Luego de que los abogados hayan presentado un listado de personas para que la puedan visitar en su prisión domiciliaria, la Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner para recibir invitados sin restricción.

La respuesta de la Justicia tras el pedido de Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N°2 demandó que toda persona que no sea familiar, deberá pedir permiso por escrito en su departamento del barrio porteño de Constitución. La expresidenta se encuentra cumpliendo la condena de 6 años por la causa de Vialidad, en su domicilio de San José 1111.

El TOF 2 dictaminó, dentro de las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria, la presentación de una lista de personas “que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado”.

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron una apelación ante la decisión judicial que impone la necesidad de contar con autorización previa para que cualquier persona pueda visitarla en su departamento del barrio porteño de Constitución.

La apelación de los abogados de Cristina Kirchner

En el escrito, la defensa argumentó que “en la enunciación de personas que pueden visitar” a la exmandataria sin autorización judicial no se tuvo en cuenta a “los profesionales contables que la asisten a en la materia de su competencia, los apoderados que se encargan de las cuestiones administrativas que deben desarrollar en forma diaria en su nombre, peritos designados en el marco de otros procesos en el ejercicio del derecho de defensa, asesores que la asisten a para continuar desarrollando actividades que no han sido prohibidas con la imposición de la pena”.

Y agregaron: “la situación de las personas que, sin ser familiares de nuestra representada, mantienen con ella vínculos de amistad y afecto y, por ende, conforman una parte fundamental de su vida de relación”.

En su presentación, los abogados también subrayaron que Cristina Fernández de Kirchner es “la principal líder política de la oposición al gobierno nacional y máxima dirigente del Partido Justicialista”, y que, en un régimen democrático, “no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra”.

Asimismo, los letrados advirtieron que la actividad política de su defendida no se restringe únicamente al ámbito nacional. “Ello no se limita a la esfera nacional, pues como es de dominio público, líderes de fuerzas políticas de otros países y sus primeros mandatarios ya han hecho saber su intención de reunirse a la brevedad con nuestra representada. Dicho con todo respeto, no parece sensato que esta clase de encuentros deban estar supeditados a la obtención de autorizaciones judiciales previas”, sostuvieron.

Fuente: La Cien

Se trata del ruralista Rubén Alberto Ulrich (58), que en 2023 mató al amante de su pareja y un jurado popular consideró que actuó bajo un estado de emoción violenta, situación que atenuó los cargos en su contra.

La pena será fijada en una audiencia de “cesura” que será encabezada por el juez Nicolás Stegmayer y de la cual también participarán las fiscales del caso, Emilce Fissore y Silvina Verney y el propio Ulrich con sus abogados defensores: Claudio Torres Del Sel y Federico Scarinci.

En el acto procesal, que es prácticamente técnico, las partes discutirán que pena debe cumplir el ruralista que enfrenta cuatro cargos ante la Justicia:

1° – Haber matado al policía Franco López de un tiro en el pecho en las primeras horas del 17 de enero del 2023, en el establecimiento La Sara de la comuna de Monigotes, en el marco de un estado de emoción violenta.

2° – Lesiones leves por haber herido a su entonces pareja con la perdigonada que mató a López.

3° – Tenencia indebida de arma de fuego de uso civil (con el arma que mató a López).

4° – Daño calificado (por haber disparado contra el móvil policial que el subinspector utilizaba para trasladarse y encontrarse con la pareja Ulrich).

La sentencia estará a cargo del juez Stegmayer y podrá ser apelada -ante un tribunal superior- por las partes del caso, pero no podrá correrse de los cargos que el jurado popular impuso en su veredicto, el pasado 10 de junio.

El primero en la provincia

A la audiencia de este lunes, Ulrich además llegará libre, ya que dos días después del fallo del jurado, su defensa solicitó la excarcelación, la cual fue otorgada por el juez Gabriel Peralta de la ciudad de San Cristóbal.

