Politica
El Gobierno anunció la privatización del Belgrano Cargas, el tren que Cristina le quitó a Macri
Es la primera empresa ferroviaria en pasar a manos privadas.
El Gobierno de Javier Milei anunció la privatización del Belgrano Cargas, una línea ferroviaria altamente abarcativa del transporte de mercaderías desde distintos puntos del país, que otrora estuviera en manos del Grupo Macri y que Cristina Kirchner “nacionalizó” aduciendo “irregularidades” en la concesión.
La creación de Belgrano Cargas y Logística es consecuencia de un decreto del 2008, con el cual se dio por terminada la concesión que desde fines de la década del 90 tenía la empresa Belgrano Cargas Sociedad Anónima sobre el Ferrocarril General Belgrano.
La fiebre privatizadora de los 90 se inició con las líneas de cargas en las que se identificaron seis subsistemas a ser concesionados por 30 años mediante licitación pública internacional bajo el concepto de concesión integral.
Esto es, el concesionario debía tomar a su cargo el conjunto de las actividades ferroviarios: comercialización, operación, mantenimiento y también, la rehabilitación del material rodante y la infraestructura.
Las concesiones realizadas entonces fueron las siguientes:
- Nuevo Central Argentino S.A. (4.752 km), que conecta Buenos Aires con Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Río IV y Santiago del Estero (La Banda);
- América Latina Logística Central S.A. (Ex Buenos Aires al Pacífico S.A). (5.254 km), que enlaza Buenos Aires con Junín, Rufino, San Luis, Mendoza, San Juan, San Rafael y accede al puerto de Rosario;
- Ferrosur Roca S.A. (3.377 km), que comunica Buenos Aires con Necochea-Quequén, Tandil, Olavarría, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala;
- Ferroexpreso Pampeano S.A. (5.094 km), que conecta a los puertos del complejo San Martín-Rosario con Bahía Blanca por medio de dos líneas troncales y varios ramales;
- América Latina Logística Mesopotámica S.A. (Ex Ferrocarril Mesopotámico S.A). (2.704 km), que enlaza Buenos Aires con Rojas, Concordia, Paraná, Paso de los Libres, Monte Caseros, Corrientes y Posadas;
- Belgrano Cargas S.A. (7.347 km), que comunica Buenos Aires con Rosario, Santa Fe, Córdoba, Resistencia, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, San Juan y Mendoza, y la localidad de Salta con Formosa.
En el año 2008 se originó una denuncia contra la empresa privada que concesionaba el Belgrano Cargas, señalando que no rendía cuentas de los 2000 millones de pesos recibidos en carácter de subsidios.
En ese entonces, la Sociedad Operativa Ferroviaria estaba integrada por SIDECO del Grupo Macri a través de Franco Macri y la aceitera china Sanhe Hopefull.
Según se dijo en ese momento, la Auditoría General de la Nación detectó buena parte de las irregularidades de la empresa privada comprobando que se habían rendido cuentas presentando facturas emitidas por proveedores que eran empleados de las propias empresas privadas que administraban en ese entonces el Belgrano Cargas.
En el mes de junio de 2013, el Estado argentino rescindió los contratos de concesión con la empresa brasileña América Latina Logística (ALL), recuperando para sí la administración de la totalidad de los Ferrocarril General Urquiza y General San Martín con exclusión de la zona urbana del Gran Buenos Aires, así como un pequeño sector del Ferrocarril Sarmiento que también formaba parte de la concesión de ALL.
La decisión estuvo motivada por los graves incumplimientos de la empresa concesionaria, que según la Auditoría General de la Nación «era la empresa que peor cuida el mantenimiento y las condiciones de seguridad y cuenta con escaso personal idóneo abocado a las tareas».
A partir de un decreto de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el estado se hizo cargo de la explotación integral de la red carguera del Ferrocarril General Belgrano, hasta entonces concesionada a Belgrano Cargas SA.
