Ficha Limpia no es ley. El intento de proscribir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó obturado cuando La Libertada Avanza y sus aliados no consiguieron los votos necesarios para sancionar la norma. Por un voto se rechazó el proyecto. Fueron 36 afirmativos y 35 en contra. El resultado tomó por sorpresa a todo el recinto: el oficialismo y el PRO, principales impulsores de la norma, sufrieron una derrota inesperada que dejó expuestas sus fracturas internas y su falta de control parlamentario. Ezequiel Atauche, titular del bloque libertario, no ocultó su bronca: “La casta misionera fue responsable de la derrota”, disparó a pesar de que estos senadores actuaron como aliados en varias votaciones. A esa altura, ya circulaban acusaciones cruzadas entre los bloques que hasta pocas horas antes negociaban la sanción sin cambios. Con la confirmación del voto de los santacruceños, se especulaba con que los misioneros podían pedir cambios. Pero finalmente votaron en contra. Solo Unión por la Patria —único bloque que votó en contra— celebraba, aún sin terminar de creerlo.

La ley cayó por el rechazo de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que responden políticamente a Carlos Rovira. Sus votos eran claves y al retirar el apoyo al oficialismo hicieron naufragar el proyecto. “Nos llevaron hasta acá y a último momento se dieron vuelta”, se lamentó Atauche. Desde su banca, un senador que votó a favor de la ley murmuró resignado: “Jugó el oficialismo”. La rapidez con la que el gobierno nacional emitió un comunicado alimentó las sospechas de una maniobra de último momento. “La Oficina del Presidente condena la decisión del Senado de rechazar el proyecto de Ficha Limpia y permitir que los afiliados al Partido del Estado continúen impunes”, decía el texto difundido minutos después de la votación. «El Presidente Javier G. Milei aborrece la actitud de los senadores nacionales que han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo al que dicen representar. Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes. El Presidente Javier G. Milei no descansará hasta que Ficha Limpia se convierta en ley”, disparó el comunicado redactado en tiempo record. «Una enorme decepción» sintetizaron los radicales.

La Casa Rosada había intentado evitar la sesión durante toda la jornada. Lo que se ponía en juego no era solo una ley si no también el riesgo de entregarle un triunfo político al PRO, en plena campaña porteña, y dotar a la Justicia de una herramienta que puede volverle en contra, justo cuando el caso $LIBRA salpica al presidente y su entorno. Durante la tarde el Gobierno se replegó detrás del proyecto y buscó capitalizarlo. Enviaron al vicejefe de Gabinete José Rolandi a seguir la sesión que se mostró con un pin de la motosierra. Victoria Villarruel se encargó de impedir que la diputada Silvia Lospennato —autora de uno de los proyectos base— pudiera mostrarse en los palcos. “Por una cuestión de espacio”, argumentaron. Lospennato, sin embargo, se las ingenió para hablar con la prensa: “Es una lástima, me hubiera gustado aplaudir a los senadores”, dijo a Página/12. Y agregó: “No hay que discutir la paternidad del proyecto, es una discusión sin sentido. Al cierre de esta edición la principal impulsora de la medida escribió indignada en su cuenta de X: «Lamentable. Han defraudado a la Argentina. Pero no vamos a parar hasta saber qué pasó. No vamos a parar hasta que los corruptos no ganen más en la Argentina. Los que quieren impunidad. Los que miran al costando. No nos van a frenar. Sépanlo».

En la antesala del debate, el Partido Justicialista había difundido un comunicado con una consigna clara: “No hay Ficha Limpia cuando el verdadero objetivo es ensuciar la voluntad popular”. Afuera del Congreso, durante tarde las fuerzas de seguridad que responden a Patricia Bullrich reprimieron una vez más a los jubilados que protestaban porque no les alcanza para comer.

Cuando el tablero mostró el resultado adverso, entre los oficialistas evaluaban que el cambio de los misioneros podía estar relacionado con el armado libertario que Karina Milei realiza en Misiones y que enojó al jefe político de esa provincia, el exgobernador Carlos Rovira.

