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Contrataron a un menor en una panadería y lo dejaron librado a su suerte cuando perdió varios dedos en un accidente de trabajo
La sentencia, rubricada por el juez Tomás Ramón Vicente Alba, del fuero laboral del Centro Judicial Concepción, fija una indemnización de más de $ 2,6 millones, y aplica además medidas para garantizar que los desaprensivos comerciantes no vuelvan a incurrir en prácticas de explotación infantil, enfatizando en la protección de los derechos de la niñez y en las consecuencias que a nivel social derivan de su empleo en tareas laborales.

Los propietarios de un negocio de fábrica de panificados de Aguilares tienen que entregar una millonaria suma luego de que la justicia los hallara culpables de emplear ilegalmente a un niño de 11 años, situación que salió a la luz luego de que el menor sufriera un accidente.
La sentencia, rubricada por el juez Tomás Ramón Vicente Alba, del fuero laboral del Centro Judicial Concepción, fija una indemnización de más de $ 2,6 millones, y aplica además medidas para garantizar que los desaprensivos comerciantes no vuelvan a incurrir en prácticas de explotación infantil, enfatizando en la protección de los derechos de la niñez y en las consecuencias que a nivel social derivan de su empleo en tareas laborales.
El niño de 11 años comenzó a trabajar como ayudante de panadero a tiempo completo bajo relación de dependencia en diciembre de 2014 y debía operar maquinaria industrial.
En julio de 2015, mientras manejaba una armadora, el chico sufrió la amputación de dos dedos de la mano derecha como consecuencia de un accidente, lo que sumado a la falta de respuestas por parte de sus empleadores, derivó en que la madre iniciara una demanda por accidente de trabajo y explotación infantil.
El juez condenó con firmes argumentos la explotación infantil y la negligencia de los empleadores, subrayando la importancia de erradicar estas prácticas, en virtud de los que determinan convenios internacionales y la Constitución Nacional cuando prohíben taxativamente el trabajo infantil.
“Entre las consecuencias más preocupantes se encuentran la perpetuación de la pobreza, que es causa y consecuencia de la explotación infantil, porque los niños y niñas que trabajan abandonan la escuela y no se forman para acceder a trabajos en mejores condiciones; la salud física y psicológica de niños y niñas que prematuramente se ven obligados a asumir riesgos y responsabilidades propias de adultos; todo lo cual al privarles de su derecho a jugar y disfrutar la niñez eleva las posibilidades de que adquiera una autoestima baja y problemas para adaptarse a la sociedad, entre otras consecuencias potencialmente perniciosas para su integridad psicofísica”, se puede leer en el fallo.
Además de la millonaria indemnización, el magistrado ordenó medidas complementarias con el fin de prevenir futuros casos similares, ordenando que los demandados tomen un curso obligatorio de 30 horas sobre derechos fundamentales de la niñez y protección integral de niños y adolescentes.
El mismo, que deberá ser dictado por organismos públicos, tiene como finalidad que los causantes tomen conciencia de los perjuicios de sus acciones y la gravedad de someter a sus empleados a condiciones insalubres, reñidas con la ley.
La sentencia dispuso también la intervención de organismos como la Secretaría de Estado de Trabajo de Tucumán y el Ministerio de Trabajo de la Nación para que efectúen inspecciones en los domicilios de los demandados de manera permanente durante los próximos tres años.
Estas medidas de revisión apuntan a asegurar que no vuelvan a incurrir en la explotación de las infancias, permitiendo incluso el allanamiento de los lugares si fuera necesario.
El juez remarcó la responsabilidad del Estado en velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales para erradicar el trabajo infantil. Citó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que los niños deben estar protegidos contra la explotación económica y social, además de recordar que el trabajo infantil equivale a esclavitud y explotación, tal como lo afirma el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
“Ante la grave conducta observada por los accionados, al haber violado elementales derechos humanos de un niño menor de edad, aprovechándose del trabajo desempeñad por el mismo con fines económicos, al haberlo incorporado en una actividad productiva riesgosa sin importar en absoluto que se trataba de un niño, en abierta violación de normas legales y convencionales, corresponde en este lugar adoptar medidas enderezadas a contribuir a la erradicación de la explotación laboral infantil, a tono con las exhortaciones emanadas de organismos nacionales e internacionales específicos en materia de protección de niñez y adolescencia”, señaló Alba.
Hacia el final, la sentencia enfatiza en la necesidad de sancionar estas prácticas no solo por el daño inmediato que causan, sino por sus implicaciones a largo plazo.
