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Santa Fe: el gobierno pidió a la Justicia que se bajen 273 páginas de juego online ilegal

La documentación, dirigida a la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, está firmada por los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y de Educación, José Goity; y el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe (CAS), Daniel Di Lena.

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Foto: Ilustrativa

El gobierno provincial santafesino presentó este jueves una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación por el presunto delito de explotación, administración y operación de juegos de azar (artículo 301 bis del Código Penal) en perjuicio de la Administración Pública Provincial por parte de sitios web de apuestas, solicitando que sean bloqueados y se embarguen las cuentas bancarias de 273 sitios de internet.

La documentación, dirigida a la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, está firmada por los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y de Educación, José Goity; y el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe (CAS), Daniel Di Lena.

En el escrito se indica que la CAS, como autoridad de aplicación en lo que refiere a los juegos de azar en la provincia de Santa Fe, ha advertido que 273 sitios de internet “permiten apostar al margen de la ley”, violando disposiciones del Código Penal así como la normativa vigente en materia de regulación del juego, y que no poseen la aprobación de la autoridad competente para comercializar dichos juegos.

Estos sitios posibilitan el acceso a “un número indeterminado de habitantes de la provincia de Santa Fe, entre ellos a menores de edad, a juegos, apuestas y/o sorteos realizados en flagrante violación al marco normativo correspondiente a los Juegos de Azar que se comercializan en nuestra provincia y el resto del país”, indica el documento, que afirma que “es claro el perjuicio derivado de la ausencia de limitación de acceso a lugares de juego por parte de menores y el tiempo de exposición de los mismos ante sitios o plataformas que permiten esta interacción de manera irrestricta”, publicó El Litoral.

Otra pandemia

El vicepresidente de la Lotería, Di Lena, señaló sobre este tema que “vinimos a hacer esta presentación que ya veníamos conversando con la fiscal Vranicich. Hay estudios y publicaciones que alertan que el número de menores de edad que apuestan en línea aumentó exponencialmente desde la pandemia y se consolidó durante el Mundial de Qatar”. “La tentación de ganar dinero con un par de clicks puede generar efectos negativos en la salud física y mental de chicos y adolescentes. La proliferación de este tipo de plataformas no registradas está impulsada por una sólida campaña de publicidad que incluye a varios influencers apuntando directamente a los jóvenes, que son quienes más consumen su contenido”, señaló el funcionario.

Di Lena marcó como “oportuno” resaltar que “todos los sitios de dominio de juegos oficiales en Argentina deben contar con un dominio “.bet.ar”. Ese dominio es administrado por https://nic.ar/, y es necesario presentar una serie de documentación de respaldo, entre ellas, las licencias otorgadas por alguna de los veinticuatro organismos reguladores del país. En consecuencia, si un sitio de juego está operando en Argentina y no tiene un dominio “.bet.ar”, es ilegal”, aclaró.

Por otro lado, la presentación realizada al MPA recuerda que, conforme al marco normativo, “todo juego, apuesta y/o sorteo a desarrollarse en el ámbito territorial de la provincia de Santa Fe, cualquiera fuese su modalidad, debe ejecutarse bajo la autorización previa y el posterior contralor” de la CAS, y ninguno de los sitios de internet web denunciados cumplen con esta disposición.

Perjuicio al erario público

Por otra parte, el escrito menciona también que “el Estado detenta el monopolio de la explotación de los juegos de azar”, en consecuencia, “todo dinero que se haya canalizado a través del juego ilegal representa un grave perjuicio a patrimonio estatal, teniendo en cuenta que son recursos económicos que según las necesidades y prioridades se determinen”.

Se estima que el juego ilegal representa aproximadamente el 80% del juego en línea, ocasionando esta actividad un daño económico, ya que sólo por el canon que deberían abonar el perjuicio es superior a los $ 2.000 millones mensuales. “Adicionalmente, cabe destacar que la irregularidad de estas actividades escapan también a la acción fiscal del Estado al no aportar ningún tipo tasas o impuestos al mismo, incrementado aún más el monto estimado”.

Debido a esta situación, se solicitó al MPA la “imperiosa necesidad de clausurar / bloquear el acceso” de estos 273 sitios de internet, así como la clausura / bloqueo de “las cuentas bancarias con las que operan estos sitios de juego delictivo, previa investigación de las mismas”, y el “embargo del dinero allí depositado, prohibiendo cualquier operación de acreditación, débito, depósito o transferencia desde y hacia dichas cuentas, quedando el dinero secuestrado a disposición del Tribunal”.

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Condenaron a la madre del líder de “Los Monos” por ordenar balaceras a escuelas y comercios

Patricia Contreras recibió cuatro años de prisión efectiva en un juicio abreviado y cumplirá la pena con reclusión domiciliaria.

