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Prepagas: una decisión judicial complica la devolución de dinero a los afiliados

Se trata de un trámite decidido por una jueza que puede alargar los plazos para decidir este tema clave.

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Foto: Prepagas.

La devolución de fondos por parte de las prepagas a los afiliados se puede alargar. Es que la demanda que impulsó el Gobierno contra el aumento desmedido de las cuotas de las prepagas sufrió un revés en las últimas horas cuando la jueza en lo civil y comercial federal Mercedes Maquieira decidió cambiar de manos el expediente.

Sostuvo que la Superintendencia de Seguros de Salud actuó en nombre de los afiliados y remitió el caso a un proceso colectivo que impulsaron muchos ciudadanos comunes contra el DNU de Javier Milei.

Fue el DNU el que permitió los aumentos en las cuotas. Lo insólito de la situación es que, ahora, el propio Ejecutivo que habilitó la desregulación litigará, en un mismo proceso, junto a los afectados y contra las empresas que defienden esas subas.

El Gobierno pretendía que, en el marco de un amparo contra 16 empresas de medicina prepaga -las más importantes del mercado como OSDE, OMINT, Galeno, Swiss Medical, Medicus, Sancor-, “con carácter urgente” se les ordenara a esas empresas dejar sin efecto “en forma definitiva los aumentos desmedidos en las cuotas” y que “solo se permita un eventual incremento” según un índice que establezca el tribunal.

También se buscaba “la devolución y/o reintegro de las sumas que han sido indebidamente percibidas por éstas a la fecha”.

La sugerencia oficial, que receptaron tribunales en amparos individuales, aludía a permitir subas de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Varias empresas salieron a defender en la causa los aumentos: no solo cuestionaron la legitimidad de la SSS para actuar, sino que afirmaron que lo que el Gobierno pretendía, en oposición a “la libertad” que fijó el decreto, era la derogación judicial de lo dispuesto por el propio DNU.

La jueza entonces le pidió a la fiscalía que opinara sobre la competencia en el caso “en razón de la materia, el territorio y el grado, como asimismo en función de los procesos colectivos que se encuentran en trámite vinculados a la cuestión aquí debatida”.

Con un guiño a la jueza, el fiscal Rafael Espínola advirtió que el “análisis de tales aspectos involucra, sin margen de duda, una evaluación por parte de V.S. de los alcances de la acción en trato, definiendo si la misma encuadra o no como proceso colectivo”, pero no opinó al respecto porque es “materia excluyente del Magistrado que interviene”.

Al analizar la cuestión, la jueza Maquiera sostuvo que “queda a la vista que, aun cuando la demanda no ha sido formalmente presentada como una acción colectiva, la pretensión formulada reúne todos los requisitos necesarios para ser considerada como tal”.

Y subrayó: “la Superintendencia de Servicios de Salud no reclama en función de un derecho que le es propio, sino para tutelar los de los millones de afiliados a las empresas demandadas, que ‘…componen aproximadamente el 94,66% del padrón de usuarios del sistema de salud’. De esta manera, la acción es promovida por la actora como órgano de fiscalización de las entidades de medicina prepaga, en virtud de cuyo rol se encontraría obligada a accionar ‘…para la preservación irrestricta de los derechos de los usuarios’” que resultaron perjudicados.

Según la magistrada, “debe tenerse en cuenta también que los bienes que se encuentran involucrados en el litigio -y en virtud de los cuales se acciona- revisten un claro carácter colectivo”. Y añadió que en la demanda del Ejecutivo se hace referencia a que el accionar de las demandadas “…agravia constitucionalmente EL DERECHO A LA SALUD…”. En función de ello, y en base a jurisprudencia de la Corte Suprema, la jueza sostuvo que la demanda impulsada por el Gobierno es un actor más del proceso colectivo.

Y recordó que ya existe una demanda colectiva que impulsaron afiliados a prepagas contra el DNU de Javier Milei: la causa “Wilson, Eduardo Santiago c/ Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo” que busca que se declare “la inconstitucionalidad de los arts. 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 70/2023″.