“Es una verdad por todos conocida y que por lo tanto no precisa ser demostrada, que el trabajo infantil interfiere en el proceso de aprendizaje del menor, en cuanto le priva de la oportunidad de concurrir regularmente a la escuela, obligándole en muchos casos a abandonar la misma; todo lo cual termina por potenciar aún más el estado de pobreza y vulnerabilidad social en el que se encuentran la mayoría de los niños afectados por este flagelo”, expresó el juez.
Y concluyó citando el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, que «no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana”.
Fuente: Contexto Tucumán
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Una mujer podría recibir prisión perpetua por matar a su hija con pastillas de éxtasis y alcohol
La acusada Natalia Etcheverry había declarado que la nena había muerto de causas naturales por su enfermedad. Sin embargo, las sospechas del padre de la nena establecieron que fue un crimen.

Una mujer de 48 años podría ser condenada a prisión perpetua por haber asesinado con alcohol y éxtasis a su hija de ocho años con discapacidad en la ciudad de Mar del Plata. El crimen ocurrió en 2022 y la causa fue caratulada como homicidio doloso.
El juicio empezó este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3, en donde la fiscal Florencia Salas expuso las pruebas contra la imputada Natalia Etcheverry. Una de ellas es la pericia que corroboró que la víctima tenía 2,27 gramos de alcohol en sangre y que consumió benzodiacepinas, que no llegó a metabolizar.
El caso fue dado a conocer el 30 de noviembre de 2022, cuando Etcheverry fue detenida en una casa en la calle Luzuriaga al 1200.
De acuerdo a la reconstrucción, su hija murió el 3 de septiembre de ese año. En ese momento, la mujer afirmó haber encontrado muerta a la nena, que tenía un retraso madurativo y trastornos epilépticos. Al no detectar indicios de golpes, los médicos certificaron que falleció por causas naturales.
Sin embargo, el padre de la nena se presentó en la fiscalía y aseguró que tenía sospechas de que Etcheverry pudo haber estado involucrada en el fallecimiento de su hija. De esta manera, la Fiscalía N°1 solicitó al Juzgado de Garantías la ex humación del cuerpo y se realizó una autopsia.
El avance de la investigación permitió localizar restos de metanfetamina y metilendioxi -compatibles con la droga conocida como “éxtasis”- en la casa de la acusada. Los peritos también detectaron una gran cantidad de alcohol en sangre en la víctima, correspondiente a un litro de vino o un vaso de otra bebida blanca con mayor graduación alcohólica. Con esas pruebas, detuvieron a la mujer.
En el juicio, la fiscalía argumentó que fue un “homicidio doloso”, ya que la droga y el alcohol fueron suministrados por Etcheverry con la intención de matar a su hija.
La defensa de la imputada pidió la absolución. En el caso de que no cumplir con esa petición, solicitaron que una sentencia menor por el delito de abandono de persona.
El tribunal, conformado por los jueces Juan Manuel Sueyro, Federico Wacker Schroder y Fabián Riquert, anunciará la sentencia el 16 de septiembre.
Fuente: TN
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Se creó el Centro Regional de información para la lucha contra las drogas
Se buscará restringir la oferta ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, comunicó en la Resolución 1038/2025 del Boletín Oficial que se creó el Centro Regional de información para la lucha contra las drogas, en busca de restringir la oferta ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Según el último Informe Mundial de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito, publicado el 26 de junio de 2025, “el consumo alcanzó a 316 millones de personas, lo que representa un aumento con respecto a la última década que supera el crecimiento de la población”.
Frente a este panorama, las autoridades nacionales destacaron la rápida expansión del mercado de drogas sintéticas en los últimos tiempos, la cual no muestra signos de desaceleración.
De esta manera, destacaron que es necesario la creación de un Centro Regional de información para la lucha contra las drogas, con especial foco en las drogas sintéticas y las sustancias psicoactivas (NSP).
En la Resolución describen que tendrá como objetivo colaborar, a partir de la consolidación y análisis de la información disponible, con las áreas operativas y forenses de restricción de la oferta ilícita de drogas.
Asimismo, buscará convertirse en una “instancia de cooperación interinstitucional e internacional para la detección temprana de patrones y tendencias delictivas que puedan contribuir con las dinámicas de tráfico ilícito de estupefacientes, con énfasis en drogas sintéticas y NSP, y el desvío de precursores químicos; y para el diseño e implementación de estrategias, políticas y acciones para brindarle una respuesta dinámica y eficaz”.
Las autoridades nacionales señalan en el escrito que se constituye como una herramienta clave en pos de “optimizar el uso de los recursos disponibles y perfeccionar el intercambio de información en un contexto en el que el tráfico ilícito de estupefacientes y, específicamente, el de drogas sintéticas y NSP requiere de respuestas estatales flexibles, adaptables y veloces”
Tenderá también al intercambio de información de carácter no sensible, que no afecten causas judiciales en curso, con otros actores de la Administración Pública Nacional y con otros organismos estatales e internacionales con competencia en la materia a nivel regional.
