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Obra Pública: los fiscales pidieron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner

Fue acusada como jefa de una asociación ilícita y autora del delito de «administración infiel en perjuicio de la administración pública». ¿Qué penas solicitaron para los demás acusados?

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Foto: Cristina Kirchner durante uno de los ingresos a Tribunales.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado.

Es por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también solicitó el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación -más de $5.000 millones- y reclamó que sean destinados a «instituciones de bien público».

«El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados», proclamó Luciani, que reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo: “Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas”, expresó.

En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, consideró que “el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía” y que la trama de corrupción por la que acusó es la “mayor de la historia”. Como medida adicional a las penas y la inhabilitación, el fiscal reclamó el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral y de todas las estancias del empresario Lázaro Báez y sus allegados.

Con relación a Báez, los fiscales Luciani y Mola pidieron 12 años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de asociación ilícita y partícipe primario responsable del delito de corrupción fraudulenta.

En tanto, para Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal), José Francisco López (ex secretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad) solicitaron 10 años de prisión e inhabilitación de ejercer cargos públicos por considerarlos autores del delito de asociación ilícita.

La fiscalía también pidió 6 años para Mauricio Colladera y Raúl Daruich, ambos de la Dirección Nacional de Vialidad del distrito de Santa Cruz y la misma pena para Juan Carlos Villafañe, de la repartición provincial.

Solicitaron, además, 4 años para Abel Fatala, entonces subsecretario de Obras Públicas; 5 años para Raúl Pavesi, otro ex titular de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), y 4 años para José Raúl Santibáñez, que era presidente del directorio del mismo organismo.

Para Héctor Garro, ex presidente de la dirección de Vialidad Provincial, los fiscales reclamaron la pena de 3 años y de 2 años para Carlos Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.

Los funcionarios judiciales también demandaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) el decomiso de $5.321 millones, monto en el que -según estimó su par Mola- se defraudó al Estado.

Además, pidieron que se extraigan testimonios (impulsen nuevas investigaciones) sobre las empresas que -de acuerdo con su concepción- contribuyeron a favorecer las maniobras de adjudicación irregular a las firmas de Báez que consolidaron el delito reprochado.

Solicitaron, a su vez, que se investiguen eventuales delitos que pudieran surgir de la información obtenida de los teléfonos de López, donde aparecen menciones al diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, hijo de Cristina y actual presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.

Antes de que el fiscal Luciani anuncie el pedido de penas, expresó que no encontraba «un solo atenuante» debido a la “magnitud” de los delitos investigados, “su poder de dirección”, la “extensión del daño” y el “lucro personal” que persiguió, supuestamente, la vicepresidenta.

Finalmente, le contestó al presidente Alberto Fernández, a quien le atribuyó una “injerencia indebida” sobre el Poder Judicial.

En ese sentido, le refutó la afirmación de que las decisiones políticas de gobierno no son judiciales y le respondió: “Todos los actos del Poder Ejecutivo son revisables por el Poder Judicial”.

Además, le recordó que cuando estuvo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner “renunció al cargo de jefe de Gabinete por lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz”.

En cambio, ahora varió y omitió aquella postura “para defender puerilmente a su compañera de fórmula”.

Luciani cerró su alegato casi en tono político, condenando la corrupción y asegurando que si se hubiera evitado la trama delictiva que le reprocha al ex matrimonio presidencial, «los sectores más vulnerables» tendrían una calidad de vida mejor.

Fuente: Noticias Argentinas

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Un hombre quedó en prisión preventiva por venta de drogas en San Cristóbal

Quedó en prisión preventiva un hombre de 49 años, cuyas iniciales son CMC, al que se investiga por vender cocaína y marihuana al menudeo en San Cristóbal. Así lo ordenó el juez Juan Gabriel Peralta, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses.

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Foto: Un hombre quedó en prisión preventiva por venta de drogas en San Cristóbal

Estupefacientes

El fiscal Emiliano Odriozola afirmó que “al menos entre el jueves 21 de agosto de este año y el sábado pasado, el hombre de 49 años vendió en su domicilio drogas fraccionadas en pequeñas dosis”.

“A partir de diligencias realizadas por la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Cristóbal, el sábado se concretó un allanamiento en Dorrego al 1.600, donde residía el investigado”, manifestó Odriozola.

“En el operativo policial, se secuestraron cocaína y marihuna distribuidas en envoltorios y en trozos compactos, dos balanzas de precisión, teléfonos celulares, una libreta con anotaciones y dinero en efectivo”, precisó el funcionario del MPA.

Revólver y escopeta

Odriozola señaló que “en el marco del allanamiento, los uniformados advirtieron que el imputado tenía ilegítimamente en su poder un revólver calibre 38, cargado con seis cartuchos de igual calibre, y una escopeta calibre 12”, y añadió que “ambas armas eran aptas para el disparo”.

“Además, se detectó que el imputado poseía en el inmueble cuatro cartuchos calibre 38 y 25 cartuchos de escopeta calibre 12”, detalló el fiscal.

Riesgos procesales

Odriozola valoró que “el juez consideró que las evidencias que presentamos desde la Fiscalía son suficientes para acreditar las atribuciones delictivas, con el grado de probabilidad necesario en esta etapa del proceso penal”.

“A su vez, el magistrado sostuvo que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo, en función de las características de los ilícitos que investigamos”, remarcó el fiscal.

El fiscal también planteó que “el juez además indicó que el riesgo de fuga estaba latente porque el imputado no posee trabajo fijo que lo arraigue, lo cual impacta de manera directa en el peligro de entorpecimiento probatorio”.

Por otro lado, el fiscal destacó que “el magistrado valoró la efectividad de las denuncias anónimas, así como la eficacia de las tareas desplegadas por la policía en este legajo penal”.

Calificaciones penales

Al imputado se le atribuyó la autoría de comercialización de estupefacientes, tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y tenencia indebida de arma de fuego de guerra.

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Sunchales: Joven imputado por usar una tarjeta robada recuperó la libertad bajo condiciones

Un joven oriundo de Sunchales fue imputado por utilizar una tarjeta de débito robada para realizar compras en distintos comercios de la ciudad.

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Foto: Tribunales de Rafaela

La audiencia se desarrolló este lunes en los Tribunales de Rafaela, donde la fiscalía le atribuyó haber usado la tarjeta de otra persona —sustraída días atrás en el marco de una causa por robo calificado— para efectuar tres operaciones por un total cercano a los 25.000 pesos.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría recibido la tarjeta junto con una campera de parte de individuos aún no identificados. Posteriormente, compró un paquete de yerba en un supermercado y productos cárnicos en una carnicería local.

El joven fue detenido por efectivos de la Comisaría 3ª luego de un procedimiento en su vivienda. Durante la requisa, intentó escapar por los techos, pero fue rápidamente aprehendido.

En la audiencia, la fiscalía y la defensa acordaron medidas alternativas a la prisión preventiva, las cuales fueron aceptadas por el juez interviniente. Según se indicó, se trata de una “última oportunidad”, ya que en caso de reincidir, se solicitará su detención preventiva.

La víctima, propietaria de la tarjeta, dio su consentimiento para que el acusado recupere la libertad, siempre que mantenga una distancia mínima de 200 metros de su domicilio.

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Ordenaron la libertad de Alan Nahuel Ledesma con restricción de ingreso a Sunchales y control semanal en comisaría

La medida fue dispuesta por el juez Nicolás Stegmayer en una audiencia de revisión de prisión preventiva realizada en Rafaela. El imputado deberá cumplir con condiciones bajo supervisión judicial.

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Foto: Ilustrativa

En una audiencia desarrollada este martes 15 de octubre en los tribunales de Rafaela, el juez Nicolás Stegmayer resolvió otorgar la libertad bajo medidas alternativas a Alan Nahuel Ledesma, imputado en una causa por amenazas simples y estafa.

La audiencia, que tuvo lugar en la Sala 2 de la Oficina de Gestión de Audiencias del Distrito Judicial Nº 5, contó con la intervención del fiscal Juan Manuel Puig y del abogado defensor José María Silvela, quienes acordaron las condiciones de la libertad.

Según la resolución, Ledesma deberá fijar domicilio en Humberto Primo, firmar semanalmente en la comisaría de su jurisdicción y someterse a tratamiento médico por una afección que presenta. Además, el juez dispuso la prohibición de ingresar a la ciudad de Sunchales y de mantener contacto con víctimas o testigos vinculados a la causa.

Durante la audiencia, el imputado se comprometió a cumplir con todas las medidas impuestas por el tribunal.

La decisión judicial fue registrada en video conforme al protocolo vigente y se enmarca en una revisión de la medida cautelar solicitada por las partes.

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