que permitieron sostener que tanto Sayago como el resto de los acusados habrían tenido un grado de conocimiento sobre el posible paradero de Maxi. Una de ellas, fue cuando la mujer dialogó con Malagueño -el 26 de junio del 2016- de manera telefónica y este respondió que “Maxi venía de abajo, que había ido hasta del vasco”.

La otra escucha que contempló el mismo magistrado fue la que comunicación telefónica que tuvieron Sayago y Pineda el 29 de julio del 2016. Dicha conversación se dio justamente cuando la abuela del niño había sido detenida por la Agencia de Trata de Personas y se encontraba alojada en la Alcaldía de la Policía de Rafaela e “incomunicada”.

Aquella llamada fue hacia el teléfono del inmueble “El Chalecito”, el cual se encontraba intervenido por orden de la Justicia provincial. Sayago marcó el número y del otro lado atendió un hombre, el cual entienden varios testigos que declararon en la causa se trataría de “Pantera” Pineda. Para el juez, ambos hablaron de la desaparición del niño.

“Vos pensas que yo nunca mate a nadie? Que nunca mate a nadie” … “vos que te pensás que vale la pena de que te allanen …”, le dijo el hombre a Sayago en esa comunicación que fue interceptada por los investigadores del área de Trata de Personas.

Fuente: Aire de Santa Fe

 

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⚖️ Exfuncionario de Sunchales condenado condicionalmente por incompatibilidades en su cargo

El juez Gustavo Bumaguin, de los Tribunales de Rafaela, dictó condena de cumplimiento condicional contra Horacio Daniel Bertoglio, exfuncionario municipal de Sunchales, al considerar acreditadas incompatibilidades en el ejercicio de su función pública durante su paso por la administración local.

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Foto: Archivo

La sentencia surgió tras un juicio oral donde se analizaron documentos, testimonios y la normativa vigente. El magistrado concluyó que Bertoglio incurrió en conductas que vulneraron los deberes propios del cargo, al intervenir en actividades privadas incompatibles con su rol público.

Sin embargo, la pena no implica prisión efectiva, sino que queda en suspenso, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta durante el plazo fijado en la sentencia.

El juez enfatizó que la condena se centra en el uso indebido de la función pública y en la afectación a los principios de transparencia y legalidad, más allá de cualquier resultado económico. La resolución no es una absolución ni un acuerdo, sino una decisión del tribunal basada en el análisis del mérito de la causa.

Aunque la decisión ya quedó firme en esta instancia, las partes podrían presentar recursos ante tribunales superiores. La causa reaviva el debate sobre los límites entre función pública y actividades privadas y la necesidad de estricto cumplimiento de las normas estatales.

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⚖️🚫Prision preventiva para un hombre que abuso de una menor en zona rural de Suardi

Quedó en prisión preventiva un hombre de 60 años que está imputado como autor de delitos contra la integridad sexual de una adolescente de su entorno y por incumplir una orden judicial en Suardi

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Foto: Fachada Tribunales de San Cristóbal

Así lo ordenó la jueza, Cecilia Álamo, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de San Cristobal.

El fiscal Emiliano Odriozola está a cargo de la investigación y fue quien solicitó que el imputado, cuyas iniciales son LRA, transite el proceso judicial privado de su libertad. La magistrada dispuso la prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso judicial.

Los hechos

Odriozola señaló que “entre las 2:00 y las 5:00 de la madrugada del sábado 1 de noviembre, en un campo ubicado en zona rural de Suardi, el imputado ingresó a la habitación en la que estaba durmiendo la víctima”. El fiscal remarcó que “el hombre investigado sabía perfectamente que la víctima es menor de edad, y la agredió sexualmente aprovechando, por un lado, la convivencia de ambos en la misma casa; y por otro, que la adolescente no pudo consentir libremente su accionar”.

“Al día siguiente, en un horario similar, el imputado fue nuevamente a la habitación de la víctima con las mismas intenciones de agredirla sexualmente”, relató el fiscal y agregó que “en esta oportunidad no logró su objetivo en virtud de que la víctima se levantó de su cama, trabó la puerta de la habitación e impidió que el imputado ingrese”.

