Politica
El Senado de Santa Fe le reclama a la Nación una autovía en la ruta 34
Por unanimidad, los legisladores suscribieron un pedido de Alcides Calvo que vuelve sobre un tema acuciante sobre el que la provincia ya pidió poder hacerse cargo a la Casa Rosada, sin respuestas viables.
La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe pidió «la reactivación inmediata de las obras de conversión en autopista de la Ruta Nacional N°34, en el tramo comprendido entre Ataliva y Sunchales, cuya paralización definitiva ha sido confirmada recientemente mediante una nota interna del día 6 de marzo del corriente de la Dirección Nacional de Vialidad dirigida al cuerpo gerencial y a jefes de distrito (entre ellos el del 7º Distrito), a pesar de contar con un alto porcentaje de obra».
Como es de forma, la comunicación está dirigida al Poder Ejecutivo Provincial para que «realice las gestiones necesarias ante el Gobierno Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad para solicitar» el pedido. La minuta llegó sobre tablas a la sesión de este jueves 20 y de inmediato se puso entre los temas a considerar con la consiguiente aprobación por unanimidad.
El senador por Castellanos, Alcides Calvo (PJ), elaboró un texto cuyo valor más interesante está en los fundamentos. En la parte resolutiva se amplifica en definitiva una queja que es frecuente entre los usuarios de la ruta nacional que ven que los trabajos estaban cerca de sus finalización y sin embargo, fuera de toda lógica, se han cortado.
En numerosas oportunidades los cuerpos legislativos producen manifestaciones o suscriben posiciones que se saben destinadas a no producir más efectos que los informativos. En especial cuando se formula un reclamo o una queja ante poderes alejados de la realidad santafesina. De todos modos, vale la pena conocer el fondo de esos planteos, las razones que los impulsan.
Desde su banca, el senador del PJ confesó que lo tomó «por sorpresa» la decisión del gobierno nacional de no continuar con las obras, con una interrupción que daña «una obra de infraestructura vial estratégica para la provincia y el norte del país afecta gravemente la seguridad del tránsito, la conectividad regional y el desarrollo económico de la región, generando perjuicios directos a los ciudadanos y a los sectores productivos de la provincia por ser una vía de comunicación con las terminales portuarias y la ciudad de Buenos Aires».
«Resulta imperativo que se revise esta decisión y se garantice el cumplimiento de los compromisos previamente asumidos, a fin de evitar la continuidad de una situación de alta siniestralidad vial que, de manera recurrente, provoca victimas fatales y cuantiosas pérdidas materiales dado que existe una deficiente señalización horizontal y vertical y la falta de terminación de la obra de referencia. La presencia del Estado en la conclusión de esta infraestructura es ineludible, dado que se trata de una obra fundamental para la seguridad y el desarrollo socioeconómico de la región», observó el senador.
En mayo del año pasado el mismo legislador expresó su «profunda preocupación por la falta de avances en la obra de la RN 34», en el mismo tramo del departamento Castellanos y recordó que para entonces el gobierno provincial confiaba en la posibilidad de que esa obra de infraestructura sea traspasada al Estado santafesino ante la inacción de la gestión de Javier Milei.
El 25 de junio de 2024 «la Provincia de Santa Fe y la Nación suscribieron el Acuerdo Marco de Colaboración en materia de Obras Públicas» y allí «se incluyó la finalización de varias obras viales estratégicas, entre ellas la de la 34».
Sin embargo, «la reciente resolución de la Dirección Nacional de Vialidad ha dejado sin efecto estos compromisos, lo que representa un grave retroceso para la infraestructura vial de la región», lamentó Calvo.
Los fundamentos incluyen citas a una nota oficial de la Dirección Nacional de Vialidad que aborta la obra ante «las restricciones económicas que afectan a la DNV», establecidas por distintos decretos del Poder Ejecutivo Nacional y resoluciones del organismo.
Allí «se ordena el cierre de contratos de obras públicas, tanto en tramos concesionados como en aquellos fuera de la red vial concesionada, debido a la inviabilidad económica de su continuidad».
