La asamblea legislativa del estado de Rio de Janeiro aprobó una ley que otorga bonificaciones a ciertos policías si matan a criminales, lo que desató la indignación de los defensores de los derechos humanos. Si matan a un delincuente, los policías recibirían hasta 150% de premio en sus salarios.

Una medida similar, bautizada “bono del Lejano Oeste”, estuvo vigente 1995 a 1998, cuando fue derogada ante el creciente número de muertes durante las intervenciones policiales.

Esta bonificación “incentiva la violencia y transforma la muerte en política pública”, criticó el miércoles en X el diputado federal de izquierda Henrique Vieira, electo por Rio de Janeiro.

“La seguridad no se logra mediante la barbarie”, aseveró.

Para su entrada en vigor, el texto aprobado el martes por amplía mayoría, debe ser promulgado en un plazo de 15 días por el gobernador Claudio Castro, aliado del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

En Río, las intervenciones policiales con mano dura son frecuentes, especialmente en las favelas, barrios pobres y densamente poblados, que viven con frecuencia bajo el yugo de narcotraficantes y otros grupos armados.

La bonificación fue incluida en un proyecto de ley para reformar la policía civil, que se encarga sobre todo de las investigaciones, a diferencia de la policía militar, que tiene un papel más represivo.

En los años 1990, los agentes de la policía militar, legado de la dictadura (1964-1985), tenían derecho a esa bonificación.

La nueva legislación estipula que los agentes pueden ganar un bono de hasta 150% de su salario “cuando confiscan armas de gran calibre o en situaciones que conducen a la neutralización de criminales”.

“Corremos el riesgo de asistir a una masacre generalizada perpetrada por policías que harán todo para ganar más dinero”, dijo Djeff Amadeus, abogado de la ONG Instituto de Defensa de la Población Negra.

La población afro es la que sufre más muertes a manos de la policía, según las estadísticas.

Esta ley podría “abrir la puerta a que la prima se extienda a la policía militar y a otros miembros de las fuerzas del orden”, agregó Amadeus.

El año pasado, 703 personas murieron durante intervenciones policiales en el estado de Rio, esto es, casi dos personas por día, según cifras oficiales. Este total representa sin embargo una caída de 19% respecto a 2023 (871).

Fuente: Contexto Tucumán

Barcelona se convirtió en escenario de un fallo judicial sin precedentes en España. El Juzgado de lo Social número 31 dictaminó que los efectos adversos provocados por la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca pueden ser considerados accidente laboral, marcando un hito en la jurisprudencia nacional.

La resolución favorece a Pedro García, docente de Física y Química en el Institut Infanta Isabel d’Aragó, quien en 2021 recibió la vacuna como parte del grupo de trabajadores esenciales.

Semanas después, García desarrolló una trombosis severa que lo mantuvo hospitalizado durante más de tres semanas, incluyendo una semana en cuidados intensivos. El diagnóstico médico apuntó a una trombocitopenia trombótica inmune inducida por la vacuna Vaxzevria, una reacción reconocida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

El profesor, que entonces tenía 45 años, fue convocado a vacunarse en febrero de 2021, en plena campaña de inmunización nacional. Según relató, la asignación de la vacuna se realizó en función de su rol laboral, lo que lo llevó a recibir AstraZeneca en lugar de otras alternativas disponibles para su grupo etario.

Tras presentar una demanda con el respaldo del abogado Francesc Feliu, especialista en Derecho Sanitario, el tribunal reconoció que existía un vínculo directo entre la vacunación y la actividad profesional del afectado. El fallo, emitido el pasado 17 de marzo, establece que las secuelas médicas sufridas por García deben ser tratadas como accidente laboral y no como enfermedad común, lo que implica beneficios adicionales en términos de cobertura y protección social.

La Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna de AstraZeneca (ATEAVA), que agrupa a decenas de personas en situaciones similares, celebró la sentencia como “el primer gesto de justicia” tras años de lucha. “Es un reconocimiento público al recorrido de estos cuatro años de silenciamiento”, expresaron desde la organización.

Actualmente, García continúa bajo seguimiento médico debido a la obstrucción permanente de la vena que conecta con el hígado. Aunque su estado funcional es estable, los especialistas advierten que podrían surgir complicaciones en el futuro.

Este fallo abre la puerta a nuevas reclamaciones por parte de otros trabajadores esenciales que hayan sufrido efectos adversos similares, y plantea un precedente

Fuente: NA

La Justicia uruguaya investiga a tres militares que fueron acusados de abusar sexualmente en grupo de una joven de 19 años en el departamento de Canelones, Uruguay.

El hecho denunciado ocurrió cerca de la medianoche del miércoles, en una zona descampada del Polideportivo Paso Carrasco, ubicado en las calles A la Playa y Wilson Ferreira Aldunate.

Según indicaron medios locales, un vecino de la zona llamó al 911 para reportar que había escuchado a una mujer pidiendo ayuda a gritos, provenientes del predio.

Tras el llamado, una patrulla de la Guardia Republicana, junto con personal de la Seccional 26ª, se acercó hasta el polideportivo y cuando los agentes recorrían el lugar se toparon con una aberrante escena: tres hombres estaban violando a una joven.

En ese momento, la víctima, golpeada y semidesnuda, vio llegar a los policías y les pidió ayuda. De inmediato, los agentes intervinieron y socorrieron a la joven, quien se desmayó mientras relataba lo sucedido. Fue llevada inconsciente a una policlínica cercana y luego derivada al Hospital Pereira Rossell para recibir la atención necesaria.

La joven, golpeada y semidesnuda, se desmayó al relatarles a los policías lo ocurrido. (Foto: Gentileza Subrayado)

En paralelo, la Policía detuvo a los tres atacantes, de 22, 23 y 26 años. Si bien no estaban uniformados, se conoció pocos minutos después que cumplen funciones en el Batallón de Ingenieros de Combate N° 6, situado en las inmediaciones del lugar del hecho.

De acuerdo con lo consignado por el diario local Subrayado, todos ellos negaron haber cometido una violación y argumentaron que se trató de “sexo consentido”.

La Fiscalía General confirmó que la denuncia por violación está siendo investigada por el fiscal de Ciudad de la Costa, Fernando Valerio. El caso actualmente se encuentra en etapa de recolección de pruebas, según indicaron fuentes cercanas a la causa.

En ese sentido, el fiscal Valerio prevé una audiencia judicial para este jueves en la que podría formalizar la investigación contra uno o más de los detenidos. En esa instancia, los imputados serán notificados sobre los delitos que se les atribuyen y la Fiscalía tendrá la posibilidad de pedir medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva.

Asimismo, la ministra de Defensa uruguaya, Sandra Lazo, precisó que se llevan adelante dos procesos por este hecho: una investigación en la órbita judicial y otra en la cartera que ella preside. Ambas instancias avanzan de manera complementaria para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Fuente: TN