Su juicio pasará a la historia porque fue el primero en la provincia de Santa Fe desde la implementación de la ley 14.253 que establece juzgar cuatro tipos de hechos delictivos ante un jurado popular: homicidios calificados; abusos sexuales seguidos de muerte; robo calificado por homicidio; y cuando el personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación de enfrentamiento, incluso encontrándose en retiro o franco deservicio.

Al debate realizado en los tribunales de San Cristóbal, el ruralista llegó acusado por la Fiscalía de haber cometido un homicidio transversal (conocido también como femicidio vinculado) para causar sufrimiento en una persona con la que mantuvo una relación.

Sin embargo, durante las dos jornadas de juicio, la defensa sostuvo que el imputado cometió el crimen bajo un estado de emoción violenta al argumentar que Ulrich mató a López tras haber soportado una serie provocaciones del policía que lo llevaron a actuar fuera de sí al momento del crimen.

Según se ventiló en el juicio, unos días previos al crimen, el policía López le dijo al hijo de Ulrich que era el amante de su madre; además, un día después de que saliera a la luz la infidelidad, el agente le apuntó a Ulrich con su arma reglamentaria en la calle, situación que fue advertida por el hijo mayor del ruralista.

Se cree que el punto límite que disparó la emoción violenta fue en las primeras horas del 17 de enero del 2023, cuando el ruralista llegó al establecimiento rural “La Sara” en donde se encontraba su pareja, su hijo menor y López.

Ulrich bajó de la camioneta, disparó contra el móvil de policial y fue ahí cuando su hijo mayor le gritó que López cargaba su arma reglamentaria. Según un perito de la defensa, que fue citado al juicio, esa situación llevó al ruralista a disparar contra el agente de la Comisaría de Monigotes. “El miedo de ver a su hijo en peligro, lo superó”, explicó el psicólogo citado por los defensores.

Fuente: Radio Belgrano de Suardi

El Código Procesal Penal Juvenil, que fue aprobado por la ley número 14.228 sancionada por la Legislatura de Santa Fe el 30 de noviembre de 2023 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre de ese mismo año, entrará en vigencia este sábado 21 de junio en toda la provincia.

Para su implementación, en el seno del MPA, la Fiscal General María Cecilia Vranicich definió la creación de Unidades Fiscales Especializadas en la temática dentro de la estructura de cada una de las cinco Fiscalías Regionales que hay en la provincia. Además, dispuso la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa), la cual funcionará en el ámbito de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, a cargo de la fiscal Carla Cerliani.

“La Uferpa se encargará de la planificación y supervisión de la persecución penal en materia penal juvenil en la provincia y, de forma excepcional, podrá asumir el litigio de casos individuales”, explicó la Fiscal General. “A su vez, deberá articular el trabajo conjunto con las Fiscalías Regionales y velar por el principio de unidad de la actuación del MPA”, especificó la fiscal.

A su vez, Vranicich sostuvo que la implementación del Código Procesal Penal Juvenil representa “un cambio sustancial en las funciones del MPA”, y agregó: “Desde hace más de un año, venimos coordinando esfuerzos en vistas a la persecución penal de menores de edad”. Al respecto, recordó que comenzarán a investigar “a jóvenes de entre 16 y 18 años que cometan hechos delictivos de competencia provincial que tengan un mínimo de pena en expectativa de dos años de prisión”.

“La implementación de este nuevo Código, junto con el juicio por jurados, son los elementos que completan y adecuan integralmente el sistema acusatorio adversarial a la Constitución Nacional en nuestra provincia”, resaltó la Fiscal General.

Y señaló además: “A diferencia de lo sucedido en 2014, cuando se implementó el sistema acusatorio para mayores de edad en el que quedaron las causas anteriores encapsuladas en un sistema residual con estructura propia, en esta oportunidad en el sistema penal juvenil será asumida íntegramente la carga de trabajo en tramite de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores por el MPA”.