Así, «la paralización de las obras en la Ruta Nacional Nº 34 se enmarca en la reestructuración presupuestaria derivada de la Ley de Bases (Ley 27.742, artículos del 63 al 65) y el Decreto 713/2024, reglamenta los articulos 63 al 65 de la Ley de Bases, estableciendo el marco para la renegociación o rescisión de contratos de obra pública y concesión suscritos por el Sector Público Nacional».
Las renegociaciones «podrán iniciarse de oficio o a pedido del contratista y deberán ser aprobadas por el Poder Ejecutivo Nacional, previa intervención de los ministerios y organismos competentes. Se renegociarán únicamente aquellos contratos cuya continuidad resulte financieramente conveniente para el interés público, y el contratista deberá renunciar a indemnizaciones o reclamos por lucro cesante».
De no ser viable, «se procederá a su rescisión mediante un procedimiento administrativo que garantice la transparencia y el resguardo del interés estatal», indica.
«El decreto también regula la posibilidad de acuerdos transaccionales con contratistas para evitar litigios, estableciendo una quita minima del 30% sobre la deuda en favor del Estado. Estos acuerdos deberán ser aprobados por la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro», pero con el Ministerio de Economía para «determinar los mecanismos de pago, pudiendo utilizarse títulos o bonos.
Además, el decreto permite la suspensión de plazos judiciales y administrativos por hasta seis meses en caso de negociaciones en curso. Esta decisión genera impactos altamente negativos para la provincia de de Santa Fe».
Calvo enumera los perjuicios: «incremento del riesgo vial, afectando la seguridad de miles de personas que transitan diariamente por esta arteria fundamental; dificultades en el desarrollo económico y logístico, al obstaculizar el transporte de bienes y servicios esenciales; deterioro progresivo de la infraestructura existente, debido a la falta de mantenimiento y ejecución de las mejoras necesarias; y aislamiento de comunidades, restringiendo el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo».
Fuente: El Litoral
Politica
El Gobierno acordó una suba salarial con las universidades, pero sigue el reclamo judicial ante la Corte
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario destinado a descomprimir el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
Sin embargo, pese al entendimiento alcanzado, las casas de estudio confirmaron que continuará la demanda presentada ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Cómo será el aumento salarial
La propuesta oficial contempla una recomposición salarial del 24,33% dividida en dos etapas.
El esquema prevé un incremento del 21,33% en julio y otro adicional del 3% en octubre.
Según se informó, el ajuste busca compensar parte de la pérdida salarial acumulada entre 2024 y 2026. Además, el acuerdo incluye el compromiso de revisar los salarios para evitar que vuelvan a quedar por debajo de la inflación durante este año.
También se confirmó la convocatoria a una nueva reunión paritaria con los gremios universitarios.
Más fondos para becas y hospitales universitarios
El entendimiento firmado entre el Ejecutivo y el CIN también incorpora otras medidas vinculadas al sistema universitario.
Entre ellas se encuentra un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país.
A su vez, se anunció una partida de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.
Las negociaciones también incluyeron el reclamo de docentes de colegios preuniversitarios, quienes además sufrieron el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
La demanda judicial continuará
Pese al acuerdo económico, las universidades ratificaron que mantendrán activa la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
La causa cuenta actualmente con una medida cautelar favorable a las universidades, aunque su aplicación permanece suspendida tras un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.
La definición final quedó ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Desde el Gobierno sostienen que la ley aprobada por el Congreso es “ilegal” debido a que, según su interpretación, no establece claramente el origen de los recursos para financiarla.
Desconfianza de los gremios universitarios
Desde distintos sectores sindicales manifestaron cautela respecto del acuerdo alcanzado.
Representantes de Conadu señalaron que aún esperan una convocatoria formal a paritarias y remarcaron que existe desconfianza sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Ejecutivo.
Mientras tanto, las universidades continúan en estado de alerta y siguen las protestas impulsadas por docentes, estudiantes y trabajadores no docentes en distintos puntos del país.
Con información de Infobae
Politica
Presentaron un proyecto de ley para asistir a trabajadores afectados por crisis empresariales en Santa Fe
La iniciativa, coautoría del senador Alcides Calvo, propone flexibilizar el acceso a pensiones sociales en casos excepcionales de vulnerabilidad económica y laboral.