Aquella acción de amparo fue promovida por el ciudadano Eduardo Santiago Wilson, en su carácter de asociado directo de Swiss Medical S.A., que entendió que el Poder Ejecutivo Nacional ha excedido, en forma arbitraria y manifiestamente ilegítima, sus facultades previstas en el artículo 99, inciso 3), de la Constitución Nacional, sin existir la necesidad y urgencia que en este se requieren al efecto.

El juez Juan Rafael Stinco abrió el 29 de diciembre pasado “el proceso colectivo no susceptible de división, puesto que lo que se persigue es el restablecimiento de funciones de contralor a un organismo especializado (la Superintendencia de Servicios de Salud), lo cual -según indica el Sr. Juez- ‘no puede ser declarado para algunos afectados y rechazado para otros, es decir actuales usuarios y los futuros o potenciales interesados en tales servicios’”.

“Se puede concluir que entre la causa colectiva ‘Wilson’ y estas actuaciones existe una sustancial semejanza en la afectación de los derechos de incidencia colectiva, lo que determina que ambos expedientes deban tramitar de manera conjunta ante un mismo magistrado para evitar el escándalo jurídico que implicaría el dictado de sentencias que sean contradictorias entre sí. Llego a esa conclusión no sólo porque en ambos procesos se busca tutelar a ‘la salud’ como bien colectivo e indivisible, sino también porque, si bien el objeto de uno y otro expediente difieren en cuanto a su formulación, coinciden en cuanto a su finalidad”, dijo la jueza.

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Córdoba: una mujer murió tras ser apuñalada en un bar de La Cañada

El hecho ocurrió este jueves por la noche en un local ubicado sobre Marcelo T. de Alvear al 380, en el centro de la capital provincial. La víctima trabajaba en el establecimiento y el agresor, que sería su pareja, intentó quitarse la vida. Permanece internado en grave estado.

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Foto: Investigan un grave episodio de violencia de género en Córdoba.

Un grave episodio de violencia de género conmociona a la ciudad de Córdoba. Una mujer murió este jueves por la noche luego de ser atacada con un arma blanca por un hombre en un bar de la zona de La Cañada.

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en Marcelo T. de Alvear al 380, en pleno centro de la capital provincial. Según informó Cadena 3, la víctima trabajaba en el lugar y el agresor sería su pareja.

De acuerdo con la información difundida, el hombre la atacó con una puñalada que le provocó heridas fatales.

El agresor permanece internado

Después del ataque, el hombre intentó quitarse la vida y debió ser trasladado de urgencia a un hospital.

Actualmente permanece internado en grave estado, mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el episodio.

En el lugar intervinieron efectivos policiales y servicios de emergencia.

El caso vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia contra las mujeres y la necesidad de abordar estos hechos con respuestas y herramientas de prevención.

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Tragedia en Lanús: murió un segundo operario tras la explosión durante trabajos en un caño de gas

Un trabajador de MetroGAS, de 44 años, falleció este jueves luego de permanecer internado en estado crítico por las graves quemaduras sufridas durante el incendio ocurrido en Remedios de Escalada. Otros cuatro operarios continúan hospitalizados.

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Foto: Murió un segundo operario tras la explosión en Lanús

La tragedia ocurrida el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, sumó una segunda víctima fatal. En la madrugada de este jueves murió uno de los trabajadores que había resultado gravemente herido durante la explosión.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el operario tenía 44 años y permanecía internado en estado crítico en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires.

El episodio se produjo cuando se rompió uno de los caños de gas que estaban siendo reparados, lo que derivó en una explosión y un incendio que afectó a los trabajadores que se encontraban en el lugar.

Cuatro operarios siguen internados

El trabajador fallecido integraba el grupo de cinco operarios que habían quedado hospitalizados en estado crítico tras el incidente. Los otros cuatro continúan internados y hasta el momento no se difundieron nuevos detalles sobre su evolución.

Desde MetroGAS expresaron que la empresa está acompañando a la familia del trabajador fallecido, así como también a sus compañeros y amigos.

La investigación por la primera víctima

El primer fallecimiento ocurrió en el mismo lugar de la explosión. Según la información difundida, esa persona todavía no fue identificada oficialmente por la Justicia.