La jornada había comenzado con una ofensiva de Unión por la Patria, que intentó exponer las contradicciones de quienes promueven leyes anticorrupción mientras blindan a los funcionarios involucrados en el escándalo cripto. El bloque peronista pidió interpelar a Karina Milei y a Luis «Toto» Caputo por el caso $LIBRA, pero la moción fue rechazada por los mismos que luego no lograron aprobar Ficha Limpia.

El senador José Mayans pidió sobre tablas la interpelación: “Sé que tiene terror, porque es presidenta de un partido que no habla”, ironizó Mayans. La moción obtuvo 36 votos afirmativos, pero no alcanzó los dos tercios. “Los que piden Ficha Limpia en nombre de la República y ‘el coso’ votaron en contra de que vengan Caputo y Karina Milei a dar explicaciones”, resumió con sarcasmo la senadora Anabel Fernández Sagasti.

También fracasó el intento de interpelar al ministro de Defensa, Luis Petri, por el caso de Brisa Páez, la joven que terminó en coma inducido tras un ejercicio militar destinado a reprimir manifestaciones. “En el Senado no quieren que los funcionarios de Milei den explicaciones. Los argentinos no vamos a saber con quiénes se reunió Karina Milei ni Toto Caputo”, denunció Juliana Di Tullio en redes. “Ya nadie tiene dudas: Ficha Limpia es para proscribir inocentes”.

A las 15:20 comenzó el debate formal con una lista de 44 oradores, que se redujo a 36. Wado de Pedro fue uno de los primeros en abrir fuego: “Hoy comienza una nueva etapa de una democracia condicionada y con menos libertad. Ficha Limpia es la culminación de un método mafioso de proscripción de dirigentes, a partir del manejo de los medios y del copamiento del sector judicial”, lanzó. Y remató: “Antes tocaban las puertas de los cuarteles, ahora tocan las puertas de los juzgados. Es un proyecto para proscribir a Cristina Kirchner”.

Martín Lousteau también cuestionó la narrativa oficialista, aunque anticipó su voto afirmativo: “Este proyecto se vende como la solución a la corrupción, pero mientras se vota esto, hay un escándalo de este gobierno con el PAMI, donde los funcionarios son nombrados para recaudar plata”, señaló. “Hoy nos tendríamos que haber ido con Ficha Limpia y con las interpelaciones” a los responsables del caso LIBRA.

Desde la UCR, Carolina Lozada le habló al PRO y a los libertarios: “Que nadie se apropie de esta ley, es una ley de todos”, pidió. “Les pido a mis colegas que no caigan en la miseria de la política”. Pero ya era tarde. La senadora Silvia Sapag fue categórica: “Esto es una gorilada para impedir la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. La quisieron matar y ahora la quieren proscribir, como a Oesterheld”.

La ley escrita para proscribir a CFK establecía que no podrán ser candidatos a cargos electivos nacionales quienes tengan condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia. La inhabilitación solo aplicaba si la sentencia firme se dictaba 180 días antes de la elección. Paradójicamente, varios senadores objetaron su alcance limitado: “Con esta ley, un homicida o un narcotraficante podría competir”, advirtió Sapag. La letra, sin embargo, era clara: se buscaba dejar fuera del juego a la expresidenta aunque ella había adelantado que su intención era competir en la provincia de Buenos Aires.

Desde el recinto, Sagasti enumeró los principales argumentos jurídicos contra la norma: “No solo es inconstitucional porque viola el principio de inocencia, sino también porque vulnera el principio de irretroactividad de la ley”. Y concluyó: “Esto de limpio no tiene nada”.

Por un voto los libertarios y sus socios del Pro se quedaron sin Ficha Limpia. Además el Senado ratificó las autoridades de la Cámara designó a Emilio Viramonte como nuevo secretario administrativo como quería Victoria Villarruel y se aprobó por unanimidad los pliegos de los embajadores en Estados Unidos y España. También se declaró la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales por el temporal del 7 de marzo, que dejó 16 muertos, a partir de un proyecto impulsado por Juliana Di Tullio.

Fuente: Página 12

El oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista lograron hoy suscribir un dictamen de mayoría de un proyecto de reforma del régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

Al promediar la reunión resolutiva de un nutrido plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, la diputada Laura Rodríguez Machado anunció que obraba en secretaría un despacho con 77 firmas.

