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El Gobierno estudia suspender la Ley de Alquileres, pero aún no tiene la manera

La decisión se habría tomado durante un encuentro entre Alberto Fernández y Sergio Massa. La norma, sancionada em 2019, dio como resultado un aumento del precio de las locaciones por una contracción de la oferta.

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FOTO: Sergio Massa y Alberto Fernández (Gentileza Ámbito Financiero).

El Gobierno nacional estudia el marco jurídico aplicable para suspender la vigencia de la Ley de Alquileres, que, a menos de dos años de su puesta en vigor, dio como resultado un aumento del precio de las locaciones a causa de una contracción de la oferta de inmuebles.

La decisión se habría tomado durante un encuentro entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, en el que se analizó este tema como una cuestión prioritaria.

Si bien el Poder Ejecutivo tiene la voluntad de avanzar en ese sentido, la traba es cómo lograr legalmente la suspensión de la norma, que fue sancionada en el Congreso. Para tal fin, se estaría estudiando la posibilidad de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

La ley, que fue aprobada en noviembre de 2019 y entró en vigencia siete meses después, estableció una serie de condiciones que llevó a los dueños de propiedades a optar por no ponerlas en alquiler.

Entre los puntos más cuestionados, está la extensión del plazo de vigencia de los contratos a tres años, la forma de actualización anual del valor de los alquileres y la aplicación de un índice para establecer esos aumentos.

Los obstáculos y riesgos que pasaban a correr los propietarios hicieron que estos decidieran quitar sus inmuebles del mercado e, incluso, en muchos casos los pasaran a alquileres temporales, donde la ley no tiene injerencia.

La norma comenzó a mostrar sus falencias a poco de su implementación y, en consecuencia, distintas fuerzas políticas presentaron en el Congreso decenas de proyectos para modificarla, pero nunca se alcanzó el consenso necesario.

La aplicación del índice de actualización de los valores anualmente provoca que los inquilinos deban afrontar aumentos que, por estos días, se acercan al 100% de un mes a otro, rompiendo cualquier presupuesto. El Índice de Contrato de Locaciones (ICL) se conforma con la evolución del RIPTE (evolución de salarios) y de la inflación.

Además, los propietarios que recuperan su inmueble y deciden ponerlo nuevamente en alquiler piden un monto mensual muy elevado para cubrirse de la evolución de la inflación.

Por este tema, el expresidente de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe, dijo a Cadena 3 que, por entonces, cuando se sancionó la actual ley, muchos propietarios decidieron no firmar el contrato por tres años que se imponía. «Esos mismos dueños pusieron los departamentos como alquileres temporarios», señaló.

«Se dio que los estudiantes vienen en marzo a las ciudades y no hay inmuebles en alquileres. La oferta es mínima para la demanda que tiene una capital como Buenos Aires», afirmó.

En ese contexto, advirtió: «La situación de los inquilinos es muy complicada por el ABL, luz, gas y todos los gastos que implica».

Pepe sugirió que lo ideal sería derogar la ley y volver al Código Civil, con ajustes semestrales que «funcionaban perfectamente». «No hay que hacer ninguna otra ley», aseguró.

«Si se quiere, el próximo Gobierno puede hacer una nueva ley con la participación de todos los sectores y no como se hizo en la gestión de Macri, que fue una ley apuntada para Recoleta y Puerto Madero, pero no para el resto del país», cuestionó.

Aun en caso de que se suspende la norma, Pepe dijo a Cadena 3 que los contratos actuales siguen vigentes hasta su vencimiento. «Si tengo que hacer un contrato, yo esperaría 48 horas, porque el Gobierno dice que habrá anuncios», sugirió.

Fuente: Cadena 3

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Comisión Funcionamiento del Estado y participación ciudadana: el 4 de agosto se realizará una audiencia pública

El objetivo es trabajar por bloque temáticos con las personas e instituciones que hayan presentados proyectos.

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Comisión Funcionamiento del Estado y participación ciudadana: el 4 de agosto se realizará una audiencia pública

En el marco de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, este jueves se volvió a reunir la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana. Esta Comisión tiene una mirada integral sobre la calidad institucional y democrática del Estado santafesino. Aborda temas como los mecanismos de participación ciudadana, la democracia semidirecta, la seguridad pública, la eficiencia de los servicios, la planificación de políticas públicas y el federalismo de concertación. También incluye principios como la cláusula democrática y el reconocimiento de la causa Malvinas.

Tras el encuentro, se detalló que fue ordenada la convocatoria para el lunes, cuando se trabajará en cuatro bloque temáticos: Malvinas, un proyecto presentado por cooperativas, otro de Colegios, Consejos y Cajas Profesionales y otro la Federación de Derechos Humanos. El 4 de agosto, a las 12 horas, se va a realizar la audiencia pública para la que se va a invitar a participar a quienes se anoten en un formulario online y a aquellas personas que hayan presentado proyectos.

La Comisión se conforma su presidenta Germana Figueroa Casas, el vicepresidente Alcides Calvo; la secretaria Eugenia Martínez; y por el bloque Unidos para Cambiar Santa Fe: Germana Figueroa Casas, Rodolfo Giacosa, Esteban Motta, Lucía Masneri, Cristian Cunha, Leonardo Diana, Pablo Farías y Julio Garibaldi; por el bloque Más para Santa Fe: Lucía De Ponti, Alcides Calvo y Juan Monteverde; por el bloque La Libertad Avanza: Candela Rodríguez y Néstor Fandos; por el bloque Activemos: Eugenia Martínez; y por el bloque Frente de la Esperanza: Ariel Sclafani.

