La mujer no era cualquier mujer, y el festejo -en una zona especialmente acondicionada dentro del instituto penitenciario- parecía ameritar estar bien regado por bebidas alcohólicas varias, deben haber pensado sus organizadores y participantes; a pesar de que la visita contaba con otra grave irregularidad: el encuentro se daba en un día no permitido para estos fines.

La mujer «cumpleañera» se trataba de la pareja de un policía preso, y el festejo se daba en un sector «vip» de la Alcaidía, una habitación especialmente preparada para que el ex policía transite la detención en las mejores condiciones posibles, privilegiadas y aislado de los demás reos.

La agasajada era la pareja del policía Gastón Eletti, detenido en la Alcaidía por estar acusado de numerosos delitos ocurridos meses atrás cuando se desempeñaba como jefe de Inspección en el Distrito 5 que abarca Frontera, Josefina y su famoso y violento barrio Acapulco.

Entre las acusaciones que pesan sobre el policía Eletti -y por las que fue separado de la fuerza-, está la de privar ilegítimamente de su libertad a distintas personas; falsear y fraguar información en actas de procedimiento y solicitar y recibir dádivas, cuando desarrollaba sus labores en Frontera.

ALLANAMIENTO

Al viralizarse las imágenes a través de las redes sociales, las consecuencias no tardaron en llegar y fueron inmediatas.

Investigadores de la Agencia de Control Policial (ACP) Delegación Centro Norte de la policía provincial llevaron adelante diligencias ordenadas y supervisadas por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Dra. Fabiana Bertero, quien tomó la causa desde sus comienzos; para que se lleve a cabo un allanamiento a la Alcaidía que dé respuestas a lo que allí estaba sucediendo.

Lo dicho se materializó en horas de la noche del domingo cuando los agentes que controlan a sus pares, por orden de la Fiscal, irrumpieron en la Alcaidía para verificar y cerciorarse de los movimientos irregulares que allí se estaban desarrollando y poder recabar elementos de información y de prueba.

MINISTRO DE SEGURIDAD

En respuesta a todo lo dicho anteriormente, Jorge Lagna, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, decidió intervenir la Unidad Regional V de Policía, y separar del cargo al jefe, director de policía Ricardo Marcos Arnodo Suárez, y a la segunda jefa, subdirectora de policía Marcela Genoveva Fernández, hasta tanto la Agencia de Control Policial y la Fiscalía Regional Nº 5 -fiscal Fabiana Bertero- finalicen la investigación mediante la cual se trata de determinar si se llevó a cabo en la Alcaidía local el festejo de cumpleaños irregular.

El ministro Lagna explicó que por la intervención de la Unidad Regional V se abrieron dos investigaciones: una que apunta a lo penal, que se tramita en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) bajo la órbita de la fiscal Bertero, y la restante que corre vía administrativa a fin de determinar responsabilidades y la violación a los reglamentos internos de la institución policial.

Además, el ministro Jorge Lagna señaló que se secuestraron libros de guardia y cámaras, debido a que -como ya se dijo- en la Alcaidía se registraron estas visitas en un día no permitido.

Finalmente, el Ministro de Seguridad puntualizó que los jefes salientes fueron destinados al Departamento 1, a los fines de un nuevo destino, siempre y cuando así lo permitan las investigaciones iniciadas.

INVESTIGACION E INTERVENCION

La intervención quedó a cargo de Jorgelina Aguirre, designada por Emilce Chimenti, titular de la cúpula provincial. Aguirre se desempeñaba hasta el domingo como jefa del Departamento Judicial de la Policía de Santa Fe.

Según consultas hechas por La Opinión, en horas de la tarde noche de ayer la interventora Jorgelina Aguirre ya se encontraba presente en Rafaela, manteniendo reuniones de trabajo en la sede de la Jefatura de la Unidad Regional V.

Al comienzo de estas reuniones vespertinas, que involucraron información y toma de decisiones, ya se dio como un hecho que Aguirre ya había asumido sus funciones como interventora de la UR V.

Por otra parte y en lo que se refiere a la investigación penal preparatoria, ya en marcha en la sede del Ministerio Público de la Acusación local, La Opinión logró recabar que en esos instantes se estaba investigando «la materialidad y presuntos responsables» de lo sucedido.

Esa materialidad sería por el delito, cuya calificación penal es la de «incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos».

Fuente: La Opinión de Rafaela