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Foto: Patricia Celestina Contreras, la madre del líder de “Los Monos”

Patricia Celestina Contreras, la madre del líder de “Los Monos”, Máximo Ariel “Guille” Cantero, fue condenada a cuatro años de prisión efectiva por ordenar balaceras a escuelas y estaciones de servicio de Rosario en noviembre de 2021 y cumplirá la pena con reclusión domiciliaria por un problema de salud.

Según informaron los medios rosarinos, la jueza de primera instancia Lamas González resolvió homologar el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía, representada por el fiscal Franco Carbone, aceptado por la Defensa y convalidado por las partes durante una audiencia celebrada el lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Los delitos por la que fue juzgada Contreras fueron intimidación pública calificada por el empleo de arma de fuego y amenazas coactivas calificadas por ser anónimas y por el empleo de armas en carácter de coautora (en un hecho), e intimidación pública calificada por el empleo de arma de fuego en carácter de coautora (tres hechos) y, como la pena se unificó con una anterior, en total será de 14 años de prisión efectiva.

Según indicó La Capital, a “la Cele Cantero”, apodo con el que se la conoce, se le atribuye haber entregado dinero en efectivo a Nazareno G. (ya imputado) en concepto de pago por un ataque de la organización criminal liderada por Nelson Alexis Aguirre (también imputado), quien disparó el 14 de noviembre de 2011 contra la escuela de educación técnica Nº472 “Crisol”, de Magnano al 6300. Según la resolución, la balacera realizada desde una moto “puso en riesgo la vida y los bienes de las personas presentes, con la finalidad de demostrar poderío, para lo cual instruyó a Nazareno G. sobre la manera de ejecutar la acción”.

También se le atribuye haber entregado dinero a Nazareno G. como pago por el ataque a balazos en San Martín y Saavedra, el 9 de noviembre de 2021, contra una estación de servicio en un hecho que fue ordenado por Aguirre desde su lugar de detención, en la Unidad Penitenciaria Nº1 de Coronda, mientras que Nazareno G. fue el encargado de reclutar y seleccionar a las personas utilizadas para llevarlo a cabo, de coordinar la logística y de recaudar el dinero en concepto de pago.

Además, se le endilga entregar dinero a Nazareno G. como pago por un ataque cometido en la madrugada del 14 de noviembre del mismo año contra el Complejo Educativo de Caferatta al 4000 donde los balazos impactaron en el frente y en la puerta, mientras en su interior se encontraba personal del Ejército Argentino custodiando las urnas que se utilizarían en la elección legislativa nacional que se desarrollaría aquel día.

Finalmente, a Contreras se le atribuye entregar dinero a Nazareno G. para cometer la balacera del 12 de noviembre contra la estación de servicio de Ovidio Lagos al 4900 y todos los hechos fueron ordenados por Aguirre desde Coronda.

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Departamento Vera: La vicepresidenta comunal de Los Amores fue detenida por intento de asesinato

Alejandra Messa está acusada de apuñalar a un hombre en el cuello. La funcionaria será imputada en las próximas horas.

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Foto: Sede de la Comuna de Los Amores.

Alejandra Messa fue detenida este sábado en Los Amores acusada de intentar asesinar a un hombre del pueblo con una puñalada en la zona del cuello.

La vicepresidente de la comuna norteña -representante de la minoría en la comisión policial que preside el PJ- quedó envuelta en un caso que conmociona a la opinión pública del norte provincial ocurrido en la jornada del sábado en la zona urbana del pueblo del departamento Vera, cercano al límite con Chaco.

De acuerdo a lo narrado por el fiscal de turno, Dr. Alejandro Rodríguez, la víctima es un vecino de apellido Yedro. “Este señor dice que conocía a esta señora que había ido a su casa, y que tuvieron como una discusión. Aparentemente, no lo puedo afirmar, por lo que surge del hecho tenían algún tipo de relación más que de amigos”.

La funcionaria está acusada de apuñalar a un hombre en el cuello.

“Sorpresivamente, ella con un cuchillo, un tramontina viejo, lo apuñaló en la zona del cuello”, precisó el funcionario del MPA. Fue ahí que “él le agarró la mano, se produjo un altercado, el tipo salió a la calle desesperado por la herida que le sangraba y justo pasó un transeúnte por el lugar que le dijo que avise a la policía”, prosiguió.

Fue el mismo herido quien acudió a la comisaría local -sería así como estaba, en paños menores y cubierto con una toalla- para denunciar el ataque demencial. Tras ser examinado por un médico, debió ser derivado al Hospital Central de Reconquista a causa de las lesiones recibidas, donde permanecía internado fuera de peligro, esto último confirmado por el Dr. Rodríguez.