El pasado 4 de junio ingresó en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe un proyecto de ley que busca brindar herramientas de contención social para trabajadores y familias afectadas por crisis empresariales, laborales o productivas.
La iniciativa fue presentada por el senador provincial Alcides Calvo junto a los legisladores Felipe Michlig, Hugo Rasetto y Leonardo Diana, y propone modificar la Ley Provincial N.º 5110, que regula el régimen de pensiones sociales.
El objetivo del proyecto
La propuesta apunta a incorporar una facultad excepcional y transitoria para que la autoridad de aplicación pueda otorgar beneficios sociales aun cuando las personas registren antecedentes económicos o patrimoniales correspondientes a una etapa anterior de estabilidad.
De esta manera, se busca evitar que requisitos patrimoniales rígidos excluyan automáticamente a familias que actualmente atraviesan situaciones críticas por:
- Cierre de empresas
- Suspensiones laborales
- Falta de pago de salarios
- Caída abrupta de ingresos
- Paralización productiva
Calvo: “El Estado debe actuar con sensibilidad”
El senador por el departamento Castellanos explicó que el proyecto intenta dar respuesta a situaciones que afectan directamente a trabajadores y comunidades enteras.
“Hay realidades que el Estado debe mirar con sensibilidad y responsabilidad. Muchas familias pueden haber tenido una situación laboral o patrimonial estable, pero una crisis empresarial o productiva puede colocarlas repentinamente en una situación de vulnerabilidad”, expresó Calvo.
Además, vinculó la iniciativa con el contexto económico actual y las dificultades que atraviesan distintas empresas de la provincia.
Crisis empresariales y preocupación social
El legislador mencionó casos de compañías que enfrentan escenarios complejos, entre ellas:
- Verónica
- SanCor
- Otras empresas afectadas por la inflación y la caída de actividad
“Cuando una fuente de trabajo entra en crisis, no solo afecta a una empresa, sino a toda una comunidad. Por eso entendemos que el Estado debe contar con herramientas para acompañar a quienes quedan en situación de necesidad”, sostuvo.
Una medida excepcional y transitoria
Desde el equipo legislativo aclararon que el proyecto no crea nuevos beneficios sociales ni elimina los requisitos generales establecidos por la normativa vigente.
La modificación incorpora únicamente una herramienta excepcional para que cada situación pueda analizarse de manera integral mientras persistan las circunstancias extraordinarias que originaron la vulnerabilidad económica o social.
Con información de Equipo de Trabajo – Senador Provincial Alcides Calvo
Politica
Adorni prepara su declaración jurada en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trabaja en la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción mientras avanza la causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Desde el Gobierno aseguran que el documento será presentado antes del 15 de junio.
El Gobierno busca bajar el impacto político antes del Mundial 2026
Según trascendió, en Casa Rosada consideran que el inicio del Mundial 2026, previsto para el jueves 11 de junio, podría ayudar a desplazar el foco mediático sobre la interna oficialista y la situación judicial del funcionario.
La administración nacional apuesta a que el interés social por la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo reduzca la atención sobre el conflicto político que atraviesa al oficialismo.
Las razones de la demora
De acuerdo a versiones cercanas al jefe de Gabinete, la demora en la presentación de la documentación responde a dos motivos principales:
- Evitar interferir en la investigación que lleva adelante el fiscal de la causa.
- Reducir la presión interna dentro del oficialismo.
En ese contexto, surgieron diferencias con figuras del espacio libertario como Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes impulsaban una presentación anticipada de la declaración jurada.
Bullrich pidió acelerar los plazos
La ministra de Seguridad había solicitado públicamente adelantar la presentación, pese a que el plazo legal vence el 31 de julio.
“Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado”, sostuvo Bullrich durante una actividad en Mendoza, luego de presentar su propia declaración.
Las diferencias internas volvieron a evidenciar tensiones dentro del oficialismo, en un contexto marcado además por los cruces entre Santiago Caputo y Karina Milei.
La causa que complica al funcionario
La investigación tomó mayor relevancia luego de que se conociera la presencia de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, dentro de la delegación presidencial que viajó a Nueva York en marzo.
Mientras tanto, el Gobierno espera que la presentación de la declaración jurada ayude a descomprimir el escenario político y judicial que enfrenta el funcionario.
Con información de NA
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