También asumió la explotación de la carga de los ferrocarriles General Urquiza, General San Martín y una sección del Sarmiento, en reemplazo de la concesionaria ALL y a partir del 1 de noviembre de 2021 lo mismo con la totalidad restante del Sarmiento, General Bartolomé Mitre y General Roca reemplazando a FEPSA, NCA y Ferrosur Roca.
La gestión integral de los mismos fue también encomendada a Belgrano Cargas y Logística, que era una sociedad anónima, cuyos principales accionistas fueron tres Sociedades del Estado: Trenes Argentinos Infraestructura, Trenes Argentinos Operaciones y la Administración General de Puertos (AGP).
Las tres líneas que manejaba la empresa contaban en ese momento con 88 locomotoras y 4650 vagones para recorrer 9344 km de vías en 17 provincias. De esa infraestructura gran parte, tras el fin de la concesión privada, estaba en mal estado y requería una inversión urgente.
Desde mayo de 2013 se hicieron 400 kilómetros nuevos de vías y se repararon cerca de 400 vagones, con financiamiento aportado por el Estado y en el 2015, llegaron los primeros 151 vagones del Ferrocarril Belgrano Cargas comprados a China, de un total de 3500, que incluían entre otros, Tolvas para cereal y carboneros para transportar el coque que requiere YPF.
En 2015, ya con el gobierno de Mauricio Macri, se anunció el Plan Belgrano con el objetivo de renovar 1500 km de vías e incorporar material rodante.
En 2016 se transformó la empresa estatal en Trenes Argentinos Cargas y en el 2020 se inauguraron las obras de renovación de vías en la provincia de Salta, donde se completaron 255 kilómetros con mejoras de la infraestructura de los ramales C, C18, C8 y C12.
En total, hasta fines del 2023 se habían renovado 900 kilómetros de vías del Ferrocarril Belgrano en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Santa Fe, incorporándose a la flota de material rodante 40 nuevas locomotoras y 1000 vagones nuevos.
En 2024, con la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos la empresa fue sujeta a privatización, cuyo proceso finalmente dio comienzo ahora y que seguramente tendrá oferentes interesados porque se trata de un servicio que puede ser rentable con un sistema de vías en gran medida renovado.
Fuente: NA
Politica
Manuel Adorni recibió una nueva denuncia por presuntas irregularidades en su declaración jurada
La presentación fue realizada por legisladores de la Coalición Cívica, quienes acusan al funcionario de haber omitido bienes y activos en sus declaraciones patrimoniales correspondientes a 2024 y 2025.
El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, enfrenta una nueva denuncia judicial luego de la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales. Diputados nacionales de la Coalición Cívica sostienen que el funcionario habría omitido declarar activos por aproximadamente 500.000 dólares.
La denuncia fue presentada por Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, quienes señalaron posibles irregularidades en la documentación oficial presentada por Adorni durante los años 2024 y 2025.
Acusan a Adorni de “omisión maliciosa”
Según el escrito judicial, el funcionario habría incurrido en una presunta falsedad ideológica al no informar correctamente la totalidad de su patrimonio, lo que podría representar una violación a la Ley de Ética Pública.
Los denunciantes cuestionaron la explicación brindada por Adorni, quien atribuyó las inconsistencias detectadas a un supuesto “error involuntario”. Para los legisladores, no se trató de una equivocación administrativa sino de un ocultamiento deliberado de bienes.
Entre los activos observados aparecen criptomonedas, dinero en efectivo y propiedades que, según la denuncia, no habrían sido incluidos en las declaraciones juradas oficiales.
La causa podría quedar en Comodoro Py
En los últimos días, el funcionario reconoció públicamente la existencia de fondos no declarados vinculados a inversiones previas a su ingreso al Gobierno nacional.
La presentación judicial también menciona el artículo 268 inciso 3 del Código Penal, que contempla penas para funcionarios que omitan o falseen información patrimonial.
Además, Adorni ya se encuentra bajo análisis en otra investigación relacionada con un posible enriquecimiento ilícito, en la que deberá justificar la evolución de su patrimonio durante su paso por la función pública.
El expediente todavía no fue asignado oficialmente, aunque no se descarta que quede bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien interviene en otras causas vinculadas al caso.
