Politica
Final para otro curro: derogaron la norma de Alberto para cobrar las fotocopias a los estudiantes
Alberto Fernández había firmado al final de su mandato la norma para cobrar las fotocopias a los estudiantes.

Por medio del decreto 1036/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo derogó la norma sancionada por el expresidente Alberto Fernández en el último “día hábil” de su gestión, que reconocía al Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (Cadra) como único representante de los autores, sus derechohabientes y los editores de obras literarias, artísticas, científicas y fotográficas para cobrar un canon por las reproducciones en formato digital o analógico de las obras, las clásicas fotocopias que todos los estudiantes conocen (actualmente adaptadas a PDF o archivos de Word).
Cadra fue considerada “entidad única” para negociar los derechos de reproducción, y recaudar y distribuir el importe fijado por el Ministerio de Cultura de la Nación (actualmente Secretaría de Cultura). La entidad, creada en 2020 y con más de dos mil asociados, quedaba habilitada para llevar a cabo procedimientos judiciales y administrativos en aras de la propiedad intelectual. En aquella ocasión, el expresidente de Cadra, el editor Luis Quevedo, había dicho a este diario que el decreto beneficiaba no solo a escritores y editoriales, sino también a traductores, ilustradores y fotógrafos. “Al incluir a los fotógrafos, se consiguió una ampliación de derechos, dado que estos no tenían una sociedad de gestión colectiva que los protegiera”. El actual presidente de Cadra es el abogado Federico Polak, exfuncionario de la embajada argentina en Madrid y extitular del PAMI.
En ese momento, la decisión había sido criticada porque la norma autorizaba a Cadra a cobrar un canon a universidades y otros centros de enseñanza por el acceso a materiales de lectura. Por presión de las entidades de bibliotecarios, las bibliotecas públicas y populares, archivos y museos quedaron eximidos del pago del canon que establecía aquel decreto.
En el nuevo decreto, que lleva las firmas del Presidente y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, no escasean los adjetivos y se considera que el régimen aprobado a finales de 2023 constituía “una regulación irrazonable, engorrosa, de difícil aplicación, que no garantiza el cumplimiento de su finalidad, que genera manifiestas inequidades injustificadas, distorsiones en la actividad comercial de quienes proveen el servicio de fotocopias y un perjuicio económico a estos comercios y a sus clientes”.
Por otro lado, se observa que la retribución estipulada por Cadra y la Secretaría de Cultura era fijada “sobre una base presunta, sin ninguna relación con los ingresos que esos comercios minoristas obtienen del servicio de fotocopiado”. Y agrega que “resulta imposible establecer un método medianamente fidedigno y objetivo de trazabilidad que permita identificar qué textos han sido fotocopiados y asignar así a sus autores y editores, en función de la utilización de sus obras, lo recaudado por la retribución establecida en el decreto referido”.
La exclusividad otorgada por el gobierno anterior, afecta, según la actual gestión, “la libre concurrencia, por cuanto impide que otras asociaciones de autores que puedan, libremente constituirse, representen los derechos de los autores y editores, sus derechohabientes y sucesores”. “Es preciso señalar que cualquier autor o editor es libre de disponer de su derecho de propiedad y decidir eventualmente quién y cómo habrá de representarlo”, se remarca.
“El decreto de Fernández le daba a Cadra una potestad monopólica de ir a cobrar de forma genérica licencias por el acceso a materiales vía fotocopias en papel o reproducciones digitales basado en una licencia per cápita de estudiantes -dice a este diario la docente y activista por la cultura libre Beatriz Busaniche-. Es decir que si una universidad pública tiene cincuenta mil alumnos debe pagarle a esta asociación civil un monto fijo por estudiante. Era un despropósito total en general, pero aún más en un momento de severo ajuste de las universidades públicas. Es una buena noticia que se haya derogado ese decreto inconsulto y carente de toda legitimidad en el sector al que afectaba”.
Cadra “deplora” la derogación del decreto
En un comunicado, Cadra “deplora” la derogación del decreto 736/23 y sostiene que “atenta contra los creadores culturales del país”. Al perder la exclusividad para administrar los derechos de autor en todo el país, la entidad asume que “solo deberá intervenir en los casos en los que se vean afectados sus socios”.