La iniciativa acompañada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, un sector de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y la Coalición Cívica superó en firmas al dictamen de Unión por la Patria, el cual mantiene los 16 años como umbral mínimo de punibilidad.

En junio del año pasado, el Poder Ejecutivo había presentado una iniciativa que bajaba a 13 años la edad de imputabilidad.

Tras ocho reuniones en la que participaron expertos de la sociedad civil y de la Justicia, en su gran mayoría críticos de la reforma planteada por el Gobierno, el oficialismo y sus aliados permanentes y coyunturales lograron sintetizar una nueva reforma del régimen de minoridad inspirada con modificaciones respecto al proyecto original.

A lo largo de la jornada, el kirchnerismo ensayó algunas maniobras para intentar obstaculizar el dictamen de mayoría, empezando por cambiar a los diputados massistas que estaban a favor de bajar la edad de imputabilidad.

Además, el presidente de la bancada de UP, Germán Martínez, planteó una moción para posponer la firma de los dictámenes, al esgrimir que “el tema no estaba lo suficientemente maduro”, pero la propuesta no prosperó.

El debate

La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes (UCR), destacó que la reforma del régimen penal juvenil “era una asignatura pendiente de este Congreso».

“Este Régimen Penal Juvenil tiene fundamentalmente una función resocializadora, educativa, de contención. Tenemos que llegar a tiempo para que aquellos jóvenes y adolescentes que entraron en conflicto con la ley penal puedan tener esa oportunidad de la resocialización», afirmó.

Las penas alternativas, las medidas alternativas que prevé, la figura del acompañante que va a tener en todo momento el joven que entró en conflicto con la ley penal, son más que indicativos de que fuimos caminando en ese sentido”, agregó.

A su turno, el diputado nacional del Frente de Izquierda Christian Castillo calificó la propuesta del oficialismo y sus aliados como “una bomba de humo que no resuelve ninguno de los problemas que se proponen resolver”.

“La evidencia en los países en donde se ha bajado la edad de punibilidad demuestra que no disminuye la cantidad de delitos que realizan las personas de edades a las cuales se extiende la punibilidad sino que incluso han aumentado”, advirtió.

Para el legislador trotskista del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) “se quiere transformar los niños, niñas y adolescentes en chivo expiatorio”.

“En lugar de pensar en como todos los niños niñas y adolescentes pueden tener acceso a la vivienda digna, educación y salud, acá se pone el eje en cómo los mandamos a las cárceles. Eso invierte las prioridades”, lamentó Castillo.

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli aclaró que “este proyecto no tiene nada que ver con el proyecto original que ha mandado el Poder Ejecutivo”.

Frente a las críticas que formuló la Iglesia, la legisladora cercana a Elisa Carrió explicó que “se han hecho modificaciones muy importantes”, y subrayó en especial la incorporación de “garantías procesales” para los jóvenes de entre 16 y 18 años.

“Hoy esas garantías los jóvenes de 16 a 18 años no tienen, como sí los adultos. Son el debido proceso, la defensa en juicio, el derecho a ser oídos. Hoy hay un régimen tutelar donde el menor queda a total disposición del juez, que puede detenerlo sin dar los argumentos para practicar esa detención”, aseguró Campagnoli.

Según dijo, la baja de edad por sí sola no resuelve nada, por eso el enfoque es integral con una mirada no punitiva sino socioeducativa que aplica medidas para la reinserción social del menor bajo la supervisión de un equipo interdisciplinario».

“Hoy si un menor de 14 años delinque nada puede hacer el Estado por él. Vuelve a su cotidianeidad sin que se pueda tomar ninguna medida para ayudarlo. Con este proyecto histórico va a poder ser oído, con todas las garantías del debido proceso y tener en caso que corresponda medidas socioeducativas que lo contengan en su desarrollo y formación. Hoy el Estado está ausente», concluyó.

En tanto, el diputado de Democracia para Siempre Fernando Carbajal acompañó el dictamen de mayoría y marcó diferencias con la propuesta original del Gobierno.