Con información de Cadena 3
Politica
La declaración jurada de Manuel Adorni: cuánto creció su patrimonio y qué bienes declaró
La nueva declaración jurada patrimonial de Manuel Adorni fue difundida este jueves y reveló un importante crecimiento de su patrimonio durante el último año, impulsado por inversiones inmobiliarias, ahorros en dólares y nuevas deudas hipotecarias.
De acuerdo con la presentación realizada ante la Oficina Anticorrupción, el patrimonio del funcionario pasó de $662,6 millones al inicio del período a $944,5 millones al cierre de la declaración.
Según se informó, el incremento patrimonial se explica principalmente por ingresos no gravados, herencias, donaciones y revalorización de activos.
Las propiedades y bienes declarados
Entre los inmuebles declarados por Adorni figuran un departamento en el barrio porteño de Caballito, otro departamento en La Plata, una vivienda en Exaltación de la Cruz —ubicada en el country Indio Cuá— y otro departamento con cochera adquirido durante 2025.
El valor total de las propiedades supera los $570 millones.
Además, el jefe de Gabinete declaró un vehículo Jeep Compass modelo 2021, dinero en efectivo en pesos por $2,45 millones y más de 200 mil dólares en efectivo, valuados en más de $300 millones al tipo de cambio declarado.
También informó depósitos en Estados Unidos por 6.220 dólares y bienes del hogar valuados en $41,3 millones.
Deudas y gastos
En el apartado de deudas, la declaración muestra un fuerte incremento: mientras al inicio del período ascendían a $92,4 millones, al cierre treparon a $317,3 millones.
Respecto a los ingresos, Adorni declaró $48,1 millones por salarios y rentas, además de $270,7 millones correspondientes a ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.
A eso se suman $73 millones provenientes de herencias y donaciones.
Por otra parte, el funcionario informó gastos personales por $99,9 millones y gastos no deducibles por $129,3 millones.
Con información de NA
Politica
El Gobierno acordó una suba salarial con las universidades, pero sigue el reclamo judicial ante la Corte
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario destinado a descomprimir el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
Sin embargo, pese al entendimiento alcanzado, las casas de estudio confirmaron que continuará la demanda presentada ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Cómo será el aumento salarial
La propuesta oficial contempla una recomposición salarial del 24,33% dividida en dos etapas.
El esquema prevé un incremento del 21,33% en julio y otro adicional del 3% en octubre.
Según se informó, el ajuste busca compensar parte de la pérdida salarial acumulada entre 2024 y 2026. Además, el acuerdo incluye el compromiso de revisar los salarios para evitar que vuelvan a quedar por debajo de la inflación durante este año.
También se confirmó la convocatoria a una nueva reunión paritaria con los gremios universitarios.
Más fondos para becas y hospitales universitarios
El entendimiento firmado entre el Ejecutivo y el CIN también incorpora otras medidas vinculadas al sistema universitario.
Entre ellas se encuentra un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país.
A su vez, se anunció una partida de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.
Las negociaciones también incluyeron el reclamo de docentes de colegios preuniversitarios, quienes además sufrieron el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
La demanda judicial continuará
Pese al acuerdo económico, las universidades ratificaron que mantendrán activa la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
La causa cuenta actualmente con una medida cautelar favorable a las universidades, aunque su aplicación permanece suspendida tras un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.
La definición final quedó ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Desde el Gobierno sostienen que la ley aprobada por el Congreso es “ilegal” debido a que, según su interpretación, no establece claramente el origen de los recursos para financiarla.
Desconfianza de los gremios universitarios
Desde distintos sectores sindicales manifestaron cautela respecto del acuerdo alcanzado.
Representantes de Conadu señalaron que aún esperan una convocatoria formal a paritarias y remarcaron que existe desconfianza sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Ejecutivo.
Mientras tanto, las universidades continúan en estado de alerta y siguen las protestas impulsadas por docentes, estudiantes y trabajadores no docentes en distintos puntos del país.
Con información de Infobae
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