Asimismo, destacó que “está todo dado para iniciar los procesos de traspaso de recursos humanos desde los órganos que intervendrán hasta el sábado en la investigación de los delitos cometidos por menores de edad”. “Nueve profesionales que estaban a cargo de las Asesorías de Menores y de las Secretarías Penales serán fiscales en la materia, mientras que más de 60 empleados y empleadas administrativas del mismo origen se integrarán al MPA”, sumó. En tanto, añadió que también están “en tratativas con la Corte Suprema de Justicia para que también sea trasladado el personal de servicios, que es lo que corresponde según la ley vigente”.

“Hasta que los nuevos recursos humanos se consoliden en cada circunscripción judicial, los Fiscales Regionales asignaron a fiscales referentes quienes vienen centralizando gestiones y siendo el nexo con la Uferpa durante la primera etapa de persecución penal juvenil”, aclaró.

Información y capacitación

A raíz de la nueva competencia institucional, se adaptó el sistema informático del MPA, denominado Heimdall, para adecuar sus funcionalidades y módulos. También se desarrolló un sistema al que se llamó Clio, que será una herramienta de consulta permanente durante la persecución penal de ilícitos cometidos por menores de edad, ya que centraliza datos históricos provenientes de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores.

“La integración de información sobre legajos abiertos y finalizados a las bases de datos institucionales resulta fundamental para la continuidad de las investigaciones, la trazabilidad de casos y la toma de decisiones fundadas”, valoró Vranicich, y sumó: “En las cinco circunscripciones, se relevaron expedientes en marcha y se identificaron prioridades”.

Por otro lado, la Fiscal General afirmó que “desde la Escuela de Capacitación se desarrollaron diversas actividades de formación en la materia”.

Actualmente, se lleva a cabo la primera edición de un curso en el que se aborda la política de persecución penal en ese sentido y es obligatorio para todos los integrantes del MPA y del fuero penal de Menores de la provincia que traspasarán a la institución. En ese marco, el viernes de la semana pasada se desarrolló una clase virtual de cierre que estuvo a cargo de Vranicich, la fiscal coordinadora de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani, y el fiscal asignado a la Fiscalía General en relación a Responsabilidad Penal Adolescente, Luis Schiappa Pietra.

Por su parte, quienes asumirán las nuevas incumbencias como funcionarios y empleados mantuvieron encuentros de trabajo presenciales a principios de este mes. Para los que pertenecen a las Fiscalías Regionales 1, 4 y 5 se desarrolló una jornada de intercambio en la ciudad de Santa Fe; mientras que los de las Fiscalías Regionales 2 y 3 participaron de una reunión similar en Rosario.

Sedes

Para prestar los servicios del MPA relativos a la persecución penal de menores de edad, en las ciudades de Santa Fe y Rosario se alquilaron inmuebles ubicados en 25 de Mayo 2319 y en Avenida San Martín 2886, respectivamente, los cuales se habilitarán oficialmente en los próximos días. Mientras tanto, las tareas se llevarán a cabo en los inmuebles en los que funcionaban los juzgados de Menores, tanto en la capital provincial como en Rosario.

En cuanto a Casilda, San Lorenzo, Tostado y Rafaela, el MPA pasará a ser el locatario de las sedes actuales de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores.

En Reconquista, Villa Constitución y Venado Tuerto, se utilizarán oficinas en Centros de Justicia, donde se desempeña el personal del fuero de Menores que será traspasado.

Autonomía

En relación al proceso de reforma de la Constitución Provincial, cuya ley de convocatoria permite tratar el posicionamiento institucional del MPA, la Fiscal General subrayó: “El trabajo realizado en la implementación de esta nueva incumbencia refuerza el convencimiento de la necesidad de definir al MPA con autonomía funcional y autarquía financiera reales, lo cual permitirá ejercer la superintendencia sobre sus recursos humanos sin trabas burocráticas o de otra índole, lo cual redundará en la agilización de los procesos de trabajo para que sean más eficientes”. En tal sentido, concluyó: “Estamos en uno de los momentos de mayor trascendencia institucional para la vida del MPA”.

Fuente: Sin Mordaza