El fiscal también subrayó que “con su teléfono celular, la víctima logró grabar al imputado, quien le dijo cuáles eran sus intenciones”.

En relación con el incumplimiento de un mandato judicial, Odriozola subrayó que “el lunes 8 de diciembre, aproximadamente a las 3:50, el imputado ingresó sin autorización al tambo del mismo establecimiento rural de Suardi e intentó agredir físicamente a su expareja con un hierro”. Agregó que “con su accionar, el hombre investigado incumplió una orden judicial del 5 de noviembre en la que se establecía una medida de distancia en relación con ese domicilio”.

Riesgos procesales

Odriozola valoró que “la jueza consideró que los tres hechos atribuidos al imputado fueron debidamente acreditados con las evidencias recolectadas en la investigación y con el análisis efectuado por la Fiscalía”.

“La magistrada también sostuvo que además de la calificación legal aplicable debe tenerse en cuenta la situación de violencia de género, por lo que la eventual pena a imponer sería de ejecución efectiva”, remarcó el fiscal del MPA.

Odriozola concluyó diciendo que “Álamo también argumentó que la pena en expectativa y la necesidad de proteger a las víctimas, sobre todo a la adolescente que todavía no declaró en Cámara Gesell, impacta de manera directa sobre los riesgos procesales, en particular el entorpecimiento probatorio”.

“La jueza consideró que el riesgo de fuga se encuentra acreditado por lo que rechazó el pedido de la Defensa del imputado de aplicar medidas cautelares no privativas de la libertad por considerarlas insuficientes para contrarrestar el peligro procesal”, concluyó el fiscal.

Calificación penal

Al imputado se lo investiga como autor de los delitos de abuso sexual simple y tentativa de abuso sexual (ambas figuras agravadas por la convivencia preexistente), violación de domicilio y desobediencia a un mandato judicial.

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🌪️ Golpe judicial: elevan a juicio la megacausa por estafas en la Mutual de Altos de Chipión

La investigación por una de las presuntas maniobras financieras más resonantes de la región dio un paso clave: la causa por estafas y asociación ilícita en la Mutual de Altos de Chipión fue elevada a juicio, dejando a varios acusados frente a un futuro judicial complejo.

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Foto: Fachada Mutual Altos de Chipión

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N° 1, mediante un fallo unipersonal del juez Julián Falcucci, quien dejó sin efecto la acumulación dispuesta previamente por el Juzgado Federal de San Francisco sobre el expediente iniciado tras la denuncia del año 2021.

⚖️ Los acusados que enfrentarán el juicio

Serán juzgados: Fabio González, Oscar Larivey, Carlos Tomatis, Rodrigo Vincenti, Lucas Priotti; Delcar, Julio, Adrián y César Gorgerino.
A todos se les atribuyen delitos como asociación ilícita e intermediación financiera y bursátil no autorizada agravada, cuyas penas van desde 3 a 10 años de prisión.

🧩 Cómo habría operado la maniobra

Según la investigación, Lucas Priotti habría liderado en 2019 una organización delictiva junto a otros ocho implicados. Desde la mutual, se habrían captado depósitos de ahorristas de manera masiva y habitual, ofreciendo cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos simulados, pese a no contar con autorización del Banco Central ni de ningún organismo oficial.

Los ahorristas colocaban su dinero en supuestos plazos fijos con intereses muy altos —en pesos o dólares—, operación que quedaba documentada físicamente por triplicado. Sin embargo, los investigadores determinaron que los comprobantes eran luego eliminados del sistema informático, permitiendo que los fondos fueran desviados a empresas vinculadas a los acusados.

🚨 El caso que destapó el escándalo

El productor Raúl Mathieu denunció haber sido inducido a vender 15 hectáreas por 120 mil dólares para saldar una deuda con la mutual, pero afirmó que nunca recibió el pago, ni tampoco se canceló su deuda.

Ahora, con la causa elevada a juicio, el proceso avanza hacia una instancia clave para determinar responsabilidades y el alcance de las presuntas maniobras irregulares.

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