Mientras el gobierno argentino prepara la apelación formal del fallo que obliga a la Argentina a entregarle el 51% de las acciones de YPF a dos fondos buitres que litigaron contra el país por la expropiación de la petrolera en el 2012, trascendieron algunos detalles sobre los estrategas legales del país que litigan ante los tribunales en Nueva York.

Esos fondos son Burford Capital y Eton Park, y el fallo dispóne que la Argentina deberá pagar USD 16.100 millones, más intereses que rondan los USD 2,5 millones diarios. Los intereses ya habrían acumulado más de USD 1.500 millones.

Según informaron Bloomberg y The Wall Street Journal, uno de los abogados del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es el encargado principal de la estrategia legal argentina en este litigio sin precedentes, por la magnitud de los montos involucrados y el hecho de que haya un país soberano de por medio.

Se trata de Robert Joseph Giuffra Jr., y es el co-titular del estudio Sullivan & Cromwell, que cobraría unos 1.800 dólares por cada hora que dedica a este caso de altísimo impacto. Giuffra Jr. y su equipo también fueron contratados por Trump para apelar su condena penal por ocultar un pago de US$ 130.000 a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels.

Ahora, en el litigio contra el Estado argentino, la relación con Giuffra la llevan los equipos de la Procuración del Tesoro de la Nación, la dependencia oficial encargada de defender los intereses judiciales del país.

Información que circula entre los bufetes de Nueva York describen a Giuffra Jr. como un profesional de alto perfil que dice ser cercano a la jueza Loretta Preska, que sucedió a Thomas Griesa en el Distrito Sur neoyorquino, y ahora dictó el fallo de gran impacto sobre la expropiación de YPF.

Fue en ese juzgado donde se tomaron todos los casos de las últimas dos décadas vinculados con los sucesivos defaults de la deuda desde 2001 y las expropiaciones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Fuente: NA

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a rechazar este martes el fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska contra el Estado nacional por YPF, y deslizó que el presidente Javier Milei tuvo contactos con el Fondo Burford, la firma estadounidense que litiga contra la Argentina.

“Vamos a iniciar investigaciones, porque se sabe que Milei y su gobierno tienen vínculos con representantes de ese fondo buitre (Burford). Esto no lo puedo afirmar, por eso digo que lo vamos a investigar”, aseguró el mandatario provincial en conferencia de prensa.

En tanto, Kicillof responsabilizó el jefe de Estado libertario por “cualquier decisión que ponga en riesgo a YPF y la soberanía energética».

El gobernador bonaerense consideró también que el hecho de que Milei “le dé razón a los demandantes” en la causa por la expropiación de YPF “contradice la defensa del interés nacional”.

A su vez, el mandatario provincial sostuvo que Milei está “siempre a favor de los buitres y no del país, siempre a favor de la entrega y no de la soberanía”.

Asimismo, dedicó un pasaje importante de su intervención a analizar cuál era la situación de la compañía al momento de su estatización y reivindicar la vuelta de la petrolera a manos públicas.

“La privatización de los ‘90 fue una verdadera desgracia para YPF, la Argentina y las posibilidades de desarrollo del país”, sentenció el gobernador sobre las consecuencias de la puesta de la empresa en manos de la multinacional REPSOL.

El mandatario provincial dijo que Argentina se convirtió en un país “deficitario en materia energética por culpa de REPSOL” y sostuvo que el yacimiento Vaca Muerta no existiría sin la decisión que se adoptó en 2012, cuando la empresa pasó a manos del Estado argentino.

“Sin la expropiación de YPF no habría Vaca Muerta y tampoco recuperación de la producción de hidrocarburos en Argentina. El objetivo era poner a funcionar la empresa en favor de los intereses nacionales, que estaban siendo mancillados por la gestión de REPSOL”, concluyó Kicillof.

Fuente: NA

La justicia estadounidense ordenó que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF a beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, como parte de pago de la sentencia en la que el país ya fue condenado a pagar US$16.100 millones.

La orden la dictó la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, en línea con la exigencia elevada a principios del 2025 para que la Argentina brinde información sobre activos, entre los que incluyó el oro y acciones de otras empresas estatales.

El fallo responde a una presentación judicial por parte de los demandantes para lograr cobrar el monto establecido en la condena, que permanece impago, otorgando un plazo de dos semanas para cumplir con la cesión de las acciones de YPF.

De esta manera, Preska dispuso que “se ordena a Argentina transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden”.

Asimismo, determinó “instruir a BNYM para que inicie una transferencia de los intereses de propiedad de Argentina en sus acciones Clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”

La resolución judicial adversa para el país puede ser apelada a la Corte de Apelación. El gobierno argentino ya apeló en 2023 la condena inicial, por la que debería haber depositado una garantía para evitar que comiencen los embargos.

La noticia, que fue difundida por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta de X, golpea de lleno las acciones de la petrolera estatal en Wall Street, registrando un desplome en su cotización que supera el 5%.

En la argumentación del dictamen, la jueza estadounidense sostuvo que “las sentencias son ejecutables contra cualquier propiedad que pueda ser cedida o transferida”, indicando que “las acciones de una empresa son libremente transferibles y asignables según la ley de Nueva York”.

En este sentido, se ampara en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, sobre la que asegura que “la propiedad de un estado extranjero utilizada para una actividad comercial en los Estados Unidos no será inmune a la ejecución si la propiedad es o fue utilizada para la actividad comercial en la que se basa la reclamación”.

Al respecto, el tribunal dictaminó que “el uso por parte de Argentina de sus acciones de control para dirigir la actividad comercial de YPF en los Estados Unidos (incluyendo el programa de ADR, la cotización en la NYSE, el registro en la SEC y la venta de deuda a inversores estadounidenses) cumple con este requisito”.

En relación a la inmunidad de las acciones bajo la Ley de Nueva York, el tribunal sostuvo que las acciones pueden ser transferidas, a pesar de la restricción del Artículo 10 de la Ley de Expropiación de YPF, ya que las «Constancia de Acciones» emitidas por CdV confirman que son totalmente transferibles.

En la misma línea, indicó que no hay un «verdadero conflicto» entre la ley argentina y el alivio solicitado por los demandantes, ya que Argentina tiene opciones legales para cumplir (obtener el permiso del Congreso, cambiar la ley o satisfacer el fallo mediante un acuerdo).

Además, indicó que «incluso si hubiera un conflicto, las consideraciones de comidad internacional favorecen la concesión del alivio solicitado por los demandantes debido al fuerte interés de los Estados Unidos en hacer cumplir sus sentencias”.

La decisión de la magistrada se da en contra del pedido del gobierno de Estados Unidos para que no avance en la entrega de acciones de YPF a beneficiarios del fallo, realizado en septiembre del año pasado.

Fuente: Cadena 3