Se recuerda además que Cadra forma parte de la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO), junto con 158 entidades “que cumplen la misma función en los distintos países, y que representa a través de los convenios suscriptos, a los autores y editores extranjeros así como esas entidades protegen las obras de autores y editores argentinos en el resto del mundo”. El comunicado incluye una declaración que lleva la firma del presidente de Cadra, Federico Polak, titulada “El conocimiento, el amor al arte, los derechos de autor y el lucro ajeno”.
“Existen pocas actividades más nobles que las culturales, que enriquecen el espíritu con el conocimiento, el arte y la belleza -afirma Polak-. Partimos de la convicción de que el trabajo intelectual y artístico genera derechos para el autor y las compañías que editan tales trabajos. […] En tal marco, nuestra Constitución Nacional consagra el derecho de propiedad intelectual. Evitar el plagio y las reproducciones ‘piratas’ son tareas imposibles para individuos aislados. Pueden llevarlas a cabo los Estados o las sociedades de gestión colectiva, que están compuestas por sus socios: los titulares de derecho de propiedad intelectual”.
“Una sociedad civil sin fines de lucro que NO demanda nada del estado nacional -subraya- es la encargada de la gestión colectiva de los derechos de autor de autores y editoriales. Nuestra Comisión Directiva trabaja ‘ad honorem’ en defensa de los derechos de los creadores. En los últimos años, grandes compañías envían a las redes el producto de ese esfuerzo, sin retribuirlo. En realidad, reemplazan a los autores y editores, por la vía indirecta de percibir ingresos publicitarios por creaciones ajenas”.
“Lamentablemente, ese ataque a los derechos de los creadores acaba de ser apoyado por el insólito decreto 1036/24 del Poder Ejecutivo […], tratando de quitarle a Cadra la legitimación para la defensa de tales derechos de autor -evalúa-. Una norma que estimula la apropiación indebida de material ajeno por grandes conglomerados que no sólo no tributan a los autores, sino que cobran como si fueran los creadores del material que distribuyen”.
Según el presidente de Cadra, la economía del conocimiento es “el área de mayor crecimiento en la Argentina y una fuente creciente de divisas” y la desprotección del sector tendría “efectos no solo injustos sino también económicos y financieros para el país ya que el respeto a la propiedad intelectual es un requisito básico de todo acuerdo de libre comercio tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos”.
“De hecho, la protección efectiva de la propiedad intelectual es una política comercial que está siendo encarada en todo Occidente, con la creciente defensa de los verdaderos autores y editores en diversos países de Europa occidental, Australia y Estados Unidos, entre otros”, remarca antes de concluir en tono diplomático: “En Cadra seguiremos trabajando en defensa de los intereses de los creadores y, como siempre, estamos dispuestos a encontrar caminos comunes para llevar adelante nuestra tarea, haciendo un llamado urgente a las autoridades para revisar el Decreto 1036/24?. De este modo, la situación de la entidad vuelve a ser la misma que antes de finales de 2023.
También esta tarde, la Unión de Escritoras y Escritores emitió un comunicado en el que rechaza “los recientes decretos que perjudican la actividad del Fondo Nacional de las Artes y de Cadra”.
Fuente: La Nación
Politica
Piden prisión para Andrea del Boca por el fraude Mamá Corazón y que devuelva U$S 3 millones
La fiscal federal Fabiana León pidió esa pena para la actriz por defraudación al Estado con su novela Mamá Corazón. También pidió la condena de Julio De Vido y del exrector de la UNSAM, Carlos Ruta.

La fiscal federal Fabiana León pidió la condena de Andrea del Boca y Julio de Vido por defraudación contra la administración pública por el financiamiento estatal irregular de la novela Mamá Corazón, en el marco del juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7), que arrancó en marzo pasado.
La fiscal pidió este jueves tres años y medio de prisión para Andrea del Boca, por considerarla «partícipe necesaria» del delito de defraudación en perjuicio del Estado.
Mientras que solicitó cuatro años y medio para Julio De Vido, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerar que el exministro fue autor de la defraudación; y otros cuatro años para el exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, como «partícipe necesario».
Además, la fiscal pidió la condena de otras personas que también ya estaban procesadas en la misma causa judicial: Maximiliano Schwerdtfeger, secretario de la UNSAM; y los ex funcionarios kirchneristas Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada.