En tanto, la familia de Marcelo García, señalado como una posible víctima, continúa buscando respuestas concretas sobre su paradero y el avance de la investigación.

Con esta nueva muerte, ya son dos las víctimas fatales de la explosión registrada durante los trabajos de reparación de la cañería de gas.

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La ANMAT dio de baja las habilitaciones de 55 empresas que distribuían productos médicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) canceló las autorizaciones de más de 50 distribuidoras de productos médicos y de diagnóstico in vitro que operaban entre distintas jurisdicciones del país. La medida alcanzó a 55 empresas y 56 depósitos cuyos certificados habían vencido sin que se iniciara el trámite de renovación.

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Foto: ANMAT canceló habilitaciones de distribuidoras de productos médicos.

La decisión fue oficializada este miércoles mediante dos disposiciones publicadas en el Boletín Oficial. Como consecuencia, las firmas alcanzadas ya no podrán realizar operaciones de distribución o venta de estos productos fuera de la jurisdicción en la que se encuentran habilitadas.

Por qué fueron dadas de baja las habilitaciones

La medida de mayor alcance quedó establecida a través de la Disposición 7383/2026, que incluyó a 55 empresas y 56 depósitos.

Según informó el organismo, los certificados de inscripción de esas compañías habían cumplido su período de vigencia de cinco años y no se había presentado la solicitud de renovación correspondiente.

La normativa establece que las empresas deben iniciar ese trámite dentro de los 120 días corridos anteriores al vencimiento de la autorización. Cuando lo hacen en ese plazo, cuentan con una prórroga automática hasta que el Instituto Nacional de Productos Médicos resuelva el expediente.

Sin embargo, ninguna de las firmas incluidas en el listado había iniciado la gestión, por lo que sus habilitaciones quedaron sin efecto.

También cancelaron la habilitación de Femedical S.A.

En otra disposición, la 7212/2026, la ANMAT resolvió dar de baja la habilitación de Femedical S.A., una empresa que distribuía productos médicos y de diagnóstico in vitro que no requieren cadena de frío.

La decisión se tomó luego de que una comisión del organismo se presentara en el domicilio declarado por la firma, ubicado en la calle Guevara, en la Ciudad de Buenos Aires, para realizar una inspección vinculada con el pedido de renovación.

De acuerdo con la disposición, los inspectores no obtuvieron respuesta pese a los reiterados llamados y encontraron el establecimiento cerrado. La normativa permite cancelar una habilitación cuando los fiscalizadores no logran acceder al domicilio declarado para realizar la inspección.

Además, la empresa ya había perdido la habilitación jurisdiccional otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación, un permiso necesario para distribuir estos productos entre distintas jurisdicciones.

La firma conserva la posibilidad de presentar recursos administrativos o recurrir a la Justicia, dentro de los plazos correspondientes.

Qué significa la medida y qué productos alcanza

La cancelación afecta la autorización para realizar el denominado tránsito interjurisdiccional, es decir, distribuir o vender productos médicos y de diagnóstico in vitro fuera de la jurisdicción donde está habilitado el establecimiento.

Para desarrollar esa actividad, las empresas necesitan contar con autorización sanitaria y acreditar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.

El listado de firmas alcanzadas incluye establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Fe, Corrientes, Tucumán y Entre Ríos, entre otras jurisdicciones.

Empresas alcanzadas en distintas provincias

Entre los casos mencionados en la disposición aparecen compañías radicadas en diferentes puntos del país. En la provincia de Santa Fe figuran establecimientos de Rosario, entre ellos Sonar S.R.L., Trini Visión S.A. y Santa Fe Implantes S.R.L.

También se incluyeron empresas de Córdoba, Mendoza, Salta y otras provincias, además de numerosas firmas de la Ciudad de Buenos Aires y localidades bonaerenses.

La decisión de la ANMAT implica que las empresas alcanzadas deberán regularizar su situación si pretenden volver a contar con autorización para distribuir productos médicos y de diagnóstico in vitro entre distintas jurisdicciones.

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