Minutos después, la funcionaria comunal -de profesión asistente escolar- se presentó en forma espontánea ante la dependencia policial y entregó por su propia cuenta el arma blanca, elemento con el que habría perpetrado el hecho de sangre.

Discusión

El informe policial dio cuenta que Messa fue a la casa de Yedro, que se generó una discusión y que, en forma sorpresiva lo acuchilló con la intención de darle muerte. “Si lo que pasó fue en el medio de alguna intimidad, o algo así, es un tema que no me interesa”, clarificó el fiscal, que pidió resguardar detalles de la calificación penal a imputar hasta la realización de la audiencia imputativa.

Messa pasó a calidad de detenida en la tarde de ayer -luego de que la PDI Reconquista tomara declaración a Yedro en su lugar de internación-, quedó alojada en una celda de la alcaidía de la Unidad Regional XIX y será imputada en el plazo legal de 96 horas. Este domingo se realizó la audiencia de control de legalidad de la detención, que fue homologada por el juez de turno.

En medio del escándalo desatado por el suceso policial que involucra a la segunda autoridad política de la localidad se tejieron fuertes versiones que deberán ser confirmadas por los investigadores respecto a que Messa mantenía una relación sentimental extramatrimonial con Yedro y que las diferencias habían surgido por una deuda de dinero. No está claro de qué manera pudo acceder esta mujer a darle una estocada que pudo haber resultado fatal. A no ser que ese momento, este empleado del ferrocarril, haya tenido vendado los ojos, un rumor tan insistente como difícil de comprobar aportado por una fuente del caso.

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Alcohol cero en la provincia: el debate vuelve con polémica por la efectividad de los aparatos

La Legislatura analiza un proyecto impulsado por el Ejecutivo para que Santa Fe adhiera a la ley nacional. Pero otros sectores lo consideran “una aberración jurídica” a partir de que los alcoholímetros no son infalibles. Las posturas

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Santa Fe es una de las cinco provincias argentinas que no adhirió a la ley nacional de alcohol cero al volante, que lleva más de un año de vigencia, y en la Legislatura se renueva por estos días el debate, no exento de fuertes polémicas sobre la implementación de un sistema que presenta dudas por la efectividad de los aparatos utilizados.

Así lo planteó en El Tres el ex director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Osvaldo Aymo, quien ya se oponía a dicha normativa cuando estaba en ese cargo, pese a un intento (fallido) del gobierno de Omar Perotti de instalarla ya que sólo rige por ordenanza en unas pocas ciudades, entre ellas Rosario.

Ante una nueva avanzada de la actual gestión santafesina, el ex funcionario sostiene que la tolerancia cero “no tiene sentido”, principalmente porque no se puede garantizar su instrumentación a partir de que no son infalibles los alcoholímetros.

“Los aparatos no pueden dar cero, es un error y desde el punto de vista jurídico es una aberración. Un engaño”, expresó desde Santa Fe, en diálogo con la periodista corresponsal Ivana Fux.

Y argumentó: “En los países que penan a los conductores –por presencia de alcohol en sangre–, como Estados Unidos o Inglaterra, que no tienen tolerancia cero sino 0,8, la Justicia dice que el Estado no tiene un aparato que sea indubitable para no avasallar los derechos. Si hubiera un aparato indubitable, entonces sí”.

En ese plano argumentativo, Aymo detalló que “el grado de error, según lo que dice el Inti (por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial), es de 0,05” pero “con algunos factores como alcohol sanitizante, el margen de error en la medición llegó a 0,3”.

Recordó que al frente de la APSV inició personalmente un expediente a raíz del caso de un automovilista testeado por personal de la Agencia el año pasado en Soldini, a quien una primera medición le dio le dio 0,91, “es decir, casi un gramo de alcohol por litro de sangre”.

“Esta persona dijo: ‘Señores, yo no tomé, hace cuatro años no tomo, tiene que haber una contraprueba’. Veinticinco minutos después se la hicimos con el mismo alcoholímetro y le dio cero. Nadie me pudo explicar qué había pasado”, repasó ex especialista en gestión y seguridad vial.

Por eso recordó que “todo conductor que esté en una jurisdicción con (la norma de) alcohol cero, tiene derecho a exigir los certificados de homologación del aparato dado por el Inti y también de la última calibración, que debe ser cada seis meses como dice la ley”.

Además, el ex funcionario provincial señaló que “la pipeta tiene que ser con válvula antirretorno” y si el automovilista no está de acuerdo con el nivel arrojado por el test, tiene derecho a pedir una contraprueba. Y fue más allá. “Si aún la duda persiste, a mí me sacan sangre, porque la ley dice ‘alcoholemia’”.

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