Ciudades de toda Francia fueron escenario ayer jueves de concentraciones, paros del transporte, de escuelas y otros servicios públicos, en el marco de una jornada de protesta contra una impopular reforma jubilatoria y los retrasos salariales ante la inflación.
Los sindicatos Confédération Général du Travail (CGT), la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) y Solidaires convocaron a la medida de fuerza con la advertencia al Gobierno de que la gente «no quiere trabajar más tiempo», en palabras del líder de la CGT Philippe Martinez, que aludió así a la reforma que el Gobierno del presidente Emmanuel Macron aplazó varias semanas en busca de un acuerdo.
Según los organizadores, unas 40.000 personas participaron en una marcha en París, aunque las protestas también alcanzaron otros puntos como Marsella, Nantes, entre otras 200 ciudades, informó la agencia de noticias AFP.
La masiva movilización exige asimismo aumentos salariales para combatir la inflación sin precedentes que se registró en agosto (5.9% interanual), así como fijar la edad de jubilación en 60 años y no en 62 como rige la ley actualmente, ni mucho menos en 65 como ya anunció Macron en su plan de campaña antes de las elecciones de abril.
Los trabajadores de la empresa pública de trenes SNCF rechazaron una propuesta salarial del directorio y si bien el paro afectó los servicios de corta distancia, no ocurrió lo mismo con los de alta velocidad ni a los internacionales.
Los sindicatos, que paralizaron los transportes de Francia en 2020 con sus llamados a la huelga, ya expresaron su oposición a la reforma, así como la oposición de izquierda, quienes denuncian la manera en cómo Macron quiere sacarla adelante.

El vocero del Ejecutivo, Olivier Véran, defendió la reforma de las pensiones, a la que definió como un proyecto «difícil» y «valiente», y advirtió que «será aplicada el próximo verano», informó la cadena BFMTV.

Véran recordó que «elevar la edad de jubilación a los 65 años» es el «objetivo» principal. «Para 2031, queremos jubilarnos a los 65 años», destacó, y agregó que el Gobierno respetará su promesa de fijar un umbral mínimo de 1.100 euros de pensión.
«Si no reformamos las pensiones, no podemos aumentar el gasto público en educación y salud», señaló, y añadió que la advertencia de Macron sobre una posible disolución del parlamento por el posible veto a la medida «no es una amenaza, sino una promesa hecha a los franceses».
La primera ministra, Elisabeth Borne, indicó que el Gobierno abriría un nuevo ciclo de diálogo con las fuerzas políticas y sociales de cara a adoptar «antes del invierno» la impopular ley.
Su objetivo es la puesta en marcha gradual de la reforma a partir de mediados de 2023 y hasta 2031, cuando la edad de jubilación sea ya de 65 años.
«No queremos negociar el retraso de la edad de jubilación», advirtió Martinez, quien cuestionó la mano tendida del Ejecutivo. «Si es para decirnos esto es lo queremos y ahora hagan lo que decimos, no seguiremos mucho tiempo alrededor de la mesa», agregó.
El ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, advirtió incluso que el mandatario está dispuesto a disolver la Asamblea Nacional (Cámara baja), donde no dispone desde junio de mayoría absoluta, si se aprueba una moción de censura para frenar la reforma.
«Si toda la oposición se une para adoptar una moción de censura y hacer caer el Gobierno, Macron dejará en manos de los franceses y las francesas decidir qué nueva mayoría quieren», afirmó Dussopt en la cadena privada de noticias LCI.

Fuente: Telam.