Un proyecto ingresado en la Legislatura provincial pretende que los sanatorios y hospitales públicos de la provincia cobren los gastos médicos a los conductores que provocaron un accidente de tránsito con lesionados bajo los efectos del alcohol o drogas. La iniciativa surgió a partir del «desfasaje económico» para la provincia, entre otras cuestiones.

«Se destinan muchos recursos para estas situaciones y después no tenemos recupero en el área de Salud, donde la inversión debe estar destinada a quienes realmente lo necesitan», argumentó a La Capital Beatriz Brouwer, diputada provincial por frente Unite por el departamento Rosario al referirse al proyecto presentado en la Cámara baja provincial.

El caso más reciente data del 21 de enero de este año, cuando el conductor Agustín López atropelló y mató a dos turistas cordobesas —madre e hija— a la salida del túnel Arturo Illia, mientras conducía un Peugeot 206 a 120 kilómetros y bajo efectos del alcohol, según se confirmó a partir de los exámenes toxicológicos a los que fue sometido una vez detenido.

En marzo pasado, al menos tres proyectos ingresaron al Concejo Municipal. Uno de ellos, presentado por la concejala María Fernanda Rey, buscaba modificar el artículo 288 del Código de Convivencia, que fija las penas a quienes conduzcan alcoholizados.

Además preveía elevar las multas y el período de inhabilitación para conducir, desde 30 días a un año, aparte de duplicar la pena en caso de conductores reincidentes con hasta un gramo de alcohol en sangre.

Sin embargo, Brouwer aclaró que la naturaleza de su iniciativa «no se trata de un tema de recuperación de recursos económicos, sino de concientizar a la sociedad de la gravedad que representa salir a manejar drogado y alcoholizado, ya que una muerte no tiene solución y en la provincia tenemos muchas de este tipo».

Según aseguró, el proyecto ingresado el jueves pasado en la Legislatura provincial tuvo «muy buena aceptación» de sus colegas legisladores algunos de los cuales definieron a a propuesta como «excelente».

En rigor, el proyecto establece que aquellos automovilistas, en todas sus dimensiones, que ocasionen un siniestro vial con lesionados y requieren atención médica, tanto propia como de terceros, deberán cubrir «la totalidad de las prestaciones de los gastos ocasionados por los servicios de atención médica, bioquímica, prestaciones farmacéuticas y/o de rehabilitación de todas la personas involucradas».

En qué se destinarán los recursos recuperados

También precisó que el 80 por ciento del dinero recaudado se utilizará para fortalecer el presupuesto de sanatorios y hospitales, mientras que el 20 por ciento restante se destinará a campañas de prevención, promoción y concientización vial sobre los efectos nocivos y letales que puede provocar la conducción imprudente bajo efectos de sustancias.

La iniciativa ingresó a la comisión de Salud y si tiene dictamen de mayoría, pasará a la de Presupuesto y posteriormente a la de Asuntos Constitucionales en ese orden antes ingresar al recinto. Cuenta con el antecedente de Mendoza, Salta y Jujuy, donde se impulsaron y aprobaron normas similares para intentar erradicar la conducción al volante bajo los efectos de sustancias.

Fuente: La Capital