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Manuel Adorni fue tajante sobre Victoria Villarruel: “No es parte de la gestión desde hace muchísimo tiempo”

Adorni marcó distancia de la vicepresidenta con una frase que dejó en evidencia las internas del Gobierno.

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Foto: Manuel Adorni fue tajante sobre Victoria Villarruel: “No es parte de la gestión desde hace muchísimo tiempo”

Manuel Adorni volvió a ser protagonista de un momento tenso en su conferencia diaria. Este jueves, al ser consultado por la participación de Victoria Villarruel en la gestión, el vocero respondió con una frase que evidenció un marcado distanciamiento.

El vocero de Javier Milei dejó en claro que la vicepresidenta “No es parte de la gestión desde hace muchísimo tiempo”, y que a pesar de esa situación: “Hace un año medio que trabajamos con resultados bastante prominentes”.

Además, indicó: “Siempre se le dio demasiado valor a determinadas definiciones sobre la vicepresidenta, o sobre otras personas, no importa. Simplemente no forma parte del Gobierno, de la gestión y del día a día, y no es parte de este proyecto”.

“Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla la lealtad no es una opción: es una condición», agregó después.

Para luego afirmar: «Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado, está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”.

Más comentarios del vocero presidencial sobre la vicepresidenta

“Es que los cargos no importan, que quienes están en una lista, en un puesto, en una función no importan y que lo que importa, que es lo que ocurre, es que estemos todos juntos en el mismo barco, yendo hacia la misma dirección”, remarcó.

También afirmó que: “(El de Karina Milei) fue un mensaje para todos de ‘¡vamos para adelante!’. Es razonable que en los armados de listas y en cuestiones partidarias algunos tengan pretensiones, los lugares son limitados».

«No ha pasado nada que uno considere anormal, atípico, más allá de que somos nuevos en estas cuestiones de armado“, expuso luego acerca de la situación.

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Las empresas de Estados Unidos advierten que no llegarán inversiones si el Gobierno no avanza con cinco reformas clave

En su último informe, difundido tras la restitución de aranceles por parte de la administración de Donald Trump, la entidad señaló que el país “se encuentra ante un contexto de oportunidad” gracias a sus recursos naturales y su capital humano, pero alertó que ese potencial no se traducirá en crecimiento sin cambios profundos.

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Foto: El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) advirtió que la Argentina debe avanzar de manera urgente con cinco reformas estructurales para mejorar su competitividad y generar un clima propicio para atraer inversiones.

En su último informe, difundido tras la restitución de aranceles por parte de la administración de Donald Trump, la entidad señaló que el país “se encuentra ante un contexto de oportunidad” gracias a sus recursos naturales y su capital humano, pero alertó que ese potencial no se traducirá en crecimiento sin cambios profundos.

“El sector privado está dispuesto a acompañar el proceso de desarrollo nacional, aunque resulta imprescindible brindar un entorno de negocios estable y previsible”, indicó el documento. Desde la perspectiva de las empresas, el problema no es la falta de interés, sino las condiciones actuales del mercado local. Por eso, AmCham planteó cinco ejes concretos que, según la entidad, deben resolverse para destrabar inversiones.

El primero es el acceso al mercado de cambios. “Es prioritario garantizar el libre acceso para el giro de dividendos, regalías o la cancelación de deudas comerciales o financieras”, expuso el informe. La cámara remarcó que las restricciones actuales generan incertidumbre y desalientan la llegada de capitales productivos.

El segundo punto clave es la presión tributaria. “Resulta urgente avanzar hacia una reforma integral que simplifique, modernice y reduzca sensiblemente la misma”, planteó el documento. En su visión, la complejidad y el peso del sistema impositivo no solo encarecen las operaciones de las empresas, sino que también fomentan la informalidad y reducen los incentivos a invertir en el país.

La tercera barrera es la inestabilidad regulatoria. AmCham alertó sobre los efectos del “péndulo” normativo y reclama consensos básicos entre todos los sectores. “Los actores políticos, sindicales, empresariales y la sociedad deben acordar un modelo de país que garantice políticas públicas sostenibles en el tiempo”, manifestó el texto.

En cuarto lugar, la cámara apuntó al escaso desarrollo de infraestructura, que impacta directamente en los costos logísticos, de transporte, conectividad digital y acceso a servicios esenciales para las empresas.

“Una infraestructura adecuada es un factor determinante para la radicación de inversiones, en especial en sectores como la energía, la minería, el agro y la economía del conocimiento”, añadió el informe.

Por último, el documento abordó la necesidad de modernizar el sistema laboral argentino. Según AmCham, “debe promoverse un régimen adecuado a las actuales y futuras relaciones del trabajo”, que contemple mayor flexibilidad, fomente la productividad y preserve los derechos tanto de los empleados como de los empleadores.

El texto concluyó que la inversión privada “juega un rol fundamental en la construcción de una economía sólida”, pero advirtió que sin reformas estructurales no será posible materializar ese proceso. “Se requieren señales claras de largo plazo y un compromiso real para remover las barreras que impiden el desarrollo”, cerró.

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