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Politica

Se promulgó la Ley impulsada por Calvo que designa con el nombre “Jorge Ternengo” a la Ruta provincial n°62s tramo entre Ataliva y Cayastá a través de la Ley n° 14326

Un reconocimiento que busca honrar la destacada trayectoria del legendario piloto de automovilismo, un verdadero emblema del deporte motor Argentino como lo fue Jorge “Nene” Ternengo.

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Foto: Senador Alcides Calvo

Luego de la sanción definitiva otorgada por la Legislatura de la Provincia de Santa Fe al proyecto de Ley autoría del Senador Provincial Alcides Calvo, el Gobernador de la Provincia de Santa Fe promulgó bajo el número 14326 la Ley para designar con el nombre de Jorge Ternengo la Ruta Provincial 62s en el tramo comprendido entre las localidades de Ataliva y Cayastá, atravesando las jurisdicciones de los Departamentos Castellanos, Las Colonias, La Capital y Garay.

Jorge Ternengo, conocido como el «Nene», dejó su huella indeleble en categorías como el Turismo Carretera y la Fórmula 1 Mecánica Argentina, logrando importantes victorias y un campeonato nacional en 1969. Radicado en Rafaela desde los nueve años, Ternengo es un referente admirado tanto por su talento como por su dedicación, siendo un ejemplo para generaciones de pilotos y aficionados al automovilismo.

La Ley sancionada también encomienda al Poder Ejecutivo la colocación de la señalización correspondiente en el tramo de la ruta, asegurando que el nombre de Jorge Ternengo quede grabado en la memoria de quienes transitan esta vía.

En palabras del Senador Calvo “Es un orgullo para todos que Jorge Nene Ternengo sea reconocido de esta manera, para su familia y para todos los que hemos crecido viendo las hazañas deportivas de este piloto que representa una parte fundamental de nuestra identidad santafesina llevando a lo más alto del automovilismo la bandera y el nombre de nuestra Provincia, por ello agradezco el aporte de la Asociación de Autos Antiguos de Rafaela, a los distintas asociaciones del deporte automotor de la Provincia de Santa Fe y a todos aquellos que realizaron un aporte para hacer realidad esta Ley”.

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Politica

El Gobierno acordó una suba salarial con las universidades, pero sigue el reclamo judicial ante la Corte

El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario destinado a descomprimir el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.

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Foto: La propuesta consiste en una recomposición en dos etapas con un ajuste en julio y otro en octubre.

Sin embargo, pese al entendimiento alcanzado, las casas de estudio confirmaron que continuará la demanda presentada ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Cómo será el aumento salarial

La propuesta oficial contempla una recomposición salarial del 24,33% dividida en dos etapas.

El esquema prevé un incremento del 21,33% en julio y otro adicional del 3% en octubre.

Según se informó, el ajuste busca compensar parte de la pérdida salarial acumulada entre 2024 y 2026. Además, el acuerdo incluye el compromiso de revisar los salarios para evitar que vuelvan a quedar por debajo de la inflación durante este año.

También se confirmó la convocatoria a una nueva reunión paritaria con los gremios universitarios.

Más fondos para becas y hospitales universitarios

El entendimiento firmado entre el Ejecutivo y el CIN también incorpora otras medidas vinculadas al sistema universitario.

Entre ellas se encuentra un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país.

A su vez, se anunció una partida de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.

Las negociaciones también incluyeron el reclamo de docentes de colegios preuniversitarios, quienes además sufrieron el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Cientos de personas participaron en la ’Marcha Federal Universitaria’ del 12 de mayo en Buenos Aires

La demanda judicial continuará

Pese al acuerdo económico, las universidades ratificaron que mantendrán activa la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

La causa cuenta actualmente con una medida cautelar favorable a las universidades, aunque su aplicación permanece suspendida tras un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.

La definición final quedó ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Desde el Gobierno sostienen que la ley aprobada por el Congreso es “ilegal” debido a que, según su interpretación, no establece claramente el origen de los recursos para financiarla.

Desconfianza de los gremios universitarios

Desde distintos sectores sindicales manifestaron cautela respecto del acuerdo alcanzado.

Representantes de Conadu señalaron que aún esperan una convocatoria formal a paritarias y remarcaron que existe desconfianza sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Ejecutivo.

Mientras tanto, las universidades continúan en estado de alerta y siguen las protestas impulsadas por docentes, estudiantes y trabajadores no docentes en distintos puntos del país.