Acerca de qué estructura dependerá el Centro, confirmaron que será la Secretaría de Lucha Contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, que planteará los lineamientos estratégicos y la coordinación integral del mismo centro.
Dicha Secretaria tendrá como objetivo la “identificación temprana de tendencias y patrones relacionados con el tráfico ilícito de drogas, con énfasis en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas y el desvío de precursores químicos a nivel regional; y el diseño e implementación de estrategias y políticas para brindar una respuesta efectiva a esos problemas”.
Para que se cumpla el dictamen, se deberán respetar los objetivos específicos:
Centralizar y sistematizar información sobre el tráfico ilícito de drogas, con énfasis en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas (NSP), así como el desvío de precursores químicos de carácter no sensible, que no afecte causas judiciales en curso.
Realizar análisis regulares sobre la situación del tráfico ilícito de drogas, focalizándose, fundamentalmente, en las drogas sintéticas y en las NSP en el país y la región.
Identificar y difundir información sobre tendencias, patrones o modalidades delictivas emergentes relacionadas con el tráfico ilícito de drogas, con énfasis en drogas sintéticas y NSP y el desvío de precursores químicos.
Asesorar, técnicamente, para el desarrollo y la actualización de marcos legales y regulatorios que permitan un abordaje efectivo e integral de los desafíos planteados por las drogas, con énfasis en drogas sintéticas, NSP y precursores químicos.
Asesorar técnicamente en la implementación y en la utilización de nuevas metodologías y tecnologías para las áreas forenses, así como también, contribuir en las investigaciones científicas y aportar a la construcción de consensos en el área.
Apoyar técnicamente a la Subsecretaria De Lucha Contra El Narcotráfico en el diseño e implementación del Plan Nacional De Capacitación De Los Recursos Humanos Para La Lucha Contra El Tráfico Ilícito De Drogas dentro del “Plan Federal De Prevención De La Droga dependencia Y De Control Del Tráfico Ilícito De Drogas”.
Apoyar a la Secretaría De Lucha Contra El Narcotráfico Y La Criminalidad Organizada, y sus áreas dependientes, y a las Fuerzas Policiales Y De Seguridad Federales en la promoción de investigaciones relacionadas con el tráfico ilícito de drogas, con énfasis en drogas sintéticas y NSP, y el desvío de precursores químicos.
Fuente: NA
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Cayó en Córdoba un prófugo acusado de abuso sexual: lo buscaban desde hacía 3 meses
Sucedió después de una investigación articulada por pesquisas de Capturas de la PDI Región I en Santa Fe con policías de Investigaciones de Córdoba. Un llamado telefónico encendió las alarmas y confirmó una primera hipótesis que ubicaba a R. A. D., de 61 años, en la vecina provincia.

El pasado miércoles, en una esquina del barrio Marcos Sastre de la ciudad de Córdoba, el tiempo pareció detenerse para un hombre que llevaba meses intentando escapar de la justicia. R. A. D., de 61 años, acusado como presunto autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia, fue sorprendido y detenido por pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, en un operativo conjunto con sus pares cordobeses.
La investigación
El arresto no fue fruto del azar. Desde hacía semanas, pesquisas de la División Capturas de la PDI Región I habían seguido las huellas del prófugo, que permanecía oculto desde junio, cuando la justicia santafesina había librado su captura. La tarea no fue sencilla: se requirió un minucioso entrecruzamiento de datos, seguimientos discretos y el intercambio de información entre ambas policías provinciales.
Sorprendido y aprehendido
La caída se produjo en plena vía pública. Los investigadores aguardaban el momento preciso y lo interceptaron sin darle margen de reacción. Testigos del barrio relataron que apenas se percibió el movimiento de los pesquisas, que actuaron con rapidez para neutralizar al sospechoso y evitar cualquier sobresalto en la zona.
Una vez asegurado, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Control de Córdoba. Paralelamente, la fiscal santafesina Jorgelina Moser Ferro inició los trámites de exhorto de extradición para que el acusado pueda ser trasladado a los tribunales de la ciudad de Santa Fe, donde lo espera la causa que lo señala como responsable de un delito de extrema gravedad.
Audiencia imputativa
Con esta captura, la PDI no solo logró cerrar un operativo de alto riesgo, sino también devolver a la justicia la posibilidad de avanzar en un expediente que había quedado en suspenso por la ausencia del imputado.
Fuente: Uno de Santa Fe
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