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Economía

Alquileres: qué cambios traerá la nueva ley para propietarios e inquilinos

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La norma modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de locación que benefician a los inquilinos, como el aumento de los años de duración de los convenios y la obligación de proponer dos garantías a elegir por el propietario

El Frente de Todos aprobó este jueves en el Senado la nueva Ley de Alquileres que reforma el vínculo entre propietarios e inquilinos, sin la presencia de la oposición, que se retiró de la sesión en medio de una pelea con el oficialismo.

La nueva norma se votó de forma conjunta con otro proyecto, referido a la suspensión de las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) y fue sancionada con 41 votos afirmativos y ninguno en contra.

La nueva ley de alquileres modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de locación que benefician a los inquilinos, como el aumento de los años de duración de los convenios y la obligación de proponer dos garantías a elegir por el propietario.

La ley de alquileres merece una atención superior. Tendría que haber sido tratada por todo el recinto del Senado y no por una parte. El momento político no va de la mano con lo que sucede en materia habitacional y de locaciones (Marta Liotto, CUCICBA)
Alejandro Bennazar, titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina, señaló que están de acuerdo con la sanción de esta nueva ley aunque agregó que se podrán corregir detalles con las reglamentaciones.

“Creo que esta ley viene a dar por terminado algo esperado por las distintas asociaciones. Esto le marca un antes y un después a la incumbencia del profesional inmobiliario porque le da clarificación a los que es la intermediación”, destacó en declaraciones a Infobae.

Y añadió: “Se incorpora la palabra arbitraje que era muy esperada por el sector para reducir los costos de la previsibilidad del conflicto. Estamos conformes con el resultado. Hay que ver cómo continúa y cómo y cuándo se reglamenta”.

En tanto, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, celebró la sanción de la ley por considerar que “cambia radicalmente la forma de alquilar de los inquilinos, estableciendo un poco de equilibrio en la relación con el merado inmobiliario”.

“Esta ley es importante por dos motivos. Primero porque logramos que el Congreso vuelva a debatir sobre un problema central y estructural y profundamente invisibilizado que es el acceso a una vivienda en alquiler. Se creía que tenía que ser materia del mercado y hemos logrado que el Congreso debata y entendiera que había que poner reglas al acceso a un alquiler”, destacó en diálogo con Infobae.

Esta es una victoria de todos los inquilinos que hemos sido humillados durante mucho tiempo por las inmobiliarias (Gervasio Muñoz, Inquilinos Agrupados)
En ese sentido, valoró que se establezca “la creación de un registro de todos los contratos de alquiler en AFIP, regulando expensas y con mayores controles”.

“Esta es una victoria de todos los inquilinos que hemos sido humillados durante mucho tiempo por las inmobiliarias”, celebró.

A su turno, Alejandro Ginevra, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), afirmó que la norma aprobada en el Senado es mejor que la anterior dado que mejora la situación del inquilino pero advirtió que “no prevé algunas situaciones que le den certeza al propietario”.

«Lo que puede suceder es que los propietarios prefieran vender y no alquilar y esto termine agravando el déficit habitacional que tenemos en nuestro país. De todas formas la verdad la dirá el mercado”, aseguró.

En otro orden, Marta Liotto, vicepresidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), se mostró disconforme con la sanción de la Ley por considerar que la ley que regía hasta acá funcionaba correctamente y había conformidad tanto de los inquilinos como de los propietarios.

“La ley de alquileres merece una atención superior. Tendría que haber sido tratada por todo el recinto del Senado y no por una parte. El momento político no va de la mano con lo que sucede en materia habitacional y de locaciones”, cuestionó al tiempo que añadió: “Espero que esta ley no le traiga perjuicio a los propietarios ni a los inquilinos”,

Eduardo Brigada, presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), indicó que se trata del proyecto que ha tenido más consenso en los últimos años.

“El transcurso del tiempo dirá si esto es un beneficio para todas las partes. Va a ser el mercado el que va a dar la última palabra. Nadie tiene la verdad como para anticipar si esto va a funcionar. Nosotros no creemos que vaya a haber una estampida de retiro de inmuebles en oferta”, manifestó.

En ese marco, Brigada aseguró que lo que hace mal en el sector de los alquileres es la inflación. “Eso es lo que hay que controlar. El locatario piensa que no puede pagar al alquiler y el locador tiene la menor rentabilidad en muchos años”, concluyó.

Cuáles son los puntos principales de la nueva ley

– El mes anticipado y el depósito de garantía no pueden ser mayores al equivalente a un mes de alquiler, respectivamente.

– El reintegro del mes de garantía debe realizarse en efectivo al momento de la restitución del inmueble, al valor del último mes de alquiler.

– El plazo mínimo del contrato se amplía de dos a tres años, con las excepciones del artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación.

– Aquellas expensas que deriven de gastos habituales, es decir, vinculados a los servicios normales y permanentes a su disposición quedan a cargo del locatario. Las expensas extraordinarias debe pagarlas el locador.

– Los gastos a cargo del locador pueden ser compensados por el locatario con el importe de los alquileres, previa notificación fehaciente.

– La intermediación solo puede estar a cargo de un profesional matriculado para el corretaje inmobiliario.

– En cuanto a la garantía, el locatario debe proponer al menos dos alternativas entre título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo, certificado de ingresos).
– Sobre el valor de la garantía, el locador no puede requerir garantía que supere el equivalente a cinco veces el valor mensual de la locación, salvo el caso de que la garantía sea de ingresos, en cuyo caso puede elevarse a diez veces.

– Respecto a la actualización monetaria/indexación, la nueva ley excluye a los contratos de locación de los arts. 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad 23.928.

– En la fijación del valor de los alquileres solo se admiten ajustes anuales, que deben seguir un índice conformado en partes iguales por el IPC (índice de precios al consumidor) y el RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables).

– Se establece la obligatoriedad de declarar los contratos de locación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

– Se crea el Programa Nacional de Alquiler Social para la adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda digna en alquiler mediante contratación formal; entre ellas: la especial consideración de las personas en situación de violencia de género, la regulación de la actividad de las entidades que otorgan garantías de fianza o seguros de caución, la promoción de un seguro obligatorio para cubrir las faltas de pago de alquileres y las indemnizaciones por daños y ocupación indebida de inmuebles.

– Se dispone el desarrollo de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación.

 

 

 

Fuente: Infobae

 

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Economía

Bancos y fintech: ya hay 200 reclamos por tasas excesivas y falta de información en los créditos

El endeudamiento de las familias volvió a ocupar un lugar central en la agenda política, mientras crecen los reclamos de consumidores contra bancos, billeteras virtuales y otros proveedores de crédito por las condiciones de los préstamos.

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Foto: Reclamos de consumidores por el costo de los créditos y las tasas financieras.

Durante el primer semestre de 2026 se registraron 200 reclamos vinculados con problemas de información y las tasas aplicadas en servicios financieros, según un relevamiento de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía. La cifra representa un aumento del 92% respecto del mismo período de 2025.

Reclamos por tasas, acoso y falta de información

Entre los principales motivos de las denuncias aparecen el precio de los préstamos y las tasas consideradas excesivas, que registraron un incremento interanual del 394%.

También aumentaron los reclamos por hostigamiento, maltrato o acoso a los usuarios (+360%) y por falta de información relevante (+131%).

Las autoridades detectaron distintas deficiencias al momento de contratar créditos. Entre ellas, casos en los que no se informó la Tasa de Interés o el Costo Financiero Total (CFT), documentación incompleta o confusa y situaciones en las que directamente no se entregaron los contratos con las condiciones financieras.

Tasas que pueden superar ampliamente el costo del préstamo

El crecimiento de los reclamos se produce en un contexto de fuerte aumento de la morosidad. Actualmente, casi 6 millones de personas tienen algún grado de atraso en sus pagos, una situación que se agravó luego de la expansión del crédito registrada durante 2024 y 2025.

En la actualidad, un préstamo personal bancario puede alcanzar una Tasa Nominal Anual (TNA) del 142%, mientras que el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) puede llegar al 400%.

En el caso de Mercado Pago, las tasas de los créditos personales van desde el 48% hasta el 249% de TNA, mientras que el costo financiero total puede alcanzar el 1.375%, de acuerdo con el perfil de riesgo determinado por la plataforma.

El sistema utilizado por la compañía contempla más de 3.000 variables para establecer las condiciones de cada usuario.

Desde Mercado Pago explicaron que los nuevos usuarios pueden acceder inicialmente a líneas de crédito pequeñas, con condiciones determinadas por el nivel de riesgo, mientras que quienes mantienen un buen comportamiento de pago pueden obtener mayores límites y menores tasas.

Bancos y fintech buscan reducir la morosidad

El Gobierno mantiene conversaciones con bancos y empresas fintech por el aumento de la morosidad y el elevado costo del financiamiento.

Desde el sector fintech reclaman, entre otras medidas, mayor disponibilidad de información para reducir el riesgo crediticio y una menor carga impositiva.

Las empresas también sostienen que las fintech representan una proporción minoritaria del crédito actualmente en mora: 8% corresponde a fintech, 74% a bancos y el 18% restante a otros proveedores no financieros.

Más de 30 proyectos para regular el endeudamiento

Mientras tanto, el sector bancario busca frenar los más de 30 proyectos legislativos que actualmente circulan en el Congreso para establecer nuevas regulaciones.

Una de las alternativas que analizan es seguir el modelo aplicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde se impulsó una Ley de Desendeudamiento que permite a los bancos refinanciar determinadas deudas bajo condiciones específicas, entre ellas una tasa fija máxima del 35% nominal anual y plazos de al menos 24 meses, a cambio de beneficios impositivos.

Qué dijo Luis Caputo sobre las tasas

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue consultado la semana pasada sobre el costo del endeudamiento y reconoció que tasas del 700% o 400% son abusivas.

Sin embargo, sostuvo que actualmente no existe una prohibición que impida a las entidades cobrar esos niveles de tasas, descartando de esta manera una intervención oficial inmediata.

La gestión de Javier Milei avanzó desde su llegada con una desregulación del sistema financiero, eliminando, entre otras medidas, las tasas pasivas mínimas para los plazos fijos, la tasa mínima de precancelación de los plazos fijos UVA y las tasas máximas para préstamos a MiPymes, el sector agropecuario y las tarjetas de crédito.

En paralelo, Caputo anunció una flexibilización de los créditos en dólares destinados a empresas, con el objetivo de impulsar la actividad y aumentar la oferta de divisas en el mercado cambiario antes de las elecciones.

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Economía

Cuánto cuesta construir una casa económica de 60 m² en Argentina

El costo de construir una vivienda continúa en aumento y se mantiene como una de las principales variables para quienes evalúan construir.

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Foto: El costo de construir una casa continúa en aumento.

El costo de construir una vivienda continúa en aumento y se mantiene como una de las principales variables para quienes evalúan construir. Una casa económica de 60 metros cuadrados puede superar los US$61.000, aunque el valor final depende de los gastos que se incorporen al proyecto.

El costo de construcción sigue aumentando

La construcción atraviesa un período de estancamiento desde hace dos años y, según los datos citados, solo recuperó cinco puntos de una caída acumulada del 22% frente a 2023.

En junio, el Índice de Costo de la Construcción (ICC) del Gran Buenos Aires registró un incremento del 2,6% mensual.

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, el aumento fue del 3,5%, mientras que el costo del metro cuadrado llegó a $1.549.329, equivalente a unos US$1.022 según el tipo de cambio utilizado en ese período.

Este valor, sin embargo, no representa el costo total de construir una vivienda, ya que no contempla el terreno ni otros gastos vinculados al proyecto.

¿Cuánto cuesta construir una casa de 60 m²?

Tomando como referencia el costo relevado por el ICC, construir una casa económica de 60 m² demanda aproximadamente:

  • 🏠 US$61.320
  • 💰 $92.959.740

Pero si se incorporan otros gastos que habitualmente deben afrontar los desarrolladores, el costo asciende a unos US$86.400.

Entre los conceptos que pueden elevar el presupuesto se encuentran impuestos, honorarios profesionales, comercialización y la rentabilidad del desarrollador, además del terreno.

Materiales y mano de obra, entre los principales aumentos

El incremento registrado durante junio estuvo explicado principalmente por las variaciones en:

  • Materiales: +1,8%
  • Mano de obra: +3,3%
  • Gastos generales: +2,8%

Estos aumentos impactan directamente sobre el presupuesto final de cualquier obra.

Construir o comprar una casa usada

La comparación con el mercado inmobiliario permite dimensionar el costo.

En junio, las casas usadas en la Ciudad de Buenos Aires registraron un precio promedio de US$1.869 por metro cuadrado, según los datos citados de Zonaprop.

Una vivienda de tres dormitorios y 170 m² alcanzó un valor promedio de US$304.553, mientras que una casa de cuatro dormitorios y 260 m² llegó a US$485.873.

La diferencia entre construir y comprar no depende solamente del valor del metro cuadrado: también hay que considerar terreno, impuestos, honorarios, terminaciones y otros costos de obra.

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Economía

Morosidad en Argentina: crecen los créditos impagos y explican qué pueden hacer los deudores

La morosidad de las familias se mantiene elevada pese a una leve mejora en junio. Especialistas advierten que las tasas, los impuestos y la desaceleración de la inflación dificultan el cumplimiento de las cuotas y plantean alternativas para aliviar la carga mensual.

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Foto: Crece la morosidad de los créditos entre las familias argentinas.

La morosidad crediticia de las familias argentinas continúa en niveles elevados, aunque el último registro del Banco Central mostró una leve disminución después de 19 meses consecutivos de aumentos.

Los datos de la Central de Deudores correspondientes a junio ubicaron la irregularidad del crédito al sector privado no financiero en 7,6%, frente al 7,7% registrado en mayo.

Entre las familias, la mora alcanzó el 12,7%, mientras que en las empresas se ubicó en el 3,5%.

La situación es todavía más marcada en el financiamiento otorgado por fintech y prestamistas no bancarios, donde la irregularidad llega al 33%. Sin embargo, el 91% del financiamiento continúa concentrado en la banca tradicional.

Tasas e impuestos: el costo que dificulta pagar las cuotas

El analista financiero y especialista en riesgo crediticio Saúl Musicante explicó que el costo de los préstamos puede resultar difícil de afrontar cuando los ingresos evolucionan cerca del ritmo de la inflación.

A ese escenario se suma la carga tributaria. Según el especialista, IVA, Ingresos Brutos y gravámenes municipales pueden representar entre el 30% y el 40% del costo de un préstamo.

Para trabajadores asalariados y monotributistas, esos impuestos representan un costo definitivo y terminan incrementando el peso de una tasa que ya puede ser elevada.

Por qué la desaceleración de la inflación cambió el escenario

Durante los períodos de inflación elevada, algunas familias asumían créditos o realizaban compras en cuotas con la expectativa de que la suba de precios redujera progresivamente el peso real de las obligaciones.

Con la desaceleración de la inflación, esa estrategia dejó de producir el mismo efecto y las cuotas pueden representar una carga mayor sobre los ingresos.

Musicante consideró que una alternativa para quienes tienen dificultades consiste en reducir las tasas y extender los plazos.

“Los bancos podrían hacer una mezcla de baja de tasas y alargamiento de plazos”, señaló.

Como contrapartida, las entidades podrían solicitar mayores garantías, como un garante o respaldo patrimonial.

Refinanciar para reducir la carga mensual

El especialista mencionó como referencia una línea del Banco Nación, con plazos de hasta 10 años y condiciones ajustadas por UVA más 12 puntos para quienes cobran sus haberes en la entidad y más 14 puntos para el resto.

La extensión del plazo permitiría reducir el monto de las cuotas mensuales y facilitar el reordenamiento de deudas asumidas bajo condiciones más costosas.

Sin embargo, quienes ya se encuentran en situación irregular enfrentan una dificultad adicional: esa condición puede impedirles acceder a un nuevo préstamo para cancelar o refinanciar la deuda anterior.

La morosidad es mayor fuera del sistema bancario

Musicante explicó que el índice de morosidad surge de comparar los préstamos irregulares con el total de créditos otorgados.

Por eso, el indicador puede aumentar tanto por un crecimiento de los incumplimientos como por una reducción en la cantidad de nuevos préstamos.

En el caso de fintech, comercios de electrodomésticos y empresas financiadas mediante fideicomisos, el especialista consideró que en algunos casos pudo haber fallado la evaluación del riesgo crediticio.

Aun así, las tasas elevadas cobradas por estas compañías les permitieron absorber parte de las pérdidas y, hasta el momento, no se registraron eventos crediticios relevantes entre esos actores.

Caputo habló de refinanciaciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró esta semana que algunos bancos comenzaron a refinanciar deudas morosas a tres años, con tasas de entre el 20% y el 25%.

Según explicó, una mayoría de los clientes alcanzados por esos acuerdos retomó los pagos.

La mejora, sin embargo, no se reflejaría inmediatamente en las estadísticas, ya que el paso de una categoría de morosidad a una situación regular puede demorar entre seis y 12 meses.

Caputo también descartó utilizar fondos públicos para compensar a los bancos por préstamos incobrables.

¿La morosidad pone en riesgo al sistema financiero?

Pese al aumento de los incumplimientos, Musicante consideró que la situación no representa por ahora una amenaza para la estabilidad del sistema financiero.

El especialista explicó que los bancos cuentan con un elevado nivel de previsiones, es decir, fondos reservados para afrontar posibles incumplimientos.

Según su análisis, buena parte de las pérdidas ya habría sido reconocida en los balances de las entidades, por lo que la morosidad no debería comprometer la salud financiera del sistema.

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