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Se aprobó aumento de 7,2% a jubilados y bono de $ 110.000, pero Milei ya anunció que lo vetará

El Gobierno adelantó que vetará la norma

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Foto: Se aprobó aumento de 7,2% a jubilados y bono de $ 110.000, pero Milei ya anunció que lo vetará

Tras ocho horas de un debate tenso en la Cámara de Diputados, la oposición logró aprobar este martes un proyecto de ley que establece un aumento del 7,2% en las jubilaciones y una actualización del bono previsional a $110.000. La medida fue presentada como un incremento de emergencia para los sectores más vulnerables del sistema previsional, pero el oficialismo la rechazó enérgicamente, y el presidente Javier Milei anticipó que vetará la norma en caso de que también sea aprobada en el Senado.
El proyecto fue aprobado con 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. Se manifestaron a favor Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Bloque Independencia que responde al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. Fue rechazado por LLA, el PRO y bloques provinciales. La UCR se abstuvo.

El voto afirmativo de los tucumanos de Independencia sorprendió porque el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido uno de los principales aliados del Gobierno y hasta el momento siempre se había alineado con el oficialismo. De hecho, los tres diputados que responden al mandatario provincial no habían dado quórum para iniciar la sesión. También llamó la atención el apoyo de dos diputadas salteñas de Innovación Federal, lo que podría dejar de manifiesto un enfriamiento de la relación entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Sáenz.

Por su parte, el PRO dejó expuestas nuevamente sus tensiones internas con 9 abstenciones, 1 voto a favor del larretista Hécto Baldasi, y 22 votos en contra.

Por otro lado, la restitución de la moratoria fue aprobada por 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones. Nuevamente sorprendieron los votos positivos de los tucumanos de Independencia y las salteñas de Innovación Federal. En este caso, resultó clave la decisión de abstenerse mayoritariamente de los bloque Encuentro Federal y Democracia para Siempre, lo que dificultó al oficialismo sumar voluntades para rechazar el proyecto.

El tratamiento, que se dio en el marco de una sesión especial convocada por bloques opositores, evidenció nuevamente la fragilidad del oficialismo en el Congreso. A pesar de los intentos por frenar la iniciativa, no logró evitar que la mayoría se impusiera. Diputados de Unión por la Patria, la UCR y otros bloques provinciales defendieron el proyecto como una respuesta urgente al deterioro del poder adquisitivo de los jubilados, agravado por la inflación y la falta de actualización real en los haberes mínimos.

Desde el oficialismo, en cambio, acusaron a la oposición de “irresponsabilidad fiscal”. Legisladores de La Libertad Avanza y el PRO aseguraron que la norma “destruye el equilibrio macroeconómico” alcanzado por el gobierno en sus primeros seis meses de gestión y que implicaría un gasto adicional imposible de sostener sin afectar otras partidas clave.

En paralelo a la sesión, se vivieron protestas en las inmediaciones del Congreso. Las manifestaciones incluyeron reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, colectivos feministas por los 10 años del Ni Una Menos y la tradicional marcha de jubilados, que volvieron a expresar su malestar por la pérdida constante del poder adquisitivo.

Desde el Ejecutivo nacional no tardaron en reaccionar. Apenas se conoció el resultado, voceros oficiales confirmaron que el presidente Milei vetará el proyecto en caso de que supere también la votación en el Senado, alineado con su política de ajuste y su negativa rotunda a “ceder ante la casta”.

En la previa de la sesión, desde el oficialismo hicieron públicos algunos cálculos sobre el impacto presupuestario de los proyectos. Sin embargo, muchas de las cifras fueron cuestionadas por la oposición, que además incluyó recortes del gasto tributario para garantizar esos recursos: por ejemplo, la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, que se destine el ahorro presupuestario logrado cuando el FMI quitó los recargos a los intereses, la nacionalización de los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor y un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU le fueron otorgadas a la SIDE.

El aumento del bono a $110 mil, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia entre los dos dictámenes.

Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES que tengan la movilidad determinada por el artículo 32 de la ley 24.241, tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.

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Milei tiene hasta el 4 de agosto para vetar aumentos de jubilaciones

El Senado girará hoy al Poder Ejecutivo los proyectos de aumento a las jubilaciones, de extensión de moratoria, y de emergencia en materia de discapacidad.

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Foto: Ilustrativa

El Gobierno recibirá hoy los proyectos de aumentos de las jubilaciones, extensión de la prórroga de la moratoria y de declaración de emergencia de la discapacidad, con lo cual el presidente Javier Milei tendrá tiempo hasta el 4 de agosto para poder vetar esas iniciativas.

Los proyectos aprobados por el Senado el 10 de Julio pasado recién serán girados hoy al Poder Ejecutivo, con lo cual comenzarán a correr los 10 días para que el Gobierno pueda vetar esas iniciativas como anunció el jefe de Estado Javier Milei.

