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Obra Pública: los fiscales pidieron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner

Fue acusada como jefa de una asociación ilícita y autora del delito de «administración infiel en perjuicio de la administración pública». ¿Qué penas solicitaron para los demás acusados?

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Foto: Cristina Kirchner durante uno de los ingresos a Tribunales.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado.

Es por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también solicitó el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación -más de $5.000 millones- y reclamó que sean destinados a «instituciones de bien público».

«El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados», proclamó Luciani, que reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo: “Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas”, expresó.

En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, consideró que “el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía” y que la trama de corrupción por la que acusó es la “mayor de la historia”. Como medida adicional a las penas y la inhabilitación, el fiscal reclamó el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral y de todas las estancias del empresario Lázaro Báez y sus allegados.

Con relación a Báez, los fiscales Luciani y Mola pidieron 12 años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de asociación ilícita y partícipe primario responsable del delito de corrupción fraudulenta.

En tanto, para Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal), José Francisco López (ex secretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad) solicitaron 10 años de prisión e inhabilitación de ejercer cargos públicos por considerarlos autores del delito de asociación ilícita.

La fiscalía también pidió 6 años para Mauricio Colladera y Raúl Daruich, ambos de la Dirección Nacional de Vialidad del distrito de Santa Cruz y la misma pena para Juan Carlos Villafañe, de la repartición provincial.

Solicitaron, además, 4 años para Abel Fatala, entonces subsecretario de Obras Públicas; 5 años para Raúl Pavesi, otro ex titular de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), y 4 años para José Raúl Santibáñez, que era presidente del directorio del mismo organismo.

Para Héctor Garro, ex presidente de la dirección de Vialidad Provincial, los fiscales reclamaron la pena de 3 años y de 2 años para Carlos Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.

Los funcionarios judiciales también demandaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) el decomiso de $5.321 millones, monto en el que -según estimó su par Mola- se defraudó al Estado.

Además, pidieron que se extraigan testimonios (impulsen nuevas investigaciones) sobre las empresas que -de acuerdo con su concepción- contribuyeron a favorecer las maniobras de adjudicación irregular a las firmas de Báez que consolidaron el delito reprochado.

Solicitaron, a su vez, que se investiguen eventuales delitos que pudieran surgir de la información obtenida de los teléfonos de López, donde aparecen menciones al diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, hijo de Cristina y actual presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.

Antes de que el fiscal Luciani anuncie el pedido de penas, expresó que no encontraba «un solo atenuante» debido a la “magnitud” de los delitos investigados, “su poder de dirección”, la “extensión del daño” y el “lucro personal” que persiguió, supuestamente, la vicepresidenta.

Finalmente, le contestó al presidente Alberto Fernández, a quien le atribuyó una “injerencia indebida” sobre el Poder Judicial.

En ese sentido, le refutó la afirmación de que las decisiones políticas de gobierno no son judiciales y le respondió: “Todos los actos del Poder Ejecutivo son revisables por el Poder Judicial”.

Además, le recordó que cuando estuvo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner “renunció al cargo de jefe de Gabinete por lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz”.

En cambio, ahora varió y omitió aquella postura “para defender puerilmente a su compañera de fórmula”.

Luciani cerró su alegato casi en tono político, condenando la corrupción y asegurando que si se hubiera evitado la trama delictiva que le reprocha al ex matrimonio presidencial, «los sectores más vulnerables» tendrían una calidad de vida mejor.

Fuente: Noticias Argentinas

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⚖️Intento de homicidio en Sunchales: condenan a un hombre que disparó a quemarropa

Un hombre de 31 años fue condenado a siete años y seis meses de prisión efectiva por un intento de homicidio con arma de fuego ocurrido en Sunchales.

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Foto: Internet

La sentencia fue dictada tras un juicio oral realizado en los tribunales de Rafaela.

El condenado fue identificado como Gaspar Santiago Planiscig, quien además fue declarado reincidente por tercera vez por el juez interviniente.

Cómo fue el ataque en Sunchales

El hecho ocurrió el 13 de junio de 2024 alrededor de las 11:30, en calle Alem al 1300. Según la investigación, la víctima caminaba junto a su pareja cuando fue interceptada por el agresor.

De acuerdo con la acusación, Planiscig los siguió desde atrás, se colocó frente a ellos y extrajo un revólver calibre 32, el cual llevaba cargado y sin autorización legal.

En ese momento, el atacante le exigió a la víctima que le entregara sus pertenencias. Mientras el hombre intentaba sacarse la mochila, el agresor también amenazó a la mujer que lo acompañaba, advirtiéndole que no interviniera.

Disparo a corta distancia

Según se expuso en el juicio, el condenado efectuó un disparo a una distancia aproximada de medio metro, impactando en el rostro de la víctima, con la intención de provocarle la muerte.

Tras el ataque, huyó del lugar. La víctima logró sobrevivir gracias a la rápida asistencia médica, lo que impidió que el hecho se convirtiera en un homicidio consumado.

Detalles de la condena

El tribunal lo encontró culpable como autor de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por portación ilegal de arma de uso civil.

La investigación y acusación estuvieron a cargo del fiscal Martín Castellano, de la Unidad Fiscal Especial Homicidios. Tras conocerse el fallo, el representante del Ministerio Público indicó que analizarán los fundamentos de la sentencia, ya que la pena impuesta fue menor a la solicitada por la Fiscalía.

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Violento robo en Ataliva: dictaron prisión preventiva para tres acusados y domiciliaria para una mujer

Un violento robo en banda en Ataliva derivó en una audiencia judicial en Rafaela, donde cuatro personas fueron imputadas por un hecho ocurrido días atrás en una vivienda.

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Foto: Dictaron prisión preventiva para tres acusados y domiciliaria para una mujer en el violento robo en Ataliva

El juez Javier Bottero dispuso 40 días de prisión preventiva para tres de los acusados, mientras que una mujer quedó bajo prisión domiciliaria.

🚨 Robo armado y con extrema violencia

Según la reconstrucción del caso, el hecho tuvo lugar en una casa de calle Mariano Moreno, donde al menos tres hombres ingresaron tras engañar a las víctimas y luego irrumpieron por la fuerza.

Una vez dentro, los delincuentes redujeron, amenazaron y golpearon a las ocupantes, exigiendo dinero y una motocicleta. Durante el asalto, sustrajeron teléfonos celulares, cerca de 300 mil pesos y otros objetos personales.

De acuerdo a la acusación, uno de los atacantes apuntó con un arma a la cabeza de una de las víctimas, mientras otro amenazó a una mujer que se encontraba junto a un menor en otra habitación.

👥 Actuación en grupo y roles definidos

La investigación determinó que el robo habría sido planificado y ejecutado en grupo, con participación diferenciada. Mientras algunos ingresaron a la vivienda, otros habrían colaborado en la logística, aportando vehículos para facilitar la fuga.

Los imputados fueron identificados como Joel Alejandro Altamirano, Cristian Gustavo Díaz, Macarena Alejandra Monserrat y Juan Manuel Ponce. Según la fiscalía, Altamirano y Ponce participaron directamente del asalto, mientras que Díaz y Monserrat habrían intervenido en la huida y encubrimiento.

⚖️ Decisión judicial tras la audiencia

La audiencia fue encabezada por el juez Javier Bottero, con la intervención de la fiscal Lorena Korakis.

El magistrado resolvió dictar prisión preventiva por 40 días para Altamirano, Díaz y Ponce, mientras que para Monserrat dispuso la prisión domiciliaria en Ataliva.

La fiscalía remarcó la gravedad del hecho, el uso de armas y la violencia ejercida, además de señalar riesgos procesales, como posibles interferencias en la investigación.

😟 Temor de las víctimas

Durante la audiencia, las víctimas expresaron temor por su seguridad y solicitaron que los acusados no regresen a la zona.

La causa continuará en investigación con nuevas medidas para esclarecer completamente el hecho y determinar todas las responsabilidades.

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🚨 Demolerán una vivienda en Sunchales por venta de drogas: la Justicia tomó una decisión contundente

En una medida poco habitual, la Justicia ordenó la demolición de un inmueble en en la ciudad, tras comprobar que funcionaba como punto de venta de drogas.

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Foto: Ilustrativa

La resolución fue tomada por el juez Nicolás Stegmayer, en el marco de una audiencia realizada en Rafaela, a partir de un pedido de la fiscal Analia Abreu.

📍 El lugar está ubicado en calle Falucho al 500, y según la investigación, presentaba movimientos constantes de personas y maniobras típicas de comercialización de estupefacientes.

👉 La causa se inició tras denuncias de vecinos, a lo que se sumaron tareas de la Policía de Investigaciones que permitieron confirmar la actividad ilícita.

⚠️ Un dato clave que agravó la situación fue la cercanía del inmueble con espacios sensibles, como un jardín de infantes, un centro de salud y un predio deportivo, lo que generaba un mayor riesgo para la comunidad.

El magistrado consideró que existía un “estado antijurídico persistente”, y que no había medidas alternativas suficientes para revertir la situación.

🔨 Por eso, se dispuso no solo la inactivación del lugar, sino también su demolición, en un operativo que será coordinado por el Ministerio Público de la Acusación junto a autoridades correspondientes.

👮‍♂️ Previamente, se realizará la evacuación de los ocupantes y el resguardo de los bienes que se encuentren en el inmueble.

👉 La decisión se enmarca en una estrategia para desarticular puntos de venta de droga y recuperar espacios afectados por la actividad delictiva.

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