Y reclamó el pago en forma solidaria de US$ 3.126.000 como restitución al Estado por esta defraudación.
La acusación fue porque se financió la novela Mamá Corazón con un mecanismo de triangulación con la UNSAM, sin concurso ni compulsa de precios y quedándose la productora con el producto de la venta de la serie en el extranjero. La fiscal también pidió que se condene al resto de los acusados en este juicio oral y público.
En su alegato, León destacó el daño «de enorme magnitud» que se produjo con estos «actos de corrupción» a las políticas públicas de financiamiento a las universidades y de fomento a las artes que se desarrollaron durante el gobierno de Cristina Kirchner.
«Ante ese privilegio que tuvieron esos sectores, de políticas muy generosas que las personas que estamos acusando hayan contribuido a afectar ese patrimonio, resulta un daño social que debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar las agravantes genéricas respecto de la totalidad de los imputados», sostuvo la fiscal federal.
Y destacó que «el hecho tiene especial gravedad», ya que «se trató de actos de corrupción que perjudicaron al estado y la confianza de los ciudadanos en decisiones que han sido generosas en punto al desarrollo educativo y cultural de la población».
En el caso específico de Andrea del Boca, se la acusó porque el contrato de adjudicación a su productora «tuvo modalidad por adjudicación directa, infringiendo la modalidad de contratación». Además, según surge del informe de auditoria de la Sindicatura General de la Nación, se incluyeron cláusulas arbitrarias y leoninas, por la exclusividad de 60 meses para la comercialización internacional de la telenovela, con una prórroga por otros 60 meses más, que se financió con fondos públicos, una novela cuya comercialización internacional se reservó para su propia productora. Por ello, se solicitó anular esa contratación, al estar involucrado el interés publico», sostuvo la acusación que se leyó al inicio del juicio oral y público.
La causa judicial
A mediados de 2018, en juez Sebastián Ramos procesó a De Vido como «autor» del delito de defraudación y le trabó un embargo por 60 millones de pesos; mientras que Andrea del Boca fue procesada como «partícipe necesaria», al igual que el entonces rector de la UNSAM, Carlos Ruta, a quienes les trabaron un embargo por 50 millones y 60 millones, respectivamente.
A todos ellos, el juez les inhibió sus bienes hasta cubrir la suma embargada. Y en abril de 2019 elevó la causa a juicio oral y público.
En ese entonces, el juez Ramos sostuvo en su fallo que «la maniobra en cuestión se encontraba planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca». Y agregó que eso respondió a una «voluntad predominantemente política y adoptada con anterioridad a que se formalizara el trámite de los expedientes».
El objetivo era que la novela fuera «financiada íntegramente con fondos públicos y generara ganancias a la referida empresa, cuya socia gerente Andrea del Boca era una persona cercana al gobierno de ese entonces», señaló el juez Ramos.
Tal como publicó Clarín en su investigación, que arrancó en junio de 2016, la productora A+a Group, de Andrea Del Boca, cobró más de 24 millones de pesos, a través de una contratación directa del ministerio que manejaba De Vido, triangulado con la UNSAM, sin licitación ni compulsa de precios.
Estaba previsto que la productora cobrara $ 36,58 millones y se quedara con un 10% de ganancia, además de la exclusividad en la comercialización internacional, cuando el gobierno de Mauricio Macri suspendió ese contrato. Además, A+a Group ya había cobrado el 76% de la novela, mientras que otras series que estaban en los mismos convenios con la UNSAM habían cobrado sólo el 7%.
El juez Ramos indicó en su fallo que no se cuestiona la «aptitud y/o calidad artística» de Andrea Del Boca como productora, sino que se pone en tela de juicio «la manera en que su proyecto fue escogido y la modalidad de contratación adoptada por parte de la UNSAM, en franca violación a la normativa vigente».
La Cámara Federal confirmó los procesamientos y embargos del juez Ramos.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia señalaron que lo cuestionable no fue la celebración de los acuerdos con la UNSAM, «sino la desnaturalización de su objeto y su utilización para evadir los controles con miras al desvío de fondos públicos asignados, hipótesis que a priori se ha configurado en autos».
Cuando la procesaron, el abogado de Andrea del Boca, Juan Pablo Fioribello, aseguró a Clarín que «no hubo un delito. Acá no hubo ni sobrefacturación. La causa tiene un gran contenido político, simplemente porque la encabeza De Vido. Eso hace que todo se centre en él y que el resto de las figuras traccionen, para pegarle a un ex ministro que está caído en desgracia y que debe haber sido una de las personas seguramente más corruptas de la gestión del kirchnerismo».
El ex rector de la UNSAM, Carlos Ruta, era un hombre muy cercano al gobierno kirchnerista, que involucró a esa universidad pública en varios proyectos, como la medidora de rating paralelo a Ibope y la polémica compra e instalación de millonarios equipos de efectos especiales, además de elegir las producciones para la TV digital.
Fuente: Clarín
Politica
Eduardo Feinmann fue agredido por un dirigente sindical: el video
Marcelo Peretta atacó al periodista a la salida de Radio Mitre.

Este jueves por la mañana, luego de que se retirara del programa que realiza en Radio Mitre, Eduardo Feinmann fue agredido por el sindicalista farmaceútico y bioquímico Marcelo Peretta.
«Tiene antecedentes públicos de violencia, cuando en el 2022 atacó a un abogado en el Ministerio de Trabajo. Un hecho vergonzoso, inadmisible y condenable», comenzó diciendo Marcelo Bonelli, al aire de Nuestra Mañana (Radio Mitre).
Al salir del ciclo que conduce, Alguien tiene que decirlo, Feinmann se comunicó telefónicamente con la radio y dio detalles de lo sucedido: «Fui agredido por este violento, estos personajes típicos del sindicalismo apretador, extorsionador y violento que tiene sumida a la República Argentina desde hace añares».
«(Salí de la radio) y de repente veo a Marcelo Peretta que viene caminando rápidamente hacia mí. Me dice que está su hijo, y el hijo filmando a su padre, qué vergüenza», agregó el periodista, mientras las imágenes mostraban al hombre, de campera roja, acercándose hacia él.
En esa línea, agregó: «Y con otro hombre del sindicato, que también me estaba esperando en la puerta, de buzo celeste, que también terminó filmándome y siendo cómplice de Peretta. Vinieron de a tres a apretarme, fue una emboscada».
«Me reprochaba por cosas y comentarios que yo hacía hecho sobre él. Este ser nefasto se presentó como candidato en la Ciudad de Buenos Aires para ser legislador, pero no entró. Y ahora había armado una lista con Jorgito Porcel, que termina renunciando», relató Eduardo, acerca de la historia del agresor.
Y sumó: «Este tipo se hizo conocido en el programa de Mauro Viale, que lo llevaba como si fuera el gran sindicalista de la República Argentina. Un tipo que tenía una colecta y que, en ese momento, defendía a Alberto Fernández. Y en el 2021 se transformó en PRO, no sé si sigue respondiendo a Patricia Bullrich».
Sobre el acto de violencia, Feinmann contó que, cuando se bajó de su auto, fue cuando Peretta comenzó a agredirlo: «Él empuja a la policía y me pega una patada en la cintura, después patea mi auto y lo abolla. Esto es parte de este sindicalismo violento y retrógrado que los argentinos no queremos más».
«Yo me subí un par de veces para irme pero el tipo me seguía agrediendo y me decía ’cagón, bajá’. Y yo cagón no soy. Obviamente la denuncia ya está hecha, mañana voy a ampliarla y la voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Tipos como estos tienen que estar presos», arremetió.
«Yo estoy bien, sin ningún problema. No me duele ni el cuerpo ni el daño a mi auto. Yo voy a hacer una denuncia por lesiones y daños, y voy a ir a fondo hasta que este tipo vaya preso. Aunque no creo porque tiene una protección política importante. También tiene varios temas de corrupción en el sindicato pesados. El tipo además es político y se presenta a elecciones», cerró.
El punto de vista de Marcelo Peretta sobre la agresión
Luego de que Eduardo Feinmann contara la agresión que recibió, el propio Marcelo Peretta dio a conocer el video que grabó su hijo del momento.
«Quiero que me digas por qué soy un garca. ¿Qué tenés conmigo? Ocupás tu programa, que escucha todo el mundo, para bardearme todos los días y jamás me entrevistaste. Nunca intercambié una opinión con vos», se lo escucha decir al sindicalista.
Desde su opinión, Peretta solo pedía explicaciones: «No vengo a amenazarte, vine a pedir explicaciones. Si sos un verdadero periodista, hablá conmigo, no operes con consultores. Usás el micrófono para ensuciar y ni siquiera me das derecho a réplica».
«Pedí disculpas, sinvergüenza. Me bardeás por los medios y cuando vengo a buscarte, te escapás», agregó.
Fuente: Clarín
Politica
Senadores cobrarán más de $ 10 millones desde noviembre, salvo los que renunciaron a los aumentos: quiénes son
Para noviembre de este año, el valor del módulo pasará a $2.554,84, lo que elevará la dieta de los senadores a $10.216.000 millones de pesos en bruto.

El piso salarial de los trabajadores del Congreso se actualizará tras el cierre de una nueva paritaria, por lo que se disparará de forma automática un nuevo incremento en las dietas de los senadores que llegará a fin de año a los 10,2 millones de pesos.
El incremento en los recibos de los legisladores tendrá lugar después de que, en abril de 2024, votaran a mano alzada y sin debate un aumento que incluyó una cláusula que dejó atada la actualización salarial del cuerpo a los acuerdos que cerraran los propios empleados legislativos.
Para noviembre de este año, el valor del módulo pasará a $2.554,84, lo que elevará la dieta de los senadores a $10.216.000 millones de pesos en bruto.
Actualmente, la percepción es de poco más de 9 millones de pesos en bruto para que aquellos que habían renunciado al último incremento, en junio, y de 9,5 millones para quienes no lo hicieron.
Solo la mitad del cuerpo presentó la nota correspondiente ante la vicepresidenta Victoria Villarruel para efectuar la renuncia.
Villarruel dictó un decreto en el que invitaba a los legisladores a «adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas», después de haber quedado en el ojo de la tormenta por el silencio del cuerpo legislativo ante otra actualización salarial.
Del interbloque kirchnerista, que presidente José Mayans, solo renunció al aumento de junio el senador Fernando Rejal; la senadora que también quedó exceptuada fue Alicia Kirchner, ya que percibe su jubilación, y el resto de los 32 integrantes no había desistido del aumento.
A este lote se le sumaron otros provinciales como la neuquina Lucila Crexell (Las Provincias Unidas) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), en tanto el formoseño Francisco Paoltroni tiene su sueldo embargado por la provincia de Formosa.
Quiénes son los 35 senadores que rechazaron el aumento
La lista incluye a legisladores de la UCR, PRO, La Libertad Avanza, Las Provincias Unidas, Frente de la Concordia y algunos monobloques:
-Maximiliano Abad (UCR)
-Bartolomé Abdala (LLA)
-Carmen Álvarez Rivero (PRO)
-Carlos Arce (Frente de la Concordia)
-Ivanna Arrascaeta (LLA)
-Ezequiel Atauche (LLA)
-Vilma Bedia (LLA)
-Pablo Blanco (UCR)
-José María Carambia (Por Santa Cruz)
-Andrea Cristina (PRO)
-Alfredo De Angeli (PRO)
-Carlos Espínola (Las Provincias Unidas)
-Flavio Fama (UCR)
-Eduardo Galaretto (UCR)
-Martín Goerling (PRO)
-Victoria Huala (PRO)
-Luis Juez (PRO)
-Mariana Juri (UCR)
-Daniel Kroneberger (UCR)
-Carolina Losada (UCR)
-Martín Lousteau (UCR)
-Stella Maris Olalla (UCR)
-Bruno Olivera Lucero (LLA)
-Juan Carlos Pagotto (LLA)
-Sonia Rojas Decut (Frente de la Concordia)
-Juan Carlos Romero (Las Provincias Unidas)
-Mónica Silva (Por Río Negro)
-Rodolfo Suárez (UCR)
-Guadalupe Tagliaferri (PRO)
-Edith Terenzi (Las Provincias Unidas)
-Mercedes Valenzuela (UCR)
-Alejandra Vigo (Las Provincias Unidas)
-Eduardo Vischi (UCR)
-Víctor Zimmermann (UCR)
-Beatriz Ávila (PRO)
Fuente: iProfesional
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