Tras su sanción las iniciativas deben ser firmadas por los dos presidentes de las cámaras y luego el Senado debe enviarlas, y este trámite recién se terminó de cumplir hoy, según informaron fuentes parlamentarias.

El proyecto impulsado por la oposición establece un aumento del 7,2 por ciento de los haberes jubilatorios, un incremento del bono que cobran los adultos mayores que perciben la mínima de 70 a 110 mil pesos, la extensión de la moratoria que terminó en marzo por dos años, y la declaración en emergencia en materia de discapacidad.

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Calvo destaca la posibilidad de que la ciudadanía pueda presentar sus propios proyectos de reforma constitucional

En el inicio de las reuniones de las comisiones parlamentarias donde se debatirán las distintas propuestas de Reforma Constitucional, Alcides Calvo remarca la importancia de que las instituciones y la ciudadanía puedan presentar proyectos e iniciativas para la reforma constitucional.

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Foto: Calvo destaca la posibilidad de que la ciudadanía pueda presentar sus propios proyectos de reforma constitucional

Este lunes marca el inicio de las reuniones de las diferentes comisiones parlamentarias que tendrán la tarea de debatir y analizar las propuestas para la reforma de la constitución de la Provincia de Santa Fe, desde las 12 hs los convencionales que conforman la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, donde Alcides Calvo ejerce la Vicepresidencia, se reunieron para comenzar el tratamiento de las temáticas instituidas para esta comisión en la Ley N°14.384.

De forma paralela y con un plazo establecido hasta el día domingo 27 de julio a las 8 hs, las instituciones intermedias y sociales, así como también los ciudadanos tienen la posibilidad de presentar su propio proyecto e iniciativas de reforma constitucional o aporte en una temática puntual para que luego pueda ser analizado por las diversas comisiones, las presentaciones se realizan de forma presencial en formato papel , en la oficina de mesas e entrada de la Cámara de Senadores, Av Gral. López 3055, Ciudad de Santa Fe; o en forma digital, para lo que el presentador deberá estar identificado previamente en el id ciudadana, a través de Atención Virtual, en el sitio https://sf.gob.ar/lareforma seleccionando el trámite “Presentación de Proyecto – Convención Reformadora” adjuntando la documentación requerida.

Este punto resalta Calvo, “Se presenta como una oportunidad para las asociaciones, colegios profesionales, instituciones, en sí mismo para la ciudadanía en general, o realizar su aporte de manera específica para que luego se puedan tratar en las respectivas comisiones, este punto sin dudas que hay que remarcar porque se llama a la participación, democratizando la Reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe para que se pueda representar a todos los sectores y para que no quede nadie excluido, por eso vamos a insistir en que todo aquel que lo desee o que tenga un proyecto lo pueda presentar, estamos trabajando para eso junto a todo nuestro equipo de trabajo, junto a Barbara Chivallero, Analia Romera, entre otros, con quien hemos mantenido reuniones con diferentes sectores que necesitaban expresarse y a quienes invitamos a que lo puedan hacer”.

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El Gobierno dio de baja más de 80 mil pensiones por invalidez laboral tras una auditoría nacional

En el Ejecutivo consideran que estas cifras podrían ser solo el inicio. Proyecciones oficiales estiman que el número de bajas podría superar los 250.000 casos una vez concluido el proceso.

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Foto: El Gobierno dio de baja más de 80 mil pensiones por invalidez laboral tras una auditoría nacional

El Gobierno nacional suspendió o eliminó un total de 80.080 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, como resultado de una auditoría integral impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud.

La revisión abarca a más de un millón de beneficiarios y, según fuentes oficiales, permitirá un ahorro mensual superior a los $23.000 millones, basado en el monto promedio de cada pensión, que asciende a $289.000 entre el haber básico y el bono adicional.

Desde la administración nacional insisten en que la medida no persigue fines de ajuste, sino de saneamiento del sistema. “Vamos a sostener las pensiones de quienes realmente las necesitan, pero no vamos a seguir financiando la corrupción kirchnerista”, declaró Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS.

Del total de bajas, 65.230 se debieron a inasistencias injustificadas a los controles médicos obligatorios, mientras que 6.643 correspondieron a personas fallecidas cuyos decesos no habían sido informados. Además, 8.207 beneficiarios renunciaron voluntariamente tras ser notificados del inicio del proceso de revisión, presumiblemente para evitar consecuencias legales.

Según estimaciones oficiales, las bajas podrían superar los 250.000 casos al concluir la auditoría, que se centra en las pensiones otorgadas en el marco de la ley 13.478 y el decreto 432/97. Quedan exceptuados del proceso los menores de edad y aquellos que ya fueron evaluados este año.

Las auditorías son realizadas por médicos del PAMI y personal especializado de la Agencia Nacional de Discapacidad. Los beneficiarios son notificados mediante carta documento y, de no presentarse a los controles médicos, se activa un protocolo escalonado que puede culminar con la cancelación definitiva del beneficio.

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