La medida fue dispuesta por el fiscal federal Gustavo Onel que investiga la intoxicación con plomo que sufrieron niños y adultos que habían ocupado las instalaciones de la exfábrica de baterías Nesaglo.

El fiscal federal de Rafaela, Gustavo Onel, ordenó una pericia en la ciudad de Ceres que tiene como objetivo evaluar cuál es el estado actual del agua potable. Tal medida se da en el marco de la causa que investiga la intoxicación con plomo de niños que ocuparon con sus familias las instalaciones de la exfabrica de baterías Nesaglo SA.

El peritaje estará a cargo del Departamento Unidad de Investigaciones de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina y se llevará a cabo en seis zonas de la localidad del departamento San Cristóbal, ubicada a 260 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.

Las muestras a extraer, tanto de agua de pozo como de red, deberán ser practicadas inicialmente en el predio donde funcionaba la fábrica, situado en Tucumán y Larrea del barrio Las Américas y el cual era ocupado por dos familias cuyos niños terminaron intoxicados con altos niveles de plomo en sangre. Inclusive, uno de los casos, el de la niña Xiomara Crespi, terminó con el peor desenlace: la muerte.

El examen también tendrá que realizarse en diez viviendas del barrio lindero a donde están las instalaciones abandonadas; en inmediaciones del corredor ubicado en la ruta nacional 34, entre los kilómetros 384 y 394; en los tanques de agua existentes en la Cooperativa de Servicios de Agua de Ceres; en diez propiedades del barrio Nueva Esperanza; y en otras casas situadas en otras partes de la localidad.

La reciente disposición tiene como objetivo encontrar, por medio de la utilización de un método de sensor de luz ultravioleta la detección de plomo o cualquier otro metal o sustancia que sea perjudicial para la salud y el propio medio ambiente. En este sentido, desde la Fiscalía le indicaron a la Policía Federal que, en caso de requerir colaboración en los peritajes, la fuerza puede hacerlo con el Ente Regulador de Servicios Sanitarios o un ente estatal que posea un sistema de absorción atómica o alguno similar.

La pericia contempla además que los presuntos implicados que hasta el momento tiene la causa, sean propietarios de la exfábrica o funcionarios encargados de controlar la firma, puedan designar peritos de parte para así garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa.

Una vez que sean notificadas las partes, la Policía Federal procederá a extraer las muestras de agua. Tal extracción, estiman desde la Fiscalía, se llevará a cabo a fines de esta semana o principio de la próxima. Finalmente, los resultados estarían en 10 días aproximadamente.

Cronología del caso

El destape del caso se dio cuando el 6 de enero pasado la niña Xiomara Crespi, de dos años falleció en el hospital de niños Orlando Alassia producto de un grave cuadro de intoxicación de plomo en sangre. La misma, según un primer estudio realizado, tenía 1,98 grs/ml de plomo en sangre cuando los valores normales pueden llegar solo hasta 0,3 grs/ml.

A los días de la muerte de Xiomara, arribaron al mismo hospital otros dos niños, de uno y tres años, por intoxicación con plomo, pero ambos pudieron recuperarse de a poco. Finalmente, el 20 de febrero, un menor de 12 años, también debió ser internado por el mismo tipo de intoxicación.

Tanto Xiomara, como los otros tres niños, residían en el interior del predio de Nesaglo SA, luego de que sus familiares no pudieron conseguir una vivienda para vivir por lo que ocuparon las instalaciones de la empresa que producía baterías. Dicha firma cerró sus puertas en 2017 y abandonó el predio sin presentar un “plan de cierre” contemplado en el decreto provincial N°18844 del 2002.

Quien primero reaccionó ante la grave situación, fue el municipio local que, mediante un decreto del 25 de enero, declaró al predio de la exfábrica como «zona no apta para ser habitada, por considerarse de riesgo ambiental y peligro sanitario».

Con posterioridad, el fiscal Onel tomó intervención en el caso en el marco en el marco de la ley 24.051 que aborda la problemática de los residuos peligrosos y que prevé duras penas para quienes envenenen o contaminen el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Como primera medida, el funcionario judicial solicitó al juez Rodríguez la clausura preventiva del inmueble con personal de la Gendarmería Nacional, la cual se efectivizó el 4 de febrero pasado.

Ya con la Justicia interviniendo, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, el 13 de febrero, clausuró en forma temporal y total dos predios pertenecientes a la firma recién el 13 de febrero.

Fuente: Aire de Santa Fe