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Politica

Presentaron un proyecto de ley para asistir a trabajadores afectados por crisis empresariales en Santa Fe

La iniciativa, coautoría del senador Alcides Calvo, propone flexibilizar el acceso a pensiones sociales en casos excepcionales de vulnerabilidad económica y laboral.

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Foto: Senador Alcides Calvo

El pasado 4 de junio ingresó en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe un proyecto de ley que busca brindar herramientas de contención social para trabajadores y familias afectadas por crisis empresariales, laborales o productivas.

La iniciativa fue presentada por el senador provincial Alcides Calvo junto a los legisladores Felipe Michlig, Hugo Rasetto y Leonardo Diana, y propone modificar la Ley Provincial N.º 5110, que regula el régimen de pensiones sociales.

El objetivo del proyecto

La propuesta apunta a incorporar una facultad excepcional y transitoria para que la autoridad de aplicación pueda otorgar beneficios sociales aun cuando las personas registren antecedentes económicos o patrimoniales correspondientes a una etapa anterior de estabilidad.

De esta manera, se busca evitar que requisitos patrimoniales rígidos excluyan automáticamente a familias que actualmente atraviesan situaciones críticas por:

  • Cierre de empresas
  • Suspensiones laborales
  • Falta de pago de salarios
  • Caída abrupta de ingresos
  • Paralización productiva

Calvo: “El Estado debe actuar con sensibilidad”

El senador por el departamento Castellanos explicó que el proyecto intenta dar respuesta a situaciones que afectan directamente a trabajadores y comunidades enteras.

“Hay realidades que el Estado debe mirar con sensibilidad y responsabilidad. Muchas familias pueden haber tenido una situación laboral o patrimonial estable, pero una crisis empresarial o productiva puede colocarlas repentinamente en una situación de vulnerabilidad”, expresó Calvo.

Además, vinculó la iniciativa con el contexto económico actual y las dificultades que atraviesan distintas empresas de la provincia.

Crisis empresariales y preocupación social

El legislador mencionó casos de compañías que enfrentan escenarios complejos, entre ellas:

  • Verónica
  • SanCor
  • Otras empresas afectadas por la inflación y la caída de actividad

“Cuando una fuente de trabajo entra en crisis, no solo afecta a una empresa, sino a toda una comunidad. Por eso entendemos que el Estado debe contar con herramientas para acompañar a quienes quedan en situación de necesidad”, sostuvo.

Una medida excepcional y transitoria

Desde el equipo legislativo aclararon que el proyecto no crea nuevos beneficios sociales ni elimina los requisitos generales establecidos por la normativa vigente.

La modificación incorpora únicamente una herramienta excepcional para que cada situación pueda analizarse de manera integral mientras persistan las circunstancias extraordinarias que originaron la vulnerabilidad económica o social.

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Politica

Adorni prepara su declaración jurada en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trabaja en la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción mientras avanza la causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Desde el Gobierno aseguran que el documento será presentado antes del 15 de junio.

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Foto: El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada.

El Gobierno busca bajar el impacto político antes del Mundial 2026

Según trascendió, en Casa Rosada consideran que el inicio del Mundial 2026, previsto para el jueves 11 de junio, podría ayudar a desplazar el foco mediático sobre la interna oficialista y la situación judicial del funcionario.

La administración nacional apuesta a que el interés social por la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo reduzca la atención sobre el conflicto político que atraviesa al oficialismo.

Las razones de la demora

De acuerdo a versiones cercanas al jefe de Gabinete, la demora en la presentación de la documentación responde a dos motivos principales:

  • Evitar interferir en la investigación que lleva adelante el fiscal de la causa.
  • Reducir la presión interna dentro del oficialismo.

En ese contexto, surgieron diferencias con figuras del espacio libertario como Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes impulsaban una presentación anticipada de la declaración jurada.

Bullrich pidió acelerar los plazos

La ministra de Seguridad había solicitado públicamente adelantar la presentación, pese a que el plazo legal vence el 31 de julio.

“Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado”, sostuvo Bullrich durante una actividad en Mendoza, luego de presentar su propia declaración.

Las diferencias internas volvieron a evidenciar tensiones dentro del oficialismo, en un contexto marcado además por los cruces entre Santiago Caputo y Karina Milei.

La causa que complica al funcionario

La investigación tomó mayor relevancia luego de que se conociera la presencia de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, dentro de la delegación presidencial que viajó a Nueva York en marzo.

Mientras tanto, el Gobierno espera que la presentación de la declaración jurada ayude a descomprimir el escenario político y judicial que enfrenta el funcionario.

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