«Este dictamen rechaza ese eslogan mentiroso y despreciable de que al delito de adulto le corresponde pena de adulto. Esta frase lamentable repetida por los operadores del Gobierno y que el señor Jefe de Gabinete (Guillermo Francos) trajo a este recinto está repudiado y rechazado en el dictamen que existe. Porque el régimen de pena establecido no contempla esa barbaridad que quiere instalar el Gobierno”, aclaró.

En efecto, “el proyecto de ley dice que un joven que se ha condenado a una pena de 0 a 3 años no se le puede aplicar pena de prisión efectiva” y que si la pena es “de 3 a 10 años, el juez tiene que evaluar la posibilidad de combinar esa aplicación de pena de prisión efectiva con cualquiera del menú de medidas que contempla el dictamen”.

«Y solamente podrá aplicarse pena efectiva cuando sea superior a 10 años que estamos hablando evidentemente de delitos o de hechos extremadamente graves”, siguió el formoseño.

El kirchnerista Matías Molle lamentó que la mayoría de los diputados no haya escuchado los argumentos críticos que expuso la mayoría de los expertos que concurrieron a las audiencias informativas.

“Vio mucha gente a participar, pero en fondo siento que vinieron como parte de una escena ya montada, de una obra de teatro que era necesaria para legitimar una decisión ya tomada desde antes, que el día de mañana el titular de todos los medios sea que se bajó la edad de imputabilidad”, reprochó.

Según el diputado opositor, es “irrisorio” discutir una propuesta “sabiendo que no hay presupuesto” para financiarla, en el marco de un Estado “que ha desfinanciado todas las políticas”.

“Estamos discutiendo cómo los vamos a encerrar y a qué edad, pero no cómo vamos a prevenir, porque no nos importa. solamente queremos ese titular en la semana en que se da la campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Y es un lindo gol para cantar”, analizó.

Molle comentó que el año pasado el Comité contra la Tortura reportó que “hay mas de 13 mil personas en comisarías en la Argentina cumpliendo penas”.

“¿Qué se piensan? ¿Que a los pibes no lo van a mandar a comisarías? Nos estamos lavando las manos como Poncio Pilatos con un Gobierno que le saca el cuerpo al Estado. Esto es un problemón que lo tendríamos que haber resuelto con una discusión mucho más integral”, consideró.

José Glinski, de Unión por la Patria, denunció que el tratamiento que se le está dando al tema es “una farsa” con “el único objetivo de generar espacios en los medios”.

“Usan argumentos garantistas para defender la baja de la edad de imputabilidad. La hipocresía es total”, sentenció sobre el proyecto que baja a los 14 años la edad de punibilidad y establece penas máximas de 15 años para menores (no admite prisión perpetua).

Fuente: NA

En la localidad fronteriza de Aguas Blancas, Salta, se ha registrado un llamativo aumento en el padrón electoral. Según fuentes locales, la cantidad de votantes se habría duplicado en los últimos años, lo que generó inquietud entre dirigentes y ciudadanos respecto a la transparencia del proceso electoral. Ayer por la noche, en La Nación se reveló que el nuevo padrón incluye a personas de origen boliviano que residen en calles inexistentes.

Una de las principales preocupaciones gira en torno a la participación de personas que no residen en la provincia y que, en muchos casos, cruzan desde Bolivia para emitir su voto. Esto ha motivado denuncias sobre la presunta existencia de documentos nacionales de identidad (DNI) otorgados de manera irregular.

Distintos actores políticos también han sido señalados por realizar campañas en territorio boliviano, lo que alimenta el debate sobre la legitimidad de estas prácticas y su impacto en la soberanía electoral.

Ante este panorama, sectores de la sociedad reclaman una urgente reforma migratoria y una revisión exhaustiva del padrón electoral. Piden también investigar y, de ser necesario, anular decenas de miles de DNI otorgados sin el debido cumplimiento de los requisitos legales.

La situación en Aguas Blancas reabre la discusión sobre el control fronterizo, la ciudadanía y la necesidad de garantizar elecciones limpias y transparentes en todo el país.

Fuente: Contexto Tucumán