Judicial
Prisión preventiva para otro hombre investigado por estafar a dos empresas lácteas de Rafaela
Quedó en prisión preventiva un hombre de 62 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, que es investigado por estafas cometidas por un total de 172 millones de pesos, aproximadamente, en perjuicio de dos empresas lácteas de Rafaela
El fiscal Guillermo Loyola, a cargo de la Sección Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía Regional 5, solicitó que el imputado, cuyas iniciales son MAO, transite el proceso judicial privado de su libertad. Según recordó, «otro bonaerense, quien tiene 43 años e iniciales MDC, es investigado en el marco del legajo y cumple la misma medida cautelar desde marzo de este año».
La maniobra
El Fiscal indicó que “junto con otras personas, los hombres investigados concertaron un plan para realizar actos defraudatorios contra dos firmas lácteas rafaelinas tendientes a obtener un beneficio económico”.
Loyola afirmó que “el lunes 15 de enero de este año, quien quedó en preventiva ayer utilizó un DNI apócrifo para retirar de un banco la tarjeta de coordenadas necesaria para realizar operaciones a nombre de una de las empresas». Aclaró que «el documento tenía su foto y los datos de uno de los socios de la compañía, lo que indujo al error al empleado bancario que lo atendió”.
A su vez, el fiscal puntualizó que “como el imputado de inciales MAO no pudo acceder al sistema más allá de que contaba con la tarjeta de coordenadas, días después, otra persona aún no identificada utilizó los datos identificatorios de un ex empleado de una de las firmas damnificadas para cambiar las claves de acceso a su perfil bancario». En tal sentido, explicó que «una vez modificada la contraseña del homebanking, el grupo delictivo pidió otra tarjeta de coordenadas de la empresa”.
“Por su parte, el hombre de iniciales MDC se valió de otro documento de identidad apócrifo con el cual engañó a personal de la entidad bancaria y obtuvo la nueva tarjeta que necesitaban para concretar su objetivo», relató.
«Luego realizó 38 transferencias a distintos destinatarios y por diferentes montos, lo que perjudicó a la compañía láctea por una cifra aproximada de 153.000.000 de pesos”, agregó el fiscal.
Por otro lado, Loyola señaló que “con la misma tarjeta de coordenadas, el imputado de 43 años logró ingresar también a la cuenta corriente de la otra empresa –relacionada con la primera– y, de común acuerdo con los otros integrantes de la banda, hizo transferencias por alrededor de 19.000.000 de pesos en total”.
En tanto, el fiscal subrayó que «la mayoría de los titulares de las cuentas a las que fue enviado el dinero proveniente de las maniobras delictivas ya fueron identificados e imputados como partícipes necesarios de las estafas».
Fundamentos
El fiscal expuso que “la jueza consideró que en virtud de las evidencias presentadas por la Fiscalía, la materialidad de los hechos y la autoría por parte del hombre investigado están acreditadas con el grado de probabilidad necesario en esta etapa inicial del proceso”.
Loyola precisó que “la magistrada también tuvo en cuenta la modalidad de las conductas ilícitas, la complejidad de la maniobra y el perjuicio económico causado», y destacó que «en caso de condena, la pena sería de cumplimiento efectivo”. Al respecto, añadió que “la jueza planteó que esos mismos argumentos hacen a la existencia de riesgos procesales, los cuáles no era posible neutralizar con medidas alternativas que fueron propuestas por la Defensa”.
Calificación penal
Al hombre identificado con las iniciales MAO se le atribuyó la coautoría los delitos de estafa y acceso ilegítimo a sistema o dato informático, así como la autoría de uso de documento falso, destinado a acreditar la identidad de las personas.
Fuente: Radio Belgrano de Suardi
Judicial
¿Por qué acusan a Cristina Kirchner? La Justicia inicia hoy la lectura que podría cambiar el rumbo del caso Cuadernos
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) retoma este martes el juicio por la Causa Cuadernos, con un movimiento clave en su cronograma: desde hoy habrá dos audiencias semanales, acelerando el proceso que tiene en el centro de la escena a Cristina Fernández de Kirchner y otros 85 imputados.
En esta etapa, la expresidenta escuchará en detalle la acusación de la Fiscalía, enfocada en la presunta asociación ilícita que habría operado entre 2003 y 2015.
La audiencia —que seguirá desarrollándose de manera virtual— se centrará en la lectura del requerimiento de elevación a juicio, donde se describe el supuesto engranaje delictivo investigado.
🔍 La acusación: 204 hechos de cohecho y un sistema de recaudación ilícita
Según la Fiscalía, Cristina Kirchner habría sido “jefa de una asociación ilícita” dedicada a la recaudación de fondos ilegales provenientes de empresarios vinculados a la obra pública.
A la expresidenta se le atribuyen 204 hechos de cohecho pasivo, con una cifra que superaría los 10.4 millones de dólares.
El requerimiento sostiene que desde el inicio la investigación se orientó a una estructura integrada por “las más altas esferas estatales de la República Argentina”, donde —según el fiscal Carlos Stornelli— existía un “sistema de recaudación de dinero” que beneficiaba tanto a funcionarios como a empresarios.
📅 El calendario judicial de diciembre
El TOF 7, compuesto por los jueces Méndez Signori, Canero y Castelli, continuará leyendo la acusación principal hasta el 2 de diciembre.
Luego, el 4 de diciembre, comenzará la lectura del expediente conexo conocido como “La Camarita”, impulsado por las confesiones de imputados colaboradores como Carlos Wagner y José López, quienes detallaron la presunta cartelización de la obra pública y pagos ilegales del 10% al 30%.
Finalmente, el 18 de diciembre se leerá la parte referida a los Corredores Viales, otra pieza clave en el rompecabezas judicial.
Por Móvil Quique con información de NA
Judicial
🚨 Cadena perpetua para el hombre detenido en Morteros: primera vez que Córdoba aplica la pena máxima en un juicio abreviado
En un fallo histórico, la Justicia de Córdoba condenó a cadena perpetua a Valentín René Vivas (71), quien confesó el asesinato de Ricardo Morales (58) en un hecho ocurrido el 3 de agosto en barrio Argüello.
Se trata de la primera vez en la provincia que se aplica la pena máxima en un juicio abreviado inicial, apenas tres meses después del crimen.
⚖️ El crimen y la huida hacia Morteros
La Justicia determinó que Vivas atacó a Morales con la intención de “causar sufrimiento a una mujer”, su expareja Marta Cajal, con quien mantuvo una relación de seis meses en 2024 marcada por episodios de agresividad y control.
Luego del ataque, Vivas escapó en moto y huyó hacia la ciudad de Morteros, donde la Policía localizó el vehículo entre yuyales y logró detenerlo horas más tarde. Fue trasladado a Córdoba para quedar a disposición de la Fiscalía.
🧑⚖️ Un caso que marca un precedente judicial
La condena fue por homicidio calificado, una figura agravada que habilitó la pena de prisión perpetua en tiempo récord dentro del proceso abreviado.
La abogada querellante, Gisela Piedi, expresó preocupación por la seguridad futura de Marta Cajal ante el pedido de la defensa para que Vivas acceda a prisión domiciliaria.
También solicitó que se le retire el beneficio jubilatorio de ANSES, cuestiones que evaluará el Juzgado de Ejecución Penal.
📌 Un fallo ejemplificador
El caso sienta un precedente en Córdoba respecto del tratamiento de crímenes motivados por violencia de género indirecta, y promete abrir debate en el ámbito judicial.
Por Móvil Quique con información de Regionalísimo
Judicial
🚨💣 Ordenan el decomiso total de los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez: cifra récord de $684 mil millones
Una resolución judicial histórica volvió a sacudir el escenario político y judicial argentino. El Tribunal Oral Federal N.° 2 ordenó el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por un valor actualizado de $684.990.350.139,86, monto que recae sobre Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, diversos exfuncionarios, sociedades vinculadas y también sobre Máximo y Florencia Kirchner como titulares de parte de los activos incluidos.
⚖️ Un decomiso actualizado y récord
La sentencia firme —vigente desde el 10 de junio de 2025— había fijado inicialmente un monto de $84.835.227.378,04. Sin embargo, tras una actualización realizada por peritos oficiales, fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, el valor fue reajustado a la cifra actual.
El tribunal intimó a los condenados a cubrir el monto, pero ante el incumplimiento dispuso avanzar con la tasación, ejecución y venta de los bienes identificados, priorizando aquellos en poder de los principales involucrados y de las empresas utilizadas para las maniobras investigadas.
🏘️ Qué bienes se decomisarán
El fallo abarca inmuebles pertenecientes a:
- Austral Construcciones S.A.
- Kank y Costilla S.A.
- Gotti Hnos. S.A.
- Loscalzo y Del Curto SRL
Además, incluye propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner, y prevé avanzar también sobre bienes de Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich, en caso de que los activos iniciales no alcancen para cubrir la cifra final.
La resolución dispone inscribir todos los bienes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.

📅 El período investigado
La Fiscalía identificó propiedades adquiridas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, lapso considerado clave en la maniobra fraudulenta vinculada a la asignación de obra pública en Santa Cruz.
🗣️ Las defensas cuestionaron la medida, pero el tribunal ratificó la conexión con el delito
Los abogados de Báez, Cristina Fernández de Kirchner, Ganora, Pavesi y otros condenados solicitaron el rechazo del decomiso alegando:
- Falta de acreditación del nexo causal entre bienes y delito
- Insuficiencia probatoria
- Violación de principios constitucionales
- Inclusión de bienes adquiridos antes del ejercicio de cargos públicos
- Repetición de bienes ya investigados en otras causas
El tribunal desestimó todos los planteos, afirmando que la sentencia firme ya estableció que existieron beneficios económicos directos e indirectos a favor de Báez y de la familia Kirchner a partir de la adjudicación irregular de contratos de obra pública.
🌐 Fundamentos basados en normativa internacional
La decisión cita la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que obligan a los Estados a recuperar activos provenientes de delitos.
El tribunal también remarcó que el decomiso puede aplicarse incluso sobre bienes mezclados o transformados, siempre que exista una relación temporal y razonable con el delito original.
🏛️ ¿Qué pasará con los bienes?
La resolución fue enviada a la Corte Suprema, que deberá determinar el destino final de las propiedades.
El objetivo central: reparar el daño causado al Estado y a la sociedad, según estándares internacionales.
La Fiscalía mantiene la facultad de seguir incorporando nuevos bienes si reúnen los requisitos para ser decomisados.
Por Móvil